Moises González Martínez
Expediente 616/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 616/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Moises González Martínez
Actuaciones
- Principal
I. SE DECLARA QUE EL AUTO DE SEIS DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por haberse desechado la demanda de amparo.
- Principal
I. Agréguese a los autos sin mayor acuerdo el escrito signado por el quejoso, toda vez que en proveído de seis del actual, en el que se desechó por extemporánea la demanda de amparo.
- Principal
En esta fecha se notifica a la parte quejosa el proveído de seis de agosto de dos mil dieciocho, mismo que dice: "Boca del Río, Veracruz, seis de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el aquí quejoso Moisés González Martínez, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de treinta de julio del año en curso. En tal virtud, visto de nueva cuenta la demanda de amparo y el escrito aclaratorio de ésta, se aprecia que la resolución reclamada le fue notificada al quejoso de manera personal el nueve de mayo del presente año. Atento a lo anterior, con apoyo en la facultad derivada del artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia, de forma manifiesta e indudable y, por ende, se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. La causa de improcedencia que se actualiza se deduce de los artículos 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo; cuyo contenido es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." (Lo subrayado es propio)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la intelección conjunta de los preceptos reproducidos, en lo que atañe al caso concreto, se advierte que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, entre otros, aquél contra el que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana, pues cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad, tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto vía el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, pero si deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta revela conformidad con el acto. En el caso concreto, se advierte que el acto que por esta vía se reclama, esto es, el auto de vinculación a proceso de fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, dictado dentro de la causa penal 163/2018, del índice del Juzgado de Control de la Unidad de Control y Enjuiciamiento Comisionada al Juzgado de Proceso y Procedimiento penal Oral del XVII Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz, el quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifestó que le fue notificado en forma personal el mismo nueve de mayo de dos mil dieciocho. Lo anterior pone de manifiesto que de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda constitucional transcurrió del once al treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, sin contar los días sábado y domingo por ser inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo; motivo por el cual es evidente que la presente demanda es extemporánea, pues el promovente la presentó hasta el veintiséis de julio de dos mil dieciocho, esto es, hace más de dos meses después de fenecido el plazo para hacerlo, tal y como consta de la papeleta expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta localidad. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor literal es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. " No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que el acto reclamado sea restrictivo de la libertad personal, pues sobre el particular el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que cuando un acto de esa naturaleza se emite dentro de procedimiento judicial, se rige por el término de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover la demanda; supuesto que en el caso analizado se actualiza, pues el auto de vinculación a proceso reclamado se dictó en contra del impetrante de amparo dentro de la causa penal 163/2018 del índice del Juzgado de Control de la Unidad de Control y Enjuiciamiento Comisionada al Juzgado de Proceso y Procedimiento penal Oral del XVII Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz. Tiene aplicación a lo anterior, la siguiente jurisprudencia que dice: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal. " En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Con fundamento en la fracción I, inciso j) del artículo 26 de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte promovente.
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