Moisés de la Cruz Araiza
Expediente 161/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 161/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Moisés de la Cruz Araiza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno que en lo conducente dice: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con su anexo. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por admitida y desahogada en este acto, dada su propia y especial naturaleza, la prueba documental que acompaña dicha autoridad responsable. Visto el contenido del informe justificado que se agrega, en la parte en la que manifiesta: "[.] Es cierto el acto reclamado por los quejosos, consistente en la omisión de dictar acuerdo con efectos de ejecución de laudo, solicitado por el quejoso mediante escrito de fecha 09 de noviembre de 2020 dentro de los autos del juicio laboral 573/2015/M-2, toda vez que a la fecha de la presentación de su demanda de amparo, esta responsable no había acordado el escrito en comento, sin embargo se considera que los efectos del acto reclamado han cesado, en virtud que el pasado 24 de Marzo de 2021, esta Responsable emitió auto con efectos de requerimiento [.]" Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige, que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional la omisión de acordar la promoción que presentó el nueve de noviembre de dos mil veinte, dentro del expediente laboral 573/2015/M-2 del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, relativo al auto de requerimiento y embargo (ejecución del laudo), así como sus consecuencias legales. Calificación e hipótesis. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Interpretación del marco normativo. En torno a dicha causa de improcedencia, se precisa que los efectos de un acto no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye de forma total e incondicional todos los efectos del acto que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Caso concreto. Del escrito inicial de demanda y las constancias remitidas por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se advierte que: Los quejosos Moisés de la Cruz Araiza, Emmanuel de la Cruz Araiza y Adolfo Carmelo Medellín de la Cruz, por conducto de su apoderado jurídico, presentaron un escrito el nueve de noviembre de dos mil veinte ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, dirigido al expediente laboral 573/2015/M-2 de su estadística. A la fecha en que se presentó la demanda que dio origen a este juicio de amparo -veintiséis de febrero de dos mil veintiuno-, la autoridad responsable aún no había dictado el acuerdo relativo al ocurso antes citado. Finalmente, el Tribunal responsable dictó el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el que agregó el escrito presentado por la parte quejosa el nueve de noviembre de dos mil veinte, y ordenó el requerimiento de pago en ejecución del laudo respectivo. En este orden de ideas, se aprecia que el acto de omisión de que se duele la parte quejosa y que constituye la materia de violación a sus derechos humanos fue subsanado; pues al emitirse la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la que se acordó el escrito presentado por los quejosos el nueve de noviembre de dos mil veinte, cesó la omisión reclamada. Con el dictado de tal determinación se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. No escapa a la atención del suscrito, el hecho de que del informe y de las constancias que el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado allegó a este asunto, no se advierte que tal circunstancia se haya hecho del conocimiento a la parte quejosa, sin embargo, como en la especie se reclama, principalmente, violación al artículo 17 Constitucional, por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con la emisión de la determinación referida se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho humano infringido. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación de la determinación correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8 de la Constitución General de la República. Lo anterior evidencia que el acto y sus consecuencias jurídicas ya no agravian a los quejosos, pues al dictar la resolución respectiva, motiva como consecuencia necesaria que ya no produzca efectos jurídicos, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las nueve horas con cuarenta minutos del catorce de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con su anexo. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por admitida y desahogada en este acto, dada su propia y especial naturaleza, la prueba documental que acompaña dicha autoridad responsable. Visto el contenido del informe justificado que se agrega, en la parte en la que manifiesta: "[.] Es cierto el acto reclamado por los quejosos, consistente en la omisión de dictar acuerdo con efectos de ejecución de laudo, solicitado por el quejoso mediante escrito de fecha 09 de noviembre de 2020 dentro de los autos del juicio laboral 573/2015/M-2, toda vez que a la fecha de la presentación de su demanda de amparo, esta responsable no había acordado el escrito en comento, sin embargo se considera que los efectos del acto reclamado han cesado, en virtud que el pasado 24 de Marzo de 2021, esta Responsable emitió auto con efectos de requerimiento [.]" Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige, que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional la omisión de acordar la promoción que presentó el nueve de noviembre de dos mil veinte, dentro del expediente laboral 573/2015/M-2 del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, relativo al auto de requerimiento y embargo (ejecución del laudo), así como sus consecuencias legales. Calificación e hipótesis. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Interpretación del marco normativo. En torno a dicha causa de improcedencia, se precisa que los efectos de un acto no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye de forma total e incondicional todos los efectos del acto que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Caso concreto. Del escrito inicial de demanda y las constancias remitidas por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se advierte que: Los quejosos Moisés de la Cruz Araiza, Emmanuel de la Cruz Araiza y Adolfo Carmelo Medellín de la Cruz, por conducto de su apoderado jurídico, presentaron un escrito el nueve de noviembre de dos mil veinte ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, dirigido al expediente laboral 573/2015/M-2 de su estadística. A la fecha en que se presentó la demanda que dio origen a este juicio de amparo -veintiséis de febrero de dos mil veintiuno-, la autoridad responsable aún no había dictado el acuerdo relativo al ocurso antes citado. Finalmente, el Tribunal responsable dictó el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el que agregó el escrito presentado por la parte quejosa el nueve de noviembre de dos mil veinte, y ordenó el requerimiento de pago en ejecución del laudo respectivo. En este orden de ideas, se aprecia que el acto de omisión de que se duele la parte quejosa y que constituye la materia de violación a sus derechos humanos fue subsanado; pues al emitirse la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la que se acordó el escrito presentado por los quejosos el nueve de noviembre de dos mil veinte, cesó la omisión reclamada. Con el dictado de tal determinación se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. No escapa a la atención del suscrito, el hecho de que del informe y de las constancias que el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado allegó a este asunto, no se advierte que tal circunstancia se haya hecho del conocimiento a la parte quejosa, sin embargo, como en la especie se reclama, principalmente, violación al artículo 17 Constitucional, por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con la emisión de la determinación referida se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho humano infringido. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación de la determinación correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8 de la Constitución General de la República. Lo anterior evidencia que el acto y sus consecuencias jurídicas ya no agravian a los quejosos, pues al dictar la resolución respectiva, motiva como consecuencia necesaria que ya no produzca efectos jurídicos, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las nueve horas con cuarenta minutos del catorce de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte tercero interesada el proveído de diez de marzo de dos mil veintiuno que en lo conducente dice: Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de catorce de enero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados con los oficios y anexos remitidos por la Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrita al Centro de Justicia Penal Regional Sala Sede en San Luis Potosí, por los cuales informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha los terceros interesados se hayan manifestado al respecto; por otra parte, mediante proveídos de veintidós de enero y veintiséis de febrero, ambos del presente año, se agregaron los escritos presentados por el quejoso Oscar Iván ********, mediante los cuales manifestó su inconformidad con el cumplimiento dado por la autoridad responsable. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado a los terceros interesados, por lo que este Juzgado Federal procede a resolver de oficio, si la referida ejecutoria se encuentra o no cumplida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en un análisis comparativo de los efectos que fueron impresos en la sentencia de amparo y de las acciones realizadas por la autoridad responsable en las cuales da cumplimiento a ella, se advierte que satisfizo los principios constitucionales destacados en la primera. En las condiciones anotadas, este Juzgado Federal estima que está cumplida la ejecutoria de amparo, pues los efectos para los cuales se otorgó a la parte quejosa la protección constitucional, fue en primer término, para que se dejara insubsistente la resolución reclamada, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso, ... En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida totalmente la ejecutoria de amparo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Notifíquese personalmente.
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