Moises Alvarez Murillo
Expediente 168/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 24 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 168/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 21/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Moises Alvarez Murillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de CINCO DÍAS para recurrir la resolución que resolvió el incidente de daños y perjuicios promovido por tercera interesada sin que se hubiese hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso f) y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME la resolución de cuatro de diciembre de dos mil veintitrés. En ese sentido, como quedo precisado en interlocutoria de cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, en su segundo punto resolutivo, gírese atento oficio al Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, remitiéndole el billete de depósito, por la cantidad de expedido por dicha institución, para que dentro del término de tres días legalmente computados tenga a bien cancelar dicho valor y expida dos nuevos billetes debidamente endosados el primero de ellos a favor de la tercera interesada Rosa María Alejandra Alcántara Rodríguez, por la cantidad de a nombre del impetrante, por la cantidad de. Por lo que una vez que la institución requerida de cumplimiento a lo anterior, se acordará lo que en derecho corresponda, respecto de la puesta a disposición de los referidos valores. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable MESA III
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa, vía electrónica a la tercera interesada, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. MESA III
- Principal
CITATORIO: NOTIFÍQUESE EL PRESENTE PROVEÍDO POR LISTA AL QUEJOSO México, Ciudad de México, a cuatro de diciembre de dos mil veintitrés. VISTOS, los autos del juicio de amparo 168/2023-III, para resolver el incidente de pago de daños y perjuicios promovido por la tercera interesada Rosa María Alejandra Alcántara Rodríguez por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación Incidente de Daños y Perjuicios. Por escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil veintitrés ante este juzgado de Distrito, la tercera interesada Rosa María Alejandra Alcántara Rodríguez por propio derecho, promovió incidente de pago de daños y perjuicios derivado de la suspensión definitiva que se concedió al quejoso Moisés Álvarez Murillo, por propio derecho, en interlocutoria de uno de marzo de dos mil veintitrés. SEGUNDO.- Admisión Previa exhibición de los traslados correspondientes, por auto de diez de noviembre de dos mil veintitrés, éste juzgado admitió a trámite el incidente promovido por la tercera interesada, ordenándose correr traslado a las demás partes; de igual manera se ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no realizó manifestación en este incidente. TERCERO.- Desahogos de vista. Ninguna de las partes desahogó la vista dada con el incidente, por lo que en auto de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés se declaró por perdido su derecho. CUARTO.-Admisión de pruebas. El veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, se admitieron las pruebas ofrecidas por la actora incidentista. En auto de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, atento a lo establecido en el artículo 67 de la Ley de Amparo, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia incidental, la cual se verificó en términos del acta que antecede, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente incidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un incidente de pago de daños y perjuicios derivado de la suspensión definitiva que se concedió al quejoso Moisés Álvarez Murillo, por propio derecho, en interlocutoria de primero de marzo de dos mil veintitrés. SEGUNDO. Antecedentes del incidente. De las constancias que integran el presente expediente, mismas que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: Por escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y remitido al día hábil siguiente a este juzgado de distrito, Moisés Álvarez Murillo por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Trigésimo Segundo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México y actuaria de su adscripción, que hizo consistir en: IV.-Actos que de cada autoridad se reclaman. De la autoridad responsable en su carácter de ordenadora, C. Juez Trigésimo Segundo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, reclamo el haber ordenado dentro de los autos de la controversia de arrendamiento promovida por Alcántara Rodríguez Rosa María en contra de Álvarez Murillo Moisés, expediente 924/2022 Secretaria "B", requerí la entrega del bien materia de la referida controversia de arrendamiento a la parte actora con el apercibimiento de que de no hacerlo, se procederá al lanzamiento de dicho inmueble. Asimismo, de la autoridad responsable en su carácter de ordenar, C. Juez Trigésimo Segundo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se reclaman todas y cada una de las actuaciones practicadas dentro de la referida controversia de arrendamiento promovida por Alcántara Rodríguez Rosa María en contra de Álvarez Murillo Moisés, expediente 924/2022 Secretaria "B". En su carácter de ejecutora. De la autoridad responsable señalada en su carácter de ejecutora C. Secretaria Actuaria adscrita a la Secretaría "B" del Juzgado Trigésimo Segundo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Reclamo la ejecución que pretende llevar a cabo la orden de lanzamiento del bien materia de la referida controversia de arrendamiento, dictada por la Autoridad Responsable dentro de la controversia de arrendamiento promovido por Alcántara Rodríguez Rosa María en contra de Álvarez Murillo Moisés, expediente 924/2022 Secretaria "B"." 2. Por auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés se admitió la demanda de amparo y se ordenó formar cuaderno incidental. 3. En el cuaderno incidental, en la misma fecha se proveyó la suspensión provisional, misma que le fue concedida en una parte al quejoso. 4. Posteriormente, con fecha uno de marzo de dos mil veintitrés, se proveyó la suspensión definitiva respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables, misma que fue concedida para los efectos siguientes: CUARTO.-SE CONCEDE SUSPENSIÓN Respecto de la orden de lanzamiento respecto del inmueble materia de controversia identificado como: accesoria "B", de la casa número diez, de la calle Lago Constanza, colonia Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, resulta pertinente asentar lo siguiente: El artículo 128 de la Ley de Amparo, establece que la suspensión del acto reclamado se concederá iempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos: "Artículo 128 (se transcribe)". Por tanto, con fundamento en los artículos 128, 132 y 139 de la ley de la materia, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, para el efecto de que no se ejecute la sentencia definitiva y por ende no se ordene la entrega y desocupación del inmueble litigioso identificado como: accesoria "B", de la casa número diez, de la calle Lago Constanza, colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, a la parte actora o se desposea del mismo quejoso Moisés Álvarez Murillo; lo anterior, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia definitiva que se dicte en el expediente principal del cual deriva el presente incidente de suspensión. Sirve de apoyo por analogía de razón, la Tesis IV.3º.C.20 K, con número de registro 169406, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, Materia Común, pagina 1283 de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONCEDERLA CUANDO SE RECLAMA UNA SENTENCIA DEFINITIVA Y SUS ACTOS INMINENTES DE EJECUCIÓN, SI EL AMPARO SE PROMUEVE POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL Y EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN." 5. Al no haberse exhibido la garantía fijada para que surtiera efectos la suspensión definitiva, por auto de quince de marzo de dos mil veintitrés se informó a las autoridades tal cuestión (foja 52), lo que le fue notificado al juez responsable el diecisiete del mismo mes y año (foja 56). 6. Por escrito presentado el once de abril de dos mil veintitrés el impetrante de garantías exhibió los billetes de depósito números N 956784 y 954764 expedidos por el Banco del Bienestar Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, que amparan cada uno las cantidades de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) y $19,000.00 (diecinueve mil pesos 00/100 moneda nacional). 7. La garantía se tuvo por recibida en auto de trece de abril de dos mil veintitrés y por exhibida para garantizar la suspensión definitiva. 8. Seguido el trámite del juicio de amparo indirecto, con fecha veintiséis de abril de dos mil veintitrés, se dictó sentencia definitiva que negó y sobreseyó el juicio de garantías. 9. Sentencia que fue recurrida por el quejoso, la cual conoció el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el R.C. 182/2023 quien mediante ejecutoria de veintidós de junio de dos mil veintitrés confirmó la sentencia recurrida. TERCERO.- Argumentos expuestos en el incidente de daños. La tercera interesada Rosa María Alejandra Alcántara Rodríguez por propio derecho, basó su pretensión para reclamar el pago de daños y perjuicios medularmente en lo siguiente: El veintidós de febrero de dos mil veintitrés el quejoso promovió juicio de amparo y al día siguiente se le concedió la suspensión provisional. Posteriormente en sentencia interlocutoria de uno de marzo de dos mil veintitrés se concedió la suspensión definitiva para que no se ejecutara el acto reclamado, fijándose una garantía por $69,000.00 (sesenta y nueve mil pesos 00/100 moneda nacional), la cual se tuvo por exhibida el trece de abril de dos mil veintitrés. El veintiséis de abril de dos mil veintitrés se negó el amparo, que fue confirmado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el R.C. 183/2023 el veintidós de junio del mismo año. Por otro lado, en el juicio de origen con fecha siete de noviembre de dos mil veintidós el juez responsable dictó sentencia definitiva que declaró rescindido el contrato de arrendamiento básico, la cual causó ejecutoria el cinco de diciembre de dos mil veintidós. Con fecha siete de diciembre de dos mil veintidós se ordenó requerir a la demandada la entrega del local controvertido, y por auto de dieciséis de febrero del mismo año se ordenó su lanzamiento forzoso. Con motivo de ello, el quejoso promovió amparo y se le concedió la suspensión. Por tal razón, la posesión plena del local controvertido no fue posible a consecuencia de la suspensión provisional y definitiva, lo cual aconteció desde el mes de febrero de dos mil veintitrés, lo que le impidió rentarlo y obtener una ganancia de por lo menos $69,000.00 (sesenta y nueve mil pesos 00/100 moneda nacional) durante el periodo en que se decretó la suspensión definitiva y se resolvió el amparo. A su consideración, desde el veintidós de febrero de dos mil veintitrés (en que se otorgó la suspensión provisional) hasta el cuatro de julio de dos mil veintitrés (en que se tuvo por recibida la ejecutoria que confirmó la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo), transcurrieron cinco meses en el que no pudo realizar gestiones para tomar posesión del local controvertido. Por lo que deberá aprobarse el incidente por $57,500.00 (cincuenta y siete mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) y condenar al quejoso con cargo en los billetes de depósito exhibidos. CUARTO.-Estudio. En análisis de la acción incidental de daños y perjuicios promovida por la tercera interesada Rosa María Alejandra Alcántara Rodríguez, con motivo de la suspensión definitiva se declara parcialmente fundado. Al efecto, en relación a la acción incidental de daños y perjuicios, el artículo 156 de la Ley de Amparo, establece como presupuestos: 1) La presencia de un tercero interesado en el respectivo juicio de amparo; 2) El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; 3) La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica; y, 4) La demostración presuntiva a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada. En ese mismo sentido, los presupuestos procesales para la procedencia del incidente de pago de daños y perjuicios derivado de la suspensión definitiva se pueden enumerar de la siguiente manera: 1) Manifestar en los hechos de su escrito incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado y justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado y demostrar sus afirmaciones. 2) Precisar si sustenta su pretensión en la generación de daños o de perjuicios, pues cada uno posee una naturaleza jurídica distinta. 3) Para demostrar los daños aducidos, éstos deben ser consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, por lo que debe demostrar el hecho, acto o situación concreta que los generó. 4) En relación a los perjuicios, basta con que realice una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir que con motivo de la suspensión definitiva otorgada no se realizó la entrega material del bien inmueble controvertido, y que de hacerlo se habrían generado las ganancias indicadas, por lo cual deberá proporcionar las bases para su cuantificación y probarlas.De acuerdo a lo sostenido en la jurisprudencia que resolvió la contradicción de tesis 27/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los daños aducidos deben de ser consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, por lo que se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, y los perjuicios por su propia naturaleza, éstos se ubican en un plano hipotético, al disponer la norma legal que se trata de ganancias lícitas que debieran