Moises Nuñez Flores

Expediente 1090/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1090/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
14/07/2021

Partes del expediente

  • Moises Nuñez Flores
  • Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial En el Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1090/2020-VI, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el dos de junio de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el único resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al artículo 20 del Capítulo Octavo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Gabriela Tirado Ruiz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular autorizadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y comunicada mediante oficio CCJ/ST/2059/2021 de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1090/2020-VI, promovido por MOISÉS NÚÑEZ FLORES, por derecho propio. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por demanda presentada el veinte de noviembre de dos mil veinte, por buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese mismo día, en la oficialía de partes de este Juzgado MOISÉS NÚÑEZ FLORES, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, que hizo consistir en el acuerdo de tres de noviembre de dos mil veinte, emitido en el incidente relativo a las pensiones alimenticias vencidas y no pagadas derivado del juicio familiar 388/2013. SEGUNDO. Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada y se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. Por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por apersonada al presente juicio a la tercera interesada MARÍA DEL MAR CORVERA MARTÍNEZ en representación de la menor de iniciales Z.F.N.C. Se continuó con la substanciación del juicio, iniciándose la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde tiene ejecución el acto reclamado y reside la autoridad a la que se le atribuye. SEGUNDO. Es cierto el acto reclamado consistente en el acuerdo de tres de noviembre de dos mil veinte, emitido en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias y ejecución forzosa derivado del juicio familiar 388/2013 ya que así lo aceptó el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos en el informe justificado. Informe que se encuentra corroborado con la copia certificada del referido incidente, de las que se advierte la existencia del acuerdo reclamado; documentales que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. TERCERO. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia y al no advertirse alguna de oficio se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Por una parte, son inoperantes y. por otra, infundados los conceptos de violación y no se advierte deficiencia de la queja qué suplir de oficio en términos del artículo 79 fracción II, de la Ley de Amparo, en observancia a la jurisprudencia 1a./J. 24/2020 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 2022087, Décima Época, Materia Constitucional, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 316, del rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO." En primer término, se estima necesario citar de manera breve los antecedentes del acto reclamado: 1.- Mediante escrito presentado el tres de octubre de dos mil diecinueve, María del Mar Corvera Martínez, demandó en la vía incidental la ejecución forzosa del punto resolutivo quinto de la sentencia de quince de mayo de dos mil catorce, emitida en el juicio 388/2013, relativa a las pensiones alimenticias reclamando las siguientes prestaciones: a) El pago retroactivo de las pensiones alimenticias decretadas de enero de dos mil diecisiete a octubre de dos mil diecinueve. b) Se ordene el depósito de la cantidad de $102,000.00 (ciento dos mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de pensión alimenticia. 2.- Por acuerdo de siete de octubre de dos mil diecinueve, la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, admitió a trámite el incidente planteado ordenando emplazar al demandado. 3.- Por escrito de tres de agosto de dos mil veinte, el demandado MOISÉS NÚÑEZ FLORES, dio contestación a la demanda incidental entablada en su contra, la que se admitió en sus términos por acuerdo de seis de agosto de dos mil veinte. 4.- Seguida la secuela procesal el quince de octubre de dos mil veinte, se emitió resolución interlocutoria declarándose procedente el incidente, se aprobó la planilla de liquidación por la cantidad de $102,000.00 (ciento dos mil pesos 00/100 M.N.), ordenándose requerir de pago al demandado y en su caso, embargarle bienes de su propiedad suficientes para garantizar el adeudo. 5.