Moisés Elías Caballero Salazar

Expediente 665/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
665/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
04/03/2021

Partes del expediente

  • Moisés Elías Caballero Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que recobró vigencia respecto de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales distintos a los pertenecientes a los del Primero, Segundo, Decimoctavo, Decimosexto y Decimoquinto, Circuitos, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, según lo dispone la circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el ocho de enero anterior, este juzgado determina el levantamiento de la suspensión decretada, lo que implica la continuación del trámite del presente asunto -desde el punto en que quedó pausado, pero no su reinicio-, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, pero con los debidos ajustes derivados del citado Acuerdo. Por otra parte, visto lo asentado en la certificación que antecede, se advierte que las partes no recurrieron el auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, además como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte1, se indica que el presente EXPEDIENTE es susceptible de DESTRUCCIÓN. Lo anterior, pues en el caso: se sobreseyó en el presente juicio de amparo y éste carece de relevancia documental en términos del numeral 15 del referido Acuerdo General. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese.

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Vista la razón de cuenta, practicada por la actuaria adscrita a este juzgado, de la que se advierte que asentó la imposibilidad material que tuvo para notificar a los quejosos ************, el proveído emitido el veintinueve de octubre de dos mil veinte, toda vez que la Juez de Ejecución del Primer Distrito Judicial del Estado, mediante auto de veintiocho de octubre pasado, ordenó su traslado a un centro penitenciario en el Estado de Yucatán. Ahora bien, no es el caso de proveer al respecto, toda vez que mediante acuerdo de admisión de tres de septiembre del año en curso, se tuvo señalado autorizado por parte de los solicitantes de amparo y como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, los estrados de este órgano de control constitucional, donde fue verificada la notificación del auto de veintinueve de octubre último, tal como se desprende del sello que obra al en el anverso de la foja que contiene la citada determinación; por ende, se tiene a la parte agraviada por debidamente notificada de esa determinación. En relación con lo anterior y visto el estado que guardan estos autos, se advierte del análisis integral de la demanda de amparo promovida por los citados ****************, que el ejercicio de la acción constitucional se realizó, en contra del acto y la autoridad que a continuación se especifican: ACTO RECLAMADO: La suspensión sin fundamentación y motivación de la audiencia de seis de agosto de dos mil veinte, señalada en el expediente ********, a fin de calificar la legalidad de la solicitud de traslado voluntario de sus defendidos **************, al centro penitenciario más cercano a su lugar de origen. AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez Primero de Ejecución del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad. En el presente caso, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. Actualización de una causa de improcedencia. Al respecto, cabe señalar que este juzgado advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados. Para justificar lo anterior, se acude al contenido del citado ordenamiento legal que establece la causal relativa a la cesación de efectos, el cual a la letra dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de los quejosos, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente al artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, así como de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el tema, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. II. Argumentos del sobreseimiento. De las constancias que obran en autos, especialmente de los oficios que remitió la responsable Juez Primero de Ejecución del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, a las cuales se concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2, así como de la razón de cuenta, practicada por la actuaria adscrita a este juzgado aparece que: La responsable Juez de Ejecución del Primer Distrito Judicial del Estado, domiciliado en esta ciudad, comunicó haber señalado el quince de octubre del año en curso, a las nueve y diez horas con treinta minutos, para la celebración de la audiencia oral para resolver sobre la solicitud de traslado voluntario de los ahí sentenciados *****************. Posteriormente, remitió oficios con transcripción de los puntos resolutivos de la resoluciones dictadas el quince de octubre de dos mil veinte, en el expediente *******, donde declaró procedente la solicitud de traslado voluntario de los antes señalados, del Centro de Readaptación Social de San Francisco Kobén, Campeche, al centro penitenciario que se designe en el Estado de Yucatán. De acuerdo con lo señalado por la fedataria de esta adscripción en la razón de treinta de octubre pasado, los solicitantes de amparo, ya había sido trasladados a otro centro de reclusión en el Estado de Yucatán. En esas condiciones, se colige, que en el presente caso sí se cumplen con los lineamientos citados con antelación, ya que para que se pueda configurar