Moisés Abraham Tabullo Gallegos
Expediente 1023/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1023/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 01/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Moisés Abraham Tabullo Gallegos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
El uno de febrero de dos mil dieciocho, Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la quejosa del dieciocho al treinta y uno de enero del dos mil dieciocho, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el quince de enero del propio año, dentro del juicio de amparo número 1023/2017; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; No se tramitó incidente de suspensión. Sí existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, uno de febrero de dos mil dieciocho. DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, uno de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede asentada por el secretario adscrito a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este juzgado el quince de enero de dos mil dieciocho, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente devuélvase a la autoridad responsable, agente del Ministerio Público Especializado en Adolecentes en Conflicto con la Ley Penal, con sede en esta ciudad las constancias que adjunto en alcance a su informe justificado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Regina.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL QUINCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1023/2017-3, estando en audiencia pública Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/5760/2017, ante Luis Felipe Ruiz Martínez, secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el secretario procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de amparo, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas, en aplicación a la Jurisprudencia siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas.". De igual forma, se da cuenta con un pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, recibido el doce de enero del año en curso, con registro 570. En relación con lo anterior, el secretario encargado del despacho acuerda: Téngase hecha la relación de constancias, leídas las mismas, rendido el informe justificado de la autoridad responsable, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, con sede en esta ciudad; Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el que se hace constar que la autoridad responsable agente del Ministerio Público Especializado en Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, exhibió pruebas documentales consistentes en copias certificadas de la carpeta de investigación 465/2017, las que se tienen por ofrecidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Enseguida, en el periodo de alegatos, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 124 de la Ley de Amparo, se tiene formulados los que hizo valer la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en sus pedimentos recibidos en este juzgado el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete y doce del mes y año en curso. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del citado numeral 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1023/2017; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, Sonia Leticia Gallegos Reyes, en representación de su menor hijo Moisés Abraham Tabullo Gallegos, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Conforme al artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal se admitió a trámite la demanda y se celebró la audiencia constitucional que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos de una autoridad residente en donde este juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, de la demanda de amparo, este juzgador considera que la parte quejosa reclama: 1. Del Agente del Ministerio Público Especializado en Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas: - La detención; así como actos de tortura e incomunicación cometidos en contra del quejoso. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. El Agente del Ministerio Público Especializado en Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (foja 26 del juicio de amparo), al rendir su informe justificado, negó los actos reclamados consistentes en la incomunicación así como actos de tortura cometidos en contra del quejoso, sin que el inconforme desvirtuara dicha negativa, en consecuencia, el acto a ésta reclamado, se estima inexistente. Lo anterior es así, toda vez que ante la negativa que manifestó la autoridad responsable, en relación a los actos reclamados, era la parte quejosa, quien se encontraba obligado a probar la existencia de los actos impugnados, es decir, existió la obligación del solicitante de amparo de aportar elementos de convicción para acreditar la existencia de los actos reclamados a las autoridades antes precisadas, lo que no ocurrió en la especie. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Sexta Época, tomo VI, registro 917818, página 236, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Además, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se desprende que al quejoso le fueron leídos sus derechos al momento de la detención (fojas 15 y 16 del tomo de prueba), y se certificó medicamente su estado físico, en particular que no presentaba traumas físicos recientes o pasados (foja 32 ídem). Asimismo, el actuario de este Juzgado, al notificarle el auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, asentó que el amparista manifestó que no había sido torturado ni incomunicado (foja 13 del juicio de amparo). En tal virtud, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad a lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de los actos reclamados a la autoridad mencionada en este considerando. No obstante lo anterior, pese a que no existe evidencia razonable que otorgue certeza a las manifestaciones de tortura que realizó el quejoso, dichas afirmaciones se integran por conductas ilícitas, por lo que deben ser objeto de investigación, a fin de que se verifique la veracidad de los hechos alegados y, en su caso, se identifique y procese a los responsables. Por tanto, en términos del artículo 271 de la Ley de Amparo, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado, a efecto de que determine lo conducente sobre la investigación de las manifestaciones realizadas por el quejoso en la demanda de amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público