Moisés Mercado Mejía
Expediente 2690/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2690/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/11/2019
Partes del expediente
- Moisés Mercado Mejía
- Laura Michel Miranda Baca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el telegrama enviado por el Delegado del Congreso del Estado de Veracruz, mediante el cual acusa recibo del oficio 120677/2019, girado por este órgano jurisdiccional para notificar la sentencia de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
EN VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTICINCO DEL MES Y AÑO EN CURSO, SE NOTIFICA A **********, PARTE QUEJOSA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, EL ACUERDO DE DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: "Ciudad de México, dos de septiembre de dos mil diecinueve. Visto que en términos del Acuerdo General 9/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclaman, entre otros actos, el acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, así como las disposiciones normativas, actos u omisiones, relacionados con el referido programa o asignación de recurso a estancias infantiles o sus beneficiarios, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, el cual es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, este órgano federal se avocó al conocimiento del juicio de amparo del que deriva esta incidencia. Ahora bien, vista la certificación de cuenta, se desprende que la secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional hizo constar que en el incidente de suspensión obra un recurso pendiente de enviar al Tribunal Colegiado de Circuito, cuestión que se certificó en cumplimiento a lo dispuesto en las responsabilidades y funciones descritas en los puntos II.2, numerales 4 y 14, del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2018. Lo anterior se acuerda para los efectos conducentes. Ante tal circunstancia, visto el estado procesal de autos del que se advierte que en auto de diecinueve de julio del año curso, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y que de constancias no se advierte la notificación a las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Secretaría de Bienestar, así como de la notificación personal a la parte quejosa, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales notifíquese a las mencionadas autoridades responsables el auto de diecinueve de julio de la presente anualidad. Ahora bien, de autos se advierte que en el cuaderno principal se giró exhorto a la parte quejosa a efecto de que señale domicilio en esta Ciudad, ante tal circunstancia, resérvese la notificación a la promovente el auto de diecinueve de julio de la presente anualidad hasta en tanto desahogue dicho requerimiento. Finalmente, manténgase por separado el legajo de pruebas remitido por el juzgado de origen e identifíquese con el número que corresponda. Notifíquese.". NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Ciudad de México, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Vistas las constancias que integran los autos del juicio de amparo en que se actúa, de las que se desprende que el plazo de TRES DÍAS concedido a la parte quejosa mediante proveído de nueve de octubre de dos mil diecinueve, ha transcurrido en su totalidad, en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se pronunciará respecto al cumplimiento de la sentencia. Al respecto, cabe señalar que el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, resolvió el amparo en revisión R.A. 95/2019, en los términos siguientes: "SÉPTIMO.- Son fundados los conceptos de violación en los cuales el quejosos alega que no ha sido notificado de la resolución definitiva recaída a la denuncia inter ta por el quejoso en contra del Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en razón de no haberse excusado desde un inicio a conocer del juicio de nulidad ***********, al tener estrecha relación con el representante legal de una de las partes. En efecto, obra en autos copia del escrito de denuncia y además la autoridad responsable aceptó la certeza de los actos reclamados al rendir su informe justificado, relativo a la omisión de admitir, dar trámite y resolver la denuncia promovida por el quejoso contra el Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, *************, por presuntas irregularidades en actuaciones dentro del juicio contencioso administrativo 8342/17-17-08-8, contenida en los escritos de treinta y treinta y uno de mayo y seis de julio de dos mil dieciocho. Sin embargo, tal y como se manifestó con anterioridad, el dictamen de siete de diciembre de dos mil dieciocho no puede considerarse como una resolución que ponga fin a procedimiento recaído a la denuncia presentada por la parte quejosa pues un "dictamen" no puede tener tal carácter de definitividad. Por lo anterior, procede declarar fundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso y conceder el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad responsable dé respuesta a la petición