Moisés Cortés Pimentel

Expediente 917/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
917/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
25/10/2018

Partes del expediente

  • Moisés Cortés Pimentel

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. De conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta recibido vía electrónica, procedente del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, a través del cual se acusa recibo del diverso 26828/2018, por el que se remitió el juicio de amparo 917/2018, promovido por Moisés Cortés Pimentel, por conducto de su defensor, asimismo se informa que dicha autoridad se avocó al conocimiento del citado controvertido. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, al tratarse de un cuaderno de antecedentes y no existir documentos originales, de conformidad con el punto vigésimo, fracción I, del acuerdo en cita, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el treinta de abril de dos mil diecinueve.

  2. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de cuenta, promovida por Moisés Cortés Pimentel, por conducto de su defensor, contra el acto reclamado del Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el orden 917/2018. Ahora, de la lectura de la demanda, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: * La determinación de dos de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente SIPE 200/2018, en que se declaró improcedente el beneficio de libertad anticipada solicitada por el quejoso. Expuesto lo anterior, es menester puntualizar que las cuestiones de competencia son de orden público y oficioso pronunciamiento. Esto, con base en la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 309 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCVII, que dispone: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". Asimismo, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De este dispositivo se obtiene, en lo que interesa, que en relación con los actos reclamados que requieran ejecución material, como en el caso se actualiza, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese sentido, si se toma en cuenta que el amparista está privado de su libertad personal en el interior del Centro de Reinserción Social "Cinco", "Oriente" en Villa Aldama, en el Estado de Veracruz, purgando la pena de prisión impuesta en la causa 150/2014, del registro del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, respecto de la cual solicitó la libertad anticipada, es inconcuso que este órgano de control constitucional carece de competencia, por razón de territorio, para conocer de la demanda, pues el acto reclamado tiene ejecución en el Estado de Veracruz. En ese contexto, de conformidad con la fracción VII, párrafo primero, del Punto Cuarto del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que la competencia legal se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en turno, que ejerce jurisdicción en el lugar donde se ejecuta el acto reclamado. Es aplicable, en lo conducente, dado que no se opone a la ley de la materia vigente, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 633 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, Abril de 2014, del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido". Consecuentemente, fórmese cuaderno de antecedentes y remítanse los autos originales al juez que se estima competente para conocer del asunto, a quien se solicita acuse de recibo vía fax. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado.

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