Moisés Luna Buenrostro

Expediente 673/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
673/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • Moisés Luna Buenrostro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de octubre de dos mil veintitrés. Téngase al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, acusando recibo; e informa que el recurso de revisión interpuesto en autos lo admitió a trámite y lo registró con el número 482/2023, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Ténganse al quejoso ********** y al Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Amparos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en representación de la Comisión de Honor y Justicia, Director General Jurídico y Consultivo y Secretario de la Comisión de Honor y Justicia, Coordinador General de la Policía de Investigación e Integrante de la Comisión de Honor y Justicia, todos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia del treinta de agosto del año en curso, dictada en este juicio. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo, se da trámite al citado recurso, por lo que una vez que se encuentren agregadas la totalidad de constancias de notificación a las partes, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el escrito que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Por lo anterior, una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el órgano jurisdiccional al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítansele las constancias que integran el original del juicio de amparo en que se actúa, un tomo de pruebas, un sobre cerrado, así como el escrito de expresión de agravios presentado vía electrónica por el quejoso y por las autoridades responsables, para su substanciación. Distribúyanse entre las partes las copias del escrito por el que se formulan agravios e intégrese el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Se instruye al Oficial Judicial "A" de este juzgado de Distrito, para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expediente", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con el presente para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio impugnatorio que se provee. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del treinta de agosto de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 673/2023-IV, promovido por *******************, por propio derecho, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, ante Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Por otra parte, se da cuenta al juez con el escrito registrado con el número de correspondencia interna 11390. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese contexto, agréguese a los autos el ocurso de cuenta con evidencia criptográfica de la autorizada del quejoso, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual formula diversas manifestaciones; en consecuencia, de conformidad con el precepto legal 124 de la ley de la materia, se tienen por formulados sus alegatos. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con las pruebas ofrecidas por la quejosa y la autoridad responsable Directora General del Centro de Control y Confianza del Estado de México. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que la parte quejosa los formuló mediante escrito registrado con el folio 6253, 7262, 9813 y 11390. El Juez de Distrito acuerda: sin alegatos pendientes por acordar, se cierra este período. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. VISTO para resolver el juicio de amparo 673/2023-IV, promovido por *******************, por propio derecho, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. En demanda de amparo presentada el trece de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, *******************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos y autoridades precisados en el escrito inicial. SEGUNDO. Mediante auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, radicó la demanda de amparo bajo el número 1427/2022-VI, quien formuló auto de prevención. TERCERO. Previo desahogo de las prevenciones formuladas, mediante acuerdo de veintiséis de septiembre del año inmediato anterior, se admitió la demanda de amparo, requirió a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Seguida la secuela procesal en acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintitrés, el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declinó competencia por razón de turno, para conocer del asunto y ordenó remitir los autos originales del juicio de amparo 1427/2022-VI, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, misma que por razón de turno fue remitida a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, el veintiséis de mayo de la anualidad que transcurre. QUINTO. En razón de que este órgano de control constitucional no aceptó la competencia planteada, el homologo federal planteó conflicto competencial, mismo que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien mediante ejecutoria de veintiséis de junio del año en curso, resolvió que este juzgado es el competente para conocer del asunto. SEXTO. En acuerdo de once de julio de la presente anualidad, se convalidaron las actuaciones realizadas por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgador es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, toda vez que suspensión temporal del cargo de policía que desempeñaba el quejoso tuvo ejecución material en el municipio de Ecatepec de Morelos, lugar donde este resolutor ejercer jurisdicción en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, párrafo primero y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente y en observancia al criterio establecido en la Jurisprudencia P./J.40/2000, por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI (abril de dos mil), Novena Época, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD", a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y de las demás constancias que obran en el expediente, los actos reclamados en el presente juicio de amparo son los siguientes: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: La promulgación del decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo particular el artículo 88, apartado B, fracción VI. Legislatura del Estado de México. I) La discusión, aprobación y expedición de la Ley de Seguridad del Estado de México, en lo particular el artículo 152, apartado B, fracción VI. II) La discusión, aprobación y expedición de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en lo particular el artículo 61, fracción X y 61 fracción XII. Gobernador Constitucional del Estado de México: I) La promulgación del decreto de la Ley de Seguridad del Estado de México, en lo particular el artículo 152, apartado B, fracción