Moises Guerrero Lara
Expediente 867/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 867/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Moises Guerrero Lara
- María Ines Paredes de Julian
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que los quejosos *************, interpusieran recurso de queja contra el auto veintiséis de septiembre pasado, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicha sentencia, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE VEINTSEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, MISMO QUE EN SU RESOLUTIVO ÚNICO ESTABLECE:Vista la comparecencia de cuenta, mediante la cual los quejosos ***********, ratifican el contenido y firma del escrito registrado con número 10358, con el que cumplen la prevención de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete; por tanto, se provee sobre la demanda registrada con número 867/2017. Ahora bien, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Ahora bien, de lo manifestado por la parte quejosa y advirtiéndose de la integridad de la demanda de amparo, que el acto reclamado en el presente juicio, se hace consistir en la negativa del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, de reconocer su calidad de terceros interesados al Juicio laboral ****, procedimiento al que se apersonaron a efecto de acreditar que el inmueble ubicado en calle *** de Apaseo el Grande, Guanajuato, señalado como la fuente laboral, es de su propiedad, y para que la sentencia o laudo que se llegue a dictar dentro del procedimiento de origen, no se ejecute sobre bienes de su exclusiva propiedad. Aducen que en el citado domicilio se recibió una demanda laboral interpuesta por ********** contra ************, de la que se desprende que la actora señala el domicilio de los promoventes como la fuente laboral; pero que al no estar dirigida a su persona y ser ellos quienes habitan ese domicilio, decidieron acudir al contencioso en calidad de terceros interesados a deducir sus derechos a efecto de no tener en un futuro actos de molestia que se podrían ejecutar en su domicilio. En esas condiciones se estima que aun cuando los quejosos acudan a esta instancia constitucional en calidad de terceros extraños al juicio de origen, debe desestimarse tal calidad, dado que se apersonaron al mismo, integrándose a la litis en un procedimiento que aún no concluye, de ahí que no tengan la calidad que ostentan. Veamos: El artículo 107, fracción VI de la Ley de Amparo, establece la procedencia del procedimiento constitucional en contra de actos que afecten a personas extrañas a juicio. Del anterior precepto se obtiene que las personas extrañas a juicio podrán promover amparo contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que les causen alguna afectación. Debe señalarse, por otra parte, que tanto la doctrina como la jurisprudencia manejan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción transcrita; sin embargo, acorde con las interpretaciones sustentadas por el Alto Tribunal, el concepto de persona extraña a juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye al propio demandado cuando no es emplazado o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Ello, ha creado jurisprudencialmente la figura del tercero extraño por equiparación. Es de invocarse la jurisprudencia P./J. 7/98, la página 56, tomo VII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de mil novecientos noventa y ocho que, a la letra, dice: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CONCEPTO DE. Para los efectos de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en el sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en ese concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente Lo asentado anteriormente permite establecer que si una persona que siendo parte demandada en un juicio, no es emplazada a éste o su llamamiento es ilegal y tal vicio le impide acudir a defender el derecho que le asiste, entonces adquiere la calidad de tercero extraño por equiparación, precisamente porque la violación procesal cometida en su contra la constituye la falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra, ya que no se llegó a integrar la relación procesal, siendo precisamente esos defectos los que impidieron a la parte demandada tener conocimiento del juicio y ser oído y vencido en él. Ahora bien, de los antecedentes narrados con anterioridad, se desprende que los quejosos habitan en el domicilio que la actora en el contencioso, señaló como la fuente laboral, manifestando bajo protesta de decir verdad, que es su domicilio personal, de ahí que ese reconocimiento los vincula como parte en el procedimiento laboral, pues ellos habitan la fuente laboral, y si bien existe cierta discrepancia entre los nombres de los demandados y los aquí quejosos, ello es intrascendente, dado que como se anotó en precedentes se integraron a la litis desde el momento que pretendieron se les reconociera la calidad de terceros con interés. En esa medida, el hecho de que en la demanda se ostenten terceros extraños no les genera la calidad referida. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia con número de registro 2000293, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , Febrero 2012, Libro V, Tomo 2, página 1627, que es de rubro literal siguiente: TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Igualmente sustenta lo expuesto, la tesis II.T.306.L sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 2234, tomo XXV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de dos mil siete que, a la letra, dice: TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE TAL CARÁCTER AQUEL QUE ES SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL INCOADO EN SU CONTRA Y ESTÁ EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. De la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 40/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 81, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO.", puede establecerse que para que una persona tenga el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación, debe reunir los requisitos siguientes: a) que hubiese sido señalada como parte en el procedimiento natural; b) que no hubiere sido emplazada a juicio o se le haya hecho incorrectamente; c) que se haya emitido sentencia con su total desconocimiento; y, d) que a consecuencia de ello se hubiese violado en su perjuicio la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional. En esta tesitura, si los quejosos se hicieron sabedores del procedimiento laboral incoado en su contra y éste aún no ha concluido con el dictado del laudo, no puede considerarse que tengan el carácter de terceros extraños al juicio por equiparación, por no estarse en el supuesto de que el ilegal emplazamiento les haya ocasionado su total desconocimiento que les impidió defender sus intereses dentro del proceso y, por ende, se infringiera en su perjuicio la garantía de audiencia." En el caso, los quejosos se ostentan como terceros extraños al procedimiento natural, bajo el argumento que no son los demandados, y que se les pretende molestar en bienes de su propiedad, sin haber sido oídos ni vencidos en juicio; sin embargo, del apartado de antecedentes, que bajo protesta de decir verdad, asentaron que reconocen que el domicilio que habitan es la fuente laboral, de ahí que al ostentarse titulares de la misma, se integraron a la litis. Bajo ese contexto, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (...) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil trece, establece que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho sustantivo de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en: La negativa del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, de reconocer su calidad de terceros interesados al Juicio laboral ****, procedimiento al que se apersonaron a efecto de acreditar que el inmueble ubicado en calle ***de Apaseo el Grande, Guanajuato, señalado como la fuente laboral, es de su propiedad, y para que la sentencia o laudo que se llegue a dictar dentro del procedimiento de origen, no se ejecute sobre bienes de su exclusiva propiedad. En esa tesitura, dicha determinación no constituye un acto en juicio cuyo efecto sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin al juicio, si ésta es favorable a los intereses de los accionantes del amparo y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, pueden reclamarla en el juicio de amparo directo como violación procesal en términos del artículo 172 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues en la especie, como actos de imposible reparación no se les puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, se itera, si obtiene sentencia favorable en el juicio. Por lo que, el hecho de que la autoridad responsable haya determinado negarles el carácter de terceros interesados al aquí parte quejosa María Inés Paredes de Julián y Moisés Guerrero Lara, es un acto que produce efectos intraprocesales, toda vez que el no llamar a un tercero a juicio no constituye una violación de tal trascendencia que justifique la interposición del juicio de amparo indirecto, pues la intervención del tercero no puede considerarse forzosa o coactiva en el juicio natural, es decir, no tiene obligación de hacerlo, al tener su actuación un carácter meramente voluntario; sin embargo, es un derecho fundamental para dicha parte, y sólo mediante su intervención en el procedimiento quedará vinculado al laudo definitivo que se emita en el juicio laboral. En ese sentido, el no reconocimiento al juicio de origen como terceros interesados constituye una violación procesal, la cual únicamente hasta el dictado del laudo, se podrá apreciar si trascendió y afectó a la parte quejosa. Al caso, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo y por identidad de razón, resulta aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 96/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 270/2009, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página trescientos setenta y tres, que señala: DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE ORDENA SU ADMISIÓN, NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO (JUICIOS ORDINARIOS MERCANTILES Y CIVILES). Llamar a un tercero a juicio o litisdenunciación, es poner en conocimiento de una persona ajena la existencia de un litigio, que se estima, podría producir efectos directos, ejecutivos o constitutivos, en su esfera jurídica. Dicha intervención provocada en el proceso, no puede considerarse forzosa o coactiva, pues el tercero sólo tiene el derecho y la carga de comparecer en su interés, es decir, no tiene la obligación de hacerlo ni incurre en rebeldía, su actuación es voluntaria, aunque ha de aceptar los perjuicios que le ocasione su ausencia. Así, la litisdenunciación se entiende como una garantía para el interviniente, ya que puede evitar el efecto ejecutivo directo o perjudicial de una sentencia dictada en un juicio que le era ajeno. Por ello, es evidente que el acuerdo que acepta la denuncia del juicio a terceros dentro de los juicios ordinarios del orden civil y mercantil, no puede ser considerado como de ejecución de imposible reparación reclamable en amparo indirecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ello es así, toda vez que dicho proveído no produce de manera inmediata afectación a algún derecho sustantivo tutelado por las garantías individuales, pues eventualmente sólo entrañaría una transgresión a derechos adjetivos que tendrían efectos formales o intraprocesales, los que se podrían actualizar hasta el dictado de la sentencia correspondiente, y en ese momento se podrá apreciar si la violación procesal alegada, trascendió y afectó al quejoso.". Así como la diversa tesis VIII.3o.15 L, del Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Julio de dos mil tres, página mil ciento cincuenta y uno. Que establece: LITISDENUNCIACIÓN O DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SU ACEPTACIÓN ES UN ACTO DENTRO DEL JUICIO CONTRA EL QUE NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La determinación tomada por la Junta laboral de llamar a juicio a un tercero no evidencia objetivamente que afecte a las partes en grado predominante o superior y, por ende, no constituye una violación de tal trascendencia y magnitud que justifique la procedencia del juicio de amparo biinstancial, en atención a que la institución procesal de que se trata, consistente en la litisdenunciación, y que su objetivo primordial es el hecho de que el tercero interesado, mediante su intervención en el procedimiento, quede vinculado al laudo definitivo que se emita en el juicio laboral, de modo que en su momento no pueda oponer defensas a la cosa juzgada, distintas a las analizadas en el juicio en donde se formule la denuncia, en el posterior juicio que sobre el particular pudiera promover; máxime que de acuerdo con la jurisprudencia 147/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el rubro: LITISDENUNCIACIÓN O DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. SU NEGATIVA ES UN ACTO DENTRO DEL JUICIO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO), se ha establecido que sólo la negativa a denunciar el juicio a terceros, de manera excepcional constituye una violación de tal trascendencia y magnitud, que en este supuesto sí se justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto en su contra, en atención a que la litisdenunciación constituye una garantía de audiencia concedida a favor del tercero interesado." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
Vista la comparecencia de cuenta, mediante la cual los quejosos ***********, ratifican el contenido y firma del escrito registrado con número 10358, con el que cumplen la prevención de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete; por tanto, se provee sobre la demanda registrada con número 867/2017. Ahora bien, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Ahora bien, de lo manifestado por la parte quejosa y advirtiéndose de la integridad de la demanda de amparo, que el acto reclamado en el presente juicio, se hace consistir en la negativa del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, de reconocer su calidad de terceros interesados al Juicio laboral ****, procedimiento al que se apersonaron a efecto de acreditar que el inmueble ubicado en calle *** de Apaseo el Grande, Guanajuato, señalado como la fuente laboral, es de su propiedad, y para que la sentencia o laudo que se llegue a dictar dentro del procedimiento de origen, no se ejecute sobre bienes de su exclusiva propiedad. Aducen que en el citado domicilio se recibió una demanda laboral interpuesta por ********** contra ************, de la que se desprende que la actora señala el domicilio de los promoventes como la fuente laboral; pero que al no estar dirigida a su persona y ser ellos quienes habitan ese domicilio, decidieron acudir al contencioso en calidad de terceros interesados a deducir sus derechos a efecto de no tener en un futuro actos de molestia que se podrían ejecutar en su domicilio. En esas condiciones se estima que aun cuando los quejosos acudan a esta instancia constitucional en calidad de terceros extraños al juicio de origen, debe desestimarse tal calidad, dado que se apersonaron al mismo, integrándose a la litis en un procedimiento que aún no concluye, de ahí que no tengan la calidad que ostentan. Veamos: El artículo 107, fracción VI de la Ley de Amparo, establece la procedencia del procedimiento constitucional en contra de actos que afecten a personas extrañas a juicio. Del anterior precepto se obtiene que las personas extrañas a juicio podrán promover amparo contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que les causen alguna afectación. Debe señalarse, por otra parte, que tanto la doctrina como la jurisprudencia manejan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción transcrita; sin embargo, acorde con las interpretaciones sustentadas por el Alto Tribunal, el concepto de persona extraña a juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye al propio demandado cuando no es emplazado o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Ello, ha creado jurisprudencialmente la figura del tercero extraño por equiparación. Es de invocarse la jurisprudencia P./J. 7/98, la página 56, tomo VII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de mil novecientos noventa y ocho que, a la letra, dice: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CONCEPTO DE. Para los efectos de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en el sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en ese concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente Lo asentado anteriormente permite establecer que si una persona que siendo parte demandada en un juicio, no es emplazada