- Inconforme el demandado MOISÉS NÚÑEZ FLORES, con dicha resolución, por escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veinte, interpuso recurso de apelación. 6.- En relación a dicho escrito la Juez responsable en esa misma fecha emitió el siguiente acuerdo: "Por recibido el escrito de cuenta 7299, suscrito por MOISES NÚÑEZ FLORES, en su carácter de demandado incidentista, personalidad que tiene debidamente acreditada. Visto, su contenido, y atendiendo a que el numeral 509 fracción segunda de la Ley Adjetiva Familiar vigente, en el Estado prevé a la queja contra el juez, como el medio idóneo para impugnar la sentencia interlocutoria de quince de octubre del año en curso, recaída al Incidente de Liquidación de Pensiones Alimenticias, promovido en Ejecución de Sentencia, por tanto, se desecha el recurso de apelación, que promueve el demandado incidental, por ser notoriamente improcedente, Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 111, 113, 131 y 138 fracción II del citado cuerpo de leyes" Dicho acuerdo constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Precisado lo anterior se procede al análisis de los conceptos de violación, los cuales como se anticipó por una parte, son inoperantes y, por otra, infundados. Se precisa que los conceptos de violación se examinarán en un orden diverso al planteado en la demanda, ya que en primer término se abordará el estudio de los inoperantes y después los infundados. 1.- Se argumenta que la violación al artículo 1° Constitucional, se actualizó desde el momento en que la juzgadora admitió el incidente que es notablemente improcedente, y en franco abuso de sus facultades modificó autoritariamente la sentencia definitiva recaída al juicio principal, en específico a lo determinado dentro del resolutivo quinto el cual contemplaba el pago de pensión mediante descuento a la fuente de trabajo y con un porcentaje del 25%, para posteriormente modificarla años después, a una cantidad liquida de $3,000 (TRES MIL PESOS 00/100) mensuales, no obstante que tal determinación en su caso, debe provenir de un juicio de modificación de cosa Juzgada y no de la manera en que ilegalmente se hizo 2.- Asimismo, se adujo que la Juez incumple con el artículo 17 constitucional en cuanto a que no imparte justicia de manera imparcial y actúa sin el apego a las normas procesales, toda vez que unilateralmente lleva acabo la modificación de una sentencia definitiva, además, las condiciones que propiciaron la sentencia definitiva cambiaron considerablemente y ante tal circunstancia la Juez responsable debió informar a la actora MARIA DEL MAR CORVERA MARTÍNEZ, que el reclamo de sus pretensiones lo tenía que hacer valer mediante un juicio autónomo diverso, tal y como lo consagran los artículos 422 y 423 del Código Procesal Familiar vigente en el Estado de Morelos. Son inoperantes los anteriores conceptos de violación en virtud de que no controvierten las consideraciones que sustentan el sentido del acuerdo reclamado sino que plantea argumentos diversos que son ajenos a la litis, como en seguida se explica. En efecto, el quejoso en esta instancia constitucional reclama el acuerdo de tres de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó el recurso de apelación que interpuso contra la resolución incidental de liquidación de alimentos y ejecución forzosa; sin embargo, en los argumentos que se analizan plantea la improcedencia e ilegalidad de la resolución incidental. Por tanto, es claro que no combate el tema jurídico controvertido en el presente juicio de ahí la inoperancia de los conceptos de violación. Tienen aplicación la jurisprudencia I. 3o. A. J/22 Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, con registro digital 224773, materias Administrativa y Común, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, página: 335 del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. REGLAS PARA DETERMINARLOS." Asimismo, por identidad de razones jurídicas también sirve de apoyo la jurisprudencia IV.3o.C. J/1 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con número de registro digital 178228, materia Común, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: Tomo XXI, Junio de 2005, página 655 del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE ATACAN CONSIDERACIONES AJENAS A LA LITIS CONSTITUCIONAL." 3.- Por otra parte, aduce que recurrió de manera oportuna la resolución incidental mediante la apelación, sin embargo, fue desechado bajo el argumento de que el recurso procedente es el de queja; pero éste, considera, resulta improcedente en razón de que la interlocutoria deviene de un incidente de pago de pensiones alimenticias no pagadas y no de la ejecución de la sentencia. Por lo que reitera que el recurso de apelación es procedente al plantearse contra una sentencia interlocutoria, sobre un auto dictado por la juzgadora y no así, sobre una cuestión, prevista en la sentencia definitiva recaída al juicio principal. Son infundados los sintetizados argumentos por las consideraciones jurídicas siguientes: Del escrito de demanda incidental se advierte que la actora demandó el cumplimiento forzoso del punto resolutivo quinto de la sentencia definitiva de quince de mayo de dos mil catorce, relativo al pago de las pensiones alimenticias decretadas a favor de la menor hija del demandado. La demanda incidental fue admitida en sus términos por acuerdo de siete de octubre de dos mil diecinueve y respecto de la cual dio contestación el demandado mediante escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte, con lo que se integró la lítis que fue resuelta mediante determinación de quince de octubre de dos mil veinte. En ese orden de ideas, resulta claro que la resolución que dirimió la controversia planteada en el incidente promovido por la actora es una interlocutoria dictada en ejecución de la sentencia, pues tiene como finalidad la liquidación y ejecución forzosa de una condena establecida en el punto quinto de la sentencia definitiva de quince de mayo de dos mil catorce; adecuándose así lo dispuesto en el artículo 590, fracción II del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos que dispone: "Artículo 590.- PROCEDENCIA DE LA QUEJA CONTRA JUEZ. El recurso de queja contra el juez es procedente: (.) II. Respecto a las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencias;" Por ende, la determinación de la Juez responsable en el sentido de que conformidad con lo dispuesto por el artículo 590, fracción II del Código Procesal Familiar procede el recurso de queja y no el de apelación, es correcta y no vulnera los derechos humanos del quejoso, por tanto, son infundados los argumentos del quejoso. 4.- Por otra parte, arguye que en términos de los artículos 6°, 174 y 191 del Código Procesal Familiar, la Juez responsable debió suplir la deficiencia de la queja, por lo que si consideró que resultaba improcedente el recurso de apelación debió de tener por interpuesto y admitido el recurso de queja. Son infundados los referidos argumentos, en virtud de que las disposiciones legales que invoca no tienen el alcance de facultar al Juez de Primera Instancia para reconducir el recurso interpuesto hacia otro diverso, por las razones que enseguida se explican: Los artículos 6°, 174, y 191 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, establecen: "Artículo 6°.- SUPLENCIA DE SILENCIO, OSCURIDAD O INSUFICIENCIA. En el caso de silencio, oscuridad o insuficiencia de las disposiciones del presente Código, el Juez deberá suplirlos mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, y de manera supletoria las disposiciones del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos. El poder de investigación de estos principios, corresponde al juez y su aplicación no queda sujeta a traba legal alguna." "Artículo 174.- SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LAS PRETENSIONES EN MATERIA FAMILIAR. En los asuntos del orden familiar los Tribunales están obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus pretensiones y defensas." "Artículo 191.- PRINCIPIO DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. En los asuntos del orden familiar los Tribunales están obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos, supliendo lo necesario al efecto de proteger la unidad de la familia y el derecho de los menores e incapacitados." De las disposiciones trascritas, se advierte que prevén la suplencia en las siguientes hipótesis: a) En el caso de silencio, oscuridad o insuficiencia de las disposiciones del Código Procesal Familiar. b) En la deficiencia de las partes en sus pretensiones y defensas. c) Y en la deficiencia de las partes en sus planteamientos, supliendo lo necesario al efecto de proteger la unidad de la familia y el derecho de los menores e incapacitados. Por tanto, es claro que la primera hipótesis se refiere al ámbito de la interpretación y aplicación de las normas adjetivas, en tanto que las dos restantes se refieren a cuestiones sustantivas de fondo del juicio, relativas a las prestaciones reclamadas o acciones intentadas, excepciones o defensas interpuestas y a los planteamientos de fondo, pero no facultan al Juez para que reconduzca los recursos a los que conforme a la ley procesal sean procedentes. Lo anterior, se confirma con lo dispuesto por los