Moisés Correa Correa

Expediente 424/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 29 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
424/2022
Año
2022
Actuaciones
29
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • Moisés Correa Correa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y toda vez que no se interpuso recurso de revisión en contra del proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído ha quedado firme, glósese el original del incidente de suspensión respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en virtud de que en proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Asimismo, como en los autos del incidente de suspensión se declaró sin materia al resolverse sobre la suspensión definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de Destrucción, en términos del artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo General. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de Destrucción por ubicarse en la hipótesis prevista en el 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado el asunto. Notifíquese.

  2. Incidental

    ****Por lo expuesto y fundado, se resuelve: RESUELVE: ÚNICO. Se declara que HA QUEDADO SIN MATERIA EL PRESENTE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN derivado del juicio de amparo promovido por los quejosos directos ***y el menor de edad identificado con las iniciales ***** por las razones expuestas en el último considerando de esta interlocutoria. Notifíquese.

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio CMVA/351/2022, enviado vía correo electrónico, por el Encargado de Despacho de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Hidalgo, Michoacán, por medio del cual en cumplimiento al auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós y con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe previo que le fue solicitado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. En la inteligencia de que el aludido oficio remitido vía correo electrónico, previamente ha sido certificado por el Secretario de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la Octava Época, del tomo XI, del mes de abril de 1993, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS. Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Notifíquese.

  4. Principal

    ...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de los informes rendidos por las autoridades responsables Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula II-3 Morelia, Estado de Michoacán y Encargado del Despacho de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Hidalgo del citado estado, en relación con las constancias actuariales de quince de abril de dos mil veintidós, llevadas a cabo por la Actuaria adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zitácuaro, Michoacán (fojas 72 y 73, 125, 126, 203 a 206), este órgano jurisdiccional, estima que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Ahora bien, de las demandas presentadas por..., en favor d... y del menor de edad identificado con las iniciales A.P., contra actos del Director de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal del Municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán y otras autoridades, se advierten que los actos reclamados en el juicio de amparo 424/2022 y sus acumulados 425/2022 y 426/2022 en que se actúa, consisten en: ". 1. El Acto reclamado: Todos los descritos y prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, incluyendo la privación ilegal de la libertad del quejoso fuera de todo procedimiento, la incomunicación, la tortura de que está siendo objeto y la presunta o probable desaparición forzada de personas en la persona de los quejoso." En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional, como se anticipó, se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se advierte, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de Improcedencia del juicio Constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la Constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario Constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia Constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia Constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, como se dijo anticipadamente, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dice lo siguiente: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La cesación de los efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo realizó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pero con la condición de que en todo caso se destruyan sus consecuencias en la esfera jurídica del afectado. La razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que al desaparecer no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación Constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo en cita, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía para su protección exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En este sentido, cabe recapitular, como se vio párrafos previos, los actos reclamados se hacen derivar de la privación ilegal de la libertad fuera de todo procedimiento y, como consecuencia de ello, la posible incomunicación y tortura de la que fueron objeto; así como la presunta o probable desaparición forzada de personas, respecto de los aquí quejosos directos. Luego, de los informes rendidos por las autoridades responsables Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula II-3 Morelia, Estado de Michoacán y Encargado del Despacho de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Hidalgo del citado estado, en relación con las constancias actuariales de quince de abril de dos mil veintidós, llevadas a cabo por la Actuaria adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zitácuaro, Michoacán (fojas 72 y 73, 125, 126, 203 a 206), se advierte, que a las quince horas con veinte minutos del quince de abril de dos mil veintidós, el referido agente dejó en libertad al aquí quejoso Moisés Correa Correa, así como, que a las veintidós horas con treinta minutos del trece de abril del año en curso, fue puesto en libertad al diverso quejoso menor de edad de iniciales A.P.M., quien fue recibido por su progenitora María Concepción Martínez; lo que fue corroborado por la aludida actuaria y se desprende de las constancias remitidas por el mencionado encargado. Documentales que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". De esta manera, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, tomando en consideración que los actos reclamados se hacen derivar de la privación ilegal de la libertad fuera de todo procedimiento y, como consecuencia de ello, la posible incomunicación y tortura de la que fueron objeto; así como la presunta o probable desaparición forzada de personas, respecto de los aquí quejosos directos; así como, que posterior a la presentación a la demanda -trece de abril de dos mil veintidós (como se advierte de la certificación que obra a fojas 8 a 10)-, los quejosos directos fueron puestos en libertad, dejando de surtir sus efectos los actos reclamados, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Ello es así, dado que si bien es cierto, que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado la privación ilegal de la libertad fuera de todo procedimiento y, como consecuencia de ello, la posible incomunicación y tortura de la que fueron objeto; así como la presunta o probable desaparición forzada de personas, respecto de los aquí quejosos directos; también lo es, que ya fueron puestos en libertad los referidos quejosos, ello con posterioridad a la presentación de la demanda de derechos fundamentales. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sin que sea obstáculo a ello, que también se reclamara las consecuencias de la privación ilegal de la libertad de los quejosos, como pudiera ser la posible incomunicación y tortura de la que fueron objeto; así como la presunta o probable desaparición forzada de personas; puesto que ello lo hicieron depender de dicha privación, la cual dejó de surtir sus efectos y, por ende, los efectos de los demás actos consecuencia de la primera. Sirve de apoyo en lo conducente, por identidad jurídica y por las razones que informa la Tesis: II.2o.P.93 P (10a.), Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Penal, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo III, página 1779, que dice: "ACTOS PROSCRITOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, RECLAMADOS ÚNICAMENTE COMO CONSECUENCIA DE LA ORDEN DE TRASLADO. RESULTA INNECESARIO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DISPONGA MEDIDAS ADICIONALES PARA INDAGAR SOBRE SU EXISTENCIA, SI LAS RESPONSABLES NEGARON EL TRASLADO COMBATIDO. De conformidad con la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO.", cuando se reclaman actos de tortura en el juicio de amparo de manera autónoma, es insuficiente para estimar su inexistencia, la simple negativa pronunciada al respecto por las autoridades responsables; sin embargo, tal criterio resulta inaplicable cuando el quejoso no controvierte actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, de manera autónoma y destacada, sino únicamente como consecuencia indefectible del traslado combatido. Por lo que si la inexistencia del aludido mandato de reubicación quedó plenamente acreditada en autos, sin que el inconforme aportara prueba en contrario, es innecesaria la obtención de probanza adicional alguna, en relación con las consecuencias que se hicieron derivar de aquél, siempre que no se hubieren reclamado de forma independiente." En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓ

Quedan 25 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano