Moises Martinez Sanchez
Expediente 92/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 92/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Moises Martinez Sanchez
Actuaciones
- Principal
agréguese a los autos el oficio que remite el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, por medio del cual informa que acepta la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avoca del conocimiento del asunto y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 92/2021. . En ese sentido, se advierte que el impetrante de amparo reclama en esta instancia constitucional, fundamentalmente, lo siguiente: [.] el acuerdo de fecha 19 DE ENERO DE 2021, dictado dentro de los autos del expediente 475/2018., en donde la Autoridad Responsable me hace efectivo un ilegal apercibimiento en el sentido de no tener por interpuesta la demanda en contra de la moral IN****. y así mismo ordena el archivo del expediente laboral sin motivación ni fundamentación legal alguna [.] [.].Así como los efectos que lleguen a producir los actos reclamados, en este caso serían las dilaciones SUBSECUENTES, en que inminentemente incurriría la Junta responsable. [.] INCOMPETENCIA. Así, atento al acto que por esta vía se reclama, el suscrito juzgador estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, pues no encuadra en ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 107 de la ley reglamentaria de la acción constitucional, para que se estime procedente la vía indirecta. En efecto, tratándose del juicio de amparo uniinstancial, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracciones V, inciso d) y VI establece: Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: [.] d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas; [.] VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones. Por su parte, los artículos 34, 170, fracción I y 176 de la Ley de Amparo disponen: Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. [.] Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; [.] Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley. Por otra parte, el artículo 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone: ARTICULO 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: [.] d) En materia laboral, de laudos o resoluciones dictadas por juntas o tribunales federales o locales; [.] Tal y como se aprecia de las disposiciones transcritas establecen la procedencia del juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; reservando la competencia para conocer a los Tribunales Colegiados de Circuito. En el caso, ya que el acto que a través de este juicio se reclama consiste en el auto de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, dictado en los autos del expediente 475/2018 del índice administrativo de la responsable, con el que hace efectivo un apercibimiento decretado en dicho asunto y tiene por no interpuesta la demanda y ordena su archivo. Por tanto, con fundamento en el artículo 35 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional federal declara carecer de competencia legal para resolver la presente litis constitucional por cuanto hace al mencionado acto reclamado; en este orden de ideas, y en atención a lo dispuesto en el numeral 170, fracción I del citado ordenamiento legal, se estima competente a un Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito para conocer del presente juicio, vía amparo directo; consecuentemente, se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, para que decida lo que proceda en cuanto a la incompetencia que se plantea, previa formación del cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar. Se solicita atentamente al Tribunal Colegiado que corresponda el conocimiento del asunto para que, una vez que reciba el expediente en que se actúa, acuse el recibo de estilo informando si acepta o no la competencia planteada. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. En virtud de que el promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, los cuales técnicamente no lo constituyen, en términos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para tal efecto y en esas condiciones con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la ley en cita, realícensele las notificaciones por lista de acuerdos. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tienen como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Julio César Mares Villareal, por tratarse de un asunto en materia laboral y ser la parte trabajadora. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales.
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