Moisés Francisco Juárez Orci
Expediente 1462/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1462/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Moisés Francisco Juárez Orci
- Carlos Daniel Pedraza Juárez
- Carlos Armando Pedraza Villa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con cincuenta y dos minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da cuenta al juez con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridad responsable y tercera interesada, tercero interesado, quejoso y fiscal federal de la adscripción-, con la demanda de derechos, el informe justificado rendido por la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, así como el escrito presentado por la representación social de la adscripción, registrado bajo folio 18664; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse del citado informe. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales remitidas por la juez responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos. Se da cuenta con el alegato ministerial formulado por la representación social adscrita a este juzgado. El juez acuerda: Se tienen por formulados los alegatos en mención y por perdido el derecho de las demás partes para expresarlos. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por ******************** y ********************, contra el acto atribuido a la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, residente en esta ciudad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito depositado el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, en esta ciudad, y remitido a este órgano judicial, por razón de turno, el veinte siguiente, ******************** y ********************, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto atribuido a la autoridad señalada en el proemio de esta resolución, y que más adelante se precisará. Se admite demanda. Mediante acuerdo de veintiuno de septiembre siguiente, este juzgado admitió la citada demanda, pidió a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, dio a la representación social de la adscripción la intervención que legalmente le compete, quien formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Terceros interesados. Posteriormente, mediante acuerdo de diecisiete de octubre del presente año, se reconoció el carácter de terceros interesados a Moisés Francisco Juárez Orci y al agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, por lo que se ordenó su emplazamiento, lo que así ocurrió. Audiencia constitucional. Finalmente, en esta fecha se llevó a cabo la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto atribuido a una autoridad cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de distrito; además, las medidas cautelares impuestas se están ejecutando en la circunscripción territorial de este Juzgado de Distrito. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: El auto de vinculación a proceso de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado contra ******************** y ********************, por hechos posiblemente constitutivos del delito de amenazas, previsto en el artículo 238, fracción I, del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio de Moisés Francisco Juárez Orci. En este apartado debe destacarse que al reclamarse el auto de vinculación a proceso, este juzgador se encuentra constreñido no sólo a analizar si dicha resolución satisface los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también examinar los temas restantes sobre los que se pronunció el juez de control en dicha etapa, y que convergen en el desarrollo de la audiencia inicial y su continuación. Es ilustrativa a lo anterior, la tesis I.6o.P.89 P (10a.), de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO SE RECLAMÓ ÉSTE, EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE CONSTREÑIRSE A ANALIZAR SI SATISFACE LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO TAMBIÉN A EXAMINAR LOS TEMAS RESTANTES SOBRE LOS QUE SE PRONUNCIÓ EL JUEZ DE CONTROL EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN Y QUE CONVERGEN EN EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA INICIAL." Existencia del acto combatido Es cierto el acto atribuido a la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la veracidad del acto combatido se acredita con las documentales que al efecto acompañó a su informe, consistentes en copia certificada de las constancias que integran la causa penal 3972/2023de su índice, así como el disco compacto que contiene el audio y video de donde deriva el acto en reclamo; documentales a la que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobran aplicación las jurisprudencias 226 y 1a./J. 43/2013 (10a.), de rubros: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." y "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Estudio de fondo Al no haberse hecho valer ni advertirse de oficio alguna causa de improcedencia de la acción de amparo, procede examinar el fondo del asunto, sin que sea necesaria la transcripción de los conceptos de violación, dado que en la Ley de Amparo no existe ningún artículo que obligue a hacerlo. Para mejor comprensión de las consideraciones de esta sentencia, se estima pertinente realizar la siguiente reseña de antecedentes, a saber: Mediante oficio recibido el catorce de julio de dos mil veintitrés, la agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, en la carpeta de investigación SON/HER/FGE/2023/091/13527, solicitó se señalara fecha y hora para formular imputación contra ******************** y ********************, por lo que el dieciocho de julio siguiente, se señaló fecha y hora para la audiencia respectiva. En la fecha señalada -veintiocho de septiembre del presente año-, se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que la representación social formuló imputación por el citado hecho y se dictó auto de vinculación en su contra por su probable participación en la comisión del hecho señalado como delito de amenazas, previsto en el artículo 238, fracción I, del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio de Moisés Francisco Juárez Orci, se les impusieron como medidas cautelares las previstas en las fracciones I y VIII del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se decretó el plazo de dos meses para cierre de investigación. Determinación de vinculación a proceso que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. Precisado lo anterior, debe decirse que los conceptos de violación resultan ineficaces, sin que se advierta queja deficiente que suplir conforme a lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, y acorde a la jurisprudencia 1a./J. 94/2011, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ARGUMENTOS FORMULADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS O EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS TENDENTES A DESVIRTUAR LAS RAZONES QUE MOTIVARON SU DICTADO, AUN CUANDO NO SE HAYAN PLANTEADO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE." Al respecto, los numerales 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, establecen: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]" "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]" "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [..]" La interpretación de dichos numerales permite considerar que, en el primero, se garantiza que ninguna persona puede ser privada, entre otros aspectos, de su libertad, sino mediante un juicio seguido ante los órganos jurisdiccionales ya establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho que se ventile. En tanto que el segundo de ellos consagra la garantía de fundamentación y motivación de todo acto de autoridad; entendiéndose por fundamentación la cita del o los preceptos aplicables al caso, y por motivación, la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en forma pormenorizada, que se hayan tomado en consideración para su dictado; además, debe existir una debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas jurídicas aplicables, esto es, que las razones particulares que se expresen, concuerden con la descripción legal. Y, en el tercero, el Constituyente Federal estableció el término de setenta y dos horas para que los juzgadores de instancia resuelvan la situación jurídica de los imputados, con el dictado de un auto en el que se determine la libertad del individuo o su vinculación a proceso; en la inteligencia que, de darse el último supuesto, deberá expresarse, en el auto correspondiente, el delito imputado, circunstancias de ejecución del mismo y que los datos que arroje la carpeta de investigación establezcan que se ha cometido un hecho que la ley considera como delito y que el inculpado lo cometió o participó en su comisión. A fin de entender la naturaleza del acto que aquí se reclama es importante destacar que el auto de vinculación a proceso es un acto dentro del procedimiento penal cuya emisión trae como consecuencia que a la persona imputada se le sujete a investigación formalizada, por un plazo perentorio no mayor a seis meses, a fin de que las partes involucradas en el conflicto penal recaben medios de convicción que permitan determinar en una etapa posterior -intermedia-, si lo obtenido es suficiente para que la autoridad ministerial formule acusación al imputado y, en su caso, se le lleve a juicio oral para determinar su responsabilidad en el hecho delictivo que se le atribuye. En el sistema penal acusatorio oral, la vinculación se realiza en función de los hechos, siempre y cuando se establezca que los mismos están tipificados como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, lo que ocurrirá cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Los numerales 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan: "Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso. Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Así, de la interpretación armónica de los dispositivos legales en mención y del contenido del artículo 19 Constitucional, es dable considerar que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, existen requisitos de forma y fondo a los que hay que darles satisfacción para estar en condiciones de sostener que el actuar de una autoridad judicial que ha dictado un auto de vinculación a proceso, ha sido acorde a derecho. Los primeros son: a) Que exista formulación de la imputación; b) Que el imputado haya tenido oportunidad de rendir declaración; y, c) Que se dicte a más tardar a las setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, si se solicita la duplicidad, contados a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial y en él deben expresarse el delito que se imputa y las circunstancias de ejecución. Los segundos, pueden enumerarse como: a) La existencia de datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; b) Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, c) Que no se materialice alguna causa de extinción de la acción penal o de exclusión del delito. Para afirmar que dichas exigencias de forma y fondo están cumplidas, el juez debe exponer los fundamentos y motivos por los que estima satisfechos dichos requisitos, así como, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa al investigado. Luego, para cumplir con la garantía de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe tener, es obligación del juzgador precisar las razones particulares y circunstancias especiales que lo conducen a estimar que se cometió un hecho señalado como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, evitando la anticipación de juicio sobre el delito y su autor, con base en la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social, sostenida en los datos de prueba con los que dice contar y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor. De esta manera, en el dictado del auto de vinculación a proceso no se exige la acreditación del cuerpo del delito ni la probable responsabilidad del inculpado, sino el establecimiento de que los hechos motivo de la imputación encuadran en un delito y la probabilidad de la participación del activo, dado que la resolución de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y del eventual juicio. Así se estableció en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de título: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." En este orden de ideas, para el dictado de un auto de vinculación a proceso no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público o la parte querellante no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace una referencia de datos probatorios que establezcan, a manera de probabilidad, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la posibilidad real de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Precisado lo anterior, se puede afirmar que fue correcta la actuación de la juez de control responsable, al dictar la resolución aquí cuestionada. Para ello, es preciso señalar que del contenido del disco compacto relativo a la videograbación de la audiencia inicial celebrada el veintiocho de agosto de la presente anualidad, en la causa penal 3972/2023, del índice del Juzgado Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, residente en esta ciudad, se obtiene, en lo que interesa, que se llevó a cabo una audiencia en el Centro de Justicia Penal del Estado de Sonora, en la que se identificaron la agente del Ministerio Público; víctima y sus asesores particulares; la defensora pública de ******************** y ********************, y éstos como los investigados. En esa audiencia, la juez responsable preguntó a los aquí quejosos si designaban como su patrocinadora jurídica a la profesionista señalada, quien aceptó y protestó el cargo conferido; asimismo, si le habían sido explicados sus derechos, a lo que contestaron que sí; cuestionó a la defensa respecto si se había impuesto de la carpeta de investigación y entrevistado en privado con sus defendidos, contestando los imputados afirmativamente; asimismo, manifestaron que sus datos personales sean proporcionados de manera reservada. a) Formulación de la imputación En esa audiencia, la representación social hizo relatoría del hecho que la ley señala como delito de amenazas, previsto en el artículo 238, fracción I, del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio de Moisés Francisco Juárez Orci y, a su parecer, los datos de prueba que establecen y determinan la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, así como las personas que declararon en su contra, esto es, Francisca Elizabeth León Soto y Prudencio Morales Robles; asimismo, señaló los fundamentos de derecho en que se sustenta la acción; por su parte, la víctima, sus asesores, los imputados y su defensa se abstuvieron de hacer manifestación alguna; conducta que consideró fue realizada de manera dolosa y como autores directos del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 11 del citado ordenamiento legal. Luego, la juez de control explicó a los imputados la pertinencia de rendir declaración y si habían entendido la imputación, manifestándose en sentido afirmativo. b) Solicitud de vinculación a proceso Posteriormente, la fiscalía solicitó vincular a proceso a ******************** y ********************, por el delito materia de imputación. Para sustentar su solicitud, señaló como datos de prueba, la denuncia presentada por Moisés Francisco Juárez Orci, en la que manifestó que tiene tres hermanos, con los cuales, desde que falleció su padre ha tenido problemas; los imputados, en específico ********************, es hijo de su hermana Rosa Marisa, y ********************, es pareja de Rosa Marisa; señala que esos problemas son a raíz del fallecimiento de su padre respecto a unos problemas de herencia. Señaló que el dos de marzo de dos mil veintitrés, aproximadamente a las diecisiete horas con veinte minutos, los vecinos del campestre La Herradura, se reunieron en unas oficinas que se encuentran ubicadas en calle Colosio 122, entre Galeana y Campodónico, colonia Centenario, de esta ciudad, donde están unos departamentos de su propiedad, esto para tratar de solucionar una problemática que ellos tienen, y le pidieron su apoyo, por lo que llegó a ese lugar su sobrino ********************, y frente aproximadamente veinte personas, le gritó: "allá está esta mierda, ahora sí lo vamos a levantar", apuntándole hacía el ofendido; en eso se acerca su cuñado ********************, quien le dijo: "ahora sí te van a levantar los de Sinaloa, con una llamada que yo haga y por mientras te van a entretener los estatales". Entonces, vio que se encontraban unos policías estatales en el lugar y hacen referencia, pues le decían que estaba incumplimiendo unas medidas de protección que le habían puesto por otra situación familiar, pero eso se aclaró frente a dichos agentes, por lo que ya después que éstos le ayudaron para que se retiraran y así pudieran continuar con la situación que ellos ya estaban tratando. La fiscalía expuso que se contaba con el dictamen psicológico a cargo de Jesús Daniel Rendón Espinoza, perito adscrito a esa Fiscalía, en la que, una vez que aplicó las pruebas psicológicas pertinentes a la víctima Moisés Francisco Juárez Orci, concluyó que presenta un estado de rasgos de ansiedad capaz de generar una afectación psicoemocional, considerándose que los elementos descritos se encuentran en concordancia con los hechos denunciados. Destacó que se cuenta con la entrevista de Francisca Elizabeth León Soto, quien refirió tener aproximadamente quince años de conocer al ofendido, pues estuvo a cargo de los terrenos campestres La Herradura, y referente a los denunciados, sabe que uno de ellos se llama ********************, y es sobrino de Moisés, asimismo hace descripción de ********************, siendo que el día de los hechos, se encontraba en reunión en el domicilio señalado; que estaban varias personas y llegaron los imputados, de una manera muy prepotente gritándole a Moisés: "allá está esta mierda, ahora sí lo vamos a levantar", "no tienes porque estar aquí, ahora sí te van a levantar los de Sinaloa, con una llamada que yo hiciera"; específica y aclara que de esa situación tomó video; también que en ese lugar se encontraban unos oficiales quienes auxiliaron a que se retiraran del lugar los imputados, pues no dejaban que Moisés se fuera del mismo. También dijo contar con la entrevista de Prudencio Morales Robles, quien hace referencia que, de igual manera, el día y hora de los hechos se encontraba en el mismo domicilio, en dicha reunión, cuando se percata de que las personas que describe físicamente, refiriendo que llegaron un muchacho al que refiere si bien no conoce, podría identificarlo fácilmente, escuchó que éstos le decían a Moisés "que lo iban a levantar", "que iba a valer verga"; que les pedían que se calmara, pero hacían caso omiso; refirió que en repetidas ocasiones le decían que lo "iban a levantar y que no lo iban a dejar salir del lugar"; por último, tuvieron que ayudar los agentes para que se pudiera retirar el ofendido del lugar. Los anteriores datos de prueba la fiscalía estimó que resultaban aptos, idóneos y suficientes para tener por acreditada la participación de los imputados en el hecho con apariencia de delito que les atribuye. Seguidamente, en uso de la voz, la juez de control solicitó a la fiscalía, precisará la fracción del precepto 238 del Código Penal para el Estado de Sonora, en que encuadra la conducta imputada a los aquí quejosos, refiriendo la fiscal que ello era en la fracción I del citado numeral. La juez responsable hizo del conocimiento a los imputados, aquí quejosos, el plazo para resolver su situación jurídica; ante ello, los imputados, previo receso para entrevistarse con su defensa, manifestaron que se reservaban el derecho a declarar y solicitaron que su situación jurídica fuera resuelta en la propia audiencia; de igual manera, la defensa manifestó