VI. II) La promulgación del decreto de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. III) La expedición del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en lo particular los artículos 47, fracción I y artículo 52, segundo párrafo. Comisión de Honor y Justicia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. I) La aplicación de los decretos que contienen los artículos impugnados y su acto de aplicación, consistente en el procedimiento administrativo de separación del cargo con número CHJ/PA/53/2022. II) El oficio citatorio número CHJ/764/2022 de uno de agosto de dos mil veintidós, emitido en el procedimiento administrativo de separación del cargo número CHJ/PA/53/2022. Directora General del Centro de Control de Confianza del Estado de México. I) La emisión y contenido del oficio 206C02010/04595/2022, de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, por el que emitió la evaluación conjunta del proceso de evaluación no aprobado. II) El informe de resultados de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, derivado de la evaluación conjunta emitida respecto de los exámenes practicados. III) El proceso de evaluación de control y confianza practicado al quejoso. En tales condiciones esos serán los actos que constituyan la materia de análisis de este juicio. No pasa desapercibido para quien resuelve que si bien en la demanda de amparo, el quejoso reclamó de la Comisión de Honor y Justicia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la omisión de realizar una valoración previa de las pruebas ofrecidas por la Directora General del Centro de Control y Confianza del Estado de México, para estar en posibilidad de determinar de manera presunta, si efectivamente el hoy quejoso incumplió con los requisitos de permanencia que dieron lugar a la separación del cargo. Se entiende que tales aspectos, no constituyen verdaderos actos reclamados, sino que forma parte de las manifestaciones de inconformidad que aduce la parte quejosa en vía conceptos de violación, respecto del inicio del procedimiento administrativo CHJ/PA/53/2022; motivo por el cual, ante la obligación que tiene este órgano jurisdiccional de resolver la verdadera cuestión planteada, se abordarán como parte de esos motivos de disenso y no como actos reclamados. Lo anterior acorde a la jurisprudencia I. 3o. A. J/26, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo VII, Enero de 1991, página 69, Materia(s): Común, con registro digital 223603, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN". TERCERO. Certeza de actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Gobernador Constitucional del Estado de México, el Presidente de la "LXI" Legislatura del Estado de México, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Titular del Ejecutivo Federal, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos que conforme a sus atribuciones se les reclama; por tanto, se tienen por ciertos; máxime que la certeza de los actos reclamados, tratándose de amparo contra leyes, decretos o reglamentos de carácter general, no está sujeta a prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sobre el particular, es aplicable el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, séptima época, del rubro: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA." De igual forma, la tesis publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, septiembre de 2003, página 1343, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. LA EXISTENCIA DEL ORDENAMIENTO LEGAL RECLAMADO NO DEPENDE DE LOS INFORMES QUE RINDAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PUES EL DERECHO NO ES OBJETO DE PRUEBA". Por otro lado, la Comisión de Honor y Justicia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y Director General de lo Contencioso y Procedimiento Constitucionales de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación de la Comisión de Honor y Justicia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, integrada por el Coordinador General de la Policía de Investigación en su carácter de Presidente, Director General Jurídico y Consultivo en su carácter de Secretario Integrante de la Comisión del mismo nombre, y la representante legal del Centro de Control de Confianza del Estado de México y como consecuencia de la Directora General de dicho centro, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia de los actos, por tanto se tienen presuntivamente ciertos. Aunado a que así se advierte de las constancias que remitieron en apoyo a su informe justificado. CUARTO. Causas de improcedencia y sobreseimiento. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que se aprecien de oficio o bien, las invoquen las partes, por ser una cuestión de estudio preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia fundada En la especie, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 108, fracción III de la Ley de Amparo, respecto al Titular del Ejecutivo Federal (en relación con el acto reclamado consistente en la promulgación y orden de publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública), del Gobernador del Estado de México, respecto a los actos consistentes en (I) La promulgación del decreto de la Ley de Seguridad del Estado de México, en lo particular el artículo 152, apartado B, fracción VI, II) La promulgación del decreto de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y III) La expedición del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en lo particular los artículos 47, fracción I y artículo 52, segundo párrafo), toda vez que el quejoso no los reclamó por vicios propios de la promulgación de los citados ordenamientos. En ese sentido, cabe precisar que del contenido de los artículos 61, fracción XXIII y 108, fracción III de la Ley de Amparo, se aprecia que, en el juicio de amparo contra normas generales, sólo podrán señalarse como autoridades responsables a las que se les atribuye intervención en el refrendo del decreto promulgatorio o en su publicación, cuando esos actos se reclamen por vicios propios. Asimismo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Es decir, es un imperativo que la parte quejosa formule conceptos de violación contra la publicación de las normas reclamadas por vicios propios, de lo contrario, la ausencia u omisión de exponer conceptos de agravio, será causa de improcedencia y, por consiguiente, el respectivo sobreseimiento. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa no formuló concepto de violación alguno tendente a controvertir, por vicios propios, las publicaciones de las normas precisadas en líneas que anteceden. Por tanto, ante la ausencia de conceptos de violación y por ser un requisito esencial que debe contener la demanda de amparo en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se actualiza la causal de improcedencia en análisis, que motiva a sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, únicamente respecto del acto atribuido al Titular del Ejecutivo Federa y al Gobernador del Estado de México. Causa no es un acto de imposible reparación. Lo mismo acontece, respecto a lo manifestado por la Directora General del Centro de Control de Confianza del Estado de México, en su informe de ley que en relación con los actos reclamados consistentes en la emisión y contenido del oficio 206CO2010/045959/2022, de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, relativo al informe de resultados derivado de la evaluación conjunta, expuesta en el proceso de evaluación de control y confianza -a través de los exámenes que le fueron realizados al quejoso-, cuyo resultado fue no aprobado, se actualiza la diversa causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, pues se estima que dichos actos reclamados no irrogan por sí y desde luego, perjuicio o lesión alguna en su esfera jurídica, esto es, no afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el reporte de resultados en cita, solamente consiste en una opinión técnica, misma que no constituye una determinación unilateral, que por sí misma, cree, modifique o extinga derechos del evaluado, en la medida que no contiene una resolución respecto de la permanencia en la institución de seguridad pública, lo que refleja una violación de tipo procesal que no genera una afectación a un derecho fundamental y por ende no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b) Constitucional, con relación al diverso numeral 107 fracción V, de la Ley de Amparo, pues la actuación combatida tiene efectos de carácter procesal. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto y autoridad citada en párrafo que antecede. En mérito del resultado obtenido, resulta innecesario estudiar las diversas causas de improcedencia que invocó la autoridad responsable de referencia en su informe justificado respecto a los actos a ella atribuidos, en tanto que el examen de ellas resultaría ocioso y a nada práctico conduciría. Por su aplicación al caso, y por identidad de razones, es de citarse la jurisprudencia número 54/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, tomo VIII, agosto de 1998, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 195744, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Causales de improcedencia infundadas: Principio de definitividad. Por su parte la Legislatura del Estado de México y la Comisión de Honor y Justicia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al rendir su respectivo informe justificado manifestaron que respecto a los actos reclamados consistentes descritos en los numerales 2), fracciones I y II y 4) fracciones I y II, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, ya que el quejoso no agotó el principio de definitividad, en razón de que antes de acudir al juicio de amparo, debía promover el recurso de inconformidad o el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. En principio debe señalarse que el juicio de amparo es improcedente contra actos en contra de los cuales exista un juicio o medio ordinario de defensa por el que puedan ser modificados, revocados o nulificados y que conforme a las Leyes que lo rijan, proceda la suspensión de sus efectos sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, ni plazo mayor para su otorgamiento. Así, esencialmente, el principio de definitividad supone el agotamiento de todas las acciones o recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, de existir alguna acción ordinaria de defensa que no sea agotada traerá como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo, salvo que se configure alguna excepción, como se ha visto. Este principio responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de los derechos fundamentales de las personas, por lo que, previo a su promoción, deben agotarse todos aquellas instancias ordinarias de modificación, revocación o nulificación del acto reclamado legalmente establecidos. El reconocimiento constitucional del principio de definitividad responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, sólo acontezca cuando el acto de autoridad impugnado posea el carácter definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo, como se dijo en los párrafos precedentes. Sobre esta base, se determina que la causa de improcedencia no se actualiza en virtud de que nos encontramos en un supuesto de excepción, porque en la demanda de amparo se alega violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual tal aspecto será estudio del fondo del presente juicio de amparo. Por su parte, el Gobernador del Estado de México, en relación con los actos precisados en el arábigo 3, fracciones I, II y III, hace valer las causales de improcedencias previas en el artículo 61, fracción XXIII; sin embargo, no se analiza, en razón de que si bien refiere la fracción y numeral en cita; empero, no precisa los argumentos específicos en que sustenta la actualización de la hipótesis citada. Por tanto, en virtud de que dicha causa de improcedencia no es de obvia y objetiva constatación, no resulta dable analizarla en este apartado. Resulta aplicable, en la parte que interesa, la jurisprudencia número 2a./J.137/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Novena Época, página 365, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN.". Al no existir diversa causa de improcedencia propuesta por las partes, o que deba examinarse de oficio, se procede al estudio de los argumentos esbozados a manera de conceptos de violación. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales deben tenerse por reproducidos sin que sea necesaria su trascripción, dado que tal circunstancia no la deja en estado de indefensión, pues ello no incide en el cumplimiento de los principios de exhaustividad y congruencia en el dictado de las sentencias, aunado a que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a actuar en tal sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, con registro digital 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Suplencia. El examen de los conceptos de violación se realiza bajo la perspectiva de la suplencia de la deficiencia de la queja, conforme a la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, que establece que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo. Apoya lo antes considerado, la jurisprudencia P./J. 7/2017 (10a.)18, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA". Suplencia que no opera respecto de normas generales, pues en esos casos, la parte quejosa debe exponer los motivos suficientes para destruir la presunción de constitucionalidad de