artículos 560 y 561 del Código Procesal Familiar que establecen que cuando un recurso sea declarado inadmisible o improcedente no puede interponerse nuevamente, aunque no haya vencido el término establecido por la ley y si se hicieren valer varios recursos simultáneamente, sólo se admitirá el recurso que proceda. De las mencionadas normas es factible determinar que el legislador tratándose de los recursos impuso la carga procesal a las partes de interponer el recurso idóneo para combatir los acuerdos y resoluciones emitidas en los procedimientos familiares, de ahí que jurídicamente no le es exigible al Juez de Primera Instancia, que cuando una de las partes interponga un recurso improcedente, admita el recurso idóneo, pues invariablemente para ello, en tutela del derecho humano de acceso a la justicia e igualdad, requiere de la pretensión efectivamente planteada para encausar el trámite y resolución correspondiente en el que podrá de ser el caso suplir la deficiencia de agravios siempre en tutela de la familia; de ahí que resulten infundados los argumentos del quejoso. 5.- En otro aspecto arguye que el acuerdo reclamado es deficiente, ilegal, erróneo y malicioso porque no basta que la autoridad conteste las peticiones, que formulen las partes, sino es necesario que la respuesta sea adecuada y concreta, con una debida fundamentación y motivación. Pues el proveído reclamado, a su juicio, no cumple con lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional ya que no se encuentra debidamente fundado y motivado porque el acuerdo se encuentra fundado en la fracción II del artículo 590 del Código Procesal Familiar, y en los diversos 111, 113, 131 y 138 fracción II del Código invocado, que no guardan relación con lo solicitado. Resulta infundado, toda vez que el acuerdo reclamado contrario a lo aducido se encuentra debidamente fundado y motivado. En efecto, el artículo 16 de la Constitución Federal prevé que nadie puede ser molestado en su persona, derechos o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por fundamentación se entiende la cita precisa del precepto o preceptos legales aplicables al caso concreto, en tanto que, por motivación, el señalamiento expreso de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o, dicho de otro modo, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa invocada. Ahora bien, en el caso, la resolución reclamada se encuentra fundada esencialmente en el artículo 590 fracción II del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, que dispone que procede el recurso de queja respecto a las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencias. . Luego, se advierte que existe adecuación de la norma invocada con las consideraciones expuestas por la autoridad responsable pues determinó que atendido a lo dispuesto en el numeral invocado, el recurso de queja era el medio idóneo para impugnar la sentencia interlocutoria del incidente promovido en ejecución de sentencia, por lo que desechó el recurso de apelación planteado. . Consecuentemente, resulta evidente que la resolución reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada, en virtud de que la autoridad responsable citó el precepto legal aplicable al caso concreto, expresó de las circunstancias que tomó en cuenta para la emisión del acto, y existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Asimismo, respecto a la cita de los artículos 111, 113, 131 y 138, fracción II del Código Procesal Familiar en el Estado de Morelos, contrariamente a lo aducido por el quejoso sí guardan relación con el acuerdo emitido ya que los numerales 111 y 113 se refieren a los requisitos de los escritos de las partes y a la constancia de recepción de documentos y, en el caso, el acuerdo se emitió a virtud de un escrito del quejoso. Asimismo, los numerales 131 y 138, fracción II, invocados se refieren a la forma de notificación del acuerdo. Por las consideraciones expuestas resultan infundados los argumentos analizados. Consecuentemente al resultar en una parte inoperantes y, en otra, infundados los conceptos de violación y al no advertirse queja deficiente que suplir de oficio lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a MOISÉS NÚÑEZ FLORES. Por lo antes expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A MOISÉS NÚÑEZ FLORES, contra el acuerdo de tres de noviembre de dos mil veinte, emitido en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias y ejecución forzosa derivado del juicio familiar 388/2013, por la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que da fe hasta hoy dos de junio de dos mil veintiuno, en que las labores de este Juzgado lo permitieron.