formulada por la parte quejosa tomando en cuenta lo considerado en esta resolución, debiendo notificar dicha respuesta a la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********** en contra de la autoridad responsable Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Presidente de su Junta de Gobierno y Administración, en contra del acto reclamado consistente en la omisión de admitir, dar trámite y resolver la denuncia promovida por el quejoso contra el Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ********, por presuntas irregularidades en actuaciones dentro del juicio contencioso administrativo 8342/17-17-08-8, contenida en los escritos de treinta y treinta y uno de mayo y seis de julio de dos mil dieciocho." Conviene destacar que mediante auto de dos de octubre anterior este órgano jurisdiccional declaró parcialmente cumplida la ejecutoria de amparo por lo que hace a unos lineamientos en atención a las consideraciones siguientes: "Ahora bien, en lo tocante a los puntos sobre los cuales versa el cumplimiento de la sentencia, destacan que la autoridad debería manifestar sobre si la denuncia interpuesta el treinta de mayo de dos mil dieciocho fue admitida o desechada; y en caso de que hubiese sido admitida, informara si ya se le había dado el trámite correspondiente y, si ya se había emitido resolución alguna al respecto. El oficio GGAJ/UJ/DAC/687/2019, de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, pone de manifiesto que la autoridad contestó los puntos relativos sobre si la denuncia interpuesta el treinta de mayo de dos mil dieciocho fue admitida o desechada; y en caso de que hubiese sido admitida, informara si ya se le había dado el trámite correspondiente y, si ya se había emitido resolución alguna al respecto. Lo anterior es así, ya que la autoridad informó que dio trámite a la denuncia interpuesta el treinta de mayo de dos mil dieciocho, la cual fue admitida y que aún no ha dictado resolución en la investigación relativa; de ahí que, la sentencia dictada en autos fue acatada parcialmente en sus términos por la autoridad obligada." Ahora bien, el lineamiento por cumplir respecto a la ejecutoria de amparo, consiste en que la autoridad emita una resolución definitiva que recaiga a la denuncia interpuesta por el quejoso contra el Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ************, por presuntas irregularidades en actuaciones dentro del juicio contencioso administrativo 8342/17-17-08-8. En atención a los requerimientos de éste órgano para cumplir con la sentencia, la autoridad remitió el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente de investigación OIC/D-01/2019, mediante el cual se prononució respecto a la denuncia interpuesta por el quejoso contra el Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por supuestas por presuntas irregularidades en actuaciones dentro del juicio contencioso administrativo relativo, en la que se determinó lo siguiente: (.) (.) (.) (.) De la resolución emitida se desprende que el Órgano Interno de Control, consideró que de los elementos recabados en el expediente de investigación no se desprende la existencia de una falta administrativa prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ni presunta responsabilidad del Magistrado ***********, con motivo de su desempeño en la Sala Superior del Tribunal relativo; es decir, no incurrió en conflicto de intereses ya que se ajustó a la normatividad originada del impedimento por el que se excusó para conocer del asunto, de ahí que no se actualizó una afectación a su desempeño imparcial y objetico en razón de intereses personales. Cabe destacar que si bien el acuerdo recaído a la denuncia interpuesta por el quejoso contra el Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa **********, se emitió en términos del artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual establece que si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de que pueda reanudarse la investigación relativa si se presentan nuevos indicios o pruebas siempre que no hubiere prescrito la facultad para sancionar; ello implica que tales elementos sean novedosos al cumplimiento de la sentencia ya que versaría sobre circunstancias distintas a las que fue planteada la denuncia inicial. El anterior acuerdo pone de manifiesto que la autoridad emitió una determinación que recayó a la denuncia interpuesta por el quejoso contra el Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa *********, por presuntas irregularidades en actuaciones dentro del juicio contencioso administrativo 8342/17-17-08-8. En efecto, la autoridad consideró que con los elementos que se encuentran en el expediente de investigación no se configura la existencia de alguna infracción o presunta responsabilidad atribuible al servidor público mencionado; de ahí que, la sentencia dictada en autos fue acatada en sus términos por la autoridad obligada. Al respecto, debe tenerse en consideración, la tesis aislada II.2o.C.T.28 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la