Moises Guzmán Martínez

Expediente 929/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
929/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
13/12/2018

Partes del expediente

  • Moises Guzmán Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las trece horas con cincuenta minutos del trece de diciembre de dos mil dieciocho, la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de seis de noviembre de dos mil dieciocho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/5669/2018 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; declara abierta la audiencia incidental de revocación o modificación de la suspensión de plano otorgada dentro del juicio de amparo 929/2018, quien actúa asistida de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe, sin la asistencia de las partes. Acto seguido, se hace constar que el presente incidente de revocación o modificación de la suspensión de plano se encuentra debidamente integrado para resolver. La encargada del despacho acuerda: Con fundamento en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación anterior para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio se hace constar que las partes no las ofrecieron. A lo que la encargada del despacho provee: Toda vez que las partes no ofrecieron pruebas, precluye su derecho para hacerlo. En el periodo de alegatos se da cuenta con los alegatos formulados por José Alfonso Martínez Vázquez, delegado de las autoridades responsables Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social tanto en Morelia, como en Zamora, Michoacán (fojas 100 y 101). La encargada del despacho acuerda: Con fundamento en el numeral 67 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de las autoridades responsables y a la parte quejosa le precluye su derecho para hacerlo. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia de revocación o modificación de la suspensión de plano y se pasan los autos a la vista de la encargada del despacho, quien resolverá en definitiva esta incidencia. RESULTANDO: Primero. Mediante escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Moisés Guzmán Martínez, por su propio derecho, solicitó la protección constitucional en los términos siguientes: Acto reclamado: La privación del derecho constitucional a recibir atención médica o a la salud, que el quejoso requiere de manera urgente con motivo del accidente de trabajo que sufrió. Autoridades responsables: 1. Delegado en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad; y, 2. Director del Hospital General de Zona número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Zamora, Michoacán. Segundo. En proveído de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho (fojas 9 a 16) se concedió la suspensión de plano al aquí quejoso, en los siguientes términos: "(.) con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que se brinde a Moisés Guzmán Martínez de inmediato la atención médica necesaria respecto del padecimiento que le aqueja a efecto de garantizar la vida e integridad de su persona, ya que la inactividad y falta de intervención oportuna se pueden traducir en el avance de las molestias que le afectan e incluso en su desenlace fatal, con lo que resultaría imposible restituir al quejoso en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida, por lo que la medida cautelar se otorga para el efecto de que las autoridades responsables provean las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se le proporcione la asistencia médica necesaria respecto de la enfermedad que presente el inconforme durante el tiempo que permanezca a su disposición, con la finalidad de que se garantice su salud y no se ponga en riesgo su vida. (.).". Tercero. Mediante escrito de treinta y uno de octubre del año en curso, el apoderado jurídico de la autoridad responsable remitió lo siguiente: 1. Copia certificada de la constancia de vigencia de derechos del quejoso Moisés Guzmán Martínez, de la que se advierte que mediante oficio 1713/006074, de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, el Titular de la Subdelegación de Zamora, Michoacán, informó al Jefe del Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos que al promovente del amparo le fue otorgada pensión de incapacidad permanente parcial del catorce de agosto de dos mil dieciséis al trece de agosto de dos mil dieciocho (fojas 41-45). 2. Oficio recibido en este juzgado el siete de noviembre del año en curso, mediante el que informó que el quejoso dejó de tener derecho a la prestación del servicio médico integral a partir del catorce de agosto de dos mil dieciocho, ya que en dicha data feneció el plazo de vigencia de la pensión provisional de incapacidad permanente parcial que gozaba el impetrante del amparo (fojas 49-50). 3. Copia de la solicitud de pensión el quejoso presentó el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, de la que se advierte el sello de recepción de la Unidad Médico Familiar número 82 en Zamora, Michoacán (fojas 57-59); y 4. Copia de la resolución para el otorgamiento de indemnización global con folio 5394785880803, por la cual se determinó conceder al quejoso una indemnización global correspondiente a cinco anualidades por la cantidad de $91,207.37 noventa y un mil doscientos siete pesos con treinta y siete centavos moneda nacional (fojas 55-56). Quinto. Por lo anterior, en proveído de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 91 a 93) con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Amparo, este juzgado inició de oficio, el incidente de revocación o modificación de la suspensión de plano otorgada al peticionario de amparo; razón por la cual en ese mismo proveído se dio vista a las partes por el término de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera. Sexto. En atención a esa vista, en ocurso presentado en oficialía de partes de este juzgado el veintiocho de noviembre de este año, José Alfonso Martínez Vázquez, delegado de las autoridades responsables formuló alegatos (fojas 100 y 101). Séptimo. Finalmente, en acuerdo de cinco de diciembre actual se fijaron las trece horas con cincuenta minutos de esta fecha para la celebración de la audiencia de alegatos relativa al incidente en que se actúa, la cual se verificó en sus términos, con el resultado consignado en el acta de audiencia respectiva. CONSIDERANDO: Primero. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de revocación o modificación de la suspensión de plano, de conformidad con los artículos 66 y 67, en relación con el diverso 154, todos de la Ley de Amparo. Segundo. En proveído de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 91 a 93) este juzgado inició de oficio, el incidente de revocación o modificación de la suspensión de plano otorgada al peticionario de amparo, en términos del artículo 154 de la Ley de Amparo, atendiendo a las manifestaciones de las autoridades responsables vertidas en el oficio de siete de noviembre del año en curso (fojas 49 a 59), en el que informaron que el quejoso dejó de tener derecho a la prestación del servicio médico integral a partir del catorce de agosto de dos mil dieciocho, ya que en dicha data feneció el plazo de vigencia de la pensión provisional de incapacidad permanente parcial que gozaba el impetrante del amparo. Asimismo, en ocurso de treinta y uno de octubre del año en curso, el apoderado jurídico de la autoridad responsable remitió copia certificada de la constancia de vigencia de derechos del quejoso Moisés Guzmán Martínez, de la que se advierte que mediante oficio 1713/006074, de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, el Titular de la Subdelegación de Zamora, Michoacán, informó al Jefe del Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos que al promovente del amparo le fue otorgada pensión de incapacidad permanente parcial del catorce de agosto de dos mil dieciséis al trece de agosto de dos mil dieciocho (fojas 41-45). Sentado lo anterior, para determinar sobre lo fundado o infundado del incidente que se resuelve, es preciso establecer que la suspensión de plano que se otorgó al quejoso, atendió a la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, pues al tratarse de actos vinculados directamente con la salud y la vida de las personas, este órgano jurisdiccional no se encontraba en condiciones de fijar formalismos excesivos para su concesión, pues lo actos que se reclamen bajo la protección del artículo 4° Constitucional, deben suspenderse de plano y de oficio, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo. Lo anterior quiere decir que, cuando en una demanda de amparo se invocan esos derechos como violados, el juzgador no está en condiciones de realizar prevenciones a los promoventes para que acrediten si son o no, beneficiarios del servicio médico que aducen negado, en el caso, si el quejoso era derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social; lo anterior no solamente porque se trata de actos urgentes que suponen peligro a la vida, sino además porque este juzgador atiende a la buena fe de los promoventes, que consiste en presuponer que las partes en el juicio actúan con probidad y el sincero convencimiento de que les asiste la razón; es decir, un obrar honesto sobre la convicción que debe compaginarse con el derecho humano de tutela judicial efectiva. Bajo el anterior panorama, este juzgado no estaba en condiciones de emitir pronunciamiento distinto al que se determinó en la suspensión de plano, precisamente porque en este asunto se acreditó la apariencia del buen derecho por los derechos humanos que se aducían violados (salud y vida), los cuales justamente por su fragilidad, también actualizan el peligro en la demora, partiendo de la premura y urgencia que impone al juzgador a determinar las medidas procedentes para asegurar y conservar esos derechos fundamentales de forma pronta y además, para evitar un grave o irreparable daño a las partes o la sociedad. Ahora, la suspensión de plano es una medida cautelar, de la cual destaca como característica la relativa a la provisionalidad, que se define como el carácter no definitivo de las medidas cautelares, pues éstas desaparecen, perdiendo toda su eficacia, cuando faltan los presupuestos que originaron su adopción, y en todo caso, cuando finaliza el proceso principal; también sobre la provisionalidad tenemos que el artículo 154 de la Ley de Amparo, segundo párrafo refiere lo siguiente: "La resolución que concede o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión.". Como se observa, el presupuesto para la revocación de las medidas cautelares, consiste en que ocurra un hecho superviniente que cambie o altere los presupuestos que originaron su adopción; es decir, cuando concurra un acontecimiento fáctico que impacte sobre la situación jurídica valorada por el juzgador al dictar la resolución sobre la suspensión. En el caso, a juicio de la que hoy resuelve, el hecho que se invocó como superveniente, consistente en que el quejoso Moisés Guzmán Martínez, era derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien causó baja del régimen obligatorio del Seguro Social desde el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho y el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho se le otorgó una indemnización global correspondiente a cinco anualidades por la cantidad de $91,207.37 noventa y un mil doscientos siete pesos con treinta y siete centavos moneda nacional, razón por la cual, el quejoso ya no cuenta con la conservación de