Moisés Fabián Acocal Galupila

Expediente 756/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
756/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
19/07/2022

Partes del expediente

  • Moisés Fabián Acocal Galupila

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y de la certificación secretarial que antecede, toda vez que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de veintitrés de junio del presente año; consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Devuélvase al Juez de Distrito adscrito al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tlaxcala, el expediente laboral *** de su índice. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. En virtud de lo anterior y toda vez que no obran en autos documentos originales, de conformidad con el numeral 21, inciso d), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, procédase a la destrucción de este expediente. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio ***, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al que adjunta el juicio de amparo directo D-333/2022 promovido por ***, así como el expediente ***, del índice de la responsable; toda vez que mediante auto de diecisiete de junio del año en curso, el citado tribunal declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de referencia y ordenó remitirlo al Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala en turno, para que se avocara a su conocimiento; atento a ello, acúsese el recibo correspondiente a la superioridad. Ahora bien, vista la demanda de amparo, promovida por ***, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Juez Primero de lo Laboral en el Estado de Tlaxcala. Acto reclamado: El auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, dictado por el Juez Primero de lo Laboral del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en el expediente ***, en el que se declaró improcedente la providencia cautelar solicitada. De conformidad con los artículos 41 y 45 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 756/2022-D. Asimismo, se ordena formar un cuaderno de pruebas debidamente identificado como anexo I, con las documentales que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado, consistentes en el expediente *** de su índice. Desechamiento. Procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda constitucional, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso, respecto al acto reclamado en el presente sumario consistente en el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, dictado por el Juez Primero de lo Laboral del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en el expediente ***, en el que declaró improcedente la providencia cautelar solicitada, por no reunir con los requisitos previstos en los artículos 857 y 858 de la Ley Federal del Trabajo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúan de lo anterior: a).- Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [...].". La fracción transcrita contempla el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe acudir en primer lugar a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le cause afectación. Esto salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, como son de los terceros extraños al juicio y los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, de los cuales no se surte alguno en este caso. En efecto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se tiene la posibilidad de acudir al juicio de amparo, pues precisamente, una de las finalidades de esta limitación es la de evitar los abusos en su promoción y con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia. Por tal motivo, el legislador reservó la procedencia de esta instancia a las impugnaciones de las resoluciones judiciales, administrativas o del trabajo, una vez que se haya agotado el recurso o medio de defensa, por virtud del cual aquéllas puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, en virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones a los derechos fundamentales que los actos de autoridad generan en perjuicio de los gobernados que lo promuevan, por lo cual, el fallo protector que en su caso se llegue a pronunciar, tiene que concretarse y trascender a la esfera jurídica del quejoso, lo que no ocurriría si el acto reclamado queda sin efectos. En ese contexto, respecto del acto reclamado consistente en el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, dictado por el Juez Primero de lo Laboral del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en el expediente ***, en el que declaró improcedente la providencia cautelar solicitada, por no reunir con los requisitos previstos en los artículos 857 y 858 de la Ley Federal del Trabajo, el quejoso, previo a promover esta acción constitucional, debió agotar el medio ordinario de defensa, previsto para tal efecto en la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, porque los elementos de actualización de la causa de improcedencia en estudio son: 1. Que el acto reclamado provenga de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; así como que esté previsto legalmente dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, 3. Que, por virtud de ese medio, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. Requisitos que se encuentran plenamente acreditados en atención a que la actuación reclamada proviene de un tribunal laboral y es susceptible de ser revocada, modificada o confirmada, a través del recurso de reconsideración previsto en los artículos 858, tercer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, que establece: "Artículo 858. Las providencias cautelares señaladas en las fracciones I y II del artículo anterior podrán ser solicitadas al presentar la demanda, o posteriormente ya sea que se formulen por escrito o en comparecencia. En el primer caso, se tramitarán previamente al emplazamiento y en el segundo, por