página 677 del tomo VI, Septiembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "EJECUTORIAS DE AMPARO DEBEN ACATARSE FIELMENTE POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, REITERÁNDOSE LO AHÍ DETERMINADO PARA RESTABLECER LA GARANTÍA VULNERADA. De acuerdo con lo que estatuye el artículo 80 de la Ley de Amparo, la concesión de la protección federal conlleva efectos restitutorios implícitos, de ahí que deba observarse su alcance pleno para restablecer el goce de las garantías individuales vulneradas. Por tanto, la responsable tiene el deber de apegarse a lo resuelto en la ejecutoria de amparo, exteriorizando en el nuevo fallo los términos y alcances de la protección federal, para considerar correcto su cumplimiento; así, evitará incurrir en desacato o en la repetición del acto reclamado." El criterio transcrito expone la obligación de este juzgador, de observar que el cumplimiento de la sentencia de amparo se acate, en los términos y para los efectos que fue concedida, sin que para ello pueda exigirse a las autoridades responsables cuestiones diversas a los términos y alcances de la protección federal. En ese sentido, este Juzgado de Distrito estima que el fallo protector ha quedado cumplido, ya que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, ya que la autoridad dio respuesta a la petición formulada por el quejoso en el escrito presentado el seis de julio de dos mil dieciocho, la cual consiste en precisar si la denuncia interpuesta el treinta de mayo de dos mil dieciocho fue admitida o desechada; y en caso de que hubiese sido admitida, informara si ya se le había dado el trámite correspondiente y, si ya se había emitido resolución alguna al respecto; asimismo, emitió la resolución correspondiente respecto de la investigación iniciada. Por otra parte, glósese a los presentes autos el escrito de cuenta mediante el cual el quejoso en desahogo a la vista ordenada en auto de nueve de octubre dos mil diecinueve, manifestó que el fallo protector no se ha cumplido dado que, refiere que del contenido de la resolución de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el procedimiento de investigación OIC/D-01/2019, se advierte que la autoridad no acató los efectos precisados en la ejecutoria de amparo. En tal sentido, el quejoso manifestó que de conformidad con la legislación aplicable al caso, el Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es incompetente para emitir la determinación de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, en el procedimiento de investigación OIC/D-01/2019; de igual forma, argumentó que la autoridad mencionada se encuentra impedida para emitir la determinación relativa ya que existe conflicto de interés por subordinación jerárquica. Al respecto debe decirse que, los argumentos esgrimidos no pueden analizarse en el cumplimiento de la sentencia, ya que además de ser elementos distintos a los planteados en la denuncia inicial, con ellos se busca que este juzgador examine la legalidad de la resolución, lo cual no es materia del cumplimiento. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 89/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Junio de 2007, página 66, Novena Época, de contenido siguiente: "INCONFORMIDAD INTERPUESTA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. LA MATERIA DE SU ESTUDIO DEBE LIMITARSE AL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO RELATIVO, SIN PRONUNCIARSE SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE. La materia de estudio de la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, planteada contra la resolución de un juez de Distrito o de un tribunal colegiado de Circuito, que estima cumplimentada la ejecutoria concesoria del amparo debe limitarse al análisis del cumplimiento de dicha sentencia, sin pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones en que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que pretende acatarla, pues ello es ajeno a la indicada inconformidad." De igual forma es aplicable la jurisprudencia Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 88/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Junio de 2007, página 85, Novena Época, de contenido siguiente: "INCONFORMIDAD. SI SE DECLARA INFUNDADA POR DETERMINARSE QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO FUE ATENDIDA EN SUS TÉRMINOS, ELLO NO IMPLICA PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLA. Cuando la protección constitucional se otorga para efectos y el tribunal que conoce del juicio, con base en el informe de la responsable, determina que la ejecutoria ha sido atendida en sus términos, procede declarar infundada la inconformidad, sin que ello implique pronunciamiento sobre la legalidad de las consideraciones que sustentan la sentencia emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al no ser la vía conducente para ello." En consecuencia, se estima conveniente señalar que la resolución con la que se dio cumplimiento tiene su origen en una solicitud elevada por el quejoso a las