Moisés López Toxqui y Otros.

Expediente 427/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
427/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
22/04/2022

Partes del expediente

  • Moisés López Toxqui y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de abril de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho; contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México. 2. Presidente de la República, con sede en la Ciudad de México. 3. Juez de Control para la Atención de Delitos No Graves, Región Uno, licenciado Roberto Ramos Cuellar, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 427/2022-2-C. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En efecto, del contenido integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa comparece a esta instancia constitucional, señalando como acto reclamado, el siguiente: A. La inconstitucionalidad del artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con motivo a su primer acto de aplicación en la determinación emitida en audiencia de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, dentro de la causa penal *** del índice del Juez de Control para la Atención de Delitos No Graves, Región Uno, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, en la que se fijó la medida precautoria para garantizar el daño. Al respecto, a criterio de esta juzgadora respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.;" El primer párrafo de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo será improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. De la interpretación del precepto legal se puede concluir que el juicio de amparo será improcedente cuando se presente la demanda en forma extemporánea, es decir, fuera de los plazos que alude la ley de la materia. En ese sentido, es necesario establecer cuáles son plazos y la forma de computarlos a efecto de demostrar la extemporaneidad de la demanda de amparo. En ese contexto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El precepto legal reproducido en primer término, establece los plazos para promover el juicio de amparo, el cual, como regla general prevé que el término para presentar una demanda de amparo será de quince días; asimismo, prevé los plazos excepcionales para ejercer la acción de amparo. En forma sistemática, en la segunda norma transcrita el legislador estableció las hipótesis para el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: a) haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto; b) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado; o bien, c) el promovente se haya ostentado sabedor de los actos referidos. Como se aprecia, los tres supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguna, por lo que ante esas distintas hipótesis debe establecerse, en principio, la posición de los quejosos respecto del acto que reclaman, según se trate de la notificación o el conocimiento, y así contar el término a partir del cual empieza a correr el plazo para la presentación de la demanda de amparo. Es aplicable, por las razones que indica, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)". Precisado lo anterior, es menester señalar que en el presente asunto el quejoso señaló como acto de molestia la inconstitucionalidad del artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con motivo a su primer acto de aplicación, esto es, en la determinación de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, emitida dentro de la causa penal *** del índice del Juez de Control para la Atención de Delitos No Graves, Región Uno, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, en la que se fijó la medida precautoria para garantizar el daño; sin embargo, de los antecedentes del acto reclamado, narrados bajo protesta de decir verdad, se advierte que el quejoso, manifestó lo siguiente: "15. Ahora bien, debo manifestar que en expediente que se tramita ante el C. Juez de Control para la Atención de Delitos No Graves, Región Uno, (Juez de Chiapa de Corzo "El Canelo"), bajo el expediente ***, se solicitó se fijara audiencia para que el imputado *** garantizara la reparación del daño, fijándose el día 21 de febrero para que se verificara dicha audiencia, en donde una vez que se llevó a cabo la misma, el Juez mencionado ordenó decretar embargo por la suma de $9,106,920.00 (Nueve millones ciento seis mil novecientos veinte pesos M.N.) sobre un bien inmueble propiedad del imputado, manifestando que en atención al contenido del artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la medida se fijaba por un periodo de 60 días, ordenando que la Secretaria hiciera el computo respectivo y se ordena a la Actuario (a) adscrita al juzgado que realice el embargo sujetándose al Código Federal de Procedimientos Civiles, debiendo dar cuenta al juzgado para proveer lo conducente, embargo que surtirá efectos a partir de que el Actuario decrete el mismo, designándose como depositario del inmueble al propio imputado, explicando el juzgador el contenido del artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de lo que destaca que la medida precautorio podrá hacerse efectiva en favor de la víctima indirecta cuando la sentencia condene al imputado a la reparación del daño. 16. En contra de la anterior determinación, en la misma audiencia celebrado el 21 de febrero pasado, el suscrito hizo valer recurso de revocación y solicitó la inaplicación del contenido del artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, exponiendo las razones para ello, y al darse vista al defensor del imputado, éste señaló que no debía acordarse de conformidad ya que la víctima indirecta, al concluir el periodo de 60 días fijado como duración de la providencia precautoria no estaba impedida para solicitar una vez más se fijara dicha medida. Expuesto lo anterior, sin dar mayor intervención a las partes el Juez responsable dictó resolución en la que señaló que no era procedente inaplicar la norma y ratificó la duración atendiendo que no se coartaban los derechos de la víctima quien podía solicitarla nuevamente." De lo anterior, se evidencia que en el caso, la promovente tuvo conocimiento del acto que reputa violatorio de derechos fundamentales, desde el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, pues, como ya se dijo, refiere "bajo protesta de decir verdad" en su escrito de demanda que en esa fecha se emitió la determinación en la que se aplicó el numeral tildado de inconstitucional, de ahí que se sostenga que la demanda de amparo de que se trata se presentó de forma extemporánea. En efecto, la manifestación del quejoso en el escrito que se provee, constituye una confesión que prueba plenamente en su contra, en términos de lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL" Así, para determinar el cómputo del aludido plazo debe considerarse la segunda hipótesis que establece el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, la fecha en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado. El vocablo conocimiento utilizado por el legislador se refiere al momento en que la persona perjudicada por un acto de autoridad tiene noticia de los actos dirigidos en su contra, el cual debe ser directo, exacto y completo, y no inferirse en presunciones. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO". Es decir, para considerar que se tuvo noticia del acto que se reclama, debe existir seguridad de que el peticionario tuvo conocimiento de cuáles son los datos de identificación de éste, las autoridades responsables, así como los fundamentos y consideraciones que sirvieron de sustento del acto a fin de poder defenderse de él, y por ende debe comenzar a correr el plazo para presentar la demanda de amparo. De lo expuesto, se colige que la aquí quejosa, tuvo conocimiento del acto que reclama, desde el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, por lo que el término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, empezó a contar a partir del veintidós de febrero del mismo año, y feneció el catorce de marzo siguiente. De ahí que, resulte inconcuso que el escrito de demanda de amparo presentado el cinco de abril del año en curso, resulta extemporáneo. Por consiguiente, si presentó la demanda que dio origen al presente juicio de amparo hasta el cinco de abril del presente año, según se advierte del sello impuesto por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, es inconcuso que lo hizo con posterioridad a la fecha en que había concluido el término para instar el juicio de amparo, pues el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, feneció el catorce de marzo de dos mil veintidós, tal como puede advertirse de la siguiente tabla dinámica que se inserta: FEBRERO 2022 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 Día inhábil 6 Día inhábil 7 8 9 10 11 12 Día inhábil 13 Día inhábil 14 15 16 17 18 19 Día inhábil 20 Día inhábil 21 22 Día 1 23 Día 2 24 Día 3 25 Día 4 26 Día inhábil 27 Día inhábil 28 Día 5 MARZO 2022 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Día 6 2 Día 7 3 Día 8 4 Día 9 5 Día inhábil 6 Día inhábil 7 Día 10 8 Día 11 9 Día 12 10 Día 13 11 Día 14 12 Día inhábil 13 Día inhábil 14 Día 15 15 16 17 18 19 Día inhábil 20 Día inhábil 21 22 23 24 25 26 Día inhábil 27 Día inhábil 28 29 30 31 ABRIL 2022 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 Día inhábil 3 Día inhábil 4 5 Presentación de la demanda 6 7 8 9 Día inhábil 10 Día inhábil 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lo anterior, implica que la parte quejosa consintió de manera tácita el acto reclamado, en virtud de que contaba con el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que ahora reclama; sin embargo, al no hacerlo la demanda resulta extemporánea. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." De ahí que, al haber presentado la demanda hasta la fecha antes mencionada, la acción de amparo resulta extemporánea, en razón de que se encuentra fuera del plazo genérico de quince días a que se refiere el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que el acto reclamado encuadre en alguna de las excepciones a la regla general que prevé el propio precepto. En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por el quejoso. Ahora, cabe señalar, el aquí quejoso promovió diverso juicio de amparo en contra de la determinación emitida en audiencia de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, dentro de la causa penal *** del índice del Juez de Control para la Atención de Delitos No Graves, Región Uno, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, en la que se fijó la medida precautoria para garantizar el daño, el cual quedó registrado con el número *** del índice de este juzgado. Sin embargo, en dicho sumario se desechó la demanda al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues contra la determinación combatida previo a promover el juicio de amparo, el quejoso debió agotar el principio de definitividad ya que la legislación del acto reclamado prevé un medio ordinario de defensa contra el acto destacado en dicho juicio. Se puntualiza lo anterior, ya que en el presente asunto el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un artículo con motivo al primer acto de aplicación, por lo que dicho acto se encuentra vinculado con el diverso analizado en el juicio de amparo ***, puesto que en este último se pretendió combatir la determinación que constituye el acto de aplicación de la norma combatida. De ahí que si bien el estudio de la inconstitucionalidad de una norma con motivo al primer acto de aplicación está vinculado a la procedencia del juicio de amparo respecto de dicho acto, lo cierto es que en el particular tal cuestión ya fue analizada en un diverso juicio de amparo; por tanto, resulta evidente que la causa de improcedencia analizada en el presente juicio se actualiza respecto del acto combatido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADO En atención a la solicitud que realiza la parte quejosa, con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta en la vía que solicita, con el nombre de usuario "***", en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso a dicho portal. De la misma forma, y en atención a lo peticionado por el disidente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 57 del referido acuerdo general, se ordena que las notificaciones en el presente juicio de amparo, se le realicen vía electrónica, debiendo observar las reglas establecidas en los dispositivos 30 y 31 de la ley de la materia. Por tanto, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y a los fedatarios de la adscripción para el efecto de que en el ámbito de sus atribuciones, de cumplimiento a lo ordenado en los párrafos que anteceden. Asimismo con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos amplios a ***, ya que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la citada Ley, a las diversas personas que indica por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento al artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", utilizando los medios electrónicos disponibles en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

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