Moises Hernandez Velazquez

Expediente 654/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
654/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
12/07/2022

Partes del expediente

  • Moises Hernandez Velazquez

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 654/2022-IV. Puebla, Puebla, doce de julio de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintidós de junio de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Por lo que habrá de ordenarse en acápites posteriores el archivo del presente juicio. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo. Resguardo del expediente (archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    SE DEJO CITATORIO DE NOTIFICACION A LA PARTE PROMOVENTE.- JUICIO DE AMPARO 654/2022-IV. Puebla, Puebla, veintidós de junio de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 signada por el quejoso * por propio derecho, contra actos de la ".UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA (sic).", y otra autoridad responsable. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo3 , establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. ...En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo planteado por el quejoso comprende los actos siguientes: ".orden de busca, aprehensión y detención.", así como la ejecución de ésta. Actos que únicamente atribuyó a las responsables que denominó como: ".UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA (sic).", y ".TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO POLICIAL DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA (sic)." (este como autoridad ejecutora). De donde se obtiene que el quejoso no señaló a jueces penales como autoridades responsables; y tampoco manifestó en su demanda, la existencia de alguna causa penal instruida en su contra. Entonces, si el quejoso no señaló a jueces penales como autoridades ordenadoras y tampoco manifestó la existencia de alguna causa penal instruida en su contra, es válido deducir que la orden reclamada a las transcritas autoridades, sólo puede corresponder a una orden de presentación con fines de investigación, y la ejecución de la misma. Máxime que la ".UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA (sic).", no tiene facultades para librar órdenes de aprehensión, motivo por el cual puede afirmarse que su carácter de autoridad ordenadora, implica el reclamo de una orden de presentación con fines de investigación, en alguna carpeta donde el quejoso tiene el carácter de imputado. De modo que el reclamo planteado por el quejoso, está circunscrito a una orden de detención con fines de investigación, y la ejecución de la misma, porque dichas autoridades únicamente podrían intervenir en la detención de aquél para que fuera presentado a un agente del Ministerio Público, con el propósito de que le sea recabada su entrevista en una carpeta de investigación. En efecto, las autoridades señaladas en la demanda como responsables, una ordenadora y la otra ejecutora, sólo pueden intentar la detención del quejoso para que le sea recabada declaración en una carpeta de investigación; y al tratarse de autoridades relacionadas con una institución ministerial, no puede visualizarse una orden de aprehensión porque esta corresponde en forma exclusiva a autoridades judiciales, y como se dijo, ninguna fue señalada en la demanda. Por consiguiente, se arriba a la convicción de que los actos reclamados en la demanda, convergen a la figura de la orden de presentación atribuida a autoridades relacionadas con una institución ministerial, que actúan bajo las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, debe indicarse que una orden de presentación emitida por autoridad ministerial, no implica la restricción de la libertad para el quejoso aun cuando vaya dirigida a este, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Asimismo, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la orden de presentación solamente se libra para el imputado con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de presentación jamás genera la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede el imputado manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al imputado, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo De lo anterior resulta patente que una orden de presentación no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, dado que en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, porque todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Más aún, de considerar que la presentación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Luego, es válido afirmar que la orden reclamada por el quejoso, encuentra una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual se obtiene de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Máxime que la regulación de la orden de presentación, traducida en un acto de investigación de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales,6 el cual contempla las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Es más, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado, es posible establecer que la presentación de la persona investigada en la carpeta, incluso ante un juez, donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal del gobernado, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva. Lo anterior se obtiene de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo, y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso, en la referida audiencia podrá el imputado ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De modo que la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141, del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer el imputado sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, tampoco es suficiente para estimar que la orden de presentación afecte la libertad personal, dado que esa comparecencia forzosa constituye un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el imputado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, los actos reclamados en la demanda consistentes en la orden de presentación y la ejecución de la misma, constituyen actos fuera de juicio que no afectan la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo considerado, se invoca por analogía la tesis : "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Solo resta agregar que aun cuando la pretensión del quejoso hubiera sido combatir la ejecución de una orden de aprehensión, de cualquier forma se tendría que desechar la solicitud de amparo. De entrada, porque la ejecución de una orden de aprehensión depende de la resolución de un juez penal, en la que hubiera decretado la captura de una persona imputada, como se desprende del artículo 16 de la constitución federal. Sin embargo, el contenido íntegro de la demanda de tutela refleja que el quejoso nunca tuvo la intención de señalar autoridades judiciales y tampoco causas penales, pues únicamente involucró a autoridades ministeriales y delimitó los actos a la supuesta orden de busca, aprehensión y detención, así como la ejecución de la misma -que en realidad correspondieron a una orden de presentación con fines de investigación, y la consecuente ejecución-. Entonces, de cualquier forma hubiera sido improcedente el reclamo de la ejecución de una orden de aprehensión, pues la falta de señalamiento contra jueces penales determina la imposibilidad de combatir la mera ejecución. Sobre todo porque el reclamo acotado a la ejecución de una orden de aprehensión, sólo puede generar el escenario de actos futuros e inciertos, respecto de los cuales resulta improcedente el juicio de tutela constitucional. Por tanto, de conformidad con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu, 61, fracción XXIII, 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo del quejoso Moisés Hernández Velázquez, porque los actos que reclama conforme a la esfera de competencia legal de las autoridades responsables -orden de presentación con fines de investigación y la consecuente ejecución-, actualizaron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones, el inmueble que designó para ese propósito al inicio de su demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre Hugo Sánchez Carreón porque aquél le otorgó facultades amplias y éste tiene registrada su cédula, en el sistema de profesionales del Poder Judicial de la Federación. Comunicación con el quejoso. Asimismo, para establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del invocado Acuerdo General 21/2020, se hace saber al quejoso que puede ofrecer un correo electrónico y número telefónico. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación, sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en el inmueble que señaló como domicilio procesal); y cúmplase.

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