haberse obtenido por el demandante. En ese entendido, resulta parcialmente fundado el incidente propuesto por la tercera interesada al referir que procede hacer efectiva la garantía fijada, al haberse decretado la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado y que con motivo de ello no pudo disponer del local cuya entrega se ordenó en sentencia definitiva de siete de noviembre de dos mil veintidós; consecuentemente, el menoscabo sufrido a su patrimonio se debió a que no pudo usar, disfrutar y disponer del citado inmueble, pues durante la tramitación del juicio de amparo, se encontraba aparentemente en posesión de la parte quejosa; atendiendo al criterio contenido en la tesis aislada de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS. BASTA LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN Y LA NEGATIVA O SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO PARA QUE SE ACTUALICE EL PAGARLOS." Así, a saber se requieren como elementos los siguientes: 1) La presencia de un tercero interesado en el respectivo juicio de amparo; 2) El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; 3) La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica y; 4) La demostración presuntiva a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada. En el caso en concreto, tales elementos se reflejan como siguen: 1).- La presencia de terceros interesados en el juicio de amparo, sucedió al haberse otorgado tal carácter, a Rosa María Alcántara Rodríguez, aquí incidentista. 2).- El otorgamiento a la parte quejosa de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos fue condicionado a la exhibición de la indicada garantía, se actualizó al otorgarse la medida cautelar de forma provisional y definitiva el veintidós de febrero y uno de marzo de dos mil veintitrés. 3).- Se fijó como garantía para que surtiera efectos la suspensión definitiva la cantidad de $69,000.00 (sesenta y nueve mil pesos 00/100 moneda nacional), la cual fue exhibida por el quejoso mediante billetes de depósito números N 956784 y 954764 expedidos por el Banco del Bienestar Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, que amparan cada uno las cantidades de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) y $19,000.00 (diecinueve mil pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente. 4).- La emisión de la sentencia definitiva dictada en este juicio constitucional que no resultó favorable a la parte quejosa, tuvo verificativo el veintiséis de abril de dos mil veintitrés en que se negó y sobreseyó el juicio de garantías, misma que fue confirmada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el R.C. 182/2023 mediante ejecutoria de veintidós de junio de dos mil veintitrés. 5).- La demostración presuntiva del incidentista, de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada, misma que de conformidad con la tesis transcrita, quedó acreditada con el transcurso del tiempo que existió entre el otorgamiento de la suspensión y la del auto que recibió la ejecutoria de colegiado que confirmó la sentencia definitiva que negó y sobreseyó el juicio de amparo. 6).- Durante el tiempo que duró la suspensión, la tercera interesada incidentista no pudo disponer del local del que se había condenado en sentencia definitiva su desocupación y entrega de la parte demandada en el juicio de origen (parte quejosa en el presente juicio de amparo), desde el veintidós de febrero de dos mil veintitrés (ya que la suspensión surte efectos desde el momento en que se otorga de conformidad con lo previsto en el artículo 136 de la Ley de Amparo3) al diecisiete de marzo de dos mil veintitrés (en que se notificó al juez responsable el auto de quince de marzo del mismo año por el que el quejoso no exhibió la garantía requerida) y del catorce de abril de dos mil veintitrés (fecha en que se notificó al juez de origen el auto de trece de abril del mismo año por el que se tuvo al quejoso exhibiendo la garantía requerida) al cinco de julio de dos mil veintitrés (fecha en que se hizo del conocimiento del juez de origen por oficio 12877/2023 el auto de cuatro de julio de dos mil veintitrés en que se tuvo por recibida la ejecutoria de colegiado que confirmó la sentencia definitiva). El actor incidentista para demostrar sus afirmaciones ofreció y le fueron admitidas como pruebas las siguientes: 1.- La instrumental de actuaciones, consistente en todo lo actuado en el juicio de amparo, en el incidente de suspensión y lo informado en el informe previo y justificado. 2.