Moises Jaziel Cabrera Martinez
Expediente 211/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 211/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Moises Jaziel Cabrera Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de abril de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio registrado con folio 11023, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual remite diversas constancias en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de TRES DÍAS, contadas a partir de la legal notificación del presente acuerdo remita copia certificada de la constancia de notificación personal a la parte actora ordenada en el proveído de diecisiete de abril del año en curso. Se apercibe a la autoridad responsable que de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicara una medida de apremio consistente en MULTA DE CINCUENTA VECES el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de María Guadalupe Salazar Martínez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ello sin que ninguna de las partes lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior, y debido a que en la ejecutoria de mérito se concedió la protección de la justicia de la unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en el término de diez días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, dé cumplimiento al fallo protector y remita, en copia certificada, las constancias con que lo acredite. Se apercibe a la autoridad responsable que de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicara una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable para que le ordene cumplir con la ejecutoria de mérito, puesto que al tratarse de un organismo jurisdiccional autónomo en el ámbito jurídico, no tiene superior jerárquico a quien requerirle que la conmine. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia 2ª./J.36/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 2000099, del rubro y texto siguientes: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante María Guadalupe Salazar Martínez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de marzo de dos mil diecisiete. Audiencia Constitucional En Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con tres minutos del seis de marzo de dos mil diecisiete, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Mario Andrés Lesher González, secretario con quien legalmente actúa, da inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 211/2017, promovido por ********************, por su propio derecho, sin asistencia de las partes. Luego, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia: escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado rendido por la autoridad responsable; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con el registro electrónico 206494, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Enseguida el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales a que haya lugar; además, se abre el periodo probatorio en la presente audiencia constitucional. Acto continuo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, la documental que como anexo remitió la autoridad responsable, misma que será materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda Ahora, sin más pruebas que desahogar, el Juez declara abierto el período de alegatos, por lo que el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló; asimismo que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento alguno. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de todo lo actuado, se ordena dictar el fallo que conforme a derecho corresponda. Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo indirecto 211/2017, promovido por José Antonio Mejía Sánchez, por su propio derecho, y: R E S U L T A N D O Único. Presentación de la demanda y trámite del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el dos de febrero de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos; ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad y por el acto que en su demanda indicó. En acuerdo de tres de febrero de dos mil diecisiete este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, por lo que solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en sus términos conforme al acta que antecede, por lo que: C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia legal. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se reclama la omisión de una autoridad laboral con residencia en donde este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado es necesario precisar cuál es éste, por lo que debe analizarse íntegramente el escrito de demanda a fin de atender lo que quiso decir el quejoso y no únicamente lo que en apariencia dijo, ello a fin de lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro electrónico 192097, que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de una interpretación íntegra de la demanda de amparo así como de las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional a la autoridad responsable I) Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se hace consistir en: 1. La omisión de acordar la promoción presentada el trece de enero de dos mil diecisiete, en el juicio laboral 16/134/16, y notificarlo a las partes. Actos que la parte quejosa considera violatorios de los artículos 1°, 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Certeza del acto reclamado. De acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia el órgano jurisdiccional que conozca del mismo debe analizar, en primer lugar, la certeza o inexistencia de los actos reclamados y solo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular. Lo anterior es así, ya que de no ser ciertos los actos combatidos sería innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia; es decir, del análisis de alguna causa de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos. Tiene aplicación a lo expuesto en el párrafo que antecede la jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación con el registro electrónico 212775, cuyo rubro y texto establecen: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, en relación al caso concreto, resultan ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable I) Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; pues así lo manifestó su Presidente al rendir el informe justificado. Se cita por aplicable, la jurisprudencia 749 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro electrónico 1002815, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, lo anterior se corrobora con la copia certificada que el presidente de la referida autoridad laboral acompañó a su informe justificado; documento público que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Cuarto. Estudio de los conceptos de violación. Dado que las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni de oficio este órgano jurisdiccional advierte que se actualice alguna, procede entrar al estudio del acto de molestia. Conviene precisar que resulta innecesario transcribir los conceptos de violación hechos valer por el peticionario de amparo en su escrito de demanda, ya que no se requieren para el desarrollo y dictado de la resolución; además, tal circunstancia no lo deja en estado de indefensión pues no lo priva de la oportunidad para recurrirla y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación con el registro electrónico 164618, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Resultan fundados los conceptos de violación pues, efectivamente, como lo señala la parte quejosa, con el proceder de la responsable han transcurrido en exceso los plazos y términos contenidos en la Ley Federal del Trabajo y, por tanto, no se cumple con el principio de prontitud, expeditez, seguridad y certeza en la administración de justicia respecto al expediente del juicio laboral 16/134/16. La parte quejosa aduce esencialmente que el acto reclamado a la responsable, viola en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no obstante que mediante promoción presentada el trece de enero de dos mil diecisiete solicitó se dictara requerimiento de pago y, en su caso, embargo; a la fecha en que promovió su demanda de amparo la autoridad responsable ha sido omisa en pronunciarse respecto a dicha solicitud. La autoridad responsable, por su parte, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos reclamados; sin embargo, adujo que tales omisiones se debían a la excesiva carga de trabajo y no a dolo, mala fe o negligencia. Lo anterior evidencia que el motivo de inconformidad expuesto por la parte quejosa, es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal que se solicita, pues se advierte que la promoción presentada el trece de enero de dos mil diecisiete aún no ha sido acordada; lo cual implica que el juicio laboral de origen lleve inactivo aproximadamente un mes; situación que sin duda alguna pone de manifiesto la denegación de justicia por parte de la autoridad responsable, al no actuar dentro del término que establece la ley aplicable y dar continuidad al proceso laboral. Se afirma lo que antecede, en virtud de que el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 17. ... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Asimismo, el primer párrafo del artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo, dispone: "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. ." De los preceptos transcritos se advierte la garantía de seguridad jurídica, que se traduce en que las autoridades judiciales no pueden retardar indefinidamente su función de administrar justicia debido a que deben impartirla en forma pronta, completa, imparcial y gratuita, lo cual implica que tienen la obligación de tramitar y resolver los juicios de los que conozca en los plazos y conforme a los términos que establece la legislación aplicable. Por tanto, es evidente que con su omisión de acordar lo que en derecho corresponda por cuanto a lo solicitado en la promoción mencionada, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, transgredió lo dispuesto en los artículos 685 y 838 de la Ley Federal del Trabajo y con ello la garantía de justicia pronta prevista en el artículo 17 Constitucional, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes, con independencia de los impedimentos legales que pudiesen surgir, para proveer respecto de lo solicitado. Lo anterior, en virtud de que los tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, y emitir tanto sus laudos como sus acuerdos, así como realizar las diligencias a su cargo, en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo u otras, esto podrá válidamente efectuarse a partir de casos y condiciones concretas, pero en modo alguno resulta justificable un retraso significativamente prolongado para tramitar todos los juicios de su estadística. Tiene aplicación a lo aquí considerado, la jurisprudencia IV.3o.T. J/57, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con el registro electrónico 177266, del rubro y texto siguientes: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." En tales condiciones, el retardo de la autoridad responsable constituye una violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado por ********************. Conviene señalar que a pesar de que el informe justificado no se rindió con ocho días de anticipación a la presente fecha, este juzgado de Distrito estima innecesario diferir la audiencia constitucional, tal y como lo establece el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, pues tal situación implicaría retardar el proceso en perjuicio de la parte quejosa, en virtud de que tiene pleno conocimiento de la omisión en que ha incurrido la autoridad responsable; además de que se reclama de la autoridad responsable la violación del artículo 17 Constitucional ante la falta de administración de justicia en los plazos y términos que fijan las leyes, por lo que el diferir la presente audiencia haría que se prolonguen los efectos del acto reclamado. Quinto. Efectos de la concesión. Al resultar procedente la concesión de la protección constitucional, es pertinente señalar que de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, el efecto es que una vez que esté notificada la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de que el presente fallo cause ejecutoria: 1. Proceda en forma inmediata a acordar la promoción que le fue presentada el trece de enero de dos mil diecisiete, en el expediente laboral 16/134/16, a través de la cual se le solicitó dictar requerimiento de pago y, en su caso, embargo; lo que deberá notificar al quejoso de manera personal. Lo anterior en el entendido de que la concesión del amparo en los términos apuntados, no prejuzga sobre la procedencia o no de la solicitud formulada, por lo que sus efectos son única y exclusivamente para que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en pleno uso de sus atribuciones y facultades, resuelva de inmediato lo que considere pertinente en relación al escrito elevado a su consideración y lo notifique al impetrante de amparo. Resulta de aplicación al caso la tesis 3ª. XXXIV/92, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro electrónico 206849, que dice: "PETICION. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." Sin que constituya obstáculo para el dictado de esta sentencia, el hecho de que no se haya llamado a juicio a la contraparte de la parte quejosa en el proceso laboral de origen, pues, al estar en etapa de ejecución dicho proceso, se considera que a quien perjudica únicamente la omisión de la responsable es a la parte trabajadora, al no poder hacer líquida la condena establecida en el laudo, ello aunado al sigilo que se debe guardar en dicha etapa a fin de que la parte condenada no oculte los bienes que pudieran servir para garantizar el pago de las prestaciones a que fue condenado. Sexto. Cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77, 79, fracción V, y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra de los actos que reclamó a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para los efectos precisados en el considerando quinto de este fallo. Segundo. Por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Juez Jorge Carenzo Rivas, titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Mario Andrés Lesher González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de marzo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el informe justificado, rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad; con el contenido y anexo del informe de cuenta, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
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