a éste o su llamamiento es ilegal y tal vicio le impide acudir a defender el derecho que le asiste, entonces adquiere la calidad de tercero extraño por equiparación, precisamente porque la violación procesal cometida en su contra la constituye la falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra, ya que no se llegó a integrar la relación procesal, siendo precisamente esos defectos los que impidieron a la parte demandada tener conocimiento del juicio y ser oído y vencido en él. Ahora bien, de los antecedentes narrados con anterioridad, se desprende que los quejosos habitan en el domicilio que la actora en el contencioso, señaló como la fuente laboral, manifestando bajo protesta de decir verdad, que es su domicilio personal, de ahí que ese reconocimiento los vincula como parte en el procedimiento laboral, pues ellos habitan la fuente laboral, y si bien existe cierta discrepancia entre los nombres de los demandados y los aquí quejosos, ello es intrascendente, dado que como se anotó en precedentes se integraron a la litis desde el momento que pretendieron se les reconociera la calidad de terceros con interés. En esa medida, el hecho de que en la demanda se ostenten terceros extraños no les genera la calidad referida. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia con número de registro 2000293, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , Febrero 2012, Libro V, Tomo 2, página 1627, que es de rubro literal siguiente: TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Igualmente sustenta lo expuesto, la tesis II.T.306.L sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 2234, tomo XXV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de dos mil siete que, a la letra, dice: TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE TAL CARÁCTER AQUEL QUE ES SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL INCOADO EN SU CONTRA Y ESTÁ EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. De la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 40/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 81, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO.", puede establecerse que para que una persona tenga el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación, debe reunir los requisitos siguientes: a) que hubiese sido señalada como parte en el procedimiento natural; b) que no hubiere sido emplazada a juicio o se le haya hecho incorrectamente; c) que se haya emitido sentencia con su total desconocimiento; y, d) que a consecuencia de ello se hubiese violado en su perjuicio la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional. En esta tesitura, si los quejosos se hicieron sabedores del procedimiento laboral incoado en su contra y éste aún no ha concluido con el dictado del laudo, no puede considerarse que tengan el carácter de terceros extraños al juicio por equiparación, por no estarse en el supuesto de que el ilegal emplazamiento les haya ocasionado su total desconocimiento que les impidió defender sus intereses dentro del proceso y, por ende, se infringiera en su perjuicio la garantía de audiencia." En el caso, los quejosos se ostentan como terceros extraños al procedimiento natural, bajo el argumento que no son los demandados, y que se les pretende molestar en bienes de su propiedad, sin haber sido oídos ni vencidos en juicio; sin embargo, del apartado de antecedentes, que bajo protesta de decir verdad, asentaron que reconocen que el domicilio que habitan es la fuente laboral, de ahí que al ostentarse titulares de la misma, se integraron a la litis. Bajo ese contexto, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (...) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil trece, establece que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho sustantivo de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en: La negativa del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, de reconocer su calidad de terceros interesados al Juicio laboral ****, procedimiento al que se apersonaron a efecto de acreditar que el inmueble ubicado en calle ***de Apaseo el Grande, Guanajuato, señalado como la fuente laboral, es de su propiedad, y para que la sentencia o laudo que se llegue a dictar dentro del procedimiento de origen, no se ejecute sobre bienes de su exclusiva propiedad. En esa tesitura, dicha determinación no constituye un acto en juicio cuyo efecto sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin al juicio, si ésta es favorable a los intereses de los accionantes del amparo y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, pueden reclamarla en el juicio de amparo directo como violación procesal en términos del artículo 172 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues en la especie, como actos de imposible reparación no se les puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, se itera, si obtiene sentencia favorable en el juicio. Por lo que, el hecho de que la autoridad responsable haya determinado negarles el carácter de terceros interesados al aquí parte quejosa María Inés Paredes de Julián y Moisés Guerrero Lara, es un acto que produce efectos intraprocesales, toda vez que el no llamar a un tercero a juicio no constituye una violación de tal trascendencia que justifique la interposición del juicio de amparo indirecto, pues la intervención del tercero no puede considerarse forzosa o coactiva en el juicio natural, es decir, no tiene obligación de hacerlo, al tener su actuación un carácter meramente voluntario; sin embargo, es un derecho fundamental para dicha parte, y sólo mediante su intervención en el procedimiento quedará