no tener datos de prueba que ofrecer. c) Dictado de auto de vinculación a proceso Ante la petición de los imputados y su defensa, la juez responsable, conforme lo dispuesto por el artículo 19 Constitucional, y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedió a resolver la situación jurídica de los aquí quejosos, sosteniendo que se satisfacían los requisitos constitucionales y legales para dictar auto de vinculación a proceso. Al respecto, indicó que se les formuló imputación por la fiscalía y se les dio la oportunidad de declarar, reservándose tal derecho. Asimismo, que de los antecedentes de investigación que la fiscal expuso se desprendían datos suficientes y razonables que permitían establecer la posible comisión del hecho que la ley señala como delito de amenazas, previsto en el artículo 238, fracción I, del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio de Moisés Francisco Juárez Orci, y que probablemente ******************** y ********************, lo cometieron o participaron en su comisión. Lo anterior, pues refirió que los activos, dieron entender con actos o palabras, como en el caso, hacer un mal futuro a una persona, dar indicio de un mal inminente, o bien, realizar una acción intimidante que anuncia la provocación de un mal grave o futuro contra esa persona o familia. Ello, pues se logró establecer que en el domicilio ubicado en calle Colosio 122, entre Galeana y Campodónico, colonia Centenario, de esta ciudad, aproximadamente a las diecisiete horas con veinte minutos del dos de marzo de dos mil veintitrés, se encontraban reunidas unas personas, en una junta; en ese momento, llegan los de nombres ******************** y ********************, haciendo mención que el primero de los señalados refirió a la víctima "ahora sí vamos a levantarlo", mientras que la segunda persona secundaba lo que hacía mención, haciendo referencia a que "lo iban a levantar los de Sinaloa, pero que mientras lo iban a entretener los estatales". Esa referencia que hizo la víctima Moisés Francisco Juárez Orci, se deriva de un conflicto familiar, suscitado en virtud de la muerte de algún miembro de la familia y respecto a algunos bienes, constituyéndose una amenaza, con independencia de que surja a través de un contexto familiar conflictual; añade, que constituye una acción de carácter intimidante, toda vez que se hace referencia a que pudiera poner en peligro la vida, salud e incluso la dignidad humana de una persona al realizar tales señalamientos. Además, señaló, el dicho de la víctima no se encuentra aislado, pues obran los datos de prueba consistentes en las entrevistas a cargo de Francisca Elizabeth León Soto y Prudencio Morales Robles, en las que, en los que interesa, de manera coincidente, señalaron que se encontraban presentes el dos de marzo del presente año en la reunión referida, cuando de pronto llegaron ******************** y ********************, de una manera muy prepotente y realizaron las amenazas al de nombre Moisés, señalando la primera que incluso tomó un video de lo sucedido; en tanto que el segundo hace los mismos señalamientos en contra de los referidos imputados. Señala también la existencia del dictamen psicológico a cargo de Jesús Daniel Rendón Espinoza, perito adscrito a esa Fiscalía, en la que concluyó que la víctima Moisés Francisco Juárez Orci, cuenta con un cuadro de ansiedad capaz de ocasionar un daño psicoemocional, y que el mismo es concordante con los hechos que esa persona señaló. De ahí que esos datos de prueba sean suficientes para establecer de manera indiciaria la probable realización de tal hecho y la probable participación de los imputados en su comisión. Con base en lo anterior, estimó que ******************** y ********************, son probables responsables en la comisión del delito de amenazas, previsto en el artículo 238, fracción I, del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio de Moisés Francisco Juárez Orci, por lo que dictó auto de vinculación en su contra. d) Medidas cautelares La representación social solicitó la imposición de medidas cautelares a los imputados, contenidas en las fracciones I, II y VIII del numeral 155, consistentes en la presentación periódica ante el juzgado responsable, imposición de una garantía económica y prohibición de concurrir o acercarse a ciertos lugares, prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa. Por su parte, en uso de la voz, los asesores jurídicos de la víctima, manifestaron su conformidad con lo solicitado por la fiscalía; por su parte, la defensa de los imputados, manifestó estar de acuerdo con ello, únicamente solicitó que la presentación fuese cada mes. La juez responsable impuso a los peticionarios de amparo, como medidas cautelares las contenidas en las fracciones I y VIII del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a saber, la presentación periódica ante el juzgado responsable cada treinta días ante la dirección general de Servicios Previos al Juicio