autoridades responsables; de ahí que, resulte igualmente aplicable el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistente en que tratándose del derecho de petición, las autoridades están obligadas a emitir una respuesta congruente con lo solicitado por el gobernado y notificarle el contenido de la misma, sin que ello implique que se encuentren constreñidas a pronunciarse en sentido favorable a sus intereses; por tanto, las inconformidades que tenga el quejoso con la respuesta dada a su petición, deberán ser impugnadas a través de diverso medio de defensa legal que sea procedente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J.1/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 203 del Tomo XIII, de enero de dos mil uno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es de contenido siguiente: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia." En lo tocante al argumento del quejoso en el que afirmó que el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el procedimiento de investigación OIC/D-01/2019, no constituye una resolución definitiva, puesto que según su dicho el artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, propone que la resolución que ordena el archivo no es la definitiva dado que la investigación puede reanudarse. Al respecto, debe decirse que si bien el artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establece que la autoridad procederá al análisis de los hechos así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa; asimismo, si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de que pueda reanudarse la investigación relativa si se presentan nuevos indicios o pruebas siempre que no hubiere prescrito la facultad para sancionar; lo cierto es que la determinación de archivo es una resolución que decide sobre el estado de autos, tal como se encuentran actualmente y con ello se concluye la investigación, sin que el hecho de que se puedan aportar pruebas provoque que no sea definitiva dado el material probatorio con el que se cuenta, siendo que para el caso de que de forma posterior aporten mayores elementos, se continúe con la investigación y con ello se emita una resolución diversa; además que se constituirían nuevos elementos al cumplimiento de la sentencia lo cual no es propio del cumplimiento que nos ocupa. Lo anterior evidencía que la autoridad para cumplir con la ejecutoria de amparo, emitió el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, en el procedimiento de investigación OIC/D-01/2019, en el que determinó que en ese momento no se configura la existencia de alguna infracción o presunta responsabilidad atribuible al servidor público mencionado, lo que implica que se tenga por cumplida la sentencia de amparo, y si bien puede no constituir una resolución definitiva, lo cierto es que los efectos de una sentencia de amparo que establece la inconstitucionalidad de un determinado acto no están supeditados a que la autoridad realice alguna declaratoria formal sobre la insubsistencia del acto; por el contrario, el acto deja de surtir efectos legales desde que se pronuncia la ejecutoria correspondiente. Por ende, el cumplimiento del fallo que otorgó la protección de la Justicia de la Unión consiste en emitir los actos necesarios para que la anulación del reclamado surta toda su fuerza y vigor respecto de sus efectos y consecuencias, de ahí que debe desestimarse el argumento propuesto por el quejoso. Infórmese la anterior determinación al Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para que determine lo que a derecho corresponda respecto al incidente de inejecución I.I.S.14/2019. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta con número de registro 24711, mediante el cual la autoridad Director General de Recursos Humanos, por el que desahoga el requerimiento formulado mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, en consecuencia, se tiene por desahogado el requerimiento señalado y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en dicho proveído. En atención a lo anterior, gírese atento oficio al Administrador de Cobro Persuasivo y Garantías "1" del Servicio de Administración Tributaria, para hacer de su conocimiento la siguiente información de las personas físicas que ostentaron los cargos de Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del referido tribunal, al momento de la imposición de la multa. Nombre: ********* RFC: ********** Domicilio Laboral: ************ Lo anterior en atención al requerimiento formulado a este órgano jurisdiccional mediante oficio ***********. Notifíquese; y personalmente al quejoso.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, y demás aplicables; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos y autoridades a que se refiere en el considerando cuarto, por las razones señaladas en el mismo y en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a *********, en atención a las razones expresadas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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