vinculado al laudo definitivo que se emita en el juicio laboral. En ese sentido, el no reconocimiento al juicio de origen como terceros interesados constituye una violación procesal, la cual únicamente hasta el dictado del laudo, se podrá apreciar si trascendió y afectó a la parte quejosa. Al caso, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo y por identidad de razón, resulta aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 96/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 270/2009, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página trescientos setenta y tres, que señala: DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE ORDENA SU ADMISIÓN, NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO (JUICIOS ORDINARIOS MERCANTILES Y CIVILES). Llamar a un tercero a juicio o litisdenunciación, es poner en conocimiento de una persona ajena la existencia de un litigio, que se estima, podría producir efectos directos, ejecutivos o constitutivos, en su esfera jurídica. Dicha intervención provocada en el proceso, no puede considerarse forzosa o coactiva, pues el tercero sólo tiene el derecho y la carga de comparecer en su interés, es decir, no tiene la obligación de hacerlo ni incurre en rebeldía, su actuación es voluntaria, aunque ha de aceptar los perjuicios que le ocasione su ausencia. Así, la litisdenunciación se entiende como una garantía para el interviniente, ya que puede evitar el efecto ejecutivo directo o perjudicial de una sentencia dictada en un juicio que le era ajeno. Por ello, es evidente que el acuerdo que acepta la denuncia del juicio a terceros dentro de los juicios ordinarios del orden civil y mercantil, no puede ser considerado como de ejecución de imposible reparación reclamable en amparo indirecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ello es así, toda vez que dicho proveído no produce de manera inmediata afectación a algún derecho sustantivo tutelado por las garantías individuales, pues eventualmente sólo entrañaría una transgresión a derechos adjetivos que tendrían efectos formales o intraprocesales, los que se podrían actualizar hasta el dictado de la sentencia correspondiente, y en ese momento se podrá apreciar si la violación procesal alegada, trascendió y afectó al quejoso.". Así como la diversa tesis VIII.3o.15 L, del Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Julio de dos mil tres, página mil ciento cincuenta y uno. Que establece: LITISDENUNCIACIÓN O DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SU ACEPTACIÓN ES UN ACTO DENTRO DEL JUICIO CONTRA EL QUE NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La determinación tomada por la Junta laboral de llamar a juicio a un tercero no evidencia objetivamente que afecte a las partes en grado predominante o superior y, por ende, no constituye una violación de tal trascendencia y magnitud que justifique la procedencia del juicio de amparo biinstancial, en atención a que la institución procesal de que se trata, consistente en la litisdenunciación, y que su objetivo primordial es el hecho de que el tercero interesado, mediante su intervención en el procedimiento, quede vinculado al laudo definitivo que se emita en el juicio laboral, de modo que en su momento no pueda oponer defensas a la cosa juzgada, distintas a las analizadas en el juicio en donde se formule la denuncia, en el posterior juicio que sobre el particular pudiera promover; máxime que de acuerdo con la jurisprudencia 147/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el rubro: LITISDENUNCIACIÓN O DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. SU NEGATIVA ES UN ACTO DENTRO DEL JUICIO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO), se ha establecido que sólo la negativa a denunciar el juicio a terceros, de manera excepcional constituye una violación de tal trascendencia y magnitud, que en este supuesto sí se justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto en su contra, en atención a que la litisdenunciación constituye una garantía de audiencia concedida a favor del tercero interesado." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su ordinal 2°, agréguese el escrito de cuenta, cuyas firmas difieren de las plasmadas por **************, en el presente asunto, particularmente en la demanda de amparo (foja 2 a 32) sin que para detectar tal circunstancia el suscrito requiera de conocimientos técnicos en caligrafía o grafoscopía. En esa circunstancia, con fundamento en el numeral 297, fracción II, del Código invocado, requiérase a los promoventes, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, se presenten en este Juzgado de Distrito, con identificación oficial vigente con fotografía, a fin de que ratifiquen y reconozcan el contenido y firma del escrito cuestionado. Apercibida que de no desahogar el requerimiento formulado en la forma y plazo establecidos se tendrá por no presentado, con las consecuencias legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior determinación la jurisprudencia número 3a./24; emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, primera parte, Enero a Junio de mil novecientos ochenta y nueve, visible en la foja trescientos ochenta y cinco, cuyo rubro es el siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". Así como la diversa II.1º.11/9 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página trescientos setenta y dos del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, marzo de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de rubro: "FIRMA. CUANDO ES NOTORIAMENTE DISTINTA."
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