las leyes. Al caso es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 121/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 143, Materias(s): Común, con registro digital 177264, que es del tenor siguiente: "LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, según se trate, basta con expresar la causa de pedir; sin embargo, ello no significa que los quejosos o recurrentes puedan limitarse a realizar afirmaciones sin sustento, pues a ellos corresponde exponer las razones por las cuales estiman inconstitucionales los actos reclamados. Por tanto, en virtud de que toda ley goza de la presunción de constitucionalidad que es preciso desvirtuar, en razón de la legitimidad de los órganos que la emiten, corresponde a quienes la impugnan, la carga de la prueba, pues sólo así es posible analizar si la ley reclamada contraviene o no la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". El peticionario de amparo argumenta en esencia lo siguiente: I) Que las porciones normativas reclamadas resultan inconstitucionales e inconvencionales ya que vulneran en su contra el derecho humano a un trabajo libre, equitativo, satisfactorio y a la protección contra el desempleo, a no ser separado injustificadamente de sus funciones, la motivación del fallo igualdad y no discriminación, legalidad y debido proceso, seguridad y certeza jurídica, previstos en la constitución, ya que no le respetan su derecho a demostrar de manera indubitable el incumplimiento del requisito de permanencia que le es exigido para continuar desempeñando el cargo de Agente de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. II) Que los numerales reclamados y aplicados en el inicio del procedimiento administrativo de separación de cargo, al no aprobar las evaluaciones de control y confianza, transgrede en su contra los derechos humanos de igualdad y no discriminación. III) Que las autoridades responsables, han incumplido responsabilidades internacionales tendientes a garantizar los derechos laborales fundamentales del hoy quejoso, por lo que solicita que se le inaplique los dispositivos tildados de inconstitucionales e inconvencionales, dado que al excluir al quejoso de las prestaciones o beneficios alcanzados en el ámbito internacional en materia de trabajo, en razón de que dicha diferenciación no tiene una justificación constitucional, la restricción no es la adecuada, idónea y apta para lograr el fin valido, resulta innecesaria para alcanzar la finalidad legal, por lo que su aplicación resulta desigual y discriminatoria para el quejoso. IV) Refiere que los exámenes de confianza son violatorios del derecho a la igualdad y dignidad, previsto en el artículo 1 constitucional, pues los resultados del examen psicológico no arrojan verdades irrefutables. V) Que la aplicación de los artículos que contemplan la realización de los referidos exámenes vulneran los derechos humanos de legalidad y seguridad, pues no observan el contenido de los artículos 14 y 16 de la carta magna, al no determinar como se deben realizar dichas evaluaciones, cual es el procedimiento para que sean confiables. VI) Que el acto impugnado y el procedimiento administrativo del cual deriva carecen de fundamentación y motivación, dado que en ellos jamás se estableció que examen de confianza se reprobó, ni cómo fue que las autoridades responsables se allegaron de los resultados, así como justificar su actuar con elementos suficientes que permitieran arribar a dicha conclusión. VII) Que los actos de la Comisión de Honor y Justica de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, vulneran su garantía consagrada en el artículo 14 constitucional, en razón de que no se tomó en consideración si los elementos de convicción relacionados son suficientes, aptos e idóneos para iniciar el procedimiento administrativo CHJ/PA/53/2022, pues dichos medios probatorios no fueron acompañados al inicio del procedimiento, para acreditar el incumplimiento de la infracción administrativa. VIII) Que los artículos aplicados al quejoso vulneran sus garantías de legalidad y seguridad al colocarlo en el supuesto de perder su empleo, al inobservar lo previstos en los numerales 14 y 16 constitucionales, pues la aplicación de los exámenes en el proceso de certificación no está contemplada en alguna legislación. IX) Refiere que se trastoco su garantía de defensa adecuada en el proceso de evaluación al no permitirle designar a un evaluador poligráfico y psicológico y tampoco estuvo acompañado de un abogado. X) Reiteró que no se deben aplicar los artículos que tilda de inconstitucionales, en virtud de que las pruebas en materia de psicología, médica, toxicológica y polígrafo no son fidedignas al no ser únicamente aceptada como tal en la comunidad científica; por tanto, transgreden sus garantías de seguridad jurídica y debido proceso, al prever la aplicación y valoración de dichos exámenes. XI) Que es inconvencional el proceso de evaluación basado en la aplicación de exámenes de confianza pues aduce que ni la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ni su Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, establecen la metodología de como de deben desarrollar dichos exámenes. XII) Que resulta insuficiente que en el acuerdo reclamado se haya señalado que del reporte de evaluación se desprenda que el quejoso obtuvo el resultado "No aprobado", dado que en todo caso se requiere precisar cuál y cuáles de las evaluaciones practicadas llevaron a justificar dicho resultado. XIII) Que al no haberse precisado de forma detallada cuál de los exámenes no resulto aprobado, la Comisión de Honor y Justicia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, no se encontraba en aptitud de analizar y en su caso valorar la totalidad de documentos y pruebas necesarias, a efecto de fundar y motivar debidamente el inicio del procedimiento. XIV) Que dicho procedimiento trastoca el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, en virtud de que la abrogada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas (artículo 34) establecía que la prescripción se interrumpía con la notificación al presunto infractor del oficio citatorio para la audiencia, mientras que la actual Ley General de Responsabilidades Administrativas introduce como acto interruptor de la prescripción el acuerdo que emite la autoridad investigadora para calificar la conducta del infractor, sin que dicha actuación sea notificada a este. XV) Que se vulnera lo previstos en el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que establece el respecto a las garantías procesales, al ser la Comisión de Honor y Justicia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quien imputa, substancia y sanciona las responsabilidades administrativas de sus elementos imponiendo en su caso la suspensión temporal, separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma determinación del servicios de los elementos policiales, XVI) Que al contemplar los arábigos tildados de inconstitucionales el diseño del proceso en el sentido de que la referida comisión sea el órgano investigador y sancionador vulnera sus garantías de debido proceso y presunción de inocencia. SÉPTIMO. Estudio de inconstitucionalidad. Por cuestión de técnica, es de estudio preferente los argumentos de inconstitucionalidad e inconvencionalidad, que arguye la parte quejosa en sus conceptos de violación I), II) y III), en los que sostiene, esencialmente, que el artículo 88, apartado B, fracción VI, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, diverso 152, apartado B, fracción VI, Ley de Seguridad del Estado de México, artículos 16, fracción X y 61 fracción XII, de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y numerales 47, fracción I y artículo 52, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, -como un sistema normativo relativo a la suspensión temporal del cargo-, vulneran en su contra el derecho humano a un trabajo libre, equitativo, satisfactorio y a la protección contra el desempleo, a no ser separado injustificadamente de sus funciones, violando en su contra su derecho al debido proceso, seguridad y certeza jurídica, previstos en la constitución, puesto que no le fue respetado su derecho a demostrar de manera indubitable el incumplimiento del requisito de permanencia que le es exigido para continuar desempeñando el cargo de Agente de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Asegura que los numerales reclamados y aplicados en el inicio del procedimiento administrativo de separación de cargo, (al no aprobar las evaluaciones de control y confianza), transgrede en su contra los derechos humanos de igualdad y no discriminación y que las autoridades responsables han incumplido con sus responsabilidades internacionales tendientes a garantizar los derechos laborales fundamentales del hoy quejoso, por lo que solicita que se le inaplique los dispositivos tildados de inconstitucionales e inconvencionales. Los anteriores argumentos son inoperantes, toda vez que no expresa porqué las normativas señaladas, son contrarias a la Constitución o algún tratado internacional en materia de derechos humanos, ratificado por el Estado Mexicano, limitándose a exponer, que los numerales reclamados y aplicados en el inicio del procedimiento administrativo de separación de cargo, -al no aprobar las evaluaciones de control y confianza-, transgreden en su contra los derechos humanos de igualdad y no discriminación, lo cual resulta insuficiente para realizar el estudio correspondiente, máxime que no se trata de normas generales declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuesto en que se actualizaría suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, acorde con lo dispuesto en el artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo. Además, son inoperantes los planteamientos expuestos respecto a dichos fragmentos, pues sólo efectúa apreciaciones subjetivas, relacionadas con su situación particular en el caso concreto; por lo que, si se toma en cuenta que la abstracción, generalidad e impersonalidad, son características de la ley o norma jurídica, ello significa que, por el carácter abstracto en su formulación se excluye a los sujetos; en tanto que, por su generalidad, regulan situaciones jurídicas concretas aplicables a cualquier sujeto o situación que se coloque en el supuesto de la norma; y, por su impersonalidad, no están dirigidas a sujetos en lo particular. Así, con base en las características de las normas jurídicas, un argumento que impugne su constitucionalidad debe conservar las mismas características, esto es, debe razonar por qué determinado contenido normativo contraría normas o principios constitucionales o convencionales de forma abstracta, con exclusión del sujeto o gobernado a quien se haya aplicado la norma. Por tanto, el concepto de inconstitucionalidad de una norma no puede sustentase en una situación particular o hipotética del gobernado, es decir, la inconstitucionalidad no puede hacerse derivar de circunstancias propias del sujeto destinatario de la norma, o en alguna situación de dudosa actualización posible y, en el caso, de los conceptos de violación se desprende que la parte quejosa sustenta la existencia de un posible vicio de inconstitucionalidad a partir de que no se le permitió realizar una defensa adecuada y un debido proceso, -pues indica que no le fue respetado su derecho a demostrar de manera indubitable el incumplimiento del requisito de permanencia que le es exigido para continuar desempeñando el cargo de Agente de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (pues indica que al no haber aprobado las respectivas evaluaciones de control y confianza, motivo el inicio de procedimiento de separación de cargo); lo que origina que no se pueda analizar la regularidad constitucional de las normas impugnadas con esa sola afirmación; y, en su caso, se estudiarán como aspecto de legalidad. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 88/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Octubre de 2003, página 43, Materias(s): Común, con registro digital 183118, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA. Los argumentos que se hagan valer como conceptos de violación o agravios en contra de algún precepto, cuya inconstitucionalidad se haga depender de situaciones o circunstancias individuales o hipotéticas, deben ser declarados inoperantes, en atención a que no sería posible cumplir la finalidad de dichos argumentos consistente en demostrar la violación constitucional, dado el carácter general, abstracto e impersonal de la ley". Con motivo de lo anterior, lo procedente es NEGAR el amparo solicitado, en relación con la inconstitucionalidad de las normas impugnadas. OCTAVO. Argumentos relacionados con el inicio del procedimiento administrativo y actuaciones subsecuentes. En cuanto a este tema, de manera sustancial la parte quejosa aduce que no se realizó una defensa adecuada y debido proceso, porque no al momento que le realizaron la notificación relativa a su garantía de audiencia no se le corrió traslado con el contenido de los exámenes que no aprobó a efecto de encontrase en aptitud de ejercer su derecho de defensa adecuada y debido proceso; asimismo, no se le fue diferida la fecha y hora establecida para su garantía de audiencia de ley, pese la existencia de la documental relativa a la receta referente a su padecimiento denominado "Lumbago no especificado", en el procedimiento administrativo de origen; además, se le pretende hacer comparecer a una audiencia, sin