  3. Principal

    AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del dos de junio de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice:... V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1090/2020-VI, promovido por MOISÉS NÚÑEZ FLORES, por derecho propio. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por demanda presentada el veinte de noviembre de dos mil veinte, por buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese mismo día, en la oficialía de partes de este Juzgado MOISÉS NÚÑEZ FLORES, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, que hizo consistir en el acuerdo de tres de noviembre de dos mil veinte, emitido en el incidente relativo a las pensiones alimenticias vencidas y no pagadas derivado del juicio familiar 388/2013. SEGUNDO. Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada y se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. Por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por apersonada al presente juicio a la tercera interesada MARÍA DEL MAR CORVERA MARTÍNEZ en representación de la menor de iniciales Z.F.N.C. Se continuó con la substanciación del juicio, iniciándose la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde tiene ejecución el acto reclamado y reside la autoridad a la que se le atribuye. SEGUNDO. Es cierto el acto reclamado consistente en el acuerdo de tres de noviembre de dos mil veinte, emitido en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias y ejecución forzosa derivado del juicio familiar 388/2013 ya que así lo aceptó el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos en el informe justificado. Informe que se encuentra corroborado con la copia certificada del referido incidente, de las que se advierte la existencia del acuerdo reclamado; documentales que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. TERCERO. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia y al no advertirse alguna de oficio se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Por una parte, son inoperantes y. por otra, infundados los conceptos de violación y no se advierte deficiencia de la queja qué suplir de oficio en términos del artículo 79 fracción II, de la Ley de Amparo, en observancia a la jurisprudencia 1a./J. 24/2020 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 2022087, Décima Época, Materia Constitucional, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 316, del rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO." En primer término, se estima necesario citar de manera breve los antecedentes del acto reclamado: 1.- Mediante escrito presentado el tres de octubre de dos mil diecinueve, María del Mar Corvera Martínez, demandó en la vía incidental la ejecución forzosa del punto resolutivo quinto de la sentencia de quince de mayo de dos mil catorce, emitida en el juicio 388/2013, relativa a las pensiones alimenticias reclamando las siguientes prestaciones: a) El pago retroactivo de las pensiones alimenticias decretadas de enero de dos mil diecisiete a octubre de dos mil diecinueve. b) Se ordene el depósito de la cantidad de $102,000.00 (ciento dos mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de pensión alimenticia. 2.- Por acuerdo de siete de octubre de dos mil diecinueve, la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, admitió a trámite el incidente planteado ordenando emplazar al demandado. 3.- Por escrito de tres de agosto de dos mil veinte, el demandado MOISÉS NÚÑEZ FLORES, dio contestación a la demanda incidental entablada en su contra, la que se admitió en sus términos por acuerdo de seis de agosto de dos mil veinte. 4.- Seguida la secuela procesal el quince de octubre de dos mil veinte, se emitió resolución interlocutoria declarándose procedente el incidente, se aprobó la planilla de liquidación por la cantidad de $102,000.00 (ciento dos mil pesos 00/100 M.N.), ordenándose requerir de pago al demandado y en su caso, embargarle bienes de su propiedad suficientes para garantizar el adeudo. 5.- Inconforme el demandado MOISÉS NÚÑEZ FLORES, con dicha resolución, por escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veinte, interpuso recurso de apelación. 6.- En relación a dicho escrito la Juez responsable en esa misma fecha emitió el siguiente acuerdo: "Por recibido el escrito de cuenta 7299, suscrito por MOISES NÚÑEZ FLORES, en su carácter de demandado incidentista, personalidad que tiene debidamente acreditada. Visto, su contenido, y atendiendo a que el numeral 509 fracción segunda de la Ley Adjetiva Familiar vigente, en el Estado prevé a la queja contra el juez, como el medio idóneo para impugnar la sentencia interlocutoria de quince de octubre del año en curso, recaída al Incidente de Liquidación de Pensiones Alimenticias, promovido en Ejecución de Sentencia, por tanto, se desecha el recurso de apelación, que promueve el demandado incidental, por ser notoriamente improcedente, Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 111, 113, 131 y 138 fracción II del citado cuerpo de leyes" Dicho acuerdo constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Precisado lo anterior se procede al análisis de los conceptos de violación, los cuales como se anticipó por una parte, son inoperantes y, por otra, infundados. Se precisa que los conceptos de violación se examinarán en un orden diverso al planteado en la demanda, ya que en primer término se abordará el estudio de los inoperantes y después los infundados. 1.- Se argumenta que la violación al artículo 1° Constitucional, se actualizó desde el momento en que la juzgadora admitió el incidente que es notablemente improcedente, y en franco abuso de sus facultades modificó autoritariamente la sentencia definitiva recaída al juicio principal, en específico a lo determinado dentro del resolutivo quinto el cual contemplaba el pago de pensión mediante descuento a la fuente de trabajo y con un porcentaje del 25%, para posteriormente modificarla años después, a una cantidad liquida de $3,000 (TRES MIL PESOS 00/100) mensuales, no obstante que tal determinación en su caso, debe provenir de un juicio de modificación de cosa Juzgada y no de la manera en que ilegalmente se hizo 2.- Asimismo, se adujo que la Juez incumple con el artículo 17 constitucional en cuanto a que no imparte justicia de manera imparcial y actúa sin el apego a las normas procesales, toda vez que unilateralmente lleva acabo la modificación de una sentencia definitiva, además, las condiciones que propiciaron la sentencia definitiva cambiaron considerablemente y ante tal circunstancia la Juez responsable debió informar a la actora MARIA DEL MAR CORVERA MARTÍNEZ, que el reclamo de sus pretensiones lo tenía que hacer valer mediante un juicio autónomo diverso, tal y como lo consagran los artículos 422 y 423 del Código Procesal Familiar vigente en el Estado de Morelos. Son inoperantes los anteriores conceptos de violación en virtud de que no controvierten las consideraciones que sustentan el sentido del acuerdo reclamado sino que plantea argumentos diversos que son ajenos a la litis, como en seguida se explica. En efecto, el quejoso en esta instancia constitucional reclama el acuerdo de tres de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó el recurso de apelación que interpuso contra la resolución incidental de liquidación de alimentos y ejecución forzosa; sin embargo, en los argumentos que se analizan plantea la improcedencia e ilegalidad de la resolución incidental. Por tanto, es claro que no combate el tema jurídico controvertido en el presente juicio de ahí la inoperancia de los conceptos de violación. Tienen aplicación la jurisprudencia I. 3o. A. J/22 Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, con registro digital 224773, materias Administrativa y Común, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, página: 335 del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. REGLAS PARA DETERMINARLOS." Asimismo, por identidad de razones jurídicas también sirve de apoyo la jurisprudencia IV.3o.C. J/1 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con número de registro digital 178228, materia Común, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: Tomo XXI, Junio de 2005, página 655 del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE ATACAN CONSIDERACIONES AJENAS A LA LITIS CONSTITUCIONAL." 3.- Por otra parte, aduce que recurrió de manera oportuna la resolución incidental mediante la apelación, sin embargo, fue desechado bajo el argumento de que el recurso procedente es el de queja; pero éste, considera, resulta improcedente en razón de que la interlocutoria deviene de un incidente de pago de pensiones alimenticias no pagadas y no de la ejecución de la sentencia. Por lo que reitera que el recurso de apelación es procedente al plantearse contra una sentencia interlocutoria, sobre un auto dictado por la juzgadora y no así, sobre una cuestión, prevista en la sentencia definitiva recaída al juicio principal. Son infundados los sintetizados argumentos por las consideraciones jurídicas siguientes: Del escrito de demanda incidental se advierte que la actora demandó el cumplimiento forzoso del punto resolutivo quinto de la sentencia definitiva de quince de mayo de dos mil catorce, relativo al pago de las pensiones alimenticias decretadas a favor de la menor hija del demandado. La demanda incidental fue admitida en sus términos por acuerdo de siete de octubre de dos mil diecinueve y respecto de la cual dio contestación el demandado mediante escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte, con lo que se integró la lítis que fue resuelta mediante determinación de quince de octubre de dos mil veinte. En ese orden de ideas, resulta claro que la resolución que dirimió la controversia planteada en el incidente promovido por la actora es una interlocutoria dictada en ejecución de la sentencia, pues tiene como finalidad la liquidación y ejecución forzosa de una condena establecida en el punto quinto de la sentencia definitiva de quince de mayo de dos mil catorce; adecuándose así lo dispuesto en el artículo 590, fracción II del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos que dispone: "Artículo 590.