Moisés Ismael Jiménez Oliva

Expediente 553/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 53 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
553/2016
Año
2016
Actuaciones
53
Última actuación
26/07/2017

Partes del expediente

  • Moisés Ismael Jiménez Oliva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 53.

  1. Principal

    ... sin mayor acuerdo el oficio del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Misantla, Veracruz -a través del cual remite las constancias de las que se advierte que el aquí quejoso continúa dando cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada en el presente asunto-, toda vez que mediante proveído de veintidós de junio del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia amparadora aquí emitida y se ordenó su archivo, razón por la cual se le solicita suspenda toda comunicación oficial dirigida a esta pieza de autos, dado el sentido del presente acuerdo. Cúmplase.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a trece de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos sin mayor acuerdo el oficio del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Misantla, Veracruz -a través del cual remite las constancias de las que se advierte que el aquí quejoso continúa dando cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada en el presente asunto-, toda vez que mediante proveído de veintidós de junio del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia amparadora aquí emitida y se ordenó su archivo. Cúmplase. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la Secretaria de Juzgado Zoila Flor Juárez San Martín, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintidós de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, esta Potestad Federal procede a su análisis. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Se advierte de las constancias que integran este juicio, que por sentencia dictada el seis de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 100 a 108), el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio de este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, negó el amparo y protección de la justicia federal solicitada por Moisés Ismael Jiménez Oliva, por propio derecho y en representación de su menor hija, cuya identidad se protege en términos del Protocolo para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes. Inconforme con el fallo constitucional emitido, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, la autorizada del quejoso, interpuso recurso de revisión (fojas 190 a 191), el cual se tramitó en fecha veintidós de septiembre siguiente (fojas 192 y 193), y por oficio número 39360/2016/III de este índice, se remitieron los autos originales del juicio en que se actúa a la Superioridad para la substanciación del medio defensivo hecho valer (foja 199). Mediante oficio 170/2017-C, la Secretaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución dictada en el toca Amparo en Revisión Civil número 386/2016 de su índice (fojas 225 a 245), de la que se desprende que la Superioridad revocó la sentencia recurrida, y como consecuencia de ello, concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitada por la parte quejosa. Por auto de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el testimonio de la Superioridad y, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, se ordenó requerir el cumplimiento a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Misantla, Veracruz, para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir de que le fuera notificado tal acuerdo, justificara el cumplimiento de la sentencia protectora (fojas 247 a 249). Mediante oficio número 1014 la Juez responsable informó y remitió las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector (fojas 253 a 261); por lo anterior, mediante acuerdo de ocho de junio de la presente anualidad, quedaron los autos a la vista de las partes, por el término de tres días a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el mismo (foja 263); quienes fueron debidamente notificadas (fojas 266 y 268), sin que hubieren hecho manifestación alguna. Ahora, del análisis hecho a la resolución mediante la cual el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede Misantla, Veracruz, informó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida por la Superioridad, se desprende que dejó insubsistente la resolución de seis de mayo de dos mil dieciséis, y al avocarse nuevamente al estudio del recurso de reclamación interpuesto por la aquí tercero interesada en contra de la medida cautelar de depósito de su menor hija, en estricto apego a lo ordenado por el órgano colegiado, determinó declarar infundado los argumentos vertidos por ésta en su escrito de expresión de agravios, no sin antes exponer las razones y circunstancias por las cuales arribó a dicha conclusión. De la misma manera se desprende que en la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, al quedar evidenciado que los padres de la menor en disputa se encuentran separados ya hace algún tiempo y existir un ambiente de animadversión y hostilidad entre ellos, el interés de su progenitora en recuperarla, así como el derecho que tiene la infante a estar junto a su madre y garantizarle su derecho a la identidad y a las relaciones familiares, determinó modificar el régimen de convivencia que se decretó originariamente junto con el depósito. Por lo que, consideró que éste deberá llevarse a cabo en las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal de la ciudad de San Rafael, Veracruz, los días lunes y viernes de cada semana, en un horario de nueve de la mañana a las cinco de la tarde, la cual deberá ser supervisada por una tercera persona independiente y neutra que pueda realizar reportes de manera fidedigna e imparcial; régimen que se estableció tomando en consideración que el padre de la menor trabaja la mayor parte del día y que la madre de ésta se dedica a labores del hogar, pero sobre todo atendiendo fundamentalmente al interés superior de la infante, en los términos indicados en la resolución de alzada. Teniendo ambas partes la obligación de ver que se lleve a cabo la convivencia decretada, es decir, por cuanto a los depositarios, la responsabilidad de cumplir con la orden judicial de que se trata, así como respetarla y abstenerse de realizar actos que la obstaculicen o impidan su cumplimiento, y respecto