que se le diera oportunidad de conocer todas y cada una de las pruebas que fueron presentadas. También refiere que fue molestado en su persona, sin que exista mandamiento en forma, dictado por autoridad competente que haya fundado y motivado la causa legal del procedimiento que se ejecuta contra el quejoso, lo cual viola en su perjuicio el artículo 16 Constitucional. De ahí que, afirma, lo procedente es concederle el amparo solicitado, con el fin de que se le dé la oportunidad de realizar una adecuada defensa dentro del procedimiento administrativo instaurado en su contra, en el cual se cumplan con las formalidades de ley que rigen el procedimiento. Tales planteamientos son sustancialmente fundados. En principio, es de destacarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que el auto de inicio del procedimiento administrativo, puede tener una ejecución de imposible reparación, ya que en estos casos, aun cuando el quejoso pudiera obtener una resolución favorable por parte de la autoridad jurisdiccional, no podría ser reinstalado en su cargo de acuerdo a la disposición contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así se refleja en la jurisprudencia 2a./J. 72/2013 de epígrafe y texto siguientes "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONTRA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. A partir de la reforma al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo un mecanismo de control y evaluación para el desempeño de los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno, que puede conducir a la separación o remoción del cargo si no cumplen con los requisitos impuestos por las leyes respectivas o si incurren en responsabilidad en el desempeño de sus funciones; previéndose que, en ese caso, aun cuando pudieran obtener una resolución favorable de la autoridad jurisdiccional, no podrán ser reinstalados en sus cargos; limitándose el Estado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho. Por tanto, si el interesado promueve juicio de amparo indirecto contra el acuerdo de inicio del procedimiento de separación respectivo en su carácter de agente del Ministerio Público, miembro de alguna corporación policial o perito, debe admitirse la demanda en términos del artículo 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto que puede tener una ejecución de imposible reparación, esto es, que de emitirse la resolución final aun cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, operaría la proscripción aludida en el sentido de no reinstalarlo". Criterio que fue reiterado por la misma Sala, en la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), al interpretar el artículo 107 de la Ley de Amparo, como se aprecia de la siguiente transcripción: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno procede el juicio de amparo indirecto, por violaciones a las reglas que lo rigen establecidas en la legislación aplicable a cada caso en concreto, al constituir un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que conforme al precepto 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibido reinstalarlos aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución respectiva; motivo por el que una violación acaecida durante el inicio del procedimiento se traduciría, en última instancia, en una transgresión que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él, reconocido tanto a nivel constitucional como convencional". De ahí que, el acto que da pauta a la procedencia del juicio de amparo indirecto, es el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de algún integrante del sistema nacional de seguridad pública; y, en la misma demanda en que se reclame dicho acto, el quejoso puede hacer valer las violaciones cometidas durante el proceso de evaluación que haya tenido como resultado "no aprobado". En ese sentido se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 31/2018 (10a.), que es el tenor siguiente: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AL QUE SON SOMETIDOS, EN EL CUAL SE OBTUVO EL RESULTADO DE "NO APROBADO", DEBEN HACERSE VALER EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), sostuvo que contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los servidores públicos sujetos al sistema de carrera ministerial, policial y pericial procede el juicio de amparo indirecto. En ese sentido, al constituir el resultado de "no aprobado" una causa de incumplimiento de los requisitos de permanencia, la cual trae como consecuencia inmediata el inicio del procedimiento administrativo de separación, las violaciones cometidas en el proceso de evaluación al que son sometidos los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deben hacerse valer en el juicio de amparo indirecto promovido contra el acuerdo de inicio del procedimiento respectivo, toda vez que dicho resultado constituye la causa en la que se funda y motiva el procedimiento referido, habida cuenta que, de no ser subsanadas las irregularidades cometidas en las evaluaciones correspondientes, causarían la irreparabilidad de la transgresión al derecho sustantivo relativo a la prestación del servicio público y a no ser separado injustificadamente del cargo". En el caso, el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo por incumplimiento de un requisito de permanencia, es violatorio del principio de legalidad tutelado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, debe tenerse presente, como lo determinó la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que los elementos de las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno (entre otros), quienes forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, derivada de lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, se encuentran en una situación especial, ya que "está prohibido reinstalarlos aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución respectiva; motivo por el que una violación acaecida durante el inicio del procedimiento se traduciría, en última instancia, en una transgresión que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él". De esta manera, ante las graves consecuencias que podría tener para la persona sujeta a un procedimiento de la naturaleza como el que nos ocupa, debe tenerse especial cuidado para garantizarle una defensa adecuada y un debido proceso; lo cual implica hacerle saber con toda precisión la o las causas que dieron lugar a obtener un resultado de "NO APROBADO", lo que, además, lleva implícito darle acceso al contenido de las evaluaciones que le fueron practicadas, con el objeto de que esté en aptitud de controvertirlas, objetarlas, probar y alegar en contrario. Es así, porque en el artículo 14 de la Constitución Federal, se reconoce el derecho humano al debido proceso, entendido