Moisés Gutiérrez Andrés

Expediente 734/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
734/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/06/2022

Partes del expediente

  • Moisés Gutiérrez Andrés

Actuaciones

  1. Principal

    intégrese al expediente el oficio firmado por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya; atento a su contenido, téngase recibido el acuse del oficio 19457/2022, de este índice, y anexos. De igual manera, tómese conocimiento de que el juzgado oficiante aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, por lo que informa se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Moisés Gutiérrez Andrés, en contra de actos del Jefe de Estado Mayor de la Decimosegunda Brigada de Policía Militar, residente en esta ciudad y otras autoridades. En tal virtud, y al no haber diligencia pendiente de desahogo, se ordena el archivo del presente cuaderno de antecedentes, por tratarse de un asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 20, fracción l, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de seis meses, contado a partir de la emisión de este proveído. Cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido y remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que el quejoso señaló en su demanda domicilio para recibir notificaciones y designó autorizados en términos amplios y restringidos, sin que se haya proveído al respecto. En esa medida, se acuerda: i. Téngase como su domicilio procesal en esta ciudad. ii. Se reconoce autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y en términos restringidos a las personas designadas para tal efecto. iii. Téngase proporcionado el correo electrónico y el Whatsapp como forma especial y expedita de contacto con el quejoso, en los casos donde este juzgado lo estime pertinente.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Moisés Gutiérrez Andrés, en contra de actos del Jefe de Estado Mayor de la Decimosegunda Brigada de Policía Militar, residente en esta ciudad, y otras autoridades; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 734/2022-VII. Incompetencia El primer párrafo del artículo 16 constitucional prevé los requisitos que debe cumplir todo acto de autoridad y uno de ellos consiste en que sea expedido por autoridad competente, lo cual implica que previamente a cualquier estudio, la competencia debe ser clara para la autoridad, pues constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe analizarse preferentemente al fondo de la cuestión planteada. Es aplicable la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 456 del Apéndice de 1995, Tomo VI, que establece: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo.". Este juzgado considera que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo aludida, de acuerdo con las siguientes consideraciones: El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este precepto se obtienen tres condiciones normativas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que pueden resumirse de la siguiente manera: a) La primera regla establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución (condición futura), trate de ejecutarse (condición futura), se esté ejecutando (condición actual) o se haya ejecutado (condición pasada), lo anterior con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto. b) La segunda regla es un matiz de la primera, ya que establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) El último párrafo establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, es competente para conocer del juicio el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Además, la demanda de amparo requiere analizarse de modo integral, aspecto que obliga al juzgador a atender su contenido de forma unitaria -no aislada- debido a que es necesario advertir todas las cuestiones planteadas, inclusive la precisión del acto reclamado (materia que regula el acto, ejecutable o no, ejecutado o en ejecución, lugar en que las anteriores tendrían o tienen verificativo, entre otras). La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que la demanda de amparo debe interpretarse como un todo, con un sentido de liberalidad, no de restricción, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido a fin de impartir una recta administración de justicia, así como el escrito aclaratorio, el cual forma parte de la demanda. De tal manera que, al analizar la demanda se deben armonizar los datos que emanen de ella, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, en atención preferentemente al pensamiento e intención de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, tomo XI, abril de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el caso, el quejoso reclama el allanamiento, sin mandamiento legal, al lugar de alojamiento donde fue asignado como Teniente Policía Militar u Oficial de la Guardia Nacional, ubicado en la Cuadragésima Octava Compañía de la Guardia Nacional, sito en Jerécuaro, Guanajuato, y como consecuencia, la extracción de cuatro mil ochocientos pesos y una cadena de oro de catorce kilates, así como el inicio de alguna carpeta de investigación. En consecuencia, este órgano jurisdiccional se declara incompetente por razón de territorio, en virtud de que el acto reclamado tuvo ejecución en Jerécuaro, Guanajuato, lugar donde este Juzgado de Distrito no ejerce competencia y, por ende, corresponde conocer de la demanda al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, quien ejerce jurisdicción en esa ciudad, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana. En términos de lo anterior, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales del expediente en que se actúa y las copias de la demanda al Juez de Distrito que se estima competente, para que se pronuncie al respecto, solicitándole comedidamente comunique la determinación asumida.

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