Moises Bravo Huerta

Expediente 1114/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1114/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
07/09/2022

Partes del expediente

  • Moises Bravo Huerta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de septiembre de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (...)". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. No se amplió demanda de amparo. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído catorce de julio de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que, dentro del plazo de quince días, manifestara si era su deseo ampliar su demanda respecto del acto consistente en la notificación practicada el catorce de febrero de dos mil veinte, respecto del acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, emitido con motivo de la solicitud de trámite ... Sin embargo, la parte quejosa no hizo manifestación alguna al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído del catorce de julio del año en curso; por tanto, este Juzgado Federal provee lo conducente en la forma en que fue planteada en el escrito inicial de demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 17 y 111 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de la parte quejosa para ampliar la demanda de amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la litis constitucional del presente juicio versa sobre lo siguiente: Parte quejosa ..., por propio derecho. Autoridades responsables y acto reclamado. 1. De la encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, le atribuye el acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el cual el Registrador Integral del Registro Agrario Nacional, Delegación Puebla, formuló una prevención a Tlatoa Suárez Zenón [en su calidad de gestor] en relación a la solicitud de inscripción de la enajenación de derechos parcelarios de doce de agosto de dos mil dieciséis, con el número de solicitud de trámite 21190016769. 2. Del Registrador Integral de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, le reclama la omisión de notificar la determinación precisada en el numeral que antecede. Una vez precisado lo anterior, conviene recordar que en líneas se tuvo por precluido el derecho de la parte quejosa para ampliar su demanda de amparo respecto de la notificación practicada el catorce de febrero de dos mil veinte, respecto del acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, emitido con motivo de la solicitud de trámite 21190016769, por tanto, es dable concluir que tal notificación subsiste con plenos efectos legales, por lo que debe tomarse en consideración para determinar si el presente medio de control constitucional se promovió oportunamente en cuanto al acuerdo reclamo. En ese orden, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En ese contexto, respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se formuló una prevención a ... [en su calidad de gestor] respecto de la solicitud de inscripción de la enajenación de derechos parcelarios de doce de agosto de dos mil dieciséis, con el número de solicitud de trámite 21190016769, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La lectura de los preceptos legales transcritos revela la existencia de tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, excluyentes entres sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, e incluso, en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Una vez establecidos los tres supuestos normativos previstos para el cómputo del plazo de quince días para promover el juicio de amparo, se colige que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, consistente en el acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se formuló una prevención a Tlatoa Suárez Zenón [en su calidad de gestor] en relación a la solicitud de inscripción de la enajenación de derechos parcelarios de doce de agosto de dos mil dieciséis, con el número de solicitud de trámite 21190016769, se ubica en la primera de las hipótesis, esto es, que el plazo se deberá computar a partir del día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución que reclama. Por lo anterior, en el caso concreto, dicho acuerdo fue notificado personalmente al quejoso el catorce de febrero de dos mil veinte. Cabe destacar que es factible tomar en consideración dicha notificación para determinar la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo, pues el quejoso no la controvirtió pese a que este órgano jurisdiccional le otorgó el plazo de quince días para señalarla como acto reclamado, tal como se determinó en los párrafos que anteceden; en consecuencia, debe considerarse apta para efectuar el cómputo para la oportunidad de la presentación de la demanda respecto al auto reclamado. Entonces el plazo de quince días para interponer juicio de amparo en contra del auto del dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, debe contarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación en comento, y para determinar ese momento debe atenderse al contenido del artículo 173, párrafo tercero de la Ley Agraria, que disponen: "Artículo 173.