Moisés Hernández Barba
Expediente 1176/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1176/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 27/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Moisés Hernández Barba
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
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La sentencia por la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de control constitucional; HA CAUSADO EJECUTORIA DICHA SENTENCIA. Archívese como asunto concluido. Este expediente es destruible.
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NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda. Dicho escrito fue promovido por Moisés Hernández Barba, por su propio derecho, el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León. SEGUNDO. Trámite del juicio. Se turnó a este juzgado el mismo día; se formó el expediente al que se asignó el número 1176/2017-I; se admitió a trámite; se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se desahogó en los términos que constan en el acta que antecede. CONSIDERACIONES JURÍDICAS PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución material dentro del ámbito territorial que comprende su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: La orden de citación emitida dentro de la carpeta de investigación FED/GTO/LEÓN/0002227/2017. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Atención y Determinación, con sede en San Francisco del Rincón, Guanajuato, consistente en el citatorio ordenado dentro de la carpeta de investigación FED/GTO/LEÓN/0002227/2017, pues así lo confesó en el informe justificado que rindió. Además, su existencia se corrobora con las constancias que envió para sostener la constitucionalidad de su actuación, mismas que, por tener el carácter de públicas, cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del párrafo segundo del ordinal 2° de ésta. CUARTO. Improcedencia del juicio en relación con el acto reclamado cuya existencia se acreditó. Se omitirá el estudio del fondo del asunto, pues este juzgador estima actualizada la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, la que por ser una cuestión de orden público, debe analizarse en forma preferente y aun de oficio, según lo dispuesto por el numeral 62 del mismo Ordenamiento. El artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda sufrir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; [.] En términos generales, esta causa de improcedencia se ubica dentro de aquellas en las que la eventual protección de la justicia federal no podría materializarse, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, bajo la peculiaridad de que esa imposibilidad tiene como origen el que haya dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado sobre los cuales éste tuvo eficacia y, consecuentemente, ningún efecto práctico tendría esa restitución. Ciertamente, del análisis de la anterior trascripción se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Ahora bien, para que se actualice este motivo de improcedencia, necesariamente deben reunirse los siguientes elementos: Que el acto reclamado no se haya nulificado, revocado o declarado insubsistente, de tal manera que formalmente exista en la vida jurídica; y, Que con posterioridad a la emisión del acto, por cualquier causa, haya desaparecido su objeto o materia sobre el cual rigió en forma eficaz. De llegar a darse esos requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente, pues aun en el caso de que el peticionario llegare a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, puesto que no habría forma de restituirle sobre un derecho o cosa que ya no existe o no se encuentra en su esfera de intereses. Así, podemos concluir que el motivo de improcedencia en análisis se actualiza cuando los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al amparista en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Cobra aplicación al caso, la tesis 2a. XCIX/2000, visible en la página 357, del tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia Segunda Sala, cuyo rubro y texto son: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En la especie, el acto reclamado cuya existencia se demostró es la orden de citación emitida dentro de la carpeta de investigación FED/GTO/LEÓN/0002227/2017, con el fin de que se presentara a rendir su comparecencia dentro de la citada carpeta. Sin embargo, de las constancias que el Agente del Ministerio Público responsable, adjuntó al oficio SFR-AYD-288/2017, recibido en este juzgado el treinta de octubre del año en curso, se aprecia que el aquí quejoso se presentó ante él el doce de octubre del año en curso y a fin de que se le tomara su comparecencia dentro de la carpeta de investigación FED/GTO/LEÓN/0002227/2017. De esta forma, es claro que los efectos perniciosos del acto de autoridad impugnado, como sería la imposición de algún medio de apremio, no se han concretado en su esfera jurídica, ni se concretarán, en virtud de que el entorno en el cual dicho acto se emitió, se modificó, pues en este momento ya no es necesaria la presentación del amparista para la toma de su comparecencia, en razón de que ésta ya se rindió. Por ello, se estima que en el caso cobra vigencia la causa de improcedencia a la que nos hemos referido, pues a pesar de que el acto reclamado subsiste, ya que no existe constancia que demuestre fehacientemente lo contrario, no puede surtir efecto legal o material alguno, pues el objeto del mismo dejó de existir. Por ende, como se dijo, se surte el motivo de improcedencia previsto en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se impone sobreseer en el presente juicio también en relación con el acto reclamado cuya existencia se demostró, atentos a lo establecido por el diverso numeral 63, fracción V, de la misma Ley. Por lo expuesto, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Moisés Hernández Barba, contra los actos que reclamó del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Atención y Determinación, con sede en San Francisco del Rincón, Guanajuato, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Ulises Fuentes Rodríguez, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, ante la secretaria licenciada Blanca del Rocío Fonseca Hernández, que autoriza, hasta el día de hoy veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, fecha en que lo permitieron las labores de este juzgado federal. BRFH.
- Principal
Agréguense a los autos el oficio y anexo enviados por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Atención y Determinación, residente en San Francisco del Rincón, Guanajuato, a través del cual cumple con el requerimiento formulado en auto de diecisiete de octubre del año en curso, adjuntando las constancias que le fueron exigidas, con lo que se ordena dar vista a las partes y relacionarlas en la audiencia constitucional.
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