y Medidas Cautelares, y la prohibición de concurrir o acercarse a ciertos lugares, prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigo, ni tener algún tipo de comunicación con la víctima. Señalando que no advertía oportuna la imposición de la medida cautelar contenida en la fracción II del citado numeral, pues no le fue señalada cantidad alguna, no se justificó la necesidad de su imposición, o bien, porque las impuestas no son suficientes para lograr la permanencia de los imputados en este distrito judicial. e) Plazo de cierre para concluir la investigación A petición de la fiscalía, sin debate al respecto por parte de la defensa e imputados, la juez responsable concedió el plazo de dos meses para la conclusión de la investigación complementaria. Asentado lo anterior, se puede afirmar que fue correcta la actuación del juez responsable, al dictar la resolución aquí combatida. Ello es así, toda vez que se observaron las formalidades esenciales del procedimiento, pues como se evidencia de las videograbaciones, la juez responsable, al reunirse los requisitos formales y legales, verificó que los aquí quejosos conocieran sus derechos; se les formuló imputación, donde la fiscalía le hizo saber que se ejerció acción penal en su contra por hechos constitutivos del delito de amenazas, previsto en el artículo 238, fracción I, del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio de Moisés Francisco Juárez Orci, y que era probable que los imputados participaron en su comisión. Posterior a ello, tuvieron oportunidad de rendir declaración, a lo que se reservaron su derecho de hacerlo; además, se les dictó auto de vinculación a proceso dentro del plazo constitucional -veintiocho de agosto de dos mil veintitrés-, acorde a su petición, tomando en cuenta que comparecieron a la audiencia de imputación en esa fecha, por lo que el plazo para resolver su situación jurídica fenecía el treinta y uno del citado mes y año; por tanto, es evidente que se realizó dentro del plazo establecido por el tercer párrafo del artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ende, no existe transgresión a las garantías consagradas en los numerales 14 y 16 de la Carta Magna, pues quedaron satisfechas todas las fases previas al dictado del acto que se analiza. En ese contexto, es claro que se dio cabal satisfacción a los requisitos de forma exigidos por la ley para el dictado de la resolución como la que aquí se examina. Luego, a efecto de analizar si se cumplen los requisitos de fondo del auto de vinculación a proceso de los imputados ******************** y ********************, es dable destacar que se les atribuye la probable participación en el hecho considerado como el delito de amenazas, previsto en el artículo 238, fracción I, del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio de Moisés Francisco Juárez Orci, que dispone: "Artículo 238. Se aplicará prisión de tres días a tres años o multa de veinte a trescientos cincuenta Unidades de Medida y Actualización, y caución de no ofender: I. Al que de cualquier modo y por cualquier medio ya sea directo, indirecto o digital, amenace a otro con causarle un mal en su persona, en su honor, en sus bienes o en sus derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo; y [.]" En primer término, es menester señalar que de los antecedentes de investigación expuestos por la fiscalía se desprende, como lo señaló la juez de control, la existencia de datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como el delito de amenazas. En efecto, la juez responsable esencialmente sostuvo que los activos, el dos de marzo del presente año, en el domicilio ubicado en calle Colosio 122, entre Galeana y Campodónico, colonia Centenario, de esta ciudad, y frente aproximadamente veinte personas, probablemente ********************, le gritó: "allá está esta mierda, ahora sí lo vamos a levantar", apuntándole hacía el ofendido; en tanto que ********************, le dijo: "ahora sí te van a levantar los de Sinaloa, con una llamada que yo haga y por mientras te van a entretener los estatales", lo que constituye amenazas con la posible finalidad de hacer un mal futuro, dar indicio de un mal inminente, o bien, realizar una acción intimidante que anuncia la provocación de un mal grave o futuro contra esa persona o familia. Lo que corroboró con las entrevistas a cargo de Francisca Elizabeth León Soto y Prudencio Morales Robles, en las que, en los que interesa, de manera coincidente, señalaron que se encontraban presentes el dos de marzo del presente año en la reunión referida, cuando de pronto llegaron ******************** y ********************, de una manera muy prepotente y realizaron las amenazas al de nombre Moisés, señalando la primera que incluso tomó un video de los sucedido; en tanto que el segundo hace los mismo señalamientos en contra de los referidos imputados. Señaló también la existencia del dictamen psicológico a cargo de Jesús Daniel Rendón Espinoza, perito