cuerda separada. En ninguno de los dos casos se pondrá la solicitud en conocimiento de la persona contra quien se pida la providencia. [.] Las providencias cautelares podrán ser impugnadas mediante el recurso de reconsideración; éste se interpondrá por escrito dentro de los tres días siguientes en que se tenga conocimiento del acto que se impugna, en el que se expresarán los agravios que le cause la providencia impugnada; dándole vista a la contraparte por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga Una vez transcurrido el término de vista, el recurso se resolverá de plano por el juez del conocimiento en la audiencia preliminar.". Precepto normativo que señala expresamente que, en contra de la resolución que recaiga a la solicitud de la providencia cautelar, procederá en su contra el recurso de reconsideración, que se interpondrá dentro del plazo de tres días siguientes en que tenga conocimiento del acto impugnado y expresando los agravios que le cause la providencia impugnada, por lo que, efectuado lo anterior, se dará vista a la contraparte por el término de tres días a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga y, una vez fenecido el término en mención, se resolverá de plano por el juez del conocimiento en la audiencia preliminar. De ahí que, con el aludido medio ordinario de defensa, la parte quejosa estuvo en condiciones de lograr que se nulificara, revocara o modificara el auto que negó procedente la medida cautelar solicitada en el controvertido de origen y al no haberlo hecho así, incumplió con el principio de definitividad en que descansa la acción constitucional, por lo que deviene improcedente el juicio de amparo que pretende instaurar en el aspecto analizado. Toda vez que, en dicho criterio se estableció la improcedencia del aludido medio de impugnación cuando se trate del auto que inadmite la demanda laboral por el secretario instructor y contra los autos dictados en los procedimientos de ejecución, entre los que se encuentran los denominados procedimientos paraprocesales. Al respecto, explica que, conforme a la reforma y adición de la Ley Federal del Trabajo, durante la tramitación del procedimiento ordinario, el juez laboral puede auxiliarse de un secretario instructor para el dictado de determinadas providencias durante la fase escrita del procedimiento ordinario y hasta antes de la audiencia preliminar, respecto de las cuales, en caso de inconformidad, las partes deben interponer en su contra el recurso de reconsideración, el cual se resolverá de forma oral en la audiencia preliminar y, excepcionalmente, por escrito, cuando sea interpuesto con posterioridad a esa audiencia. De ahí que, el recurso de reconsideración implementado en el nuevo juicio laboral sólo proceda contra las providencias u omisiones acaecidas durante el procedimiento ordinario laboral y no contra las determinaciones que impidan su tramitación, como lo es, el auto que inadmite la demanda, o en su caso, en la etapa de ejecución, aun cuando sean decretadas por el secretario instructor. Esto, debido a que el legislador decidió reglamentar la procedencia y sustanciación del recurso de reconsideración, específicamente en el capítulo relativo al procedimiento ordinario y no en las disposiciones generales del nuevo derecho procesal del trabajo; aunado a que reglamentó de manera diferente los procedimientos ordinarios y de ejecución, al tener en cuenta que cada uno persigue finalidades también divergentes. Bajo ese orden de ideas, tomando en consideración que, en la especie, el acto reclamado se dictó durante la tramitación del procedimiento ordinario laboral y no así, en su etapa de ejecución, es que el quejoso, previo a promover en esta instancia constitucional, debió interponer el referido recurso de reconsideración en términos de lo establecido en el artículo 858, tercer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo. Máxime, que es parte en el juicio de origen, según se advierte de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró en su escrito de demanda, así como de las constancias remitidas por la autoridad responsable como soporte a su informe con justificación. En suma, conforme al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, era necesario que el promovente antes de acudir al juicio de amparo impugnara a través del medio ordinario de defensa, el auto del que se duele y, de esa manera, estar en posibilidad de que se le repare el menoscabo que dice le fue causado por la autoridad responsable, al emitirlo. En esas circunstancias, es dable sostener, como ya se mencionó, que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, ejercite el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de ahí que, si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que esta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito suplantaría las facultades de la administración pública. En consecuencia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en cuestión. Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Se tiene como domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda y por autorizada para tales efectos a la profesionista que refiere en la misma. Se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica, asimismo, deberán proporcionar algún correo electrónico, número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, lo anterior con sustento en lo previsto en el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del referido órgano colegiado. Se autoriza a cualquier secretario y/o actuario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. En diverso aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, requiérase a los Actuarios adscritos a este Juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificarán inmediatamente en que sean pronunciadas. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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