derechos, es suficiente para revocar la suspensión de plano otorgada al peticionario de amparo el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Es así, porque de conformidad con la Ley del Seguro Social, la indemnización global es la prestación económica otorgada a un asegurado como consecuencia de un accidente o enfermedad profesional y se tiene derecho a ella, cuando la incapacidad permanente parcial no rebasa del 25% en la disminución de facultades o aptitudes para laborar; ésta se paga una sola ocasión y a partir de su otorgamiento se deja de contar con las prestaciones de seguridad social, entre ellas, las prestaciones médicas. Consecuentemente si la suspensión que obligó a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social a otorgarle atención médica al quejoso, se concedió bajo el entendido que éste era derechohabiente del instituto responsable y ahora, ya se acreditó lo contrario, es decir, que no lo es, evidentemente concurre un acontecimiento fáctico que impacta sobre la situación jurídica valorada para conceder la suspensión de plano. De ese modo se considera, porque la tutela anticipada otorgada al quejoso a través de la suspensión de plano, genera obligaciones a las autoridades responsables e impone al juzgador a identificar si existe obligación jurídica por parte de ellas, de actuar en la forma que la quejosa indica. Es decir, se debe atender a los ordenamientos que establezcan con precisión los deberes que cada autoridad tenga respecto de la prestación del servicio de salud; de modo que, si no existe la obligación a cargo de las responsables de actuar en la forma en que se les exige, la obligación de satisfacer el derecho de salud debe dirigirse a la autoridad a la que legal y competencialmente corresponda. Sustenta lo expuesto, en lo conducente, la tesis asilada 1a. XXIV/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página. 53, Novena Época, registro 196080, de texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos.". Entonces, si en un inicio el quejoso compareció a esta instancia de tutela constitucional en su carácter de derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social y en autos quedó acreditado que ya no ostenta tal calidad, como se aprecia de la constancia de vigencia de derechos, resulta evidente que se actualiza un hecho superviniente susceptible de revocar la suspensión de plano concedida al peticionario de tutela constitucional, al no encontrarse acreditado el interés suspensional para su otorgamiento. Sin que ello, implique que la tutela del derecho de salud del quejoso queda desprotegida y que el Estado no está obligado a satisfacer ese derecho fundamental, pues eventualmente estará en posibilidad de afiliarse a alguno de los programas de salud que la Secretaria de Salud en el Estado de Michoacán provee, verbigracia, el programa denominado Seguro Popular. En tal virtud, procede es declarar fundado el incidente relativo y revocar el auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho que otorgó la suspensión de plano al peticionario de amparo. Sustenta lo anterior por analogía la jurisprudencia 1a./J. 109/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2005043, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DE LA SUSPENSIÓN. DEBE DARSE TRÁMITE AL INCIDENTE RELATIVO, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA NOTORIA Y EVIDENTE LA INEXISTENCIA DEL HECHO SUPERVENIENTE QUE LO FUNDAMENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El artículo 140 de la Ley de Amparo, vigente hasta la fecha recién señalada, establece la facultad del juez de distrito para revocar o modificar su decisión sobre la concesión o negativa de la suspensión en el juicio de amparo indirecto, cuando aún no exista sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo y concurra un acontecimiento fáctico que impacte sobre la situación jurídica valorada por aquél al dictar la resolución sobre la suspensión. Sin embargo, de una interpretación textual y finalista del citado precepto legal se desprende que al ser una condición material para la modificación o revocación de la suspensión la existencia de un hecho superveniente, la determinación del juez al respecto deberá tomarse una vez que escuche a las partes del juicio de amparo y les haya permitido presentar pruebas y alegatos, tal como ocurre en el procedimiento ordinario de un incidente de suspensión de conformidad con el artículo 131 de la referida legislación. Por ende, el hecho superveniente no constituye un requisito de procedencia del incidente de modificación o revocación de la suspensión al que da lugar el artículo 140 de la Ley de Amparo abrogada; por el contrario, su calificativa como superveniente implica en sí misma un pronunciamiento sobre la viabilidad de tal situación fáctica para afectar el estatus jurídico que motivó la concesión o negativa de la suspensión. Por tales razones, se concluye que con la excepcionalidad de que sea notoria y evidente la inexistencia del hecho superveniente, el juzgador deberá tramitar el incidente relativo de acuerdo con las reglas previstas en los artículos 358 a 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley citada en términos de su artículo 2o., con el fin de permitir a las partes del juicio presentar pruebas y alegatos. Dicha notoria y evidente inexistencia no se origina por una simple deficiencia en la carga probatoria por el promovente, pues ello es materia de fondo del propio incidente; más bien, se dará cuando desde la solicitud interpuesta para modificar o revocar la suspensión, el juez advierta de forma clara e indubitable que no se satisfacen los requisitos primarios de un hecho superveniente; por ejemplo, podrá desecharse la solicitud del incidente cuando los acontecimientos o las pruebas aducidas como una causa superveniente ya fueron valoradas en la resolución de la suspensión, no guarden indiciariamente una relación con las partes o el acto reclamado, o ya hayan sido señalados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación como causas no supervenientes, como la emisión y publicación de la jurisprudencia.". Por tanto, ante lo expuesto y con fundamento en los artículos 66, 67 y 154 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se resuelve: Único. Se declara fundado el incidente de revocación o modificación de la suspensión definitiva, iniciado de oficio por este juzgado, en los términos indicados en la presente resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de seis de noviembre de dos mil dieciocho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/5669/2018 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; quien actúa asistida de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos se advierte que, concluyó el término de tres días, concedido a la partes en proveído de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, para que manifestaran lo que a su interés conviniera y ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes dentro del incidente de revocación o modificación de la suspensión de plano otorgada por este juzgado, sin que a la fecha la parte quejosa haya realizado actuación alguna. Ahora bien, dado que feneció el término otorgado en el acuerdo referido, con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 360, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se fijan las trece horas con cincuenta minutos del trece de diciembre de dos mil dieciocho para la celebración de la audiencia de alegatos dentro del citado incidente, la cual se verificará concurran o no las partes. Hágase saber a las partes que una vez celebrada dicha audiencia, dentro de los cinco días siguientes se dictará la resolución correspondiente. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos del cinco de diciembre de dos mil dieciocho, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 929/2018, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por el apoderado jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad y en Zamora, Michoacán, así como las documentales que ofertó la parte quejosa las cuales anexó al escrito de demanda. A lo que el juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales en cita, en razón de su propia y especial naturaleza. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Al no existir diligencia por desahogar se da por concluida la presente audiencia, con lo cual quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Moisés Guzmán Martínez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social y de otra autoridad, de quien reclamó: La privación del derecho constitucional a recibir atención médica o a la salud, que el quejoso requiere de manera urgente con motivo del accidente de trabajo que sufrió. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite. En auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho se tuvo por recibida la demanda, se ordenó registrarla en el libro de gobierno con el número 929/2018, se concedió la suspensión de plano en los siguientes términos: "(.) En este contexto, con los elementos que se desprenden de la demanda de amparo, y con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que se brinde a Moisés Guzmán Martínez de inmediato la atención médica necesaria respecto del padecimiento que le aqueja a efecto de garantizar la vida e integridad de su persona, ya que la inactividad y falta de intervención oportuna se pueden traducir en el avance de las molestias que le afectan e incluso en su desenlace fatal, con lo que resultaría imposible restituir al quejoso en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida, por lo que la medida cautelar se otorga para el efecto de que las autoridades responsables provean las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se le proporcione la asistencia médica necesaria respecto de la enfermedad que presente el inconforme durante el tiempo que permanezca a su disposición, con la finalidad de que se garantice su salud y no se ponga en riesgo su vida. (.)" Asimismo, en dicho proveído de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal la intervención legal que le compete, se pidió el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, por lo que ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues se atribuye una omisión a autoridades administrativas. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de garantías en su integridad, atento a lo dispuesto en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie, el acto reclamado consiste en: La privación del derecho constitucional a recibir atención médica o a la salud que el quejoso requiere de manera urgente con motivo del accidente de trabajo que sufrió. Tercera. Existencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado (foja 73); aunado a la manifestación expresa de inexistencia, en el caso debe tenerse como no cierto, dado que las responsables remitieron copia certificada de las constancias que integran el expediente médico del quejoso, así como de diversas constancias que se acompañaron, de las que destacan las siguientes: Escrito presentado ante este juzgado el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el que en atención a la suspensión de plano, las autoridades responsables fijaron las ocho horas del treinta y uno de octubre de la presente anualidad, para que el quejoso se presentara al Hospital General de Zona Número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Zamora, Michoacán, a efecto de brindarle la atención médica