Moises Ortega Ramirez
Expediente 231/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 231/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Moises Ortega Ramirez
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que haya sido interpuesto recurso de queja en contra del auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve (f. 26-30), que desechó la demanda promovida por ***, por su propio derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del numeral 2°, del cuerpo de leyes citado en último término se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a la parte solicitante del amparo; háganse las anotaciones en el libro de control y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en sus dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda con que se formó el juicio de amparo en que se actúa, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda promovida por ***, por su propio derecho; contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Celaya, Guanajuato; que estima violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 apartado A, fracciones XX y XXXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 231/2019-V-2, anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En atención a su contenido se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Por su parte, los diversos numerales 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, del cuerpo de leyes invocado son del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la demanda de amparo, se desprende que el solicitante del amparo señaló como autoridad responsable a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Celaya, Guanajuato; autoridad a la que reclamó el acto que se describió de la forma siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO. El ilegal auto de fecha 22 de febrero de 2019, en el que la autoridad responsable se declara incompetente para conocer y resolver el Juicio ordinario Laboral número 3667/2018/L1/CF/IND, dicho auto me fue notificado por medio de estrados el día 01 de marzo de 2019. Asimismo, de la demanda de amparo como antecedentes del acto reclamado, se desprende, en lo que aquí interesa, que ***, demandó a Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG), diversas prestaciones laborales, por lo que se formó el expediente laboral 3667/2018 ante la Junta responsable, en el cual, el veintidós de enero de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la que el aquí quejoso por conducto de su apoderado legal, amplió la demanda inicial, por lo que se suspendió la indicada audiencia, para que la parte demandada planteara su defensa y evitar dejarla en estado de indefensión; de igual forma, el veintinueve de enero del apuntado año, se continuó con la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la que la demandada, por conducto de su apoderado legal, dio contestación a la demanda y ampliación de demanda; y opuso las excepciones y defensas que estimó convenientes. El trece de febrero de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en la que la parte actora y demandada hicieron el ofrecimiento correspondiente; y en ese sentido, la Junta responsable se reservó emitir el acuerdo de admisión de pruebas. En ese orden, el veintidós de febrero del apuntado año, la responsable se declaró incompetente para conocer y resolver el juicio laboral 3667/2018 con el argumento de que carece de atribuciones para conocer de las prestaciones reclamadas y ordenó remitir el expediente al Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato; siendo dicha determinación de incompetencia la que constituye en este juicio de amparo el acto reclamado. Fijado lo anterior, es menester señalar que en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que la determinación en la que la responsable se declaró incompetente para conocer y resolver el juicio laboral 3667/2018, y ordenó remitir los autos al Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, no es de aquellos actos que la Ley considera como de imposible reparación, por no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ello es así, porque por acto de imposible reparación, debe entenderse aquel cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, así como que sus efectos sean ciertos, inmediatos e independientes de cualquier otro evento y que no puedan ser modificados por actuación posterior alguna. Empero, cuando se reclaman en amparo indirecto, actos dictados o realizados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por estos actos, no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales; en tanto que, los derechos adjetivos son aquellos que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal; pero que por su propia naturaleza, no causan afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo y como consecuencia de ello, cuando se esté en el primero de los casos mencionados (cuando se trate de violación que atente contra los derechos fundamentales del gobernado), procederá el amparo indirecto; y cuando se esté en el segundo de los supuestos (derechos adjetivos o comúnmente llamados procesales), no procederá el amparo biinstancial por tratarse de un acto que no conlleva una imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Dicho de otro modo, la ejecución irreparable se presenta para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos del gobernado; por consecuencia, si el acto que se reclama no atenta contra tales derechos sustantivos, sino contra derechos adjetivos o procesales, ello se traduce en que la promoción del amparo biinstancial sea improcedente. Expuesto lo anterior, la demanda de amparo promovida es improcedente porque la determinación de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en la que la responsable se declaró incompetente para conocer y resolver el juicio laboral 3667/2018, y ordenó remitir los autos al Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato; no es de aquellos actos que la Ley clasifique como de los que vulneran los principios fundamentales del peticionario de amparo, por no estar en presencia de actos dentro de juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En la especie, el acto reclamado no implica una violación de imposible reparación porque no afecta por sí solo y en forma inmediata los derechos fundamentales del solicitante del amparo; esto es, la determinación que se reclama a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, es un acto que en todo caso solo produce efectos de carácter intraprocesal. Es aplicable al caso, la Tesis de Jurisprudencia siguiente: Octava Época Registro: 207343 Instancia: Tercera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: 3a. 43 Página: 291 EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Contradicción de tesis 3/89. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito. Asimismo, la determinación que constituye el acto reclamado en la demanda de cuenta, carece de definitividad para efectos del juicio de amparo, no porque en su contra proceda algún recurso ordinario, sino porque la autoridad a quien se ordenó remitir el expediente a fin de que se avoque al conocimiento del asunto no se ha pronunciado sobre la competencia que le fue declinada; esto es, el acto reclamado carece de definitividad porque la autoridad a cuyo favor se declinó la competencia no ha emitido determinación respecto a si acepta o no el conocimiento del asunto que le fue enviado, caso en el cual, el acto que se reclama en la demanda de cuenta se entiende es definitivo y contra esa determinación que en todo caso acepte la competencia declinada es contra que le podría proceder el amparo indirecto. A mayor abundamiento, en el caso, el acto susceptible de impugnarse en el juicio de amparo indirecto es aquel en el que el órgano a favor del cual se declina la incompetencia la acepta, ya que es en ese momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107 fracción I, de la Carta Magna y además, cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado; lo que permite concluir de nueva cuenta que el acto que se reclama en la demanda que se recibe no es una determinación que justifique su procedencia. Es aplicable al caso, por lo que informa, en lo conducente la Tesis de Jurisprudencia de título y contenido siguiente: Época: Décima Época Registro: 2009721 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/2015 (10a.) Página: 5 AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." (Lo destacado es nuestro). Contradicción de tesis 239/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo y Segundo en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Por todo ello, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la determinación en la cual la Junta responsable declina la competencia al Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, a fin de que se avoque al conocimiento del asunto, no es de aquellos actos que la Ley considera como de imposible reparación, por no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; se desecha la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, con fundamento en el diverso numeral 113 del citado ordenamiento legal. Por otro lado, como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, téngase por autorizado en amplios términos al licenciado ***, ello en razón de que el asunto de origen es de materia laboral, y la parte quejosa es la actora en dicho juicio, y en ese sentido, el citado precepto legal no exige que en la hipótesis que aquí se actualiza los autorizados tengan registrada su cédula profesional que los autorice a ejercer la profesión de abogado. Ahora bien, en razón de que el promovente señaló lo que denominó como las listas que se publican en los estrados, para recibir notificaciones de carácter personal, siendo que éstas no constituyen un domicilio propiamente dicho, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter practíquense al promovente por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29, de la invocada Ley. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
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