Moisés Francisco Martínez Morales

Expediente 491/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
491/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • Moisés Francisco Martínez Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del doce de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, en razón de que se dictó un acuerdo en el que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial adscrito para notificar personalmente al quejoso ***********, el proveído del doce de mayo del año en curso, por los motivos ahí expuestos; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a dicha parte por medio de lista electrónica que se genera por este juzgado el acuerdo en comento, así como éste y las subsecuentes determinaciones. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. "Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese la comparecencia del diez de mayo de este año, de la cual se desprende que compareció ********************, a efecto de desahogar las prevenciones contenidas en proveído del veinticinco de abril pasado, del año en curso. Ahora, de la lectura integra de la demanda, se advierte que el acto aquí reclamado es el siguiente: "Medidas de protección de emergencia dictadas por el C. Juez Primero Familiar de Distrito Judicial de Zumpango, consistentes en, se ordena la desocupación inmediata del inmueble a los presuntos generadores de violencia ********************, aunque fueran los propietarios o poseedores del inmueble, aun en los casos de arrendamiento, o comodato del mismo, permitiéndole extraer únicamente sus documentos y objetos de uso personal, con el apercibimiento que en caso de que se resista, se hará uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, por lo que gírese oficio al Comisario de Seguridad Pública Transito y Protección Civil del Municipio de Tonanitla, Estado de México, para que preste el auxilio de sus elementos a la notificadora adscrita a este juzgado para el cumplimiento de la orden. Se prohíbe a los presuntos generadores de violencia ******************** y a las personas que estén de acuerdo con éste, acercarse al domicilio ubicado en: ******************** lugar de trabajo o cualquier otro que frecuenten la receptora de violencia ********************. Se prohíbe a los presuntos generadores de violencia intimidar o molestar a la víctima ********************, así como a cualquier integrante de su núcleo familiar". Al respecto, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que previo a instar esta vía la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa respectivo, de conformidad la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. De dicho precepto se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Para que se actualice esta causa de improcedencia es necesario que concurran las siguientes hipótesis: Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. El requisito señalado en el inciso a) se encuentra satisfecho, dado que el acto reclamado lo emitió el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México. Respecto al inciso b) también se encuentra satisfecho, dado que procede un medio de defensa ordinario por el que el acto reclamado puede ser modificado, nulificado o revocado, en específico, el previsto en el artículo 2.360 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 2.360.- Son apelables, sin efecto suspensivo, las resoluciones que decreten una de las medidas de protección previstas en el artículo 2.355 de este Código". Del numeral en cita se advierte que las resoluciones que decreten una de las medidas de protección previstas en el artículo 2.355 son apelables. Y el ordinal 2.355 de dicho Código de Procedimientos Civiles, establece: "Artículo 2.355.- Al admitirse la demanda de violencia familiar o durante el proceso, a juicio del juez podrán dictarse las medidas de protección siguientes: I. Ordenar al presunto generador de violencia que salga inmediatamente del domicilio común, aunque fuera propietario del inmueble. Si se resiste se utilizará la fuerza pública. (.)". Con relación al inciso c), también se encuentra satisfecho, ya que la tramitación del aludido recurso debe hacerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. Ahora, se encuentra solventado el requisito mencionado en el inciso d), habida cuenta que con la resolución que se dicte, derivado de la substanciación del recurso, el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. Sin que en el caso exista excepción al principio de definitividad, pues, el auto reclamado no implica un peligro de privación de la libertad, deportación o destierro ni se trata de los actos referidos en el artículo 22 de la Carta Magna; y por otro lado, la promovente del amparo es parte dentro de los autos del juicio natural del que deriva el acto reclamado, lo que determina que al tener intervención en el juicio natural, está en aptitud de inconformarse del acto combatido anteriormente identificado, interponiendo en su contra el medio de defensa correspondiente. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad, en consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable. Lo anterior se sustenta con la interpretación que realizan los Plenos del Circuito, en la tesis PC.I.C.1. C (11a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 2865, registro 2023534, del siguiente rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES UNO DE LOS PILARES FUNDAMENTALES SOBRE LOS QUE DESCANSA EL JUICIO DE AMPARO, A EFECTO DE RESPETAR EL SISTEMA DE RECURSOS PREVISTO POR LAS LEGISLACIONES PROCESALES DE TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, FORTALECIENDO CON ELLO EL SISTEMA FEDERAL". De igual forma, por las razones que informa, la jurisprudencia I.6o.C. J/37m, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, con registro 187016, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia(s): Común, página 902, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dispone: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL". Asimismo, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, materia Común, página 8, de rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Así, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, se encuentra obligado a cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues no debe ligarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el referido principio, ya que aún contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es necesario agotar los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los supuestos de excepción al principio de definitividad. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, materia Común, página 350, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD". En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 del ordenamiento legal de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Notifíquese y personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe."

  3. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese la comparecencia del diez de mayo de este año, de la cual se desprende que compareció ********************, a efecto de desahogar las prevenciones contenidas en proveído del veinticinco de abril pasado, del año en curso. Ahora, de la lectura integra de la demanda, se advierte que el acto aquí reclamado es el siguiente: "Medidas de protección de emergencia dictadas por el C. Juez Primero Familiar de Distrito Judicial de Zumpango, consistentes en, se ordena la desocupación inmediata del inmueble a los presuntos generadores de violencia ********************, aunque fueran los propietarios o poseedores del inmueble, aun en los casos de arrendamiento, o comodato del mismo, permitiéndole extraer únicamente sus documentos y objetos de uso personal, con el apercibimiento que en caso de que se resista, se hará uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, por lo que gírese oficio al Comisario de Seguridad Pública Transito y Protección Civil del Municipio de Tonanitla, Estado de México, para que preste el auxilio de sus elementos a la notificadora adscrita a este juzgado para el cumplimiento de la orden. Se prohíbe a los presuntos generadores de violencia ******************** y a las personas que estén de acuerdo con éste, acercarse al domicilio ubicado en: ******************** lugar de trabajo o cualquier otro que frecuenten la receptora de violencia ********************. Se prohíbe a los presuntos generadores de violencia intimidar o molestar a la víctima ********************, así como a cualquier integrante de su núcleo familiar". Al respecto, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que previo a instar esta vía la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa respectivo, de conformidad la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. De dicho precepto se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Para que se actualice esta causa de improcedencia es necesario que concurran las siguientes hipótesis: Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. El requisito señalado en el inciso a) se encuentra satisfecho, dado que el acto reclamado lo emitió el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México. Respecto al inciso b) también se encuentra satisfecho, dado que procede un medio de defensa ordinario por el que el acto reclamado puede ser modificado, nulificado o revocado, en específico, el previsto en el artículo 2.360 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 2.360.- Son apelables, sin efecto suspensivo, las resoluciones que decreten una de las medidas de protección previstas en el artículo 2.355 de este Código". Del numeral en cita se advierte que las resoluciones que decreten una de las medidas de protección previstas en el artículo 2.355 son apelables. Y el ordinal 2.355 de dicho Código de Procedimientos Civiles, establece: "Artículo 2.355.- Al admitirse la demanda de violencia familiar o durante el proceso, a juicio del juez podrán dictarse las medidas de protección siguientes: I. Ordenar al presunto generador de violencia que salga inmediatamente del domicilio común, aunque fuera propietario del inmueble. Si se resiste se utilizará la fuerza pública. (.)". Con relación al inciso c), también se encuentra satisfecho, ya que la tramitación del aludido recurso debe hacerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. Ahora, se encuentra solventado el requisito mencionado en el inciso d), habida cuenta que con la resolución que se dicte, derivado de la substanciación del recurso, el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. Sin que en el caso exista excepción al principio de definitividad, pues, el auto reclamado no implica un peligro de privación de la libertad, deportación o destierro ni se trata de los actos referidos en el artículo 22 de la Carta Magna; y por otro lado, la promovente del amparo es parte dentro de los autos del juicio natural del que deriva el acto reclamado, lo que determina que al tener intervención en el juicio natural, está en aptitud de inconformarse del acto combatido anteriormente identificado, interponiendo en su contra el medio de defensa correspondiente. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad, en consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable. Lo anterior se sustenta con la interpretación que realizan los Plenos del Circuito, en la tesis PC.I.C.1. C (11a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 2865, registro 2023534, del siguiente rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES UNO DE LOS PILARES FUNDAMENTALES SOBRE LOS QUE DESCANSA EL JUICIO DE AMPARO, A EFECTO DE RESPETAR EL SISTEMA DE RECURSOS PREVISTO POR LAS LEGISLACIONES PROCESALES DE TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, FORTALECIENDO CON ELLO EL SISTEMA FEDERAL". De igual forma, por las razones que informa, la jurisprudencia I.6o.C. J/37m, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, con registro 187016, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia(s): Común, página 902, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dispone: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL". Asimismo, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, materia Común, página 8, de rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Así, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, se encuentra obligado a cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues no debe ligarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el referido principio, ya que aún contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es necesario agotar los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los supuestos de excepción al principio de definitividad. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, materia Común, página 350, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD". En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 del ordenamiento legal de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Notifíquese y personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, cuya firma difiere de la plasmada por el quejoso **********, en su escrito inicial de demanda, sin que para detectar tal circunstancia el suscrito requiera de conocimientos técnicos en caligrafía o grafoscopía; en esa circunstancia, a efecto de acordar lo que en derecho proceda, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días siguientes al que surta efectos la notificación de este proveído, se presente con identificación oficial vigente con fotografía en el local de este Juzgado de Distrito, para que ante la presencia judicial y bajo protesta de decir verdad, manifieste sí reconoce como suya la firma que calza el escrito de cuenta, es decir, si estampó de su puño y letra la aludida firma. Se le advierte que el artículo 247, fracción IV, del Código Penal Federal, establece que se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y multa de cien a trescientos días a quien sea examinado y faltare a la verdad, afirmando un hecho falso o negando uno verdadero. Debe destacarse al promovente que a efecto de comprobar la veracidad de su dicho, en caso de considerarlo necesario, se ordenará la realización de un dictamen pericial, sobre la firma que estampó en el escrito que se acuerda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 24 (7/89), dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 385, Tomo III, Primera Parte, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". Con el apercibimiento de no desahogar el requerimiento formulado en la forma y plazo establecidos se tendrá por no presentado, con las consecuencias legales conducentes. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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