Moises Hernández Moreno

Expediente 811/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
811/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
11/01/2016

Partes del expediente

  • Moises Hernández Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, once de enero de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso correspondiente, en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo por causa manifiesta e indudable de improcedencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que el auto de veintiuno de octubre del año próximo pasado, HA CAUSADO EJECUTORIA, en virtud de que la parte quejosa no interpuso recurso en contra de dicho proveído que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de la Materia. Por otra parte, advirtiéndose de autos que no existe diligencia pendiente por desahogar; en tal virtud, remítase el presente expediente al archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintiuno de octubre de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito de demanda promovido por Moises Hernández Moreno. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número 811/2015 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza al Juez, a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del escrito de demanda de amparo se advierte que MOISÉS HERNÁNDEZ MORENO, reclama lo siguiente: "De la autoridad responsable mencionada en el inciso A) JUEZ MILITAR ADSCRITO A LA TERCERA REGIÓN MILITAR DE MAZATLÁN, SINALOA se le reclama el injusto e ilegal auto de formal prisión, emanada de la causa penal 166/2015, de fecha 17 de Septiembre del 2015 por la probable comisión del delito denominado ABUSO DE AUTORIDAD en razón que este fue dictado contario a derecho y violenta mis garantías individuales." Asimismo, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado manifiesta: ".Con fecha 17 de Septiembre del 2015, fue dictado en mi contra auto de formal prisión por el Juez Militar con residencia en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa dentro de la Causa Penal 166/2015, misma que me fue notificada con fecha lunes 21 de septiembre del mimo año de la cual manifiesto bajo protesta de decir verdad, solo se me otorgaron copias simples las cuales se exhiben con el presente amparo, el cual es exacto al que obra en el expediente el cual podrá verificar su señoría cuando la autoridad responsable rinda su respectivo informe." En el caso se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, de la Ley de Amparo en su orden establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En el caso, la demanda de amparo interpuesta por MOISÉS HERNÁNDEZ MORENO, es improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, descritos con antelación, por lo siguiente: De la transcripción del precepto 18 en cita, se colige que para computar el término de quince días para la presentación de la demanda, prevé tres supuestos: 1), desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2), desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, 3), desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que el quejoso reclama el auto de formal prisión. El promovente en el escrito de demanda, manifiesta que tuvo conocimiento de los actos reclamados el veintiuno de septiembre de dos mil quince. En consecuencia, de lo anterior se advierte, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de la Materia, ya que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el veintiuno de septiembre de dos mil quince, pues así lo manifiesta en el escrito de demanda. Ahora bien, como la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con asiento en esta ciudad, el diecinueve de octubre de dos mil quince, es incuestionable que se interpuso después del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues si éste empezó a contar a partir del día siguiente al en que se tuvo conocimiento de los actos reclamados; esto es, el veintidós de septiembre de dos mil quince; por tanto, el plazo para la presentación feneció, el trece de octubre de dos mil quince, con exclusión de los días 26 y 27 de Septiembre, así como los días 3, 4, 10, 11 y 12 de octubre del año en curso, por ser inhábiles (sábado y domingo y el último inhábil en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo); por tanto, si la parte quejosa, presentó la demanda hasta el diecinueve de octubre de dos mil quince, es obvio, que la misma resulta extemporánea al transcurrir más de quince días que establece el citado numeral para la promoción del juicio de amparo. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 45/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Décima Época, que dice: "ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO. El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio -excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo-, mientras que su artículo Quinto Transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento -como lo es el auto de formal prisión- pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate." En las relatadas condiciones, al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo y con apoyo en el artículo 113 de la misma Ley, lo que procede es DESECHAR LA DEMANDA DE GARANTÍAS POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Omar Paz Arellano, Brenda Elizabeth Herrera Alpizar, Arianne Zaire Cordero Gabiño, y Guillermo Sam Rodríguez; asimismo, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del segundo párrafo de la citada disposición legal a Omar Paz Herrera, Elsie Mariela González Díaz, Paola Berenice Siordia Molina, Gabriela Rivera López, Paola Alejandra Sam Aguirre y Akino Montiel Tejeda; en virtud de no tener cédula profesional ni permiso temporal para ejercer la abogacía registrados en este juzgado, como tampoco en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. NOTIFÍQUESE; personalmente al promovente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 8,136 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano