Moises Jiménez Morales

Expediente 579/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
579/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
24/07/2023

Partes del expediente

  • Moises Jiménez Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2, se declara que la sentencia que NEGÓ la protección constitucional en el presente juicio causó estado para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones del caso en el libro de control respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE); asimismo, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido; en el entendido de que se tramitó SIN incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, el expediente principal en que se actúa, es CONSERVABLE, ya que se trata de un juicio de amparo donde se negó la protección constitucional; por lo que la fecha probable de su DESTRUCCIÓN será el ********************DE JULIO DE DOS MIL VEINTISÉIS. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 38 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, ASÍ COMO LA FECHA PROBABLE DE TRANSFERENCIA en la carátula del mismo.****************************************Con copia del presente acuerdo, hágase del conocimiento al Secretario encargado de las listas de archivo la fecha de probable destrucción o transferencia para su registro y efectos legales conducentes.****************************************Ahora, tomando en consideración que mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés se formó el ANEXO I con las copias certificadas remitidas por el juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla, se ordena devolver dichas constancias a la referida autoridad. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda".

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos la copia del oficio de cuenta, signado por el Agente Investigador de la Fiscalía General del Estado de Puebla, del que se desprende las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a lo ordenado por la Presidenta de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, y a su vez esta se encuentre en condiciones de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos; de lo que queda enterada la suscrita.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Directora de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Puebla, no dio cumplimiento al requerimiento realizado en auto de seis de junio de dos mil veintitrés. Ahora, tomando en consideración que las sentencias de amparo deben ser cumplidas sin demora y esta autoridad está facultada para dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Directora de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Puebla, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente auto, dé cumplimiento a la sentencia emitida dentro del presente juicio constitucional, esto es: "(.) a) Ante la baja del quejoso en su puesto que ostentaba como policía ********************en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, se deberán realizar las gestiones necesarias para que se pague la indemnización correspondiente, consistente en tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, quien al momento de los hechos tenía el cargo de referencia, la cual deberá de calcularse conforme a la ley aplicable. En este sentido, cabe señalar que no debe excluirse la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal o municipal, existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización para este tipo de casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado pues en tales casos la autoridad deberá aplicar directamente lo dispuesto en esos ordenamientos. b) De igual forma, deberá procederse a la realización del pago correspondiente de las demás prestaciones a que tiene derecho, las cuales son las de remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía como funcionario por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación y hasta que se realicen los pagos correspondientes. c) La institución que, por ley o convenio, otorgaba el servicio de salud al quejoso deberá continuar o, en su caso, reanudarle los servicios de salud que le correspondían, así como a sus familiares, hasta en tanto no transcurra el plazo que por ley debe transcurrir. d) En consecuencia, las autoridades responsables, por conducto del área administrativa competente, deberán demostrar que se le han pagado las cuotas y aportaciones que correspondan a la institución que otorga el aludido servicio de salud en beneficio del quejoso, hasta el día de su liquidación total. e) Por su parte, dicha institución de salud deberá requerir a la autoridad responsable ordenadora o al ente gubernamental que corresponda el pago de las cuotas y aportaciones que debieron entregarse a favor del quejoso como si hubiese estado laborando, con el objeto de que exista una base sólida para el otorgamiento de los servicios en materia de salud, aunado a que dichas cuotas realicen las afectaciones que correspondan a las subcuentas respectivas. f) Finalmente, se deberá ordenar la anotación en el expediente personal del quejoso, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que fue separado o destituido de manera injustificada, pero que derivado de la restricción constitucional establecida en la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 de la Constitución Federal, no fue posible reinstalarlo en su cargo". Debiendo remitir a este juzgado copia certificada de las constancias relativas que acrediten el cumplimiento dado a la misma. Con el apercibimiento que, de no hacerlo, o no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193, 237, fracción I, 238, y 258, de la ley de la materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3º, 4º y 5º de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $ 103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés. Asimismo, se ordenará remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no las exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se le informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se le comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. Finalmente, se señala el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, para verificar las gestiones que ha realizado la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, para que presentará a su perito a ratificar el cargo conferido, sin que lo hubiera hecho, por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminada, en consecuencia, se le tendrá por conforme con el dictamen que emita el perito oficial designado por este órgano jurisdiccional. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de San Juan de los Llanos, Libres, Puebla, a través del cual en cumplimiento al auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, remite el original del contrato privado de compraventa celebrado el dos de noviembre de dos mil doce, entre ******************** y ******************** (parte vendedora) y ******************** (parte compradora), respecto del bien inmueble identificado como ".********************.", y el juicio sucesorio intestamentario a bienes de ******************** radicado con el número de expediente ********************. Atento a lo anterior, se requiere a la perito oficial Ximena Ramos Valdez para que en el término de tres días contados a partir de la notificación del presente auto, informe fecha y hora en la que se pueden remitir los elementos necesarios para que emita el dictamen relativo a la prueba pericial en materias de grafoscopía y documentoscopía ofrecida en autos, en virtud de que al ser documentales originales se deben remitir por conducto del Actuario de la adscripción. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento dentro del término concedido para ello, se podrá hacer acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. Finalmente, se ordena devolver al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de San Juan de los Llanos, Libres, Puebla, los autos originales del juicio sucesorio intestamentario a bienes de ******************** radicado con el número de expediente ********************, en virtud de que es necesario para el desahogo de la pericial en comento únicamente el contrato privado de compraventa celebrado el dos de noviembre de dos mil doce, entre ******************** y ******************** (parte vendedora) y ******************** (parte compradora), respecto del bien inmueble identificado como ".********************.", mismo que le será devuelto a la brevedad posible.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

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