la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, es necesario que: a) El acto reclamado ha quedado insubsistente. Es de esa forma pues se ha demostrado que si bien el actuar de las responsable de mantener detenida la pretensión de los agraviados, relativa a la autorización de traslado voluntario a otro centro penitenciario más cercano a su lugar de origen, existía al momento de la presentación de la demanda de amparo, tal proceder ha finalizado, pues se dio curso a sus solicitudes y finalmente se accedió a su traslado, esto es, durante la sustanciación del juicio de amparo, circunstancias que produjeron de manera natural una situación jurídica que puso fin a la existencia y efectos de la inactividad reclamada. b) Desaparecieron los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. Esto es así, tomando en cuenta que el Juez de Ejecución del Primer Distrito Judicial del Estado, domiciliado en esta ciudad, dio curso a la pretensión de los agraviados y ordenó su traslado voluntario a otro centro penitenciario más cercano a su lugar de origen, lo cual llevó a cabo, tal y como consta en las documentales obran en autos; de ahí que se suprimieron del mundo fáctico los efectos de las omisiones reclamadas de forma inmediata, total e incondicional. c) Las cosas volvieron al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Lo anterior acontece, porque al haberse continuado con el trámite de la petición de traslado de los agraviados, concluyendo incluso con la resolución favorable, esa circunstancia trae como consecuencia que se les reponga en el goce de los derechos fundamentales que los quejosos consideraron vulnerados, restableciéndose así las cosas al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional, sin dejar huella alguna en los derechos de la parte agraviada, por lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado como si se hubiera otorgado el amparo impetrado, esto es, como si la inactividad de que se trata no hubiera invadido la esfera jurídica de los quejosos, y si lo hizo no dejara consecuencia alguna. Pues bien, al haberse acreditado los lineamientos establecidos por el más alto tribunal de la nación, es evidente la materialización en el caso de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado. III. Manifiesta e indudable causa de improcedencia. Así, se estima que la improcedencia del juicio constitucional es manifiesta e indudable. Es manifiesta, porque la causal de improcedencia, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado quedó demostrada con las constancias que integran este expediente. También es indudable, si se toma en cuenta que lo anterior de ninguna manera podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente puedan ofrecer las partes en la audiencia constitucional, de modo que el sentido de la sentencia sería el mismo. IV. Se sobresee en el juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO EN ESTE JUICIO, FUERA DE AUDIENCIA, y por ende, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. V. Anotación en el libro de gobierno. Asimismo, se ordena al Secretario judicial encargado del libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, proceda a realizar la anotación correspondiente. VI. Registro en el S. I. S. E. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos los oficios del Juez de Ejecución del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en los que informa que declaró procedente la solicitud de traslado voluntario de los sentenciados, aquí quejosos **************** y ********del Centro de Readaptación Social de San Francisco Kobén, Campeche, al Centro Penitenciario que se designe en el Estado de Yucatán; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese, y personalmente a los quejosos.

  4. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, catorce de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que aún no transcurre en su integridad el lapso de ocho días a que se refiere el artículo 1171 de la Ley de Amparo, entre el día siguiente a la fecha en que surtió efectos la notificación practicada a las partes, en la que se le dio vista con el informe justificado de la autoridad responsable Juez Primero de Ejecución del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y la presente fecha señalada, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo, de la ley de la materia, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para llevar a cabo tal evento procesal. Sirve de sustento, la jurisprudencia 54/2000 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Con la fijación de la nueva fecha, se da oportunidad para que el plazo de ocho días a que se refiere el invocado numeral transcurra en su integridad para las partes (entre esta fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo), permitiendo que las partes se impongan efectivamente de los informes, manifiesten lo que a su derecho corresponda y en su caso preparen las pruebas conducentes. Tiene aplicación a este punto la jurisprudencia 2a./J. 21/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO." Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades señaladas como responsables, toda vez que ya existe constancia de su notificación en el presente juicio de garantías y, por ende, este Órgano Jurisdiccional, está en aptitud de notificarla por medio de lista. En apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Hágase del conocimiento de las partes el presente acuerdo para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

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