a la madre de menor, de cuidarla y atenderla en el horario fijado, a fin de preservar su derecho a ser cuidado y educado por ambos progenitores, así como a mantener contacto directo con ellos en pro de sus relaciones familiares. En esas condiciones, se colige que la autoridad responsable acató en sus términos la sentencia; por lo que procede declarar que ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos, ya que en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se restituyó al peticionario del amparo en el goce de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vulnerados; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214 del mismo cuerpo normativo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Gírese oficio a la autoridad que estuvo encargada de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el manual para la Organización de Archivos Judiciales, vigente a partir de dos mil trece, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión, carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en este asunto, en su momento se negó el amparo solicitado, el cual fuera revocado por el tribunal revisor, a fin de conceder la protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración y por cuanto ve al original del incidente de suspensión, toda vez que la Superioridad concedió la suspensión definitiva solicitada, en atención a lo ordenado en el párrafo segundo, de la fracción III, del punto y normativa invocada, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, procede también su depuración, debiendo conservar la resolución de alzada y el acuerdo que recayera a éste. Así las cosas, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el expediente principal y el original del incidente de suspensión a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción o depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la parte tercero interesada. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la Secretaria de Juzgado Zoila Flor Juárez San Martín, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTIDÓS DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO DE NOTIFICACION, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... del análisis hecho a la resolución mediante la cual el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede Misantla, Veracruz, informó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida por la Superioridad, se desprende que dejó insubsistente la resolución de seis de mayo de dos mil dieciséis, y al avocarse nuevamente al estudio del recurso de reclamación interpuesto por la aquí tercero interesada en contra de la medida cautelar de depósito de su menor hija, en estricto apego a lo ordenado por el órgano colegiado, determinó declarar infundado los argumentos vertidos por ésta en su escrito de expresión de agravios, no sin antes exponer las razones y circunstancias por las cuales arribó a dicha conclusión. De la misma manera se desprende que en la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, al quedar evidenciado que los padres de la menor en disputa se encuentran separados ya hace algún tiempo y existir un ambiente de animadversión y hostilidad entre ellos, el interés de su progenitora en recuperarla, así como el derecho que tiene la infante a estar junto a su madre y garantizarle su derecho a la identidad y a las relaciones familiares, determinó modificar el régimen de convivencia que se decretó originariamente junto con el depósito. Por lo que, consideró que éste deberá llevarse a cabo en las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal de la ciudad de San Rafael, Veracruz, los días lunes y viernes de cada semana, en un horario de nueve de la mañana a las cinco de la tarde, la cual deberá ser supervisada por una tercera persona independiente y neutra que pueda realizar reportes de manera fidedigna e imparcial; régimen que se estableció tomando en consideración que el padre de la menor trabaja la mayor parte del día y que la madre de ésta se dedica a labores del hogar, pero sobre todo atendiendo fundamentalmente al interés superior de la infante, en los términos indicados en la resolución de alzada. Teniendo ambas partes la obligación de ver que se lleve a cabo la convivencia decretada, es decir, por cuanto a los depositarios, la responsabilidad de cumplir con la orden judicial de que se trata, así como respetarla y abstenerse de realizar actos que la obstaculicen o impidan su cumplimiento, y respecto a la madre de menor, de cuidarla y atenderla en el horario fijado, a fin de preservar su derecho a ser cuidado y educado por ambos progenitores, así como a mantener contacto directo con ellos en pro de sus relaciones familiares. En esas condiciones, se colige que la autoridad responsable acató en sus términos la sentencia; por lo que procede declarar que ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos, ya que en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se restituyó al peticionario del amparo en el goce de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vulnerados; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214 del mismo cuerpo normativo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Gírese oficio a la autoridad que estuvo encargada de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el manual para la Organización de Archivos Judiciales, vigente a partir de dos mil trece, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión, carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en este asunto, en su momento se negó el amparo solicitado, el cual fuera revocado por el tribunal revisor, a fin de conceder la protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración y por cuanto ve al original del incidente de suspensión, toda vez que la Superioridad concedió la suspensión definitiva solicitada, en atención a lo ordenado en el párrafo segundo, de la fracción III, del punto y normativa invocada, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, procede también su depuración, debiendo conservar la resolución de alzada y el acuerdo que recayera a éste. Así las cosas, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el expediente principal y el original del incidente de suspensión a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción o depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional....

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