-La presuncional en su doble aspecto, legal humano, en especial que no pudo tomar posesión plena de la totalidad del inmueble por seis meses que duró la suspensión otorgada al quejoso y hasta que se resolvió el amparo y por ende no pudo rentar una de las recamaras. Luego, las pruebas aportadas por el actor incidentista en concatenación con las copias certificadas enviadas por el juez responsable que obran en el presente juicio de amparo; son medios de convicción suficientes para acreditar los posibles perjuicios que reclaman, pues las actuaciones que obran en autos, sirven para demostrar: a) la existencia de tercera interesada, hoy actora incidentista; b) que se otorgó la medida cautelar, la cual, se condicionó a la exhibición de una garantía, misma que fue presentada por el peticionario del amparo mediante billetes de depósito números N 956784 y 954764 expedidos por el Banco del Bienestar Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo; además, de que existe una sentencia ejecutoriada que negó y sobreseyó el juicio de amparo, y c) que en el caso se ocasionaron perjuicios a la tercera interesada Rosa María Alejandra Alcatara Rodríguez, por dejar de percibir una ganancia lícita al no poder ocupar el local del que ya se había ordenado su entrega en el juicio de origen. Lo anterior, con motivo de que mediante sentencia definitiva de siete de noviembre de dos mil veintidós se condenó al quejoso a la desocupación y entrega de la "accesoria "B", de la casa número diez, de la calle Lago Constanza, colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México". Sentencia cuyo cumplimiento voluntario se realizó el quince de diciembre de dos mil veintidós. Al no haberse hecho, el trece de enero de dos mil veintitrés se ordenó requerir su entrega voluntaria, apercibida que de no hacerlo se procedería a su lanzamiento. Luego, el nueve de febrero de dos mil veintitrés el quejoso se opuso a la diligencia anterior. Mediante acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés se turnaron los autos a fin de que se requiriera al demandado la entrega del bien inmueble materia de la controversia, para lo cual se autorizó el auxilio de fuerza pública y rompimiento de cerraduras para llevar a cabo el lanzamiento. En proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés no se acordó la entrega del inmueble controvertido con motivo de la suspensión otorgada en el presente juicio. Mediante acuerdo de quince de agosto de dos mil veintitrés para llevar a cabo el lanzamiento se autorizó el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras. Con fecha veinticinco de octubre de dos mil veintitrés el quejoso se opuso a la diligencia anterior. Finalmente, en auto de diez de noviembre de dos mil veintitrés se ordenó el lanzamiento del local controvertido. Luego, como se ha señalado, los perjuicios se definen como la privación de cualquier ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación y para la procedencia del pago de éstos, es esencial que se demuestre la relación de causa a efecto que exista entre la falta de cumplimiento de la obligación y la privación de la utilidad que dejó de percibirse, siendo innecesario que exista la absoluta seguridad de que se habría obtenido la ganancia, sino únicamente es pertinente acreditar que ésta se habría obtenido en condiciones normales. Así, cuando se trata de perjuicios nos encontramos frente a hechos futuros al hecho dañoso, que dejaron de realizarse; por ello, en la mayoría de los casos, no son susceptibles de demostrarse con pruebas directas y rigurosas que produzcan una certeza absoluta de su existencia, sino que será suficiente la certeza relativa de su causación; esto es, para tener por acreditados los perjuicios no puede exigirse la seguridad absoluta de obtener una ganancia, sino basta la posibilidad objetiva de obtener la que resulte de las condiciones normales y de las circunstancia especiales del caso concreto. En el presente asunto, con la prueba instrumental de actuaciones, consistente en todo lo actuado en el presente juicio de amparo y presuncional en su doble aspecto, resulta que efectivamente desde el veintidós de febrero de dos mil veintitrés (en que surtió efectos la suspensión provisional de conformidad con lo previsto en el artículo 136 de la Ley de Amparo) al diecisiete de marzo de dos mil veintitrés (en que se notificó al juez responsable el auto de quince de marzo del mismo año por el que el quejoso no exhibió la garantía requerida) y del catorce de abril de dos mil veintitrés (fecha en que se notificó al juez de origen el auto de trece de abril del mismo año por el que se tuvo al quejoso exhibiendo la garantía requerida) al cinco de julio de dos mil veintitrés (fecha en que se hizo del conocimiento del juez de origen por oficio 12877/2023 el auto de cuatro de julio de dos mil veintitrés en que se tuvo por recibida la ejecutoria de colegiado que confirmó la sentencia definitiva), tiempo en el que la concesión de la suspensión provisional y definitiva estuvieron vigentes, transcurrieron tres meses quince días, en que la tercera interesada Rosa María Alejandra Alcántara Rodríguez, estuvo imposibilitada para disponer del bien consistente en: "accesoria "B", de la casa número diez, de la calle Lago Constanza, colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México", el cual el peticionario de amparo en su hecho tres de la demanda de garantías sostuvo tener en posesión. Por tanto, si con la suspensión de los actos reclamados, la actora incidentista no pudo obtener la ejecución de la entrega del bien inmueble litigioso, existe una presunción fundada de que se le ocasionaron perjuicios. Se afirma lo anterior, porque resulta que durante el lapso que se prolongó la suspensión del acto reclamado, la incidentista (tercera interesada Rosa María Alejandra Alcántara Rodríguez) se encontró imposibilitada para solicitar al juez responsable su ejecución, como consta en auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en el que con motivo de la suspensión aquí otorgada no se obsequió la petición del incidentista para que se le hiciera entrega del bien inmueble controvertido, lo cual pone de manifiesto la relación de causa-efecto entre la paralización del estado de cosas con motivo de la suspensión y los perjuicios. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.4º.C.34 C, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 985, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBA PRESUNCIONAL. DAÑOS Y PERJUICIOS PRODUCIDOS POR LA SUSPENSIÓN. SON SUSCEPTIBLES DE ACREDITARSE CON AQUELLA.- Existe la presunción legal de que cualquier cantidad disponible genera por lo menos el interés legal, tanto es así que los Jueces Federales, al otorgar la suspensión, fijan una garantía que comprenda el interés legal que genere la suerte principal por el tiempo probable que dilate la solución del juicio de garantías, a fin de cubrir los posibles daños y perjuicios que se le ocasionen al tercero perjudicado en caso de que se niegue el amparo al impetrante, por lo que es evidente que cuando se está ante una incidencia de daños y perjuicios, cuyo objeto fue la falta de disponibilidad de una cantidad de dinero, su procedencia se acredita simplemente con la presunción humana, puesto que es un hecho conocido que la disponibilidad genera por lo menos el interés legal, el que se deja de percibir cuando se otorga la suspensión". Ahora, los perjuicios sufridos, se pueden medir a través de la estimación en valor económico; de ahí, que la cantidad debe calcularse atendiendo al tiempo en el cual la suspensión estuvo vigente. En ese orden, toda vez que el monto de los daños y perjuicios se fijó por la cantidad de $69,000.00 (sesenta y nueve mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, atendiendo a la rentabilidad del inmueble materia de la litis en el juicio natural, dada su ubicación, superficie, que cuenta con servicios de viabilidad y que se encuentra en una colonia céntrica de la Ciudad de México, la cual asciende a $11,500.00 (once mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, por el término de seis meses, que es el tiempo que se tomó como base para que se resolviera en definitiva el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión; tomando en cuenta no sólo el plazo en que tardó en dictarse la sentencia, sino por todo el periodo que transcurrió para la declaración de ejecutoria. De forma que, al haberse tomado en consideración en la suspensión definitiva una probable rentabilidad a razón de $11,500.00 (once mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, la cual se encuentra firme al no haber sido impugnada por las partes, tal numerario servirá de base para cuantificar los daños y perjuicios reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Abril de 2022, Tomo IV, página 2737, Registro digital: 2024447, Undécima Época, de rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA FIJADA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN LA ORDEN DE LANZAMIENTO DE UN INMUEBLE, LA FIJACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DEBE REALIZARSE SOBRE ELEMENTOS QUE EL JUEZ DE DISTRITO TUVO A SU ALCANCE AL MOMENTO DE CONCEDERLA (EXCEPCIÓN A LA REGLA ESTABLECIDA EN LA ÚLTIMA PARTE DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 