Moises Medrano Maciel

Expediente 745/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
745/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
29/07/2022

Partes del expediente

  • Moises Medrano Maciel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2, de este último ordenamiento, se acuerda: Causa ejecutoria sentencia o acuerdo. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que transcurrió el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes en dicho plazo haya recurrido la sentencia dictada el veintinueve de junio de dos mil veintidós, por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Archivo. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, por lo que es susceptible de destrucción una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general. Notifíquese.

  2. Principal

    SE RESUELVE: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido

  3. Principal

    Audiencia Constitucional...

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2, de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable remite una constancia en torno al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en consecuencia, se le tiene en vías de cumplimiento. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, para que, dentro del término de tres días legalmente computado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las respuestas que recayeron a los oficios 22003627 (recibido el dieciocho de mayo pasado) y ST/DGJ/DC/AMP/3309/2022 que exhibió con el oficio de cuenta en copia certificada (completa y legible, debidamente foliado, rubricado, entresellado y signado por funcionario público facultado para el cotejo de dicha constancia). Apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción,1 en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y su puesta a disposición ante el juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Finalmente, en atención a su solicitud de que se vincule a cumplimiento a la Secretaria de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, no ha lugar a proveer de conformidad, pues es a la autoridad responsable en el presente sumario a quien en el ámbito de sus atribuciones compete realizar las gestiones necesarias a fin de dar completo y cabal cumplimiento al fallo protector, entre ellas hacer la adecuaciones y gestiones atinentes a la cuestión presupuestal que la rige. Al respecto, resulta aplicable, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los 1 En términos del artículo 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación. Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento."2 Notifíquese.

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