Moises Garnica González
Expediente 969/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 969/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Moises Garnica González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
(3)... Agréguese el oficio 8772/2022 signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, mediante el cual informa que el órgano de su adscripción acepta la competencia planteada en acuerdo de catorce de julio del año en curso, y se avoca al conocimiento del juicio de amparo**** del índice de este Juzgado Federal, mismo que se registró bajo el número ************** de su índice. En consecuencia, previas las anotaciones que obren en el libro de control respectivo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 20, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción después de seis meses.
- Principal
(3)... I. Cumple prevención. Agréguese el escrito signado por el quejoso ***********, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de siete de julio actual, precisa que el expediente administrativo del que derivan los actos reclamados lo es el número ***********, con lo cual, se tiene por cumplida la prevención efectuada en autos, y se ordena proveer lo conducente. II. Decisión sobre la acción de amparo. El suscrito es incompetente, en razón de la materia, para conocer y resolver el presente juicio de amparo; ello, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la constitución general, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo. En ese sentido, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución resulta primigenio, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que no solo define la competencia del juzgador, sino que al igual la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que el no hacerlo implicaría la reposición del procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la remisión de los autos al juez competente. Para que un juez tenga competencia respecto de un asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. En materia de amparo, se prevén diversos tipos de competencia, como son por territorio, materia, vía y auxiliar. Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales, por razón de la materia, se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales administrativos, civiles, penales o del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia de carácter negativo o positivo. En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. Bajo esta perspectiva, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que el promovente fundamentalmente reclama, entre otros actos, la resolución de doce de mayo de dos mil veintidós respecto al expediente administrativo ***********, en el que la Unidad de Cumplimiento de la Dirección General de Supervisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones le determinó una multa equivalente a dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año dos mil dieciocho, la cual asciende a la cantidad de *********** por incumplir lo dispuesto en el artículo 66, en relación con el 67, fracción I, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en virtud de que resultó ser administrativamente responsable de la prestación del servicio público de acceso a Internet. Oficios que fueron emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el órgano competente para determinar los adeudos derivados de las contraprestaciones y derechos asociados a las concesiones del espectro radioeléctrico. Corrobora lo anterior, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que es del tenor siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2019591 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III Materia(s): Administrativa Tesis: I.1o.A.E. J/7 (10a.) Página: 2503 INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO DE DICHO ORGANISMO ES COMPETENTE PARA DETERMINAR CRÉDITOS FISCALES POR LA OMISIÓN DE PAGO DE DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. De acuerdo con el artículo 4o. del Código Fiscal de la Federación, los créditos fiscales constituyen una expresión de la función liquidatoria de la autoridad y comprenden la cuantificación de las cantidades adeudadas al Estado y demás entes públicos, entre otros, por concepto de contribuciones, como son los derechos. Por tanto, si los artículos 15, fracción XXV y 102 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 4, fracciones V, inciso v) y IX, inciso xiv) y 42, fracciones VII y VIII, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones establecen que dicho órgano constitucional autónomo, a través de la Dirección General de Supervisión de su Unidad de Cumplimiento, está obligado a cerciorarse del pago de las contribuciones por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y se encuentra facultado para determinar, de acuerdo con las disposiciones fiscales aplicables, los adeudos derivados de las contraprestaciones y derechos asociados a las concesiones del espectro radioeléctrico, entonces, la dirección general mencionada es competente para determinar créditos fiscales por la omisión de pago de los derechos por los conceptos señalados." Ahora, de la lectura del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se obtiene que, en cuanto a la especialización por materia y concretamente en la materia administrativa, los jueces de distrito conocerán de controversias relativas a la aplicación y legalidad de leyes federales y locales y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa; de procedimientos seguidos ante autoridades administrativas; contra actos de autoridad distinta a la judicial; contra actos de tribunales administrativos; o con motivo del incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí que, el derecho administrativo puede considerarse que constituye el género relativo al derecho público que regula el conjunto de normas jurídicas relativas a la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública, en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la administración. Sin embargo, por su amplitud se han generado las subespecialidades tales como el derecho fiscal, el ambiental, el de propiedad intelectual, etcétera, que en algunos casos ha requerido la especialización de órganos jurisdiccionales que conozcan sobre determinados temas concretos, como sucede en la especie. En efecto, en el Acuerdo General 22/2013, relativo a la creación de los órganos judiciales en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, se precisó en el punto cuarto transitorio su competencia, al señalar que conocerán de los amparos indirectos y los recursos derivados de los mismos que se presenten como asuntos nuevos a partir del diez de agosto de dos mil trece, relacionados con los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. En ese mismo tenor, es pertinente considerar también que el once de junio de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones", de los que se desprende, en lo que interesa, que corresponde al Estado, entre otros objetivos, el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes; así como que los actos a que hacen referencia tales numerales solo podrán impugnarse a través del juicio de amparo substanciado ante jueces especializados en términos del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo antes expuesto permite concluir que, con motivo de las aludidas reformas constitucionales, se reguló, en el ámbito jurisdiccional, una nueva rama o clasificación del derecho administrativo, consistente