- PROCEDENCIA DE LA QUEJA CONTRA JUEZ. El recurso de queja contra el juez es procedente: (.) II. Respecto a las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencias;" Por ende, la determinación de la Juez responsable en el sentido de que conformidad con lo dispuesto por el artículo 590, fracción II del Código Procesal Familiar procede el recurso de queja y no el de apelación, es correcta y no vulnera los derechos humanos del quejoso, por tanto, son infundados los argumentos del quejoso. 4.- Por otra parte, arguye que en términos de los artículos 6°, 174 y 191 del Código Procesal Familiar, la Juez responsable debió suplir la deficiencia de la queja, por lo que si consideró que resultaba improcedente el recurso de apelación debió de tener por interpuesto y admitido el recurso de queja. Son infundados los referidos argumentos, en virtud de que las disposiciones legales que invoca no tienen el alcance de facultar al Juez de Primera Instancia para reconducir el recurso interpuesto hacia otro diverso, por las razones que enseguida se explican: Los artículos 6°, 174, y 191 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, establecen: "Artículo 6°.- SUPLENCIA DE SILENCIO, OSCURIDAD O INSUFICIENCIA. En el caso de silencio, oscuridad o insuficiencia de las disposiciones del presente Código, el Juez deberá suplirlos mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, y de manera supletoria las disposiciones del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos. El poder de investigación de estos principios, corresponde al juez y su aplicación no queda sujeta a traba legal alguna." "Artículo 174.- SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LAS PRETENSIONES EN MATERIA FAMILIAR. En los asuntos del orden familiar los Tribunales están obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus pretensiones y defensas." "Artículo 191.- PRINCIPIO DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. En los asuntos del orden familiar los Tribunales están obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos, supliendo lo necesario al efecto de proteger la unidad de la familia y el derecho de los menores e incapacitados." De las disposiciones trascritas, se advierte que prevén la suplencia en las siguientes hipótesis: a) En el caso de silencio, oscuridad o insuficiencia de las disposiciones del Código Procesal Familiar. b) En la deficiencia de las partes en sus pretensiones y defensas. c) Y en la deficiencia de las partes en sus planteamientos, supliendo lo necesario al efecto de proteger la unidad de la familia y el derecho de los menores e incapacitados. Por tanto, es claro que la primera hipótesis se refiere al ámbito de la interpretación y aplicación de las normas adjetivas, en tanto que las dos restantes se refieren a cuestiones sustantivas de fondo del juicio, relativas a las prestaciones reclamadas o acciones intentadas, excepciones o defensas interpuestas y a los planteamientos de fondo, pero no facultan al Juez para que reconduzca los recursos a los que conforme a la ley procesal sean procedentes. Lo anterior, se confirma con lo dispuesto por los artículos 560 y 561 del Código Procesal Familiar que establecen que cuando un recurso sea declarado inadmisible o improcedente no puede interponerse nuevamente, aunque no haya vencido el término establecido por la ley y si se hicieren valer varios recursos simultáneamente, sólo se admitirá el recurso que proceda. De las mencionadas normas es factible determinar que el legislador tratándose de los recursos impuso la carga procesal a las partes de interponer el recurso idóneo para combatir los acuerdos y resoluciones emitidas en los procedimientos familiares, de ahí que jurídicamente no le es exigible al Juez de Primera Instancia, que cuando una de las partes interponga un recurso improcedente, admita el recurso idóneo, pues invariablemente para ello, en tutela del derecho humano de acceso a la justicia e igualdad, requiere de la pretensión efectivamente planteada para encausar el trámite y resolución correspondiente en el que podrá de ser el caso suplir la deficiencia de agravios siempre en tutela de la familia; de ahí que resulten infundados los argumentos del quejoso. 5.