necesaria para garantizar su vida e integridad (foja 24). Escrito presentado el treinta y uno de octubre del año en curso, en donde el apoderado jurídico de la autoridad responsable remitió copia certificada de la constancia de vigencia de derechos del quejoso Moisés Guzmán Martínez, de donde se advierte que mediante oficio 1713/006074, de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, el Titular de la Subdelegación de Zamora, Michoacán, informó al Jefe del Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos que al promovente del amparo le fue otorgada pensión de incapacidad permanente parcial del catorce de agosto de dos mil dieciséis al trece de agosto de dos mil dieciocho (fojas 41-45). Oficio presentado por dicho apoderado jurídico el siete de noviembre del año en curso, informó que el quejoso dejó de tener derecho a la prestación del servicio médico integral a partir del catorce de agosto de dos mil dieciocho, ya que en dicha data feneció el plazo de vigencia de la pensión provisional de incapacidad permanente parcial que gozaba el impetrante del amparo (fojas 49-50). Solicitud de pensión el quejoso ante el Instituto Mexicano del Seguro Social el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en la que se advierte el sello de recepción de la Unidad Médico Familiar número 82 en Zamora, Michoacán (fojas 57-59); y Resolución para el otorgamiento de indemnización global con folio 5394785880803, por la cual se determinó conceder al quejoso una indemnización global correspondiente a cinco anualidades $91,207.37 (noventa y un mil doscientos siete pesos moneda nacional 37/100). (fojas 55-56) De dichas constancias se aprecia que las autoridades responsables no han sido omisas en brindar la atención médica de la que se duele el quejoso, pues de las constancias se advierte que el promovente dejó de tener derecho al servicio de salud ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, a partir del catorce de agosto de dos mil dieciocho, en que se le otorgó la indemnización global correspondiente a cinco anualidades por la cantidad de $91.207.37 (noventa y un mil doscientos siete pesos 37/100 moneda nacional) (foja 55), circunstancia que se acredita con las constancias que remitieron las autoridades responsables, las cuales adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su artículo 2°. Es así, porque de conformidad con la Ley del Seguro Social, la indemnización global es la prestación económica otorgada a un asegurado como consecuencia de un accidente o enfermedad profesional y se tiene derecho a ella, cuando la incapacidad permanente parcial no rebasa del 25% en la disminución de facultades o aptitudes para laborar; ésta se paga una sola ocasión y a partir de su otorgamiento se deja de contar con las prestaciones de seguridad social, entre ellas, las prestaciones médicas. De tal suerte que las autoridades responsables no estaban obligadas a proporcionar al quejoso atención médica, pues pese a que el quejoso manifestó en su demanda ser derechohabiente del Instituto Mexicano de Seguro Social, lo cierto es que desde el catorce de agosto de dos mil dieciocho, ya no contaba con la conservación de derechos, porque dejó de recibir su pensión provisional de incapacidad permanente parcial que gozaba, en dicha data. De modo que, en el caso, atendiendo a las facultades establecidas competencialmente a las autoridades precisadas en esta consideración, deben tenerse inexistentes los actos a ellas atribuidas, pues al margen que el quejoso aduzca en su demanda que su derecho a la salud debe de ser garantizado por ellas, en autos quedó acreditado que no ostenta la calidad de derechohabiente o beneficiario, como se aprecia de la constancia de vigencia de derechos. Sustenta lo expuesto la tesis asilada 1a. XXIV/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Pag. 53, Novena Época, registro 196080, de texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Sin que lo asumido en esta determinación implique que la tutela del derecho de salud del quejoso queda desprotegido y que el Estado no está obligado a satisfacerlo, pues eventualmente estará en posibilidad de afiliarse a alguno de los programas de salud que la Secretaria de Salud en el Estado de Michoacán provee, verbigracia, el programa denominado Seguro Popular. Consecuentemente, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades señaladas en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que respecta a las autoridades mencionadas en el presente considerando. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que, aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley referida, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que señala el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información en mención. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103 fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 73, 74, 75, y 79 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Moisés Guzmán Martínez, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por José Alfonso Martínez Vázquez, delegado de las autoridades responsables Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social tanto en Morelia como en Zamora, Michoacán, por el cual en cumplimiento a la vista ordenada en proveído de veintidós de los actuales realiza diversas manifestaciones en relación con el incidente de revocación o modificación de la suspensión de plano otorgada por este juzgado a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones a manera de alegatos. Con lo anterior, hágase nueva relación al momento de la celebración de la audiencia incidental respectiva. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

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