en el Derecho Económico Regulatorio (cuyo conocimiento se concentró en una jurisdicción especial); el cual, de conformidad con la propia reforma, guarda relación con todo lo relativo a tales materias, incluyendo las telecomunicaciones. Así, podemos concluir que entonces el derecho administrativo constituye el género, mientras que el de las telecomunicaciones es una de sus especies, considerada, por rango constitucional, una especialidad técnica que, por ende, requiere mayores conocimientos, concretos y especiales. Por tanto se crearon órganos jurisdiccionales especializados en las materias de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Lo anterior, a efecto de que, entre otros objetivos, se evitara que las empresas en mercados vitales en esas materias usaran el sistema de justicia para frenar la regulación que busca reducir su poder de mercado o detener prácticas anticompetitivas; así como para lograr una eficaz aplicación de la ley y generar certidumbre jurídica en la materia, consolidando un conocimiento y experiencia en esas actividades para tomar decisiones más informadas y con las mejores consecuencias. Certidumbre jurídica que se garantizará a través de juzgadores que conocerán de una de las ramas de la materia administrativa, especializados en aspectos técnicos relacionados con la regulación en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión. Por tanto, es dable concluir que por disposición constitucional, una de las ramas del Derecho Administrativo, como en el caso lo es el Derecho Económico Regulatorio, debe ser analizado, estudiado y aplicado por jueces especializados en tal materia, atendiendo, si bien en principio, a la complejidad de aspectos técnicos de la misma, también debe comprender aquellos temas relacionados o vinculados directa e indirectamente con ella, para dar consistencia y homogeneidad a los casos que se encuentren bajo la estipulación respectiva y así evitar criterios distintos y contradictorios. Así, debe señalarse que este juzgado es incompetente, en razón de la materia, para conocer de la demanda, en base a los actos reclamados por la parte quejosa. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia de título y rubro siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2012188 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 84/2016 (10a.) Página: 1092 TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. Para fijar la competencia por materia en el juicio de amparo debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. En ese sentido, además de lo sostenido en la tesis 2a./J. 119/2015 (10a.),* cuando se impugnen, entre otros supuestos, actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones relativos al uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, a las redes y a la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, a la libre competencia y concurrencia, a los actos relativos a la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, la competencia se surte en favor del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; y cuando se reclame una resolución derivada de actos realizados por una autoridad administrativa, y tanto la naturaleza de la autoridad responsable como la del acto reclamado son administrativas, corresponde conocer del asunto a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa sin que sea el Especializado." En conclusión, el juicio de amparo de que se trata, debe conocerlo un Juzgado en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. En las relatadas condiciones, con fundamento en los artículos 28, 94, párrafo primero, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 48 de la Ley de Amparo; 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; primero, fracción I, segundo, fracción I, punto 3, y cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado el veintitrés de enero de dos mil trece y publicado el quince de febrero de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación; y el Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida a que este juicio de amparo indirecto se refiere y se ordena remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, por los motivos y fundamentos expuestos. IV. Remisión de los autos. Con fundamento en el artículo 48 de la misma ley, una vez que se notifique personalmente este acuerdo a la parte quejosa, remítase todo lo actuado en el presente juicio, así como el anexo remitido por la autoridad responsable, al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, para que conozca del presente asunto, solicitando comunique la determinación que adopte. En consecuencia, intégrese el cuadernillo correspondiente con fotocopia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo. V. No se provee en relación a la suspensión del(los) acto(s) reclamado(s). El artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.
- Principal
(4)...Glósese el escrito signado por la tercero interesada ***********; atento a su contenido, se le tiene promoviendo incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva de uno de junio último. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo, se admite a trámite el incidente referido; por lo que, con copia simple del escrito presentado, córrase traslado a la parte quejosa, a efecto de que en el término de tres días siguientes al que quede debidamente notificada, manifieste lo que a su interés convenga, y a las autoridades responsables para que en el citado plazo, rindan su informe respecto a la incidencia en cuestión. En el entendido que una vez que se haya desahogado la citada vista, o bien, haya transcurrido dicho plazo sin hacerlo, y se cuente con los acuses de notificación a todas las partes y los informes respectivos, se fijará día y hora para la audiencia incidental en la que se resolverá lo conducente. Se tiene a la parte tercero interesada anunciando como medios probatorios, las documentales que adjunta a su escrito de cuenta, cuya admisión, preparación y valoración se proveerá en el momento procesal oportuno.
- Principal
(5)... Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que se encuentran señaladas las diez horas del día de hoy, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, ésta no se llevará a cabo, en virtud de que en auto de veintidós de junio de la presente anualidad, se dio a vista a las partes por el término de tres días, con el dictamen exhibido y ratificado por el perito en topografía ******** En tales condiciones, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional para la fecha más próxima según lo permite la agenda de este Juzgado y para que tenga verificativo se señalan las diez horas del dieciocho de julio de dos mil veintidós. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, notifíquese por lista a las autoridades responsables. Por otra parte, glósese el escrito signado por el perito *********** y el anexo que acompaña consistente en el Comprobante Fiscal Digital por Internet, mediante el cual solicita el pago correspondiente a sus honorarios. En consecuencia, gírese oficio al Administrador Regional del Poder Judicial de la Federación en esta ciudad, anexando copia autorizada del Comprobante Fiscal Digital por Internet, del dictamen pericial que emitió, y de su ratificación, para que de conformidad con el artículo 32 del Acuerdo General 16/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, realice el pago de los honorarios del citado perito.
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