Moisés Cerón Jiménez

Expediente 173/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
173/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
05/03/2018

Partes del expediente

  • Moisés Cerón Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, México; a cinco de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veinte de febrero del año en curso (foja 22), a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ********************, sin que la parte quejosa haya hecho valer recurso alguno; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, con fundamento en lo establecido en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. De igual modo, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado, Azucena Lazalde Íñiguez, que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, México; a veinte de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no desahogó la prevención formulada en auto de siete de febrero del año en curso (fojas 18 a 21); en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el proveído de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Moisés Cerón Jiménez. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, no obstante que el presente auto debe notificarse de manera personal a la parte quejosa, como lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso j), de la ley de la materia, lo cierto es que por auto de siete de febrero del año en curso (fojas 18 a 21), se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte la lista que se fija en este Juzgado de Distrito; por tanto, realícese la notificación de este auto por medio de lista. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado, Azucena Lazalde Íñiguez, que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VIII.- Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual el Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, informa las gestiones tendentes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Es de vital importancia recordar el interés superior de la menor, el principio de no discriminación, el derecho de opinar en todos los asuntos que le afectan, que sean debidamente tomadas en consideración sus opiniones, su derecho a la vida, supervivencia, desarrollo, a que no se le deje sin defensa, no obstante su condición de menor de edad. Es aplicable la tesis 1a. CCCLXXIX/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes cuatro de diciembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de la Federación, materia constitucional, Décima Época, con número de registro 2010602, que establece: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO. De la jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a.), de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS." (1), deriva que el interés superior del menor es un principio vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, cuya aplicación se proyecta en tres dimensiones: a) como derecho sustantivo, en cuanto a que el interés referido sea consideración primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una cuestión debatida; b) como principio jurídico interpretativo fundamental, en el sentido de que si una norma jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma más efectiva sus derechos y libertades, a la luz del interés superior del menor; y, c) como norma de procedimiento, conforme a la cual, siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión, una estimación de las posibles repercusiones en ellos. Asimismo, la justificación de la medida adoptada deberá dejar patente que se consideró el interés superior del menor en el análisis de las diversas alternativas posibles." Es menester señalar, que en los pasados acuerdos de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 1377 a 1379) once, dieciocho y veinticinco de enero de dos mil dieciocho (fojas 1404, 1425 y 1451), se requirió al Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec para que, entre otras cuestiones, remitiera el resultado del oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, relativo al periodo de búsqueda para que las instituciones crediticias Banco Nacional de México; Banco Mercantil del Norte; BBVA Bancomer y Banco Santander (México), todas Sociedades Anónimas, proporcionen información respecto de movimientos y el lugar en donde se efectuaron los mismos respecto de las cuentas activas e inactivas a nombre de José Rodrigo García Bringas; en aras de lograr con el paradero de la menor y de su progenitor. Para lo cual, debía remitir copias certificadas, legibles y completas de las constancias que así lo acreditaran; sin embargo, en el oficio de cuenta, aduce nuevamente, entre otras cuestiones, que ya fue entregado oficio recordatorio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sin que remitiera copias certificadas, legibles y completas de las constancias que acreditaran su dicho o que acreditara que hubiera impuesto alguna medida de apremio por no haber obtenido respuesta por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Máxime que, desde acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, se le ordenó remitir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un "periodo de búsqueda", para que las instituciones crediticias Banco Nacional de México; Banco Mercantil del Norte; BBVA Bancomer y Banco Santander (México), todas Sociedades Anónimas, proporcionen información respecto de movimientos y el lugar en donde se efectuaron los mismos respecto de las cuentas activas e inactivas a nombre de José Rodrigo García Bringas; en aras de lograr con el paradero de la menor y de su progenitor (fojas 1257 y 1258). No pasa inadvertido para este Juzgador, que la referida autoridad ha manifestado haber girado oficios recordatorios a la citada Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin embargo, su actuar implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo que retardan su cumplimiento, cuyo objetivo consiste en no cumplir con el mandato federal, por llevar a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), publicada en la página 11, del Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, de noviembre de 2014, materia común, Décima Época, con número de registro 2007914, que establece: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." En atención a lo anterior y toda vez que la autoridad responsable Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, ha sido omisa en acatar y dar cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional, en los proveídos de referencia; con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 258 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinticinco de enero de dos mil dieciocho (fojas 1451 y 1452) y se impone a dicha autoridad, una multa de cien veces la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, a fin de estar en aptitud de hacer efectiva la multa a la persona que desempeña dicho cargo, se requiere al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, para que en el plazo de tres días previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º, proporcione a este órgano jurisdiccional la información personal (nombre, domicilio particular, edad, Registro Federal de Contribuyente, etc.) de la persona o personas físicas que han desempeñado el cargo de Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, a partir del veinticinco de enero de dos mil dieciocho, a fin de hacer efectiva dicha multa. En el entendió que, en caso de omisión o tener una conducta contumaz o evasiva, de conformidad con los artículos antes citados, en relación con el diverso 258 de la propia legislación, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En el entendido de que una vez que este juzgado obtenga dicha información y la presente determinación cause firmeza, se remitirá el oficio correspondiente a la autoridad fiscal administrativa, a fin de que realice el cobro respectivo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que reciba la notificación del presente proveído, remita los resultados de las diligencias derivadas de: * El resultado del oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, relativo al periodo de búsqueda para que las instituciones crediticias Banco Nacional de México; Banco Mercantil del Norte; BBVA Bancomer y Banco Santander (México), todas Sociedades Anónimas, proporcionen información respecto de movimientos y el lugar en donde se efectuaron los mismos respecto de las cuentas activas e inactivas a nombre de José Rodrigo García Bringas; en aras de lograr con el paradero de la menor y de su progenitor. * El resultado de las diligencias que realicen los Policías Federales Ministeriales de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL, Carlos González González y Luis Ignacio Franco Mondragón, relativo a la búsqueda y localización de la menor y su progenitor, en la alerta amarilla F-1903/9-2017 y en la alerta migratoria CM/INTERPOL/007,471/2017. Máxime que, desde el seis de septiembre de dos mil diecisiete, la Secretaria del juzgado responsable entabló comunicación con el referido agente Carlos González González (foja 1180). Asimismo, de cumplimiento al fallo protector y remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias que así lo acrediten. Se apercibe a la referida autoridad, que en caso de ser omisa, se le impondrá nuevamente multa de mil veces la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos del artículo 237, fracción I, en relación con el 258 de la Ley de Amparo y, se procederá en términos del párrafo tercero del artículo 192 de la legislación citada; es decir, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

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