Moisés Alvarado Garcia
Expediente 410/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 410/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/05/2019
Partes del expediente
- Moisés Alvarado Garcia
Actuaciones
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días previsto por el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de trece del mes y año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado estado. En ese orden de ideas, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese conforme a derecho.Así lo acuerda y firma el Juez Francisco Javier Cavazos Argüelles, Titular del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario ante quien actúa y da fe. Juan Pablo.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, trece de mayo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta téngase por recibido el escrito de demanda firmado por Moisés Alvarado García, a través del cual comparece ante este órgano jurisdiccional solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, regístrese bajo el número 410/2019-I, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este Tribunal. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito deberá examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, circunstancia que se actualiza en el presente caso, numeral que a la letra establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de veintidós de abril de dos mil diecinueve, mediante la cual la responsable resolvió el recurso de revocación interpuesto por el agraviado en contra del auto de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, dentro del incidente de liquidación de gastos y costas, derivado del expediente 2005/2010, relativo al juicio sumario civil sobre cobro de honorarios profesionales, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad. De los antecedentes del acto reclamado plasmados en la demanda de garantías que nos ocupa, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con las fracciones IV y V del numeral 107 del citado cuerpo normativo. El artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, regula la procedencia del juicio de amparo cuando se reclaman actos provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ya sea i) dentro de juicio, ii) en ejecución de sentencia o iii) después de concluido. Tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, es impugnable, por regla general, la última resolución, esto es, (i) aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, (ii) la que ordena el archivo definitivo del expediente o (iii), en caso de procedimientos de remate, la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y bienes rematados; puntos en que el legislador recogió las consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuestas en la jurisprudencia cuyos rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Asimismo, respecto de actos dictados después de concluido el juicio procede el amparo indirecto de manera inmediata, siempre que no se verifiquen en un procedimiento incidental, pues de lo contrario, tal como ocurre en los actos dictados dentro de juicio y en ejecución de sentencia, el afectado tendrá que esperar hasta que se dicte la resolución interlocutoria en éste para combatir todas las violaciones procesales verificadas en su desarrollo. Ilustra lo antes plasmado, la jurisprudencia cuyos rubro y texto, son: "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La liquidación de la totalidad o parte de una sentencia que condena a pagar una cantidad líquida constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo, y para los efectos del párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia, pues tratándose de prestaciones en dinero, es requisito que éstas se encuentren debidamente liquidadas. Por ello, la interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia debe ser considerada como un acto ejecutado después de concluido el juicio, o sea, como un acto de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, ejecutado después de concluido el juicio, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial en términos del numeral en comento." Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció criterio en el sentido que la vía indirecta procederá excepcionalmente contra actos dictados después de concluido o en ejecución de sentencia cuando afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, en concordancia con lo establecido en la diversa fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues el ejercicio de la acción constitucional se ve justificada por la afectación inmediata que genera un acto distinto al fallo definitivo en la esfera de derechos humanos del gobernado. Es así, ya que de lo contrario, se ocasionaría que la afectación sufrida por el interesado pudiera quedar irreparablemente consumada, para el momento en que estuviera en aptitud de combatir el acto violatorio cuando se emitiera el fallo definitivo. Inclusive, que el medio ordinario de defensa que, en su caso, procediera contra ésta, no tuviera los alcances de nulificar, modificar o revocar el acto que derivó en la afectación de derechos públicos subjetivos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." De lo anterior se concluye lo siguiente: a) Procede el amparo indirecto contra actos dictados después de concluido el juicio; b) Atendiendo al principio de definitividad horizontal, únicamente son impugnables en amparo los fallos que resuelven los procedimientos que se verifican en esta etapa, en el que podrán hacerse valer como violaciones procesales, las actuaciones intermedias, y c) Excepcionalmente, procede el amparo biinstancial contra los actos dictados dentro del procedimiento, cuando afecten derechos sustantivos. Ahora, de los antecedentes del acto reclamado, se observa que la determinación reclamada en esta instancia constitucional, emitida el veintidós de abril del año en curso, la autoridad responsable declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del auto de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en el que, entre otras cosas, giró oficio al Colegio de Abogados y a la Barra de Abogados de Matamoros A.C., para que proporcionaran el nombre de dos licenciados en derecho con la finalidad de que el juzgado de origen se encontrara en condiciones de nombrar a los que habrían de participar en la regulación de los gastos y costas materia del incidente. De lo anterior, se obtiene que en la resolución combatida se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, emitido en el incidente de liquidación de gastos y costas, derivado del juicio sumario civil 2005/2010, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad. En esa tesitura, se advierte que la parte agraviada reclama una violación verificada dentro de un procedimiento incidental (incidente de liquidación de gastos y costas), que no es la interlocutoria respectiva, pues en ésta, únicamente se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por el agraviado en contra de la determinación de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en el que, como ya se dijo, se giro oficio al Colegio de Abogados y a la Barra de Abogados de Matamoros A.C., para que proporcionaran el nombre de dos licenciados en derecho con la finalidad de que el juzgado de origen se encontrara en condiciones de nombrar a los que habrían de participar en la regulación de los gastos y costas materia del incidente. Tampoco constituye un acto de imposible reparación ya que en éste no se afectó algún derecho sustantivo del promovente (bienes, derechos o posesiones), pues se insiste, únicamente se resolvió el medio de impugnación hecho valer por el quejoso. En todo caso, la parte agraviada podrá defender sus derechos, en caso que la interlocutoria que se pronuncie en el incidente de regulación interpuesto sea desfavorable a sus intereses. En consecuencia, al no ser la resolución reclamada la definitiva en el incidente de gastos y costas, y ésta no genera afectación de derechos sustantivos del peticionario de amparo, queda de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio." Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el señalado en el proemio de su demanda; y como autorizados para esos efectos a las personas que señala en su ocurso, por así haberlo solicitado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Moisés Alvarado García. Notifíquese conforme a derecho.Así lo acuerda y firma el Juez Francisco Javier Cavazos Argüelles, Titular del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario ante quien actúa y da fe. Juan Pablo.
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