Moises De Jesus Perez Sosa

Expediente 1882/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1882/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
29/06/2017

Partes del expediente

  • Moises De Jesus Perez Sosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    VI.- Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, del que se advierte que el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, causo estado la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, por lo que en ese acto se ordenó el archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido; por tanto, devuélvanse las constancias que adjuntó la autoridad responsable en alcance a su informe justificado, sin que sea necesario requerirle el acuse de recibo correspondiente, tomando en consideración que no son constancias originales.

  2. Principal

    VI.- De la certificación de cuenta se desprende que la parte quejosa, a quien se considera podría causarle algún perjuicio la sentencia de veintinueve de marzo del año en curso, a través de la cual se sobreseyó en el juicio, dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito, por ende, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación siguiente: 1) El cuaderno principal es susceptible de destrucción, porque se sobreseyó el juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo General Conjunto de referencia). 2) El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). En el entendido que en ambos expedientes (principal e incidental), no existen documentos exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este juzgado de Distrito carecen de relevancia documental y, además, no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obre el acuse de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará materialmente al archivo.

  3. Principal

    VI) AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Toluca, Estado de México, a las once horas con veinte minutos del veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional, relativa al juicio de amparo indirecto 1882/2016-VI, promovido por Moisés de Jesús Pérez Sosa, contra actos del Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otras autoridades, en audiencia pública Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, procedió a celebrarla sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia por el Juez, el Secretario da lectura a las constancias que obran en autos, y en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente. El Juez acuerda: en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de constancias para los efectos legales procedentes. PERIODO PROBATORIO. Abierto el periodo probatorio, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, el Secretario da lectura a las constancias que adjuntó al informe justificado la autoridad responsable, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas, en términos de la tesis aplicable por identidad de razón, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, julio-diciembre de 1987, página 185, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." El Juez acuerda: de conformidad con el ordinal 119 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas de cuenta, sin perjuicio de considerarlas al momento de dictar la sentencia correspondiente. Sin pruebas por desahogar, se cierra esta etapa. PERIODO DE ALEGATOS. Enseguida, de conformidad con el ordinal 124 de la ley de la materia, se declara abierta la etapa de alegatos y el Secretario da cuenta con el pedimento 01/2017 firmado por el representante social federal de la adscripción. Sin más que actuar, se cierra el período en que se actúa. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1882/2016-VI, promovido por Moisés de Jesús Pérez Sosa, contra actos del Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el ocho de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnada el mismo día a este órgano jurisdiccional, Moisés de Jesús Pérez Sosa, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE "JUEZ OCTAVO DE LO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. SEGUNDO SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO OCTAVO DE LO FAMILIAR DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. CDC CONSERVAS, S.A. DE C.V." ACTO RECLAMADO "..la ejecución de la sentencia definitiva que no obstante que fue impugnada y por ello no ha causado ejecutoria tal y como fue ordenado en la propia resolución definitiva que se encuentra impugnada en la que el juzgador resolvió que una vez que esta cause ejecutoria se procederá a su ejecución, no como en el presente caso con antelación a que suceda lo anterior y cuya consecuencia, lo es que ha girado el oficio a la empresa donde el quejoso presta sus servicios para que se lleve a cabo el descuento del quince por ciento del total de las percepciones extraordinario y extraordinarias, por lo que en resumen esto es lo que constituye el acto reclamado y no la sentencia definitiva que ya fue impugnada a través del recurso ordinario." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales transgredidos. El quejoso precisó como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 18 a 21), se admitió a trámite la demanda de amparo, únicamente por lo que respecta al acto atribuido al Juez Octavo de lo Familiar de este Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó a la responsable informe justificado, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se celebró en términos del acta precedente, la cual concluye con el dictado de esta determinación; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el diverso 54, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado se atribuyó a una autoridad con residencia oficial dentro del ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Aplicación tesis y jurisprudencias. Previo al análisis de la cuestión debatida en el presente juicio de amparo, resulta indispensable precisar que las tesis que se invoquen en la presente resolución, emitidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Amparo publicada el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, este juzgado federal las considera aplicables a los supuestos para los que se invocan, al no contravenir las disposiciones de la legislación vigente, en términos de su artículo sexto transitorio. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIX, del mes de abril de 2004, página 255, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En este orden de ideas, del análisis integral del libelo constitucional se advierte que la parte quejosa reclama:  La ejecución de la sentencia emitida en el expediente 1040/2015, consistente en la emisión del oficio dirigido a la empresa denominada CDC Conservas, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través del cual, el Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, ordena a ésta, proceda a realizar descuento del quince por ciento del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias que percibe el quejoso en dicha empresa, por concepto de pensión alimenticia definitiva. La fijación del acto antes señalado se realiza sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa realizó respecto a su inconstitucionalidad, puesto que ello se realizará, en su caso, en el apartado relativo al estudio de fondo respectivo, de conformidad con la jurisprudencia definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 9 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 11, que a la letra señala: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". CUARTO. Existencia del acto reclamado. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 10, publicada en la página sesenta y ocho, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Establecido lo anterior, es cierto el acto reclamado, atribuido al Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, pues al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que por esta vía se le reclama (foja 42). Es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con las constancias que la autoridad responsable acompañó en apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente 1040/2015, del índice de la responsable, constancias a las que, dada su naturaleza de documentales públicas, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causas de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aún de oficio, lo aleguen o no las partes. Apoya esta consideración la Jurisprudencia VI.2o. J/323, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del mes de Agosto de 1994, foja 87, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la litis constitucional planteada. Lo anterior tiene sustento en la Tesis IV.3o.108 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, del mes de Febrero de 1995, foja 353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes". Al respecto, se estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos preceptos de la Ley de Amparo; éste último interpretado a contrario sensu, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.) En principio, es de puntualizar que la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece la posibilidad de actualización de alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones procedentes, de manera tal, que éste apartado da sustento y apoyo legal a la improcedencia legal y jurisprudencial; es decir, la derivada de disposiciones distintas a las fracciones procedentes, mismas que pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución General de la Republica, de la Jurisprudencia o algún otro ordenamiento legal. Esto es, implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, pues existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, como la derivada de los criterios jurisprudenciales. Por otra parte, la fracción IV, del artículo 107 de la actual Ley de Amparo, establece como presupuesto de procedencia del amparo en la vía indirecta, al impugnarse actos dictados en ejecución de una sentencia; sin embargo, éstos deben tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, de manera que no cualquier auto o resolución pronunciados en esta etapa, son reclamables en juicio constitucional. Es decir, el juicio de garantías biinstancial, procede únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, es decir, aquélla que declara cumplida la sentencia o convenio, o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla. Al caso se cita, la jurisprudencia 32/2001 consultable en la página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En esa tesitura, la fracción IV, del artículo 107 de la actual Ley de Amparo, se apoya en el principio de economía procesal y, pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución; esto es, que el espíritu del legislador de amparo es impedir que las partes contendientes en un procedimiento puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante promoción de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo. Así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, pueda hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se hubieren cometido en la sentencia en que se desapruebe o apruebe, lo que aún no acontece. De igual forma, el Máximo Tribunal también ha sustentado el criterio de que el amparo indirecto no procede en contra de actos intermedios dictados en ejecución de sentencia, incluso si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante, pues en estos casos, también debe promoverse el amparo contra la última resolución, esto es, contra la que culmine el procedimiento respectivo, en los términos señalados en párrafos que anteceden. Sin embargo, ha establecido una excepción al criterio general señalado, precisando que los actos dictados en ejecución de sentencia, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Tal como se aprecia en la tesis jurisprudencial P./J.108/2010, emitida por unificación de criterio, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, visible en la página 6, Novena Época, enero de dos mil once, del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." No pasa inadvertido que dicho criterio se sustente en el dispositivos 114, de la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de las fracciones III y IV a que hace alusión, está reflejado en las fracciones IV y V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, conforme a las cuales, en la parte que interesa, la primera establece la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución -al igual que la fracción III del artículo 114 de la ley anterior-; y, la segunda, la procedencia del amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación -en términos de la fracción IV del citado artículo de la ley anterior-, precisando además, la ley vigente, que por aquéllos deben entenderse los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano se parte; de ahí que, aun cuando el criterio citado fue emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, a la fecha, resulte aplicable. Ahora bien, a fin de establecer las razones por las cuales se considera actualizada la causa de improcedencia en comento, respecto del acto recamado consistente en la emisión del oficio dirigido a la empresa denominada CDC Conservas, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través del cual, el Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, ordena a ésta, proceda a realizar descuento del quince por ciento del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias que percibe el quejoso en dicha empresa, por concepto de pensión alimenticia definitiva, conviene precisar que tal determinación fue emitida en la etapa de ejecución. Lo anterior, ya que de las copias certificadas del expediente de origen, mismo que se tiene a la vista al resolver y goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la ley de la materia, toda vez que se trata de documentos públicos; se aprecia que en cumplimiento a la sentencia el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable elaboró el oficio 3840, dirigido a la empresa denominada CDC Conservas, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través del cual, solicitaba a ésta, procediera a realizar descuento del quince por ciento del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias que percibe el quejoso en dicha empresa, por concepto de pensión alimenticia definitiva; comunicado que fuera entregado al autorizado de la tercero interesada el veintiocho siguiente. Determinación esta última que constituye el acto reclamado en el presente juicio; por lo que resulta inconcuso que se trata de un auto emitido en la etapa de ejecución del expediente 1040/2015, pues a través de él, se pretende dar cumplimiento a la sentencia de once de noviembre de dos mil dieciséis; cuya ejecución puede solicitarse en cualquier momento al versar sobre alimentos de un menor, por lo que presumirse comenzó a materializarse el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, cuando fuera recepcionado el oficio de mérito por parte del autorizado de la tercero interesada. Actuación que, en modo alguno es la última dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que por última resolución se entiende en forma genérica, la que declara cumplida la sentencia o convenio que tienen la calidad de cosa juzgada como culminación de un juicio en que ya se cumplió con el derecho de audiencia, y con las formalidades esenciales del procedimiento. En efecto, la referida determinación dictada en la etapa de ejecución de lo sentenciado, y que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional, no le reviste la característica de ser la última actuación dentro de ese procedimiento, pues se encuentra dentro de la fase de cumplimiento forzoso de la sentencia, relacionado precisamente con obtener su cumplimiento; por ende, tal determinación no puede ser estudiada a través del amparo biinstancial, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria de esa etapa ejecutiva, momento en el cual válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Corolario a lo expuesto, la razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de amparo contenida en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que en relación con los actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo procede únicamente contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, momento en el cual se pueden reclamar, en la misma demanda, las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, lo cual tiene su razón de ser en el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. En lo conducente se cita la tesis publicada en la página 1345 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 2009, Tomo XXX, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; en el caso del auto de ejecución, dictado por el Juez, en el que en cumplimiento de la condena que establece una obligación de pago, se ordene el requerimiento de la misma con motivo de la cantidad líquida a que se condenó a la parte que la adeudare y se le aperciba que en caso de no hacerlo se embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de dicho adeudo, no constituye la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual proceda la vía constitucional biinstancial, porque se encuentra supeditado al resultado de las diligencias materiales de lo ordenado, que dependen de la voluntad del condenado, por lo que en caso de que se logre o no el pago requerido, la autoridad determinará los actos conducentes a la ejecución correspondiente en contra de los que no procede el amparo indirecto. Lo anterior es así, en virtud de que el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público; sin embargo, los proveídos que se dicten para ello se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo que se ordenó, los que a su vez dependen de dos factores, consistentes en la voluntad del condenado y la posibilidad o no de lograr el pago requerido y que son actuaciones que se emitirán conforme al contenido de la resolución definitiva. Por tanto, será hasta que se haga el pago de lo condenado o se declare la absoluta imposibilidad para ello, que proceda el amparo con el posible efecto restitutorio que le imprime el artículo 80 de la Ley de Amparo, que permite restablecer el orden constitucional mediante la devolución de lo pagado si se demuestra la violación de garantías." En ese contexto, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en análisis, atendiendo a que en la etapa de ejecución de sentencia, en el particular, no puede combatirse cualquier acto, pues de estimarse procedente el juicio de amparo contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo que además dejaría de ser acorde con la intención del legislador en el sentido que no se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, mediante la promoción indiscriminada del juicio constitucional, contenida en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Finalmente, se estima pertinente precisar que la admisión de la demanda de amparo, no constituye un impedimento para estudiar de oficio la causa de improcedencia analizada en esta sentencia, pues este órgano de control constitucional está obligado a ello, de acuerdo a la propia ley y la jurisprudencia. En lo conducente es aplicable la tesis publicada en la página 544, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, Octava Época, de contenido: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por todo lo anterior, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte inconforme. Las manifestaciones precedentes cobran aplicación en la jurisprudencia VI. 1o. J/23, publicada en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXII-XXIV, Octubre-Diciembre de 1989, Materia Común, Octava Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Moisés de Jesús Pérez Sosa, por derecho propio, en contra del acto y autoridad precisados en el considerando tercero y cuarto, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    VI. Toluca, Estado de México; nueve de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guarda el presente sumario, del que se advierte que no ha transcurrido la vista a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, concedida a las partes en auto de uno de marzo de dos mil diecisiete, con las constancias enviadas por el Juez Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional; en consecuencia, para dar margen a que se cumplimente lo anterior y así no violar las reglas procedimentales que rigen al juicio de amparo, la audiencia constitucional se difiere y se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo. Sobre el particular tiene aplicación, la jurisprudencia 7, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2001, actualización 2001, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe.

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