Moises Guadalupe Tirado Iribe

Expediente 1405/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1405/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
21/02/2022

Partes del expediente

  • Moises Guadalupe Tirado Iribe
  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término del artículo 86 de la Ley de la Materia sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de diez de enero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente sumario constitucional. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existen diligencias por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se procede a determinar su destino legal. Ahora, en su artículo 21, inciso a), prevé que son susceptibles de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes relativos a juicio de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que este juicio de amparo se sobreseyó. Por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción, y una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido Acuerdo General, previa acta que se elabore para constancia. Hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta, a fin de dar cumplimiento a los artículos 23 y 24 del mencionado acuerdo general.

  2. Principal

    Agréguese únicamente a los autos el oficio de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; toda vez que en proveído de once de los corrientes, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Asimismo, respecto a las copias que solicita, con fundamento en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mediante oficio que contenga transcripción del presente proveído, remítasele copia certificada del proveído de once de enero del año en curso.

  3. Principal

    Agréguese a los autos con vista a las partes el oficio y anexos de cuenta por medio del cual rinde informe justificado la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se reservó proveer respecto al emplazamiento del tercero interesado precisado en el escrito inicial de demanda, hasta en tanto se contara con las constancias relativas al acto reclamado, circunstancia que acontece en la propia fecha. Ahora, del estudio realizado a la referida documental este órgano jurisdiccional considera que no ha lugar a tener como tercero interesado al que señaló la parte quejosa en su ocurso de demanda, puesto que, de las constancias que anexó la autoridad responsable, se advierte que aún no se le ha dado intervención en el juicio laboral del conocimiento del Tribunal responsable. Justifica lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 67/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XXIX, mayo de 2009, página 265, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con registro 167160, que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender". Asimismo, en el citado auto también se reservó proveer respecto a la prueba que ofreció la parte quejosa en su escrito de demanda consistente en la presuncional legal, humana y lógica, así como la instrumental de actuaciones respecto de todo lo actuado en el juicio de origen 1-30/2016, hasta en tanto obrara en autos las constancias relativas al acto reclamado, lo que ya aconteció. En consecuencia, con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia naturaleza jurídica dicha probanza, y por anunciadas la presuncional legal, humana y lógica sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Del estado procesal que guardan los presentes autos, concretamente del escrito inicial de demanda, se advierte que la aquí quejosa señaló como acto reclamado de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: La omisión de emitir acuerdo de las promociones presentadas ante la Junta responsable el veintinueve de septiembre de dos mil veinte y veintidós de junio de dos mil veintiuno, registradas con los números 3811 y 2486, en el juicio laboral 1-30/2016. En ese sentido, si bien, a la fecha de la presentación de la demanda no se había acordado por la Junta responsable las promociones de referencia, lo cierto es que de las documentales aportadas por citada responsable, se advierte que ya se emitió el acuerdo respectivo; en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que, si durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. En relación con lo anterior, se cita la jurisprudencia 10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA En la especie, como se adelantó se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Acerca de la cesación de efectos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como los que se citan enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Establecido lo anterior, la citada Junta responsable, remitió documental relativa al juicio laboral de origen, de las que se advierte, en lo que aquí interesa, lo siguiente: En la junta laboral responsable está radicado el juicio laboral 1-30/2016, donde el quejoso, tiene el carácter de parte actora. En proveído de cuatro de enero de dos mil veintidós, la Junta responsable acordó las promociones presentadas por la parte quejosa el veintinueve de septiembre de dos mil veinte y veintidós de junio de dos mil veintiuno, registradas con los números 3811 y 2486. Lo anterior, evidencia que los efectos del acto reclamado desaparecieron con posterioridad a la presentación de la demanda (cuatro de noviembre de dos mil veintiuno), pues la autoridad responsable emitió proveído en el que acordó sobre las promociones presentadas por la parte quejosa el veintinueve de septiembre de dos mil veinte y veintidós de junio