- En otro aspecto arguye que el acuerdo reclamado es deficiente, ilegal, erróneo y malicioso porque no basta que la autoridad conteste las peticiones, que formulen las partes, sino es necesario que la respuesta sea adecuada y concreta, con una debida fundamentación y motivación. Pues el proveído reclamado, a su juicio, no cumple con lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional ya que no se encuentra debidamente fundado y motivado porque el acuerdo se encuentra fundado en la fracción II del artículo 590 del Código Procesal Familiar, y en los diversos 111, 113, 131 y 138 fracción II del Código invocado, que no guardan relación con lo solicitado. Resulta infundado, toda vez que el acuerdo reclamado contrario a lo aducido se encuentra debidamente fundado y motivado. En efecto, el artículo 16 de la Constitución Federal prevé que nadie puede ser molestado en su persona, derechos o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por fundamentación se entiende la cita precisa del precepto o preceptos legales aplicables al caso concreto, en tanto que, por motivación, el señalamiento expreso de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o, dicho de otro modo, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa invocada. Ahora bien, en el caso, la resolución reclamada se encuentra fundada esencialmente en el artículo 590 fracción II del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, que dispone que procede el recurso de queja respecto a las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencias. . Luego, se advierte que existe adecuación de la norma invocada con las consideraciones expuestas por la autoridad responsable pues determinó que atendido a lo dispuesto en el numeral invocado, el recurso de queja era el medio idóneo para impugnar la sentencia interlocutoria del incidente promovido en ejecución de sentencia, por lo que desechó el recurso de apelación planteado. . Consecuentemente, resulta evidente que la resolución reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada, en virtud de que la autoridad responsable citó el precepto legal aplicable al caso concreto, expresó de las circunstancias que tomó en cuenta para la emisión del acto, y existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Asimismo, respecto a la cita de los artículos 111, 113, 131 y 138, fracción II del Código Procesal Familiar en el Estado de Morelos, contrariamente a lo aducido por el quejoso sí guardan relación con el acuerdo emitido ya que los numerales 111 y 113 se refieren a los requisitos de los escritos de las partes y a la constancia de recepción de documentos y, en el caso, el acuerdo se emitió a virtud de un escrito del quejoso. Asimismo, los numerales 131 y 138, fracción II, invocados se refieren a la forma de notificación del acuerdo. Por las consideraciones expuestas resultan infundados los argumentos analizados. Consecuentemente al resultar en una parte inoperantes y, en otra, infundados los conceptos de violación y al no advertirse queja deficiente que suplir de oficio lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a MOISÉS NÚÑEZ FLORES. Por lo antes expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A MOISÉS NÚÑEZ FLORES, contra el acuerdo de tres de noviembre de dos mil veinte, emitido en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias y ejecución forzosa derivado del juicio familiar 388/2013, por la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que da fe hasta hoy dos de junio de dos mil veintiuno, en que las labores de este Juzgado lo permitieron.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Como esta ordenado en el expediente principal en auto de esta fecha, se tiene por legalmente apersonada a juicio a la tercera interesada María del Mar Corvera Martínez en representación de la menor con iniciales Z. F. N. C., asimismo se tiene como domicilio procesal y personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, los que cita. Por otra parte, visto el estado procesal de los autos se advierte que por acuerdo dictado el nueve de marzo de dos mil veintiuno, el directo quejoso proporcionó domicilio en el que puede ser emplazada la tercera interesada María del Mar Corvera Martínez en representación de la menor con iniciales Z. F. N. C., sin embargo este juzgado se reservó el acuerdo conducente hasta en tanto María del Mar Corvera Martínez diera cumplimiento al auto de cinco de marzo pasado emitido en el expediente principal, lo cual ya aconteció. En consecuencia, se levanta la reserva decretada en auto de nueve de marzo del año en curso, sin que sea necesario ordenar el emplazamiento de la tercera interesada en el domicilio propuesto por la parte quejosa, en virtud de que aquella ya se apersonó al presente juicio de amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

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