80/2011). Hechos: El acto reclamado en el juicio de amparo consistió en la orden de lanzamiento emitida en la etapa de ejecución de sentencia. El Juez Federal otorgó la suspensión definitiva y la garantía para que surtiera efectos dicha medida se fijó atendiendo a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a veintiocho días; el porcentaje resultante lo aplicó a la cantidad en la que se aprobó el remate en segunda almoneda del bien inmueble materia de la litis, por concepto de perjuicios. En el incidente para hacer efectiva la garantía otorgada a la parte quejosa para que surtiera efectos la suspensión, el actor incidental pretendió realizar una cuantificación sobre bases ajenas a aquellas en las cuales el Juez de amparo basó su decisión al momento de fijar la garantía. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para analizar la procedencia del incidente de suspensión del acto reclamado, si el Juez de Distrito eligió un modelo en el que fijó una cantidad líquida, a éste debe estarse y ello resulta suficiente para estimar que en el caso ya no es necesario atender a un estándar probatorio que sea exigible al actor incidental para la demostración de los perjuicios que le fueron causados; de ahí que el asunto en análisis constituye un caso de excepción a la regla prevista en la última parte de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 80/2011. Justificación: De acuerdo a las particularidades del asunto, se estima que se está en un caso de excepción a la regla establecida en la última parte de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 80/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, materias común y civil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 148, de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO.", para lo cual se atiende a que el monto de los perjuicios quedó fijado previamente en la resolución firme que se ocupó de la concesión de la suspensión definitiva, en el amparo cuyo acto reclamado fue la orden de lanzamiento de un inmueble, el cual fue rematado y sobre esas bases se cuantificó la garantía, tomando en cuenta el tiempo probable para la resolución del amparo y la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio. El asunto es un caso de excepción, toda vez que dicho criterio se basa en cargas probatorias, en el cual se hace referencia a los distintos estándares probatorios que deben observarse para la acreditación de los daños y los perjuicios. Sin embargo, cuando en ese supuesto la garantía se fijó con base en esa tasa, es innecesario atender a esas reglas, porque presupone que existirán perjuicios, cuyo monto ya fue definido en resolución firme, de modo que el Juez de Distrito no tenía la obligación de ajustar su actuación al criterio contenido en la citada jurisprudencia, sino que una vez realizada la solicitud en tiempo y por parte legítima, deberá declarar procedente el incidente de daños y perjuicios." Luego, para cuantificar la cantidad a aprobar, se debe considerar que del veintidós de febrero de dos mil veintitrés (en que surtió efectos la suspensión provisional de conformidad con lo previsto en el artículo 136 de la Ley de Amparo5) al diecisiete de marzo de dos mil veintitrés (en que se notificó al juez responsable el auto de quince de marzo del mismo año por el que el quejoso no exhibió la garantía requerida) y del catorce de abril de dos mil veintitrés (fecha en que se notificó al juez de origen el auto de trece de abril del mismo año por el que se tuvo al quejoso exhibiendo la garantía requerida) al cinco de julio de dos mil veintitrés (fecha en que se hizo del conocimiento del juez de origen por oficio 12877/2023 el auto de cuatro de julio de dos mil veintitrés en que se tuvo por recibida la ejecutoria de colegiado que confirmó la sentencia definitiva), tiempo en el que la concesión de la suspensión provisional y definitiva estuvieron vigentes, transcurrieron tres meses quince días. Por lo que al considerar $11,500.00 (once mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, entre treinta días de un mes, da como resultado $383.33 (trescientos ochenta y tres pesos 33/100 moneda nacional), que multiplicado por quince (días en que se impidió el lanzamiento del inmueble controvertido), da como resultado $5,749.95 (cinco mil setecientos cuarenta y nueve pesos 95/100 moneda nacional) Por otro lado, $11,500.00 (once mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) por tres que son los meses transcurridos en que la tercera interesada incidentista no pudo disponer del inmueble litigioso, da como resultado $34,500.00 (treinta y cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional). Cantidades que sumadas, arrojan la cantidad de $40,249.95 (cuarenta mil doscientos cuarenta y nueve pesos 95/100 moneda nacional). En consecuencia, se debe realizar el pago de daños y perjuicios a la actora incidentista Rosa María Alejandra Alcántara Rodríguez, por el monto de $40,249.95 (cuarenta mil doscientos cuarenta y nueve pesos 95/100 moneda nacional), ya que acreditó el pago de los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo. Para tal efecto, deberá remitirse el billete de depósito número N 956784 que ampara la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) a Banco del Bienestar Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo a fin de que en su lugar expida dos billetes, uno por la cantidad de $40,249.95 (cuarenta mil doscientos cuarenta y nueve pesos 95/100 moneda nacional) y el segundo por la cantidad de $9,750.05 (nueve mil setecientos cincuenta pesos 05/100 moneda nacional). Hecho lo anterior, el primero póngase a disposición de la tercera interesada incidentista Rosa María Alejandra Alcántara Rodríguez, y el segundo a favor del peticionario de amparo, así como el diverso billete de depósito número N 954564 expedido por el Banco del Bienestar Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo por la cantidad de $19,000.00 (diecinueve mil pesos 00/100 moneda nacional). En consecuencia, los perjuicios deben declararse parcialmente fundados con base en la cuantificación antes citada, pues su procedencia es en atención a que con motivo de las suspensiones decretadas en favor de la parte quejosa (Moisés Álvarez Murillo) la tercera interesada -aquí actora incidentista- Rosa María Alejandra Alcántara Rodríguez, no pudo recuperar la posesión del local controvertido como fue condenado en sentencia definitiva; por tanto, tiene derecho a que se le pague la suma referida con antelación. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 360 a 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Es parcialmente fundado el incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión del acto reclamado y como consecuencia el pago de daños y perjuicios, promovido por la tercera interesada Rosa María Alejandra Alcántara Rodríguez, por propio derecho, por la cantidad de $40,249.95 (cuarenta mil doscientos cuarenta y nueve pesos 95/100 moneda nacional) que resultó por concepto de daños y perjuicios en el presente incidente. SEGUNDO. Se condena al peticionario de amparo Moisés Álvarez Murillo, por propio derecho, al pago de $40,249.95 (cuarenta mil doscientos cuarenta y nueve pesos 95/100 moneda nacional) a favor de la actora incidentista Rosa María Alejandra Alcántara Rodríguez, con cargo al billete número N 956784 que ampara la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por lo que una vez que quede firme el presente fallo, remítase a la institución de referencia a fin de que en su lugar expida dos billetes, uno por la cantidad de $40,249.95 (cuarenta mil doscientos cuarenta y nueve pesos 95/100 moneda nacional) y el segundo por la cantidad de $9,750.05 (nueve mil setecientos cincuenta pesos 05/100 moneda nacional). Hecho lo anterior, el primero póngase a disposición de la tercera interesada incidentista Rosa María Alejandra Alcántara Rodríguez, y el segundo a favor del peticionario de amparo, así como el diverso billete de depósito número N 954564 expedido por el Banco del Bienestar Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo por la cantidad de $19,000.00 (diecinueve mil pesos 00/100 moneda nacional). Notifíquese personalmente a la parte quejosa, vía electrónica a la tercera interesada, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. MESA III
- Principal
Agréguese a sus autos la minuta signada por la Jueza Interina del Juzgado Trigésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, por medio del cual en atención al requerimiento que le fue formulado en auto de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés proporciona la información que le fue solicitada y al efecto remite copia certificada de diversas constancias relativas al expediente. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes, que al momento de la audiencia relativa al incidente de daños y perjuicios, se tendrán a la vista las documentales que acompaña a su informe. Finalmente, toda vez que no existen pruebas pendientes por recabar, con fundamento en el artículo 208, fracción II de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia incidental. Notifíquese. MESA III
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