Moisés Castañeda Barradas
Expediente 627/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Moisés Castañeda Barradas
Actuaciones
- Principal
PRAL.627/2022.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose que el diez de junio de dos mil veintidós se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Moisés Castañeda Barradas, contra actos del delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Oaxaca (Semarnat), del que quedó notificado el trece de junio siguiente, por lo cual, el plazo conferido para hacer valer en su contra el recurso de queja a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del quince al veintiuno de junio del año en curso, sin que hubiere interpuesto dicho medio de impugnación. 2. Causa estado determinación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que el auto inicial y las demás resoluciones, estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de las referidas actuaciones se realizarán en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino (destruible). Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, dado el sentido de la resolución que puso fin al juicio de amparo (por no presentada demanda de amparo) y no existe acuerdo por el que se hubiere concedido la suspensión de oficio y de plano, se considera que este expediente es DESTRUIBLE; así, será resguardado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción sobre certificación. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que tiene a su cargo el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 7. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.627/2022.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de junio de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación que antecede, advirtiéndose que ha fenecido el plazo concedido al quejoso Moisés Castañeda Barradas en proveído de treinta y uno de mayo de este año, para que cumpliera con la prevención ahí formulada, respecto de la demanda de amparo que promovió contra actos del delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Oaxaca (Semarnat), del que quedó notificado el uno de junio siguiente, por lo que el término transcurrió del tres al nueve de junio del año en curso, sin que hubiere cumplido. 2. Por no presentada demanda de amparo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la promoción inicial constitucional de que se trata. Tiene aplicación al respecto, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LI, Quinta época, página 208, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE ACLARACIÓN DE LA". Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.803/2021.MESA-1 Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo 803/2021; y, R e s u l t a n do: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en este municipio, remitido en la misma fecha, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, a) Julio Rivera Rivera y b) Amelia Gómez Durán, presidente y tesorera del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad San Jerónimo Sosola, Oaxaca, así como de c) Luis Avendaño Flores Santiago, d) Celia Santiago Soriano y e) Juan José Durán Durán, presidente, primera secretaria y segundo secretario, respectivamente, del Consejo de Vigilancia de dicha comunidad, solicitaron, por propio derecho y en representación de la referida comunidad, el amparo y protección de la Justicia Federal contra: - La orden verbal o escrita y su ejecución de desposesión de terrenos comunales por construcción de camino con concreto hidráulico con una dimensión de siete metros de ancho por diecisiete kilómetros de largo, fuera de la ruta acordada para ejecutar esa obra; y, - La omisión de solicitar la anuencia a la Asamblea General de Comuneros por haber cambiado la ruta del camino y para la extracción de material pétreo en zona comunal. Atribuido a las autoridades responsables: 1. Presidente Municipal de San Jerónimo Sosola, Etla, Oaxaca. 2. Integrantes del Comité Comunitario de Participación Social de San Jerónimo Sosola. 3. Director General del Centro, Oaxaca, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 4. Representante Estatal del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo en el libro de gobierno. Por auto de fecha veintinueve de julio de dos mil veintiuno se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 803/2021 y se previno a la parte quejosa para que la aclarara, en los términos siguientes: ". 1° Especifique cuáles son los terrenos que las autoridades pretenden desposeer con la construcción del camino de concreto hidráulico con una dimensión de siete metros de ancho por diecisiete kilómetros de largo. Es decir, atendiendo a la imprecisión con la que señala el acto, deberá especificar concretamente cuál es la ubicación o puntos geográficos en los que se encuentran los terrenos que, dice, pretenden desposeer. Por otra parte, refiere haber solicitado informes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que le aclarara por qué cambio de ruta. Debido a ello, deberá aclarar: 2° En qué fecha le solicitaron el informe que menciona. 3° A qué autoridad en específico dirigió tal petición y sí la misma la realizó de forma verbal o escrita. 4° Si a la fecha, ya le dieron contestación. 5° Y en su caso, si pretende señalar como acto reclamado la falta de contestación a esa solicitud. Bajo protesta de decir verdad, en el hecho ocho que constituye antecedente de los actos reclamados, refiere: "Desconociendo el tema en la actualidad, han empezado a realizar trabajos de corte de cerro, rastreo de calles, y acarreo de materiales pétreos, inclusive sabemos de la existencia de un oficio del Presidente Municipal donde manifiesta contar con la anuencia de la Asamblea General de Comuneros para la extracción de los materiales, sin que sea esto cierto." 6° Por tanto, dirá a qué se refiere cuando menciona de la existencia de un oficio del presidente Municipal donde manifiesta contar con la anuencia de la Asamblea General de Comuneros para la extracción de los materiales. Es decir, en vía de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, deberá manifestar si el presidente Municipal les hizo saber el contenido del oficio que mencionan o por qué motivo saben que el mismo, se refiere a la anuencia de la Asamblea General de Comuneros para la extracción de los materiales. 7° Finalmente, del escrito de demanda, no se advierte claramente por qué, quien funge como secretario del Comisariado de Bienes Comunales, Moises Gómez Durán, no firmó el escrito de demanda; sólo aducen que, al parecer, forman parte del comité de pavimentación. Por ello, deberá aclarar: si el Comité que refiere, tiene algún interés contrario al Comisariado del cual son integrantes. O explique a detalle el motivo por el que dicho secretario del Comisariado no firmó la demanda de amparo, como lo refieren los ocursantes". Tercero. No se tuvo por cumplida prevención. Por escrito presentado el seis de agosto de dos mil veintiuno los promoventes del amparo señalaron que: a. El terreno comunal objeto de desposesión por pavimentación es en el paraje "Chaparro de muerto". b. La fecha en que se solicitó informes sobre cambio de ruta se hizo mediante escritos de once y dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. c. La petición se realizó por escrito al director general del Centro, Oaxaca, de la SCT. d. Existió contestación en el sentido de que fuera la asamblea la que definiera la ruta de pavimentación. e. No señalaban como acto reclamado la falta de contestación. f. Tienen conocimiento del oficio en el que el presidente expresó contar con la anuencia de la asamblea general de comuneros porque giró oficio MSJS/EML/170/2021, de dieciocho de junio (sic) al secretario de Bienes Comunales. g. El Comité Comunitario de Participación Ciudadana de San Jerónimo Sosola, Oaxaca, sí tiene interés contrario al Comisariado de Bienes Comunales, porque están encargados de vigilar la ejecución de la pavimentación. Y por acuerdo de once de agosto de ese mismo año se tuvo por no cumplida con la prevención formulada. Cuarto. Cumple prevención y se admite demanda de amparo. Ante el cumplimiento de la prevención formulada, por haber manifestado la parte quejosa, bajo protesta de decir vedad, cómo se tuvo conocimiento del oficio por el que se expresó tener anuencia de la asamblea general de comuneros, por auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se citó a las partes para la audiencia constitucional, que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza agraria, y los actos reclamados, dijo la parte quejosa, se ejecutan en San Jerónimo Sosola, Etla, Oaxaca, sobre el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados por la parte quejosa y por los cuales se realizará el análisis relativo, son: -La orden verbal o escrita y su ejecución de desposesión del paraje "Chaparro de muerto", por la construcción de un camino con concreto hidráulico con una dimensión de siete metros de ancho por diecisiete kilómetros de largo, fuera de la ruta acordada para ejecutar esa obra; y, -La omisión de solicitar la anuencia a la Asamblea General de Comuneros por haber cambiado la ruta del camino y para extracción de material pétreo en zona comunal. Reclamados al: a) Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Oaxaca. b) Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca, c) Presidente Municipal del municipio de San Jerónimo Sosola, Etla, Oaxaca. d) Coordinador del Comité Comunitario de Participación Social de San Jerónimo Sosola, Etla, Oaxaca. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables: a) Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Oaxaca. b) Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca, c) Presidente Municipal del municipio de San Jerónimo Sosola, Etla, Oaxaca. d) Coordinador del Comité Comunitario de Participación Social de San Jerónimo Sosola, Etla, Oaxaca. Al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados. Sin embargo, el director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Oaxaca refirió que: 1. Con fecha dieciséis de febrero de dos mil veintiuno se celebró un convenio para el otorgamiento de un subsidio en materia de pavimentación de caminos a cabeceras municipales, llamado convenio, celebrado, por una parte, por el ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, representada por el subsecretario de Infraestructura y el director general del Centro SCT Oaxaca, con la participación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y el municipio de San Jerónimo Sosola, Etla, Oaxaca, a través del presidente y síndico municipales. 2. El camino autorizado en ese programa dos mil veintiuno es San Jerónimo Sosola - Ojo de Agua -El Llorón -EC. (Huajuapan-Oaxaca) del km 0+000 al km 17+000, subtramo del km 0+000 al km 4+000, una meta de cuatro kilómetros con ancho de corona de cinco metros. 3. El dos de agosto de dos mil veintiuno el municipio reportó el inicio de los trabajos de pavimentación y el veintiocho de agosto siguiente el avance físico ponderado de un kilómetro con un ancho de corona de cinco metros. Por su parte, el coordinador del Comité Comunitario de Participación Social y el presidente municipal, ambos de San Jerónimo Sosola, Etla, Oaxaca, refirieron que por asamblea de fecha catorce de marzo de dos mil veintiuno, la ruta a pavimentar se definió en dos tramos: 1º Sobre la entrada de la calle Independencia hasta la "Y", barrio Cruz de Piedra, tramo en el que la parte quejosa estuvo de acuerdo para su realización. 2º Este tramo es al que se refiere la parte quejosa y pendiente de definir, pues está sujeto a lo que diga la asamblea general, entre los caminos que conducen hacia las Agencias de Policía de Ojo de Agua y Minas de Llano Verde. Entonces, no puede abordarse el estudio como actos inexistentes el que se hubiere o no cambiado la ruta para ejecutar la obra de construcción de un camino con concreto hidráulico con una dimensión de siete metros de ancho por diecisiete kilómetros de largo, que la parte quejosa la tradujo como desposesión del paraje "Chaparro de muerto", o si se omitió solicitar la anuencia a la Asamblea General de Comuneros para cambiar la ruta del camino y para extracción de material pétreo en zona; ya que ello, en su caso, sería motivo de análisis del fondo del asunto. De ahí que se tienen por ciertos los actos atribuidos a esas autoridades. Cuarto. Causa de improcedencia. Previo al estudio de constitucionalidad del acto reclamado, se analiza si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I, 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Así, el amparo debe promoverlo la parte a quien le perjudique el acto o la ley que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos que la ley lo permita expresamente; es decir, que la persona que ocurra al juicio de amparo debe tener legitimación. En el caso, promovieron demanda de amparo por propio derecho y en representación de la comunidad quejosa de San Jerónimo Sosola, Oaxaca: 1º Julio Rivera Rivera y b) Amelia Gómez Durán, en su carácter de presidente y tesorera del Comisariado de Bienes Comunales; y, 2º Luis Avendaño Flores Santiago, Celia Santiago Soriano y Juan José Durán Durán, en su calidad de presidente, primera secretaria y segundo secretario, respectivamente, del Consejo de Vigilancia. Sin embargo, carecen de legitimación para ello, no obstante que argumenten que pretenden privárseles de la posesión de terrenos de la comunidad. Los artículos 32 y 33, fracción I, de la Ley Agraria, señalan: " Artículo 21.- Son órganos de los ejidos: I. La asamblea; II. El comisariado ejidal; y III. El consejo de vigilancia" "Artículo 22.- El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios. El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo." "Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. "Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido". Así, dentro de las facultades y obligaciones del Comisariado Ejidal y de Bienes Comunales está la de representar, de forma colegiada, al núcleo de población y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas, quien podrá acudir a promover el amparo y protección de la Justicia Federal. Entonces, en relación con la defensa de las tierras, puede promover demanda de amparo el comisariado ejidal, quien representa al núcleo de población ejidal, y por extensión el de Bienes Comunales conforme a lo dispuesto por el artículo 107 de la referida ley, pues, en el caso, les corresponde la defensa del derecho de posesión que de ese núcleo de población tiene respecto de los predios en los que se ejecuta la obra o si los actos que se reclaman afectan derechos agrarios colectivos del núcleo de población. De ahí que Julio Rivera Rivera y b) Amelia Gómez Durán, presidente y tesorera del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad quejosa no cuentan con la legitimación procesal activa necesaria para incoar el juicio de amparo, ni por propio derecho, ni en favor de la comunidad quejosa, en tanto resulta necesario para justificar tal extremo, que se acompañaran del secretario correspondiente a dicho Comisariado, pues únicamente a través del referido comisariado integrado de manera colegiada, es que se puede acreditar legalmente en términos de la legislación agraria aplicable para promover. Por su parte, Luis Avendaño Flores Santiago, Celia Santiago Soriano y Juan José Durán Durán, en su calidad de presidente, primera secretaria y segundo secretario, respectivamente, del Consejo de Vigilancia de la referida comunidad, tampoco tienen legitimación para promover por propio derecho ni en representación de la comunidad, dado que dicha facultad le compete al comisariado "ejidal", no así a los integrantes de citado consejo de vigilancia, cuyas funciones se encuentran previstas en el artículo 36 de la Ley Agraria, que dice: Artículo 36.- Son facultades y obligaciones del consejo de vigilancia: I. Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y a lo dispuesto por el reglamento interno o la asamblea; II. Revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar ante ésta las irregularidades en que haya incurrido el comisariado; III. Convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado; y IV. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido". Entonces, corresponde al comisariado "ejidal", en representación del núcleo de población, la defensa de tierras ejidales, sea que se trate de las destinadas al asentamiento humano, de uso común o de tierras parceladas; en tanto que al Consejo de Vigilancia le toca vigilar que los actos del Comisariado se ajusten a los preceptos de ley, revisar las cuentas y operaciones a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar ante ésta las irregularidades en que haya incurrido, así como convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado. Por lo que, como el Comisariado de Bienes Comunales acudió al juicio de amparo sin estar integrado por sus tres miembros, y el Consejo de Vigilancia no tiene facultades para promover demanda de amparo, con fundamento, además, en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por falta de legitimación, se sobresee en este juicio. Se invocan en apoyo las tesis que dicen: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 249359 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Séptima Época Materias(s): Administrativa Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 175-180, Sexta Parte, página 20 Tipo: Aislada AGRARIO. COMISARIADOS DE BIENES COMUNALES. SU LEGITIMACION PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. Independientemente de que se reclamen actos que se consideren que afectan al comunero, lo cierto es que a quienes realmente les corresponde la facultad de interponer la demanda de amparo en estos casos es a los integrantes del comisariado de bienes comunales, si los actos que se reclaman no afectan de manera directa en lo personal los intereses jurídicos del comunero, sino los colectivos del núcleo de población, y por consiguiente quienes están en aptitud de promover el juicio en defensa de la comunidad lo son los citados representantes". "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 237652 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Administrativa Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 151-156, Tercera Parte, página 53 Tipo: Aislada AGRARIO. COMUNEROS. AMPARO INTERPUESTO POR SU PROPIO DERECHO. FALTA DE LEGITIMACION ACTIVA. Los comuneros que interponen el juicio de amparo por su propio derecho contra actos desposesorios de sus tierras, carecen de legitimación activa, pues dichos actos no afectan de manera directa, en lo personal, los intereses jurídicos de dichos quejosos, sino en todo caso los colectivos del núcleo de población, y quien está en aptitud de promover el juicio de garantías en defensa de la citada comunidad es el representante electo en términos del artículo 358 de la Ley Federal de la Reforma Agraria o, en defecto de éste, el comunero o comuneros con la representación sustituta que les confiere el artículo 231, fracción II, de la Ley de Amparo". El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Además, esa causa de improcedencia prevalece respecto del desistimiento de este juicio de amparo que realizó la asamblea general de la comunidad quejosa, toda vez que, se alegó por los promoventes del amparo, fue convocada por quienes se ostentaron como integrantes de otro Comisariado de Bienes Comunales, sin estar facultados para ello; por tanto, ante la controversia de si esa asamblea fue convocada legalmente o no, lo que solamente debe dirimirse en sede ordinaria, y no vía juicio de amparo, es el motivo por el cual no se actualiza la causa de improcedencia respectiva. Quinto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e : Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por a) Julio Rivera Rivera y b) Amelia Gómez Durán, presidente y tesorera del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad de San Jerónimo Sosola, Oaxaca, así como de c) Luis Avendaño Flores Santiago, d) Celia Santiago Soriano y e) Juan José Durán Durán, presidente, primera secretaria y segundo secretario, respectivamente, del Consejo de Vigilancia de dicha comunidad, contra: -La orden verbal o escrita y su ejecución de desposesión del paraje "Chaparro de muerto", por la construcción de un camino con concreto hidráulico con una dimensión de siete metros de ancho por diecisiete kilómetros de largo, fuera de la ruta acordada para ejecutar esa obra; y, -La omisión de solicitar la anuencia a la Asamblea General de Comuneros por haber cambiado la ruta del camino y para extracción de material pétreo en zona comunal. Reclamados al: a) Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Oaxaca. b) Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca, c) Presidente Municipal del municipio de San Jerónimo Sosola, Etla, Oaxaca. d) Coordinador del Comité Comunitario de Participación Social de San Jerónimo Sosola, Etla, Oaxaca. En términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores. Conste
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