adscrito a esa Fiscalía, en el que concluyó que la víctima Moisés Francisco Juárez Orci, cuenta con un cuadro de ansiedad capaz de ocasionar un daño psicoemocional, y que el mismo es concordante con los hechos que esa persona señaló. Ahora, en cuanto a que exista la probabilidad de que ******************** y ********************, participaron en la comisión del hecho referido, la juez responsable determinó que de los señalamientos por parte de la víctima, quien indicó que los aquí quejosos fueron las personas que llevaron a cabo injurias dirigidos a realizar una acción intimidante anunciando la provocación de un mal grave o futuro contra su persona, pues narró cómo fueron llevados a cabo tales actos de intimidación y amenazas. Así, los datos de prueba aportados por la fiscalía contienen datos suficientes que permiten concluir con el criterio plasmado por la juez responsable al determinar vincular a proceso a los aquí quejosos, lo cual no es contrario a sus derechos fundamentales. Por todo lo anterior, se estima constitucionalmente correcta la determinación de vincular a proceso a los peticionarios de amparo ******************** y ********************, pues se precisaron las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ejecución del hecho que se les atribuye a los aquí quejosos, así como los datos que establecen que se cometió un hecho señalado por la ley como delito, y existe la probabilidad de que éstos lo cometieron. En este punto debe señalarse que la vinculación a proceso no significa el fin de la investigación, por el contrario, la misma va a continuar pero de una manera formalizada o judicializada, ya con una Litis determinada (en lo referente al hecho y a la persona), es decir, las partes pueden continuar reuniendo más elementos de convicción, con la garantía que, para que el plazo judicial no sea una excusa para dilatar el proceso, esté limitada al plazo judicial fijado al momento de vincularse a proceso. Dicho de otra manera, con la vinculación a proceso sólo se fija la materia a que se constreñirá la investigación por parte de la fiscalía, dentro del plazo fijado por el juez de control; por tanto, éste no está en condiciones de exigir que se reúnan todos los elementos de convicción del caso concreto, sino a lo que humanamente se puede obtener dentro de la temporalidad de la investigación preliminar, en el entendido de que, con la vinculación, se seguirá investigando. En la etapa de investigación complementaria, será que las partes interesadas estarán en aptitud de aportar mayores datos de convicción para demostrar o desvirtuar el hecho materia de la imputación. De ahí que la resolución reclamada deriva de un procedimiento en el que, hasta el momento, se han cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, así como de legalidad y seguridad jurídica, por lo que contrariamente a lo afirmado por la quejosa en sus conceptos de violación, no se vulneran los derechos humanos consagrados en los numerales 14 y 16 Constitucionales. Como corolario de lo anterior, se itera, que en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si se cumple con los lineamientos de la nueva redacción del artículo 19 de la Carta Magna, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo debe atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en su comisión; para ello, el juez de control debe examinar el grado de razonabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delito e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Como apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 35/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En otro orden de ideas, los solicitantes del amparo aducen que las pruebas aportadas por la fiscalía no acreditan el hecho que la ley señala como delito, pues las supuestas palabras emitidas por los quejosos, no tienen el alcance de acreditar el delito de amenazas, pues se dio en un contexto de "familiares" que viven en la misma ciudad, coincidentes en el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos y con apariencia de años teniendo problemas; además, que las pruebas reseñadas por la representación social no acreditan esa circunstancia. Lo anteriores argumentos resultan ineficaces. Para estimarlo así, conviene hacer algunas precisiones respecto al tema de la oportunidad probatoria y la facultad del juez de control de valorar los datos de prueba aportados en esa etapa. Bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el querellante -en su facultad de ejercer acción penal particular- y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el juez de control a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho señalado por la ley como delito y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio contenidos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación-. Así, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el querellante aporte datos, esto es, la referencia al contenido de determinados medios de prueba que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es así que en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues conforme a lo dispuesto por la fracción III del inciso A) del artículo 20 Constitucional, para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquéllas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. En ese orden de ideas, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el juez de control debe analizar y resolver únicamente con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso se haga referencia, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Dicho de otra manera, el estándar probatorio se rigió por el grado de razonabilidad de los datos que, a criterio del juzgador, establecieron que se cometió dicho ilícito y que existe la probabilidad de que los imputados, aquí quejosos, lo realizaron. Es importante destacar que tales datos no constituyen prueba como tal, sino una mera referencia al hecho que se considera delictivo y determinan la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, los daños causados y su monto aproximado, así como la calidad de víctima u ofendido, los que, en la postura asumida por el asesor jurídico y la víctima, resultan idóneas, pertinentes y suficientes para justificar el sometimiento del imputado a un plazo mayor, siempre razonable, de investigación supervisada por la autoridad judicial. Bajo estos lineamientos, se concluye que la vinculación a proceso encuentra sustento en los elementos obtenidos por la parte querellante, y con los cuales acude a formular la imputación como acto de comunicación con el indiciado a virtud de la acción penal que ejerció en su contra. En tales consideraciones, el juez de control debe resolver la situación jurídica de la persona imputada con base en los datos de prueba que en la audiencia de vinculación a proceso refiera el querellante obran en la carpeta de investigación respectiva, sin que pueda acceder a la misma para verificar la certeza de las manifestaciones allí vertidas, a no ser que exista controversia entre los intervinientes respecto de su contenido, caso en el cual podrá tenerla a la vista, con el único fin de resolver el punto discutido, lo cual en el caso no sucedió. Por otro lado, se impone destacar que con base al nuevo modelo de sistema de justicia penal de corte acusatorio en México, y en atención al contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, en la fracción III del numeral 316 del citado código se prevé que debe justificarse la existencia únicamente de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, como se precisó en párrafos precedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la tesis XV.3o.6 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL." V. Decisión En esa virtud, en atención a las anteriores consideraciones, y al resultar ineficaces los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Por último, este juzgador omite el estudio de los argumentos vertidos por la representación social, pues éstos no forman parte de la Litis en el juicio constitucional, dado que constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación. Lo anterior, de acuerdo a la jurisprudencia P./J. 27/94, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** y ********************, contra el acto y autoridad precisados en los consideraciones II y III, por las razones plasmadas en el considerando IV de este fallo. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable y autoridad tercera interesada, y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE TERCERO INTERESADA MOISÉIS FRANCISCO JUÁREZ ORCI, EL PROVEÍDO DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. (SE SEÑALA NUEVA FECHA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL)
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Actos tendentes. Agréguese el oficio remitido por el subdirector de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa los actos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad vinculada, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita la constancia con la que acredite que efectuó la entrega material a la parte quejosa del cheque ********************. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, con apoyo en el artículo 258, de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." Se da vista a parte quejosa. Con independencia de lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que se constituya en las oficinas de la autoridad vinculada a fin de que se le haga entrega del documento financiero; y, en tal caso lo haga del conocimiento de este juzgado para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad vinculada. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer
- Principal
SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE TERCERO INTERESADA MOISÉIS FRANCISCO JUÁREZ ORCI, EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. (SE ADMITE DEMANDA)
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