Moisés González Gutiérrez
Expediente 130/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 130/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/03/2022
Partes del expediente
- Moisés González Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Téngase por recibido el escrito signado por Alfredo Mata Morales, autorizado en términos amplios de la sucesión a bienes de Roberto Aceves Vázquez, mediante el cual solicita el acceso a la totalidad de las constancias que integran el expediente, a fin de imponerse al contenido de la sentencia dictada en autos. Se instruye al actuario adscrito a este Juzgado Federal. Visto lo solicitado por el promovente y, atendiendo a que, la autorización de consulta vía electrónica del presente juicio a la parte quejosa se verificó en proveído de catorce de marzo en curso, esto es, de manera posterior al dictado de la sentencia en este juicio y la notificación personal de la misma, se instruye al actuario de la adscripción a fin de que personalice la totalidad de las actuaciones que obran en el expediente electrónico del presente juicio a Alfredo Mata Morales, autorizado en términos amplios de la sucesión a bienes de Roberto Aceves Vázquez, a fin de que esté en aptitud de imponerse vía electrónica de estas y a la sentencia dictada en autos. III. Notificación por lista a la tercero interesada. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que, por auto de diez de marzo de dos mil veintidós dictado en el diverso 1672/2021, se atendió la siguiente constancia actuarial: Sin embargo, dicha constancia corresponde al presente juicio de amparo 1672/2020, por lo que, se ordena proveer lo que en derecho corresponda. Consiguientemente, vista la razón actuarial que suscribe la actuaria adscrita a este juzgado de distrito, mediante la cual manifiesta la imposibilidad de notificar a la tercera interesada María Hernández Vargas de la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, por las razones que del mismo se desprenden, realícese dicha notificación, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista hasta en tanto comparezca ante este Juzgado Federal a señalar domicilio procesal dentro de la zona metropolitana. Notifíquese y cúmplase. por este medio de lista se notifica a la tercera interseada la resolución de 28 de febrero 2022, en la cual RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Roberto Aceves Hermosillo, por propio derecho y en su carácter de legatario de la sucesión a bienes de Roberto Aceves Vázquez, así como en defensa de la sucesión de Alma Lilia Castillo González, en términos del cuarto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. Justicia de la Unión ampara y protege a la sucesión a bienes de Roberto Aceves Vázquez, por conducto de su albacea Alma Mireya Aceves Castillo, contra los actos que reclamó del Juez y Notificador adscritos al Juzgado Segundo de lo Civil de Autlán de Navarro, Jalisco, en términos del considerando sexto y para los efectos indicados en el último considerando de esta sentencia.
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Zapopan, Jalisco, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal del presente juicio, se advierte que en proveído de trece de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió al Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia de Lagos de Moreno, Jalisco, para que dentro del plazo de veinticuatro horas remitiera copia certificada de las constancias del juicio de origen 254/2017. No obstante no obra la copia certificada de las constancias del juicio de origen referido, pese haber sido notificado el oficio reexpedido, como se advierte la constancia de notificación - comprobante de entrega del servicio de paquetería "Estafeta"-, al Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia de Lagos de Moreno. Que al tener comunicación vía telefónica con la autoridad responsable, la persona que refirió ser Secretario de acuerdos del Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia de Lagos de Moreno, Jalisco, informó que no se cuenta con antecedente alguno de este juicio de amparo y que no ha recibido el oficio de referencia, pues, a raíz de la pandemia originada con motivo del virus Covid-19 ha sido problema reiterado en ese juzgado, la no recepción del oficios y requerimientos de informes previos y justificados y no obstante ello, en las empresas de mensajería aparece como si hubieran recibido los requerimientos respectivos, por lo que solicita le sea realizado el requerimiento vía electrónica al correo oficial de dicho juzgado y, para tal efecto, proporcionó el correo oficial juzgado02civillagos@)cjj.gob.mx. Se ordena reexpedir y se requiere. Consiguientemente, se ordena reexpedir el oficio dirigido al Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia de Lagos de Moreno, Jalisco, por el que se le requiere para que dentro del plazo de veinticuatro horas a su recepción, remita copia certificada de las constancias del juicio de origen 254/2017 Se instruye al actuario de la adscripción, para que se remita a la autoridad responsable el comunicado de referencia al correo oficial proporcionado por el Secretario de Acuerdos de su adscripción o de ser el caso a diverso correo oficial que aparezca en la página oficial del consejo de la judicatura del estado, debiendo levantar la constancia respectiva. Se difiere audiencia. Para dar oportunidad a que acontezca lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. En otro contexto, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31 del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a las autoridades responsables en el presente juicio de amparo indirecto, o de los recursos que llegaren a interponerse, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable a página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria María del Rosario García Pérez, que autoriza y da fe. RAAG/MRGP/bab
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Téngase por recibido el comunicado 1400/2021-T-4040, signado por la Tesorera Municipal de Zapopan, Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado por este órgano federal el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, informa de manera pormenorizada las operaciones aritméticas, porcentajes y conceptos respecto de las cantidades a devolver en contraste con lo pagado tocante a cada uno de los recibos 4996406 AA, 4996407 AA, 4996408 AA, 4996409 AA, 4996410 AA, 4996411 AA y 4996412 AA, debiendo ser clara, explicita y minuciosa al exponer los montos y precisiones, en cada uno de ellos. Además, refiere que el título de crédito expedido a la impetrante de amparo, se encuentra a su disposición en las oficinas que ocupan las instalaciones de la Tesorería Municipal en horario laborable de la responsable. Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, debiendo correr traslado con el comunicado y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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Zapopan, Jalisco, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Cumple prevención. Téngase por recibido el escrito signado por Esteban González Carmona, quien aclara promover en su carácter de apoderado general judicial, administrador de bienes, para actos de dominio y suscribir títulos de crédito, de Moisés González Gutiérrez; además de cumplir con el requerimiento contenido en proveído de veintiséis de enero de dos mil veintidós. Decisión sobre la instancia constitucional. Desechamiento. Ahora bien, el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Definitividad. Ahora bien, por su parte, el artículo 107, Constitucional, fracción III, inciso b), dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; De esta disposición se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo es procedente contra actos que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que causen un agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal, y señala los casos en los que se deberá de agotar el juicio, recursos o medios de defensa que con arreglo a la ley aplicable al caso procedan. Contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios que procedan contra el acto reclamado, dado que a través de éstos puede ser revocado, modificado o nulificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.2o.C.18 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal. Bajo esas circunstancias, este juzgador advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" Ahora bien, el principio de definitividad rector del juicio de amparo, y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. De conformidad con dicho principio, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan o que puedan ser impugnados mediante algún medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados antes de promover el juicio aludido siempre que no se actualice alguna de las excepciones previstas al respecto. Lo anterior, pues tal juicio es un medio de control jurisdiccional extraordinario que tiene por objeto analizar la regularidad constitucional de actos u omisiones de autoridades o de particulares en funciones de autoridad que vulneren derechos humanos; y, en tal medida, procede exclusivamente contra los actos respecto de los cuales la ley no conceda medio de defensa, pues, de lo contrario, se convertiría en un recurso ordinario más e implicaría una suplantación de las funciones de los órganos jurisdiccionales de primera instancia. De ahí que -por regla general- la parte quejosa debe promover los medios de defensa que procedan contra los actos que pretenda reclamar mediante juicio de amparo antes de promoverlo -a menos que- reclame disposiciones de observancia general emitidas por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, o bien, a menos que se actualice a su favor algunas de las excepciones constitucionales, legales y jurisprudenciales mencionadas a continuación. En primer lugar, no debe agotar dicho principio cuando la ley de la materia no prevea el otorgamiento de la suspensión con la interposición del medio de defensa ordinario ni que pueda ser decretada oficiosamente por la autoridad respectiva; tampoco cuando la contemple pero no con los mismos alcances que establece la Ley de Amparo, o bien, con mayores requisitos que los establecidos en ésta (incluidos existencia y naturaleza del acto); ni cuando el plazo para concederla (veinticuatro horas) sea mayor que el dispuesto para la concesión de la suspensión provisional o no esté previsto. En segundo lugar, no debe agotar el principio de definitividad cuando el acto reclamado carezca totalmente de fundamentación, pues sería imposible jurídicamente obligarla a promover un medio ordinario de defensa si no conoce las disposiciones normativas en las que está sustentado ni, por ende, la legislación que lo regula; además, dicha ausencia implicaría una violación constitucional directa. Por lo contrario, si se reclama una indebida o deficiente fundamentación no se actualiza la excepción porque dicha parte podría agotar tales medios de defensa y, la indebida fundamentación, es un problema de mera legalidad. En tercer lugar, no está obligada a ello cuando únicamente alega violaciones directas a la Constitución Federal, siempre que no medie interpretación ni aplicación de preceptos secundarios, ya que, en tal caso, la falta absoluta de fundamentación y motivación le impediría promover el medio ordinario de defensa idóneo para controvertir el acto reclamado. De ahí que se le dejaría en estado de indefensión si no se le permitiera impugnar éste de manera excepcional mediante el juicio de amparo sin agotar aquel. En cuarto lugar, tampoco debe agotar dicho principio cuando el recurso o medio ordinario de defensa esté previsto en un reglamento sin que la ley de la materia contemple su existencia, es decir, en una disposición normativa en sentido formal y material, puesto que debe ser una "ley" y no cualquier otro ordenamiento general el que señale la procedencia de dichos medios de defensa; ni cuando es tercero extraña al procedimiento del que derive el acto reclamado porque no le son aplicables las restricciones impuestas a las personas que sí lo son. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: El acta de visita de suspensión y la consecuente clausura, realizada el once de enero de dos mil veintidós, respecto del inmueble denominado "La Loma", ubicado a 4.5 kilómetros al sureste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. En ese sentido dicho acto es impugnable mediante juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en términos de lo establecido en el artículo 1°, primer párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, bajo su última reforma publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, el cual dispone: "Artículo 1. El juicio en materia administrativa tiene por objeto resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades del Estado, las municipales y de los organismos descentralizados de aquellas, con los particulares. Igualmente, de las que surjan entre dos o más entidades públicas de las citadas en el presente artículo. Procede el juicio en materia administrativa en contra de disposiciones normativas de carácter general siempre que no se trate de leyes emanadas del Congreso. En estos casos la demanda deberá interponerse en contra del primer acto de aplicación, ante las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa. Para efectos del párrafo anterior, se entiende por disposiciones normativas de carácter general los reglamentos locales y municipales, así como los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones administrativas de observancia general. También procede el juicio en materia administrativa en cualquier otro caso que expresamente determinen las leyes. El juicio en materia administrativa no procede en contra de las resoluciones de los recursos de revisión y de transparencia, en materia de información pública y protección de datos personales emitidas por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo, no satisfaga el interés jurídico del recurrente y éste la controvierta en el juicio en materia administrativa, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. Asimismo, cuando la resolución a un recurso administrativo declare por no interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre que el Tribunal de Justicia Administrativa determine la procedencia del mismo, el juicio en materia administrativa procederá en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. En estos casos, tal prerrogativa no implica la oportunidad de exhibir en juicio los medios de prueba que, conforme a la ley, debió presentar en el procedimiento administrativo de origen o en el recurso administrativo respectivo para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos por la autoridad administrativa, estando en posibilidad legal de hacerlo." (Lo subrayado es propio) De igual manera, se cita el artículo 4, punto 1, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que dispone: Artículo 4.Tribunal - Competencia 1. En materia de justicia administrativa, el Tribunal tiene competencia para conocer y resolver de las controversias jurisdiccionales: I. En contra de actos o resoluciones de autoridades pertenecientes a las administraciones públicas, estatal o municipales: a) Que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares y se consideren definitivos en los términos de la legislación aplicable; (.)" Atento a lo anterior, es dable concluir que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco será competente para conocer del juicio contencioso administrativo relativo a las controversias que se originen entre las autoridades del Estado, las municipales y de los organismos descentralizados de aquellas, con los particulares y que se consideren definitivos. Por ende, previo a la interposición de la demanda de amparo en contra del acto que se pretende combatir, el quejoso debió agotar el juicio contencioso administrativo respectivo, máxime, que el impetrante al desahogar el requerimiento solicitado en auto de prevención, con sujeción a la verdad, indicó que contra el acta de visita de suspensión y la consecuente clausura, realizada el once de enero de dos mil veintidós, respecto del inmueble denominado "La Loma", ubicado a 4.5 kilómetros al sureste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; no promovió algún recurso ordinario ni extraordinario en contra de ésta; lo que constituye una confesión, de acuerdo con lo señalado en el precepto 200 del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o; de ahí, es evidente que no cumplió con las exigencias del principio de definitividad. Sin que en el caso se actualice alguna de las excepciones que marca el numeral en estudio, ello es así atento a lo siguiente: 1. El recurso o medio ordinario de defensa no se encuentra previsto en un reglamento, ya que las disposiciones que rigen el juicio contencioso administrativo respectivo se encuentran establecidas en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 2. Del análisis integral de la demanda y de los argumentos plasmados en ella, se advierte que realiza violaciones indirectas a los derechos reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Ello es así, pues de los planteamientos aludidos en la demanda se advierte que se traducen en una motivación insuficiente del acto reclamado, pero no la falta de expresión, de ahí que es un problema de legalidad, motivo por el cual debe agotar el medio de defensa ordinario, porque no se trata de una absoluta falta de fundamentación y motivación, sino que el afectado discute la actuación de la autoridad en base a determinados preceptos legales. 3. En adición, debe decirse que tampoco se actualiza la excepción relacionada con la carencia de fundamentación del acto reclamado, pues de la copia certificada del acta de visita de suspensión y la consecuente clausura, no se evidencia una carencia de fundamentación. 4. En el entendido, que en este punto el artículo hace alusión a que la ausencia de fundamentación, debe ser absoluta a efecto de que sea patente la excepción al principio de definitividad previsto. Sin que sea óbice a lo anterior, la posible alegación de la falta de notificación del acta reclamada, toda vez que el artículo 38 de la Ley Federal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, contempla la posibilidad de alegar esos aspectos en el juicio contencioso, para lo cual la autoridad demandada deberá exhibir el acto impugnado en su contestación, a fin de que el gobernado esté en aptitud de combatirlo vía ampliación. Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: "Artículo 38. Cuando se alegue que la resolución administrativa no fue notificada o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de las impugnables en el juicio en materia administrativa, se estará a las reglas siguientes: I. Si la parte demandante afirma conocer la resolución administrativa, los conceptos de impugnación contra su notificación y contra la resolución misma, deberán hacerse valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que la conoció; II. Si la parte demandante manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, mismas que deberá combatir mediante ampliación de la demanda; y III. El Tribunal estudiará los conceptos de impugnación expresados contra la notificación, en forma previa al examen de los expresados en contra de la resolución administrativa. Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que la parte demandante fue sabedora de la resolución administrativa desde la fecha en que manifestó conocerla o en la que se le dio a conocer, según se trate, quedando sin efectos todo lo actuado con base a dicha notificación, y procederá al estudio de la impugnación que se hubiese formulado contra la resolución. Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello, la demanda fue presentada extemporáneamente, sobreseerá el juicio en relación con la resolución administrativa combatida." Ahora, debe decirse que el numeral que contiene la causa de improcedencia en estudio, señala que para que sea obligatorio agotar los medios de defensa ordinarios, las leyes que los prevean puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. De lo anterior, se deduce que los conceptos jurídicos que se utilizan para el otorgamiento de la suspensión, consisten en: 1) Alcances. 2) Requisitos. 3) Plazos. Aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad. Esto sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla y, por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a la no exigibilidad de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala mayores requisitos que los previstos en la referida ley para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad no debe regir en ese caso concreto y, en consecuencia, la parte quejosa no deberá agotar el medio ordinario de impugnación previamente a promover el juicio de amparo. Lo anterior se desprende de la tesis 2a. LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, julio de 2000, Novena Época, registro digital 191539, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." La excepción al principio de definitividad antes referida, encuentra su justificación en el derecho humano de toda persona a un recurso sencillo, rápido y efectivo contenido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta última disposición ha sido interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como "la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dispone, además, que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquellos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley". Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el juicio de amparo, constituye un recurso judicial que cumple con las características de eficacia e idoneidad establecidas en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, ha sido establecido en la Jurisprudencia 2a./J. 12/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 27, febrero de 2016, tomo I, página 763, Décima Época, registro digital 2010984, que dice: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. De la interpretación del precepto citado, un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. En este sentido, el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de una disposición de observancia general, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cuanto a la idoneidad y la razonabilidad del juicio de amparo, la Corte Interamericana reconoció que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En esa misma tesitura, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo." Establecido lo anterior, es necesario comparar las medidas cautelares establecidas en la Ley de Amparo y la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, a efecto de determinar si la legislación citada en último lugar prevé mayores requisitos y menores alcances que los establecidos en la Ley de Amparo. Se desprende que el momento en que puede solicitarse la medida cautelar está regulado en el artículo 130 de la Ley de Amparo en confrontación con el 67 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y los alcances de la suspensión en los numerales 147 de la Ley de Amparo y 66 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Así, los puntos de divergencia son que el artículo 130 de la Ley de Amparo, prevé que podrá pedirse la suspensión del acto en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria; en tanto que el numeral 67 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, dispone que la suspensión podrá solicitarse en cualquier etapa del juicio hasta antes del dictado de la sentencia definitiva. Como se advierte, existe una diferencia en el plazo en que habrá de solicitarse la medida cautelar, pues, mientras en el juicio de amparo podrá pedirse en cualquier momento, hasta que no se dicte sentencia ejecutoria; en el juicio administrativo será hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva en primera instancia. Sin embargo, dicha exigencia no es, propiamente, un requisito que deba cumplir el quejoso para el otorgamiento de la suspensión, sino el momento procesal en el que podrá solicitarse su otorgamiento, ello en atención a las particularidades que rigen a cada uno de los juicios, por tanto, no se trata de un elemento comparativo, pues la Ley de Amparo no prevé que para que opere la excepción al principio de definitividad de que se trata, las leyes que establezcan el recurso, juicio o medio de defensa susceptible de modificar el acto, deban contener esquemas suspensionales idénticos o semejantes en cuanto a requisitos de procedencia y efectividad, pues únicamente exige que las leyes que rigen el acto no deben contener más requisitos para conceder la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo, con similares alcances y en plazos no mayores. Sin que haya lugar a añadir otros requisitos para que opere la excepción aludida mas que aquellos que el Constituyente y el legislador ordinario han establecido. De ahí que, aun cuando las etapas procesales en las que puede solicitarse el otorgamiento de la medida cautelar son distintas, pues tratándose del juicio de amparo, se puede solicitar en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria y en el juicio contencioso administrativo, hasta antes del dictado de la sentencia definitiva, ello no exime al quejoso de agotar el principio procesal, pues se insiste, éstas no constituyen elementos comparables para resolver si se ubica o no en el supuesto de excepción. En efecto, dicho requisito sólo se refiere a la temporalidad o etapa procesal en que se puede solicitar y otorgar la medida, lo que no se vincula con cuestiones de procedencia y efectividad de la medida cautelar. Lo cual es concordante con lo expuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 102/2002-SS, entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito y los Tribunales Colegiados Décimo Tercero y Décimo Segundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil dos, por unanimidad de cuatro votos, en donde analizó, entre otros supuestos, si las disposiciones contenidas en el ahora derogado artículo 208 Bis, fracción II, del Código Fiscal de la Federación que establecía que la suspensión se podía solicitar por escrito presentado en cualquier tiempo, hasta que se dicte sentencia, constituía, o no, un requisito mayor que los que la Ley de Amparo consignaba para conceder la suspensión y, por tanto, si constituía una excepción al principio de definitividad. En esa ejecutoria se precisó que la circunstancia de que la suspensión en el juicio de nulidad se pudiera solicitar en cualquier tiempo hasta que se dictara sentencia; y que el incidente de suspensión en el juicio de amparo pueda promoverse en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria, únicamente tenía el propósito de fijar la preclusión del derecho del interesado a solicitar la suspensión de la ejecución del acto, es decir, precisar el límite de tiempo en que se puede ejercer tal prerrogativa, después de transcurrido el cual queda extinguido, mas no el de impedir que tal derecho se ejerza con antelación, desde el lapso comprendido de la presentación de la demanda hasta el dictado de la sentencia, en la inteligencia de que el lapso es suficientemente amplio para darle oportunidad al interesado de solicitar el beneficio suspensional y sólo podría considerarse como una desventaja cuando se limitara al momento de presentar la demanda de nulidad. El criterio anterior, entre otros temas que se analizaron, dio origen a las jurisprudencias 2a./J. 154/2002 y 2a./J. 155/2002, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, «Novena Época», Tomo XVII, enero de dos mil tres, página setecientos veintidós y quinientos setenta y seis, respectivamente, de rubros: "SUSPENSIÓN CONTRA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 208-BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA, QUE LA LEY DE AMPARO." y "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS." De igual manera, el criterio en mención fue retomado por la propia Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 452/2012, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Tomo Uno (sic), junio de dos mil trece, página novecientos treinta y tres, que se cita por identidad jurídica, bajo rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO.", en la que determinó que los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no exigen mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que, ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio. En ese tenor, la circunstancia de que en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se establezca que la suspensión podrá solicitarse en cualquier etapa del juicio hasta antes del dictado de la sentencia definitiva, únicamente precisa el límite de tiempo en que se puede ejercer tal derecho, mas no el de impedir que el mismo se ejerza; aunado a que, en la ejecutoria señalada en párrafos precedentes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el lapso comprendido que va desde la presentación de la demanda hasta el dictado de la sentencia, es suficientemente amplio para darle oportunidad al interesado de solicitar el beneficio suspensional. De ahí que, la etapa procesal en que se puede solicitar y otorgar la medida, no se vincula con cuestiones de procedencia y efectividad de la misma. En esas condiciones, el análisis comparativo de ambas legislaciones, evidencia que tanto en el juicio administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud del interesado, respecto de la cual, ambas legislaciones son coincidentes en el plazo en que se deberá proveer dicha solicitud. Además, ambas legislaciones son coincidentes en establecer que la autoridad jurisdiccional deberá tomar las medidas pertinentes a efecto de conservar la materia del juicio correspondiente y con el fin de que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Máxime, que con la nueva reforma de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco", el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, ya no resulta necesario demostrar el interés jurídico a efecto de que se decrete la medida cautelar solicitada, y por tanto ya no resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 104/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de dos mil siete, página doscientos ochenta y tres, bajo rubro: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO. NO ES NECESARIO AGOTAR ESE JUICIO ANTES DEL DE AMPARO PUES SE DA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD AL ESTABLECERSE EN EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ESE ESTADO MAYORES REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO.". En consecuencia, al demostrarse la actualización de la causa de improcedencia citada, como ya se precisó, debe desecharse de plano la demanda de amparo de conformidad con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese de manera personal a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por el secretario Héctor Hugo Ordaz Arredondo, que autoriza y da fe.
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