- Cuando no se conociere el lugar en que el demandado viva o tenga el principal asiento de sus negocios, o cuando viviendo o trabajando en un lugar se negaren la o las personas requeridas a recibir el emplazamiento, se podrá hacer la notificación en el lugar donde se encuentre. Previa certificación de que no pudo hacerse la notificación personal y habiéndose comprobado fehacientemente que alguna persona no tenga domicilio fijo o se ignore dónde se encuentre y hubiere que emplazarla a juicio o practicar por primera vez en autos una notificación personal, el tribunal acordará que el emplazamiento o la notificación se hagan por edictos que contendrán la resolución que se notifique, en su caso una breve síntesis de la demanda y del emplazamiento y se publicarán por dos veces dentro de un plazo de diez días, en uno de los diarios de mayor circulación en la región en que esté ubicado el inmueble relacionado con el procedimiento agrario y en el periódico oficial del Estado en que se encuentre localizado dicho inmueble, así como en la oficina de la Presidencia Municipal que corresponda y en los estrados del tribunal. Las notificaciones practicadas en la forma antes prevista surtirán efectos una vez transcurridos quince días, a partir de la fecha de la última publicación por lo que, cuando se trate de emplazamiento, se deberá tomar en cuenta este plazo al señalar el día para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 185." De lo transcrito se desprende que el emplazamiento o las notificaciones practicadas en la forma prevista que refiere el numeral 173 de la Ley Agraria, surten efectos una vez transcurridos quince días, a partir de la fecha de la última publicación. En tales condiciones, como se ha venido reiterando, si el catorce de febrero de dos mil veinte se notificó al quejoso el auto controvertido, el cual surtió sus efectos una vez transcurridos quince días, entonces en términos de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición de la demanda empezó a correr a partir del día hábil siguiente, es decir, el diez de marzo y culminó el catorce de agosto ambos de dos mil veinte. Lo anterior, previo descuento de los días inhábiles previstos en el artículo 19 de la Ley de Amparo, día inhábil pero laborable contemplado en el Oficio SEA/068/2020 del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, sin contabilizar el inicio de la contingencia sanitaria por el virus COVID-19, contemplada en el Acuerdo General 4/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a las medias de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 hasta la reanudación de labores, conforme al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, como se pone de relieve con el siguiente calendario: ................ Consecuentemente, si el plazo para la interposición de la demanda de amparo transcurrió del diez de marzo al catorce de agosto de dos mil veinte y ésta se presentó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla hasta el diez de junio del año en curso, es evidente que su presentación resulta extemporánea. Sin que se soslaye que, si bien es cierto que el acto reclamado es en materia agraria, es menester precisar que en el caso en concreto se trata de actos que afectan a un particular y no a núcleos de población ejidal o agraria; de ahí que no se actualice alguna de las hipótesis normativas previstas en las fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, por tanto, en el caso a estudio debe atenderse al plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo. Tampoco se está impugnando un acto que implique privación de la vida; incomunicación; deportación; expulsión; proscripción; destierro; desaparición forzada de personas; incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional; o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Además, es factible considerar que a través de la notificación personal del catorce de febrero de dos mil veinte, el quejoso tuvo conocimiento completo del acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el cual el Registrador Integral del Registro Agrario Nacional, Delegación Puebla, formuló una prevención a ... [en su calidad de gestor] en relación a la solicitud de inscripción de la enajenación de derechos parcelarios de doce de agosto de dos mil dieciséis, con el número de solicitud de trámite 21190016769, Estimar lo contrario, implicaría que las notificaciones que se encuentran firmes no surtieran efectos, pues a pesar de que con base en ellas el juicio de amparo fuera extemporáneo, bastaría que cualquier gobernado en el momento que eligiera solicitara copia certificada del acto reclamado y recogiera dicha copia a fin de reiniciar su plazo y hacer oportuna la presentación de su demanda, dejando al arbitrio del justiciable la procedencia del juico constitucional, lo cual no es lógico, pues se distorsionaría el sistema de procedencia del juicio de amparo, afectándose la seguridad jurídica. En consecuencia, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional. Finalmente, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Diferimiento. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días hábiles que le fue concedido a la quejosa para ampliar su demanda de derechos, en el proveído del catorce de julio de dos mil veintidós. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. Por lo que se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE." Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de julio de dos mil veintidós. Se declara cumplida la sentencia de amparo. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de treinta de junio de dos mil veintidós; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: ".VII. DECISIÓN En esa medida, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, realice lo siguiente: Desahogue las pruebas admitidas en el juicio laboral D-2/589/2019 en las fechas que señalo en el acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintiuno, de conformidad con lo establecido en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo; asimismo, en el plazo de tres días una vez que quede firme la presente resolución provea lo relativo al desahogo de la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte quejosa." Mediante proveído de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. De los anexos remitidos por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, se desprende: Que mediante acuerdo de diez de enero de dos mil veintidós dictado en el juicio laboral D-2/589/2019, señaló fecha para que tuviera verificativo el desahogo de las pruebas de inspección y testimonial ofrecida por la parte actora. Que por auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, señaló nuevas, señaló fechas para el desahogo de las demás pruebas admitidas dentro del juicio laboral de origen, siendo las siguientes: PRUEBA. NUEVA FECHA SEÑALADA PARA SU DESAHOGO. Testimonial. Ofrecida por la parte actora a cargo de los atestes Erika Rivera Cortines, Itzamalcin Piña Obregón, Alfredo Vázquez Barrera y Cristian Fernando Díaz Camacho. 12:00 del 28 de febrero de 2022. Confesional. Ofrecida por la parte actora a cargo de Sears Operadora de México sociedad anónima de capital variable, continuando confesional a cargo de SECORH sociedad anónima de capital variable. 9:00 del 01 de marzo de 2022. Confesional para hechos propios. Ofrecida por la parte actora a cargo de los absolventes Juan Ramírez Navejas, Ricardo Iván Marciano Morales, Edgar Ulises Cruz Ovando y Mónica Sosa Solano. 12:30 del 08 de marzo de 2022. Que realizó las notificaciones correspondientes a las partes, respecto de los proveídos de diez de enero y dieciocho de febrero, ambos de dos mil veintidós. Que mediante proveídos de uno y ocho de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por desahogada la prueba confesional y confesional para hechos propios, ofrecidas por la parte actora. El veintiocho de marzo de dos mil veintidós, señaló nuevas fechas para llevar a cabo los desahogos de la prueba de inspección y testimonial ofrecidas por la parte actora, quedando el día siete de abril del mismo año, lo anterior toda vez que no se encontraban debidamente notificadas las partes que intervendrían en ellas. Que el día siete de abril de dos mil veintidós, no se llevó a cabo el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la actora, debido a que seguían sin estar notificados los testigos correspondientes y señaló nueva fecha para su desahogo, quedando esta para el día veintinueve de mayo de dos mil veintidós. El día siete de abril de dos mil veintidós, se declaró la imposibilidad de llevar a cabo el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte actora, debido a que no contaban con personal actuarial para llevarla a cabo, motivo por el cual se señaló el día veintiuno de junio de este año para realizarla, y posteriormente, al ser una fecha lejana la que se había señalado, se modificó para señalar el día diecisiete de mayo de dos mil veintidós, y lo notificó a las partes. Que el día diecisiete de mayo de dos mil veintidós, señaló nuevas fechas para el desahogo de la prueba de inspección y testimonial que ofreció la parte actora en el juicio laboral de origen, quedando estas para los días veintisiete de mayo y diez de junio, respectivamente, y lo notificó a las partes. Mediante acuerdo de veintisiete de mayo del año en curso, se tuvo a la parte actora desistiéndose de las siguientes pruebas: Prueba desistida A cargo de/ en domicilio de Prueba de inspección. En el domicilio de la demandada Secorh Sociedad Anónima de Capital Variable. Prueba testimonial. Erika Rivera Cortines, Itzamalcin Piña Obregón, .Alfredo Vázquez Barrera y Cristian Fernando Díaz Camacho. Asimismo, se señalaron nuevas fechas para las siguientes pruebas: Prueba para desahogar. Fecha señalada para su desahogo. Prueba testimonial. Las nueve horas del diez de junio de dos mil veintidós [a cargo de Luis Miguel Téllez Castillo, Ismael Flores García, Sergio Antonio Oliva Reyes y Sinai Capilla Rojas] Prueba de inspección. Las once horas del diez de junio de dos mil veintidós [en domicilio de Sears Operadora de México Sociedad Anónima de Capital Variable] Llegado el diez de junio de dos mil veintidós, no se llevó a cabo el desahogo de la prueba de inspección y testimonial pendientes, por lo cual se señalaron los días veinte y veintisiete de junio de esta anualidad, para sus desahogos, respectivamente, asimismo informó que giró oficio al a Fiscalía General de la República, para que en auxilio de la Junta, sirviera presentar a los testigos participantes en la prueba testimonial. Que mediante diligencia de veinte de junio de este año, se llevó a cabo el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la actora. El día veintisiete de junio del año que transcurre, se declaró desierta la prueba testimonial que se encontraba pendiente por desahogar, y que estaba señalada para esa fecha. Así, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable, Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, con las constancias antes mencionadas, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, puesto que señaló fechas para llevar a cabo el desahogo de las pruebas admitidas en el juicio laboral D-2/589/2019, lo notificó a las partes y su caso, llevó a cabo los respectivos desahogos. En ese sentido, el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa.

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