Moises Esparza Betancourt
Expediente 1055/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1055/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Moises Esparza Betancourt
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito..
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el oficio signado por la Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional en proveído del seis de octubre del año en curso. En ese sentido, visto el oficio y anexos remitidos por la responsable así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose ésta, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 Constitucional. En el caso, la parte quejosa ***, por su propio derecho, reclamó del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Durango y Subcomisión Nacional Mixta de Jubilados y Pensiones para los Trabajadores del IMSS, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta ciudad, lo siguiente: "IV ACTO RECLAMADO: De las autoridades señaladas como responsables les reclamo lo siguiente: La OMISIÓN DE RESPUESTA del OOAD acerca del oficio de información sobre la solicitud de finiquito de orfandad presentada el día 21 de noviembre de 2021." En ese sentido, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [...]" La cesación de efectos, ha sido definida como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, que trae como consecuencia, que cese la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud de una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Entonces, si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado o en su caso tratándose de acto negativo que éste sea respetado. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De las constancias certificadas remitidas por la autoridad responsable, se desprende que mediante oficio N°10DL107200/RLJ/980/2022, del ocho de septiembre de dos mil veintidós, dirigido a ***, la autoridad responsable dio contestación a lo solicitado por el quejoso, en el sentido de autorizar el finiquito de orfandad derivado del fallecimiento de la ex trabajadora *** con número de matrícula 9043136. Asimismo, en la propia data, emitió la misiva N°09E1611A32/2022005865, en el que la responsable ordenó al titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango, otorgar el pago de finiquito de pensión por orfandad solicitado por el quejoso. Pues bien, la especie se materializa el motivo de improcedencia en comento, toda vez que a través de los oficios en comento, se dio contestación a lo peticionado por el impetrante de amparo; oficios que fueron notificado a la parte quejosa el ocho de septiembre del año en curso, ello tal como se advierte de las constancias que se acompañan al oficio de cuenta, mismas que se reproduce a continuación: De lo anterior se advierte que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que fue el dos de septiembre de dos mil veintidós, existía el acto que de la autoridad responsable se reclamó, también lo es que el día ocho siguiente, la responsable emitió pronunciamiento respecto a lo peticionado por la parte quejosa, de lo cual se realizó la notificación respectiva en la propia fecha. Por lo que resulta inconcuso que cesó en sus efectos el acto reclamado indicado, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional; en tal virtud se actualiza la causal de improcedencia en estudio y con apoyo en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Aplica al caso concreto por las razones que informa, la tesis 2ª./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación consultable en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" En el entendido que en torno a la respuesta emitida y notificada el ocho de septiembre del año en curso, no procede la ampliación de la demanda de amparo, sin que con ello se desatienda la jurisprudencia de rubro "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA"; toda vez que dicho criterio parte de la base del desconocimiento del quejoso del contenido del informe de donde surge la necesidad de darle vista personal para su conocimiento. Sin embargo, en el presente caso, la repuesta respectiva fue notificada de manera personal pues así se advierte de las constancias reseñadas con anterioridad; por tanto, se evidencia que desde el ocho de septiembre de dos mil veintidós, la parte quejosa tuvo conocimiento pleno y precisa de aquella, de manera que el no darle vista con tal actuación, no se le deja en estado de indefensión, al ya tener conocimiento del acto. En atención a lo asentado se sobresee fuera de audiencia el presente juicio y se deja sin efecto la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con treinta y ocho minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO: PARTE QUEJOSA. AUTO DE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el oficio signado por la Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional en proveído del seis de octubre del año en curso. En ese sentido, visto el oficio y anexos remitidos por la responsable así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose ésta, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 Constitucional. En el caso, la parte quejosa ***, por su propio derecho, reclamó del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Durango y Subcomisión Nacional Mixta de Jubilados y Pensiones para los Trabajadores del IMSS, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta ciudad, lo siguiente: "IV ACTO RECLAMADO: De las autoridades señaladas como responsables les reclamo lo siguiente: La OMISIÓN DE RESPUESTA del OOAD acerca del oficio de información sobre la solicitud de finiquito de orfandad presentada el día 21 de noviembre de 2021." En ese sentido, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [...]" La cesación de efectos, ha sido definida como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, que trae como consecuencia, que cese la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud de una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Entonces, si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado o en su caso tratándose de acto negativo que éste sea respetado. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De las constancias certificadas remitidas por la autoridad responsable, se desprende que mediante oficio N°10DL107200/RLJ/980/2022, del ocho de septiembre de dos mil veintidós, dirigido a ***, la autoridad responsable dio contestación a lo solicitado por el quejoso, en el sentido de autorizar el finiquito de orfandad derivado del fallecimiento de la ex trabajadora *** con número de matrícula 9043136. Asimismo, en la propia data, emitió la misiva N°09E1611A32/2022005865, en el que la responsable ordenó al titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango, otorgar el pago de finiquito de pensión por orfandad solicitado por el quejoso. Pues bien, la especie se materializa el motivo de improcedencia en comento, toda vez que a través de los oficios en comento, se dio contestación a lo peticionado por el impetrante de amparo; oficios que fueron notificado a la parte quejosa el ocho de septiembre del año en curso, ello tal como se advierte de las constancias que se acompañan al oficio de cuenta, mismas que se reproduce a continuación: De lo anterior se advierte que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que fue el dos de septiembre de dos mil veintidós, existía el acto que de la autoridad responsable se reclamó, también lo es que el día ocho siguiente, la responsable emitió pronunciamiento respecto a lo peticionado por la parte quejosa, de lo cual se realizó la notificación respectiva en la propia fecha. Por lo que resulta inconcuso que cesó en sus efectos el acto reclamado indicado, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional; en tal virtud se actualiza la causal de improcedencia en estudio y con apoyo en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Aplica al caso concreto por las razones que informa, la tesis 2ª./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación consultable en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" En el entendido que en torno a la respuesta emitida y notificada el ocho de septiembre del año en curso, no procede la ampliación de la demanda de amparo, sin que con ello se desatienda la jurisprudencia de rubro "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA"; toda vez que dicho criterio parte de la base del desconocimiento del quejoso del contenido del informe de donde surge la necesidad de darle vista personal para su conocimiento. Sin embargo, en el presente caso, la repuesta respectiva fue notificada de manera personal pues así se advierte de las constancias reseñadas con anterioridad; por tanto, se evidencia que desde el ocho de septiembre de dos mil veintidós, la parte quejosa tuvo conocimiento pleno y precisa de aquella, de manera que el no darle vista con tal actuación, no se le deja en estado de indefensión, al ya tener conocimiento del acto. En atención a lo asentado se sobresee fuera de audiencia el presente juicio y se deja sin efecto la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con treinta y ocho minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vistos los presentes autos y toda vez que se podría actualizar una causal de improcedencia, mismas que son de orden público y estudio preferente, requiérasele al ***, para que dentro del término de tres días, computados legalmente, remita a este Juzgado copia certificada legible de las constancias relativas a la notificación realizada al quejoso ***, relativo al oficio del ocho de septiembre de dos mil veintidós. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo (Unidad de Medida y Actualización), vigente en la ciudad de México, con fundamento en los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde la autoridad responsable; con su contenido, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la ley de la materia. Asimismo, se tiene a la autoridad responsable, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, correos electrónicos ***; y designando delegados a los profesionistas a que hace referencia, lo anterior con fundamento en el artículo 9 de la invocada ley y con la prueba documental que acompaña, hágase relación en la audiencia constitucional. Notifíquese.
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