en una de sus vertientes, como el conjunto de formalidades esenciales del procedimiento que resultan necesarias para una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo de algún derecho sustantivo. Este derecho humano está integrado por un núcleo duro de formalidades esenciales del procedimiento, las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica en forma definitiva. Sin embargo, entendido como derecho esencialmente destinado a otorgar una adecuada defensa, éste se ocupa del ciudadano, que es sometido a un proceso jurisdiccional al ser destinatario del ejercicio de una acción que, de resultar procedente y fundada, llevaría a la autoridad judicial a emitir un acto privativo en su contra, en cuyo caso la autoridad debe verificar se cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de otorgar al sujeto pasivo de la relación procesal la posibilidad de una defensa efectiva, por lo cual se debe garantizar que se le notifique del inicio del procedimiento y de sus consecuencias; se le dé el derecho de alegar y ofrecer pruebas, y se le asegure la emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia y tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcriben: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza".22 "DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho humano al debido proceso al establecer que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Ahora bien, este derecho ha sido un elemento de interpretación constante y progresiva en la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que cabe realizar un recuento de sus elementos integrantes hasta la actualidad en dos vertientes: 1) la referida a las formalidades esenciales del procedimiento, la que a su vez, puede observarse a partir de dos perspectivas, esto es: a) desde quien es sujeto pasivo en el procedimiento y puede sufrir un acto privativo, en cuyo caso adquieren valor aplicativo las citadas formalidades referidas a la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, el derecho a alegar y a ofrecer pruebas, así como la emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas y, b) desde quien insta la función jurisdiccional para reivindicar un derecho como sujeto activo, desde la cual se protege que las partes tengan una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones, dimensión ligada estrechamente con el derecho de acceso a la justicia; y, 2) por la que se enlistan determinados bienes sustantivos constitucionalmente protegidos, mediante las formalidades esenciales del procedimiento, como son: la libertad, las propiedades, y las posesiones o los derechos. De ahí que previo a evaluar si existe una vulneración al derecho al debido proceso, es necesario identificar la modalidad en la que se ubica el reclamo respectivo". Así también, es aplicable la jurisprudencia del Pleno del Máximo Tribunal del País, que establece: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Congruente con esa disposición constitucional, en el numeral 152, apartado B, fracción VI, de la Ley de Seguridad del Estado de México y 47 fracción I, y 52, segundo párrafo del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, se estableció que el procedimiento que se instaure a los Integrantes de los Agentes de la Policía de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por incumplimiento a los requisitos de permanencia o por infracción al régimen disciplinario ante el Centro de Control y Confianza de la Comisión de Honor y Justicia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, iniciará por solicitud fundada y motivada del responsable de Enlace Institucional de la Fiscalía General de Justicia del Centro de Control y Confianza, dirigida a la Directora General de dicho centro y remitiendo para tal efecto el expediente del presunto infractor, a efecto de que esté en aptitud de valorar si procede o no la apertura del procedimiento administrativo que corresponda. Así también, se desprende que si se decide iniciar el procedimiento administrativo de separación del cargo por incumplimiento de un requisito de permanencia, la autoridad está obligada a comunicar con toda precisión al servidor público, los hechos materia del procedimiento. Lo anterior, con la finalidad de que pueda ofrecer pruebas que desvirtúen la imputación. Ahora bien, en el presente caso, en el acuerdo de inicio dentro del expediente administrativo CHJ/PA/53/2022, se indicó: Que de la revisión del expediente formado con motivo de la substanciación del periodo previo número CHJ/PI/24/2022, abierto al ahora quejoso, por el presunto incumplimiento a uno de los requisitos de permanencia consignados en los artículos 88, apartado B, fracción VI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 152 apartado B), fracción VI, de la Ley de Seguridad del Estado de México; 16 fracción X y 61 fracción XII, de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y 47, fracción I, y 52 segundo párrafo del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, entre otros y en virtud de que no aprobó las evaluaciones de control de confianza que fueran aplicadas del mes de agosto a noviembre de dos mil veintiuno. Lo anterior, puesto que con motivo de los hechos informados por oficio EICCC/2251/2022, de tres de marzo del año en curso, suscrito por el Enlace Institucional de la Fiscalía General de Justicia -Centro de Control de Confianza, Cédula, con número de referencia REF:206C02010/REI7255511/2021, que contiene resultado del quejoso como no aprobado y expedientillo en copias certificadas por la Directora General del Centro de Control y Confianza del Estado de México, se desprende que presuntamente no aprobó las evaluaciones de control y confianza, que le fueron practicadas del mes de agosto a noviembre de dos mil veintiuno, a los que se encuentra obligado como Agente de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para permanecer en el cargo, circunstancia por las cuales se inició el procedimiento con apoyo a los medios de prueba ahí citados. Sin embargo, con ello no puede afirmarse que el servidor público tenga la información suficiente para preparar una defensa adecuada y estar en posibilidades de desvirtuar las pruebas que existen en su contra. Pues aun cuando en el auto de inicio se le autorice a consultar el expediente administrativo respectivo, es necesario que en el acto que se notifica, se den a conocer en el caso en concreto cuales son las evaluaciones practicadas y que no fueron aprobadas, a fin de que el gobernado esté en posibilidad de realizar una adecuada y oportuna defensa de sus intereses. Aunado a que la autoridad responsable privó al quejoso de comparecer a su garantía a audiencia a efecto de que pudiera ejercer su derecho a una defensa adecuada, en virtud de que