de dos mil veintiuno, y registradas con los números 3811 y 2486 en el juicio de origen (cuatro de enero de dos mil veintidós). Por lo tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, esto es, han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. En tales condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia en estudio procede sobreseer fuera de audiencia en el presente sumario constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En virtud de lo anterior, SE DEJA SIN EFECTO la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    En virtud de no haberse presentado el quejoso, a notificarse personalmente del auto de diez de enero de dos mil veintidós, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la Sección de Actuaría, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo aviso que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, inciso c) y 29, de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que fija en los tableros de las instalaciones del Juzgado y que se publicó en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, que en lo conducente dice: Agréguese a los autos con vista a las partes el oficio y anexos de cuenta por medio del cual rinde informe justificado la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se reservó proveer respecto al emplazamiento del tercero interesado precisado en el escrito inicial de demanda, hasta en tanto se contara con las constancias relativas al acto reclamado, circunstancia que acontece en la propia fecha. Ahora, del estudio realizado a la referida documental este órgano jurisdiccional considera que no ha lugar a tener como tercero interesado al que señaló la parte quejosa en su ocurso de demanda, puesto que, de las constancias que anexó la autoridad responsable, se advierte que aún no se le ha dado intervención en el juicio laboral del conocimiento del Tribunal responsable. Justifica lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 67/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XXIX, mayo de 2009, página 265, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con registro 167160, que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender". Asimismo, en el citado auto también se reservó proveer respecto a la prueba que ofreció la parte quejosa en su escrito de demanda consistente en la presuncional legal, humana y lógica, así como la instrumental de actuaciones respecto de todo lo actuado en el juicio de origen 1-30/2016, hasta en tanto obrara en autos las constancias relativas al acto reclamado, lo que ya aconteció. En consecuencia, con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia naturaleza jurídica dicha probanza, y por anunciadas la presuncional legal, humana y lógica sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Del estado procesal que guardan los presentes autos, concretamente del escrito inicial de demanda, se advierte que la aquí quejosa señaló como acto reclamado de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: La omisión de emitir acuerdo de las promociones presentadas ante la Junta responsable el veintinueve de septiembre de dos mil veinte y veintidós de junio de dos mil veintiuno, registradas con los números 3811 y 2486, en el juicio laboral 1-30/2016. En ese sentido, si bien, a la fecha de la presentación de la demanda no se había acordado por la Junta responsable las promociones de referencia, lo cierto es que de las documentales aportadas por citada responsable, se advierte que ya se emitió el acuerdo respectivo; en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que, si durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. En relación con lo anterior, se cita la jurisprudencia 10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA En la especie, como se adelantó se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Acerca de la cesación de efectos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como los que se citan enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Establecido lo anterior, la citada Junta responsable, remitió documental relativa al juicio laboral de origen, de las que se advierte, en lo que aquí interesa, lo siguiente: En la junta laboral responsable está radicado el juicio laboral 1-30/2016, donde el quejoso, tiene el carácter de parte actora. En proveído de cuatro de enero de dos mil veintidós, la Junta responsable acordó las promociones presentadas por la parte quejosa el veintinueve de septiembre de dos mil veinte y veintidós de junio de dos mil veintiuno, registradas con los números 3811 y 2486. Lo anterior, evidencia que los efectos del acto reclamado desaparecieron con posterioridad a la presentación de la demanda (cuatro de noviembre de dos mil veintiuno), pues la autoridad responsable emitió proveído en el que acordó sobre las promociones presentadas por la parte quejosa el veintinueve de septiembre de dos mil veinte y veintidós de junio de dos mil veintiuno, y registradas con los números 3811 y 2486 en el juicio de origen (cuatro de enero de dos mil veintidós). Por lo tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, esto es, han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. En tales condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia en estudio procede sobreseer fuera de audiencia en el presente sumario constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En virtud de lo anterior, SE DEJA SIN EFECTO la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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