Moises Domínguez Aldana
Expediente 83/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 30 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 83/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 31/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Moises Domínguez Aldana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Incidental
SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCION QUE DICE: Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva el presente asunto, archívese el presente incidente como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente incidente, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 14, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado por los órganos jurisdiccionales el siete de junio de dos mil veintitrés, el original del incidente de suspensión debe considerarse CONSERVABLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso b) de dicho acuerdo, toda vez que se negó por una parte, mientras que se concedió por la otra, la suspensión definitiva. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el artículo 17 antes invocado, deberá transferirse el original de este expediente, hecho lo anterior, dicho asunto se quedará bajo resguardo del Área coordinadora de archivos, hasta que se cumplan diez años, contados a partir de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del artículo 29 del aludido Acuerdo General. Sin embargo, toda vez que el presente incidente de suspensión, se formó por duplicado y separado en términos de lo establecido en el artículo 19, fracción II, inciso a) del aludido Acuerdo General, debe considerarse DESTRUIBLE y una vez que transcurran seis meses a esta fecha de archivo como asunto concluido, deberá destruirse el duplicado de expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCION QUE DICE: ÚNICO. Se declara que la ejecutoria dictada por este juzgado en los autos del juicio de amparo 83/2022-V promovido por Moisés Domínguez Aldana, se encuentra cumplida, sin que se advierta exceso ni defecto en su cumplimiento. Háganse las anotaciones correspondientes y se ordena el archivo del presente asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 fracción II del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente debe considerarse CONSERVABLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso a) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto en el que por una parte se sobreseyó, y por otra se concedió la protección constitucional. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 17 invocado, deberá transferirse este expediente, hecho lo anterior dicho asunto quedará bajo resguardo del Área coordinadora de archivos, hasta que se cumplan diez años, contados a partir de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del artículo 29 de dicho Acuerdo. En atención a que en el presente juicio de amparo se formó el incidente de suspensión, provéase lo conducente en dicho cuaderno.
- Principal
SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCION QUE DICE: Téngase por recibido el Oficio 2148, signado por la Secretaria de Estudio y Cuenta Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero de Primera Instancia del XIX Distrito Judicial con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento de veintinueve de junio del año en curso, informa que dejó insubsistente la resolución reclamada de dos de octubre de dos mil quince, únicamente por cuanto hace al quejoso Moisés Domínguez Aldana, y en consecuencia dejó sin efecto el oficio 2510 de esa misma data y el diverso 4857/2020 de ocho de octubre de dos mi veinte. Asimismo, el siete de julio del año en curso, emitió nuevamente orden de aprehensión en contra de Moisés Domínguez Aldana, por el delito de Pederastia. Asimismo, se tiene por recibida copia del Oficio 2147, mediante la cual, el Juez responsable hizo del conocimiento de la Fiscal adscrita a ese Juzgado, la cancelación de la orden de captura reclamada para los efectos legales procedentes.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren recurrido la sentencia dictada ocho de junio de dos mil veintitrés, en la cual por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo, mientras que por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2° de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En tales condiciones, atendiéndose a que en la sentencia de referencia se concedió la protección constitucional a efecto de que se realizara lo siguiente: Deje insubsistente la orden de aprehensión de dos de octubre de dos mil quince en lo concerniente al aquí quejoso ********************, emitida en la causa penal ********************del índice del extinto Juzgado Primero de Primera Instancia con sede en Cosamaloapan, Veracruz (actualmente causa penal ******************** Hecho lo anterior, dicte una nueva resolución en la que deberá dejar intocado lo que no fue materia de la presente concesión relativo al acreditamieto del cuerpo del delito y probable responsabilidad del quejoso en su comisión, prescindiendo de tener por acreditada la agravante prevista en la fracción II del artículo 183 del Código Penal del Estado vigente en la época de los hechos, siguiendo los lineamientos establecidos en la presente resolución y determine lo que conforme a derecho proceda. (.)" En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz y Coordinador de División de Detectives de la Policía Ministerial Zona Centro Cosamaloapan, Veracruz; a efecto de que den cumplimiento a la sentencia en sus términos, para lo cual se les concede un plazo de TRES DÍAS contado a partir del siguiente a su notificación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización en su valor diario de acuerdo a los artículos segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, conforme a lo que establecen los diversos 238 y 258 de la ley de la materia; y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que por turno corresponda o, en su caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se siga el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que sea procedente requerir al superior jerárquico del Juez Primero de Primera Instancia con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, tal como lo establece el artículo 192, párrafo tercero de la Ley de Amparo, habida cuenta que los Juzgadores ejercen su función sin más subordinación que la que tiene ante el derecho, pues gozan de plena autonomía para dictar y ejecutar sus resoluciones, de ahí que no se encuentren sujetos a potestad de autoridad alguna. Lo antes expuesto encuentra apoyo, en lo conducente, en la Jurisprudencia P./J. 63/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y tenor literal siguiente: "CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO).En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo." Ahora, requiérase al Director General de la Policía Ministerial, con sede en Xalapa, en su calidad de superior jerárquico de la diversa autoridad responsable Coordinador de División de Detectives de la Policía Ministerial Zona Centro Cosamaloapan, Veracruz, para que en el mismo plazo le ordene el cumplimiento de esta ejecutoria; en el entendido que el referido superior jerárquico queda obligado a demostrar que libró a sus inferiores tales órdenes, o de lo contrario, se hará efectivo en su contra el cobro de una multa de cien Unidades de Medida y Actualización en su valor diario, así como la separación de su puesto y su consignación para el fincamiento de la responsabilidad penal que corresponda, previo el trámite establecido en el artículo 193 de la Ley de Amparo.
Quedan 26 actuaciones en este expediente
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