mediante promoción ingresada el ocho de septiembre de dos mil veintidós, el ahora quejoso, solicitó que se difiriera al audiencia de ley fijada en el expediente CHJ/PA/53/2022, para las diez horas del ocho de septiembre de dos mil de dos mil veintidós, pues informó que tenía un padecimiento llamado lumbago no especificado, tal y como lo demostró con el certificado de incapacidad del siete al nueve de septiembre de esa anualidad, con número de folio E-071022, expedida por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que adjuntó a dicho escrito; sin embargo, no obstante dicha solicitud, el Director General Jurídico y Consultivo y Secretario de la Comisión de Honor y Justicia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, únicamente acordó que desde la notificación del quejoso a su garantía de audiencia de ley, quedó en aptitud formal y material de imponerse de los autos y del objeto de la sujeción al procedimiento, por lo que llevó a cabo la celebración de la audiencia señalada para esa data, cerró la instrucción y ordenó turnar los autos a efecto de que se dictara la resolución correspondiente y cerró el acta administrativa siendo las once horas con cuarenta minutos de esa data, vulnerando en contra del quejoso, su derecho al debido proceso. Aunado a lo anterior, en los casos en que el procedimiento administrativo de separación se instruya con motivo de la no aprobación de los exámenes de control de confianza, es necesario que la autoridad informe con toda precisión los hechos o conductas que den origen a tal procedimiento, esto es, los exámenes que no aprobó y ordene que se le corra traslado con los mismos, para dar certeza a los mismos; es así, pues sólo se indicó que el expediente estaría a su disposición para su consulta en el domicilio que ocupa la Comisión. Y aun cuando en la diligencia de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se hace constar: ".nos constituimos en el domicilio ubicado en CALLE 31, NÚMERO 11, COLONIA MARAVILLAS NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 57410, a efecto de hacer del conocimiento de MOISES LUNA BUENROSTRO, el (la) CITATORIO PARA DESAHOGO DE GARANTIA DE AUDIENCIA DEL EXPEDIENTE CHJ/PA/53/2022, de fecha UNO del mes de AGOSTO dos mil VEINTIDOS, suscrito por LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA, atendiendo la notificación MOISES LUNA BUENRONTRO, quien dijo ser EL INTERESADO y se le identificó GAFETE OFICIAL, expedida por la FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, con número P1-1068, por lo que fue entregado copia simple del citado documento (.)", sin que se aprecie que se le corrió traslado con los exámenes que refieren incumplió con el requisito de permanencia; además, al final de la comparecencia, únicamente se aprecia el nombre del quejoso, sin que exista alguna anotación sobre los documentos que le fueron entregados. En las relatadas condiciones, el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo, dictado dentro del expediente administrativo CHJ/PA/53/2022, por los Integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, resulta violatorio de los principios de legalidad y seguridad jurídica tutelados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no ordenar correr traslado con los exámenes que no aprobó el quejoso, a efecto de que éste tuviera oportunidad de ejercer su derecho a una defensa adecuada y debido proceso, lo que le impide conocer con toda precisión los hechos o conductas que den origen a tal procedimiento. En consecuencia, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para que las autoridades responsables Integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México: 1) Dejen insubsistente el acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente administrativo CHJ/PA/53/2022. Sin que pueda constreñírsele a emitir otro; sin embargo, lo anterior no impide a la Comisión de Honor y Justicia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, dictar un proveído en ejercicio de sus facultades, si así lo estima conveniente, siempre y cuando ordene correr traslado con las constancias relativas a las evaluaciones practicadas al quejoso. 2) Con motivo de lo anterior, también deberán dejar insubsistentes las actuaciones subsecuentes dictadas en el expediente de origen, incluyendo el oficio de citatorio número CHJ/764/2022, de uno de agosto de dos mil veintidós y notificado en la diligencia de notificación de veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por *******************, respecto de la inconstitucionalidad de la publicación de los actos, atribuidos a las autoridades ahí citadas, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *******************, en contra del acto reclamado a las autoridades precisadas en el considerando séptimo de esta sentencia, y por las razones expuestas en el mismo. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *******************, respecto del inicio del procedimiento administrativo y actuaciones subsecuentes, acorde con los lineamientos precisados en el considerando octavo de esta ejecutoria. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, secretaria quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe. CERTIFICACIÓN DE ACTA DE AUDIENCIA Y SENTENCIA. En la misma fecha, Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, hace constar que: la hora contenida en la evidencia criptográfica del acta y resolución que antecede, no coincide con la hora del cierre de audiencia y continuidad en el dictado de la resolución correspondiente, derivado que hasta este momento fue posible su autorización por el Titular de Juzgado, con motivo de la carga de trabajo que existe en el órgano jurisdiccional. Lo anterior, con fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Conste

  4. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que no obran la totalidad de constancias de notificación del Agente del Ministerio Público de la Federación de los autos emitidos en el juicio 1427/2022-VI, del índice del Juzgado Noveno del Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ahora juicio de amparo 673/2023-IV, de la estadística de este juzgado; en consecuencia, en obvio de dilaciones procesales y a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 26, fracción II, inciso c), notifíquese al representante social adscrito los proveídos que no fueron notificados en dichos términos a la referida parte procesal. Para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta y dos minutos del treinta de agosto de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese por oficio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2241/2023 del quince de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

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