Especializado en Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (foja 26 del juicio de amparo), al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado consistente en la detención del quejoso, sin embargo, realizó manifestaciones en las que se desprende la existencia del mismo; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Certeza que se acredita con copia certificada de la carpeta de investigación 465/2017 (un tomo de pruebas que obra por separado); documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. El suscrito de oficio advierte que en el presente juicio de amparo, respecto de la privación de libertad sufrida por el quejoso Jorge Garduño Paz, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; ." Conforme a la interpretación de este numeral, la improcedencia del juicio de garantías se genera cuando existe un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado, cuyos elementos que la determinan son: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que durante la substanciación del juicio de garantías se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la legalidad o constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento o juicio correspondiente, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Orienta esta interpretación en lo conducente, el criterio aislado número 2a. CXI/96, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora bien, en el caso y como fue señalado con anterioridad, el quejoso reclamó al Ministerio Público responsable la detención de la que fue objeto, sin embargo, en el caso ha habido un cambio de situación jurídica que se traduce en una imposibilidad de estudiar dicho acto reclamado. Con el fin de verificar que se actualiza dicha causal, tenemos que de las constancias que remitió la responsable en alcance a su informe justificado, se advierte que el Agente del Ministerio Público Especializado en Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, mediante resolución de veintiséis de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 49 y 50 del tomo de prueba) decretó la legal detención, entre otros, del aquí quejoso; misma que fue calificada de legal por el Juez Especializado en Materia de Justicia Penal para Adolescentes en el Estado de Zacatecas, el veintiocho de noviembre siguiente (fojas 142 a 144 ídem), y finalmente, el treinta del mes y año en cita (fojas 145 a 149 ídem) se decretó, entre otras cosas, la NO vinculación a proceso del quejoso Moisés Abraham Tabullo Gallegos, ordenando su inmediata libertad. Luego, durante la substanciación del juicio de amparo se pronunció una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo, es decir, por la privación de la libertad, ya que como fue señalado en el párrafo precedente, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, el treinta del mes y año en cita se decretó la NO vinculación a proceso del quejoso Moisés Abraham Tabullo Gallegos, ordenando su inmediata libertad. Así, no podría decidirse sobre la legalidad o constitucionalidad del acto reclamado (detención por parte del Ministerio Público) sin afectar la nueva situación jurídica, pues ahora el quejoso goza de su libertad con motivo del auto de no vinculación dictado a su favor, lo que presupone que se calificó de legal la detención reclamada. Asimismo, existe autonomía entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, es decir, la privación de la libertad, traducida en la detención decretada por el Ministerio Público responsable, y la nueva resolución dictada por el Juez Especializado en Materia de Justicia Penal para Adolescentes en el Estado de Zacatecas, de modo que esta última subsistiría, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En esas condiciones, si se decidiere sobre la constitucionalidad del acto reclamado, se afectaría la nueva situación jurídica, esto es, la libertad con motivo del auto de no vinculación a proceso dictado en favor del menor quejoso, por tanto, las violaciones reclamadas en el juicio de amparo deben considerarse consumadas irreparablemente, con motivo del cambio de situación jurídico acaecido durante el presente juicio de amparo. Por ende, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio constitucional. SEXTO. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicable, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Sonia Leticia Gallegos García, en representación de su menor hijo Moisés Abraham Tabullo Gallegos, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando segundo y por los motivos y para los efectos vertidos en el diverso quinto de esta resolución. SEGUNDO. Dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en los términos del considerando tercero de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/5760/2017, ante Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
En dos de enero de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICO: Que se encuentran fijadas las nueve horas con veinte minutos de este día, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; Del veinte de diciembre de dos mil diecisiete a este día, se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se imponga del contenido del informe rendido por la responsable Agente del Ministerio Público Especializado en Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, con sede en esta ciudad. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. Juan García Trejo. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos, así como con una promoción registrada con el folio 17256. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dos de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con veinte minutos de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la responsable Agente del Ministerio Público Especializado en Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, con sede en esta ciudad; por tanto, a fin de dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para este día, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL QUINCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Finalmente, téngase por recibido el pedimento de cuenta número 1480/2017, que suscribe la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y en atención a su contenido, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele por formulando los alegatos que a su parte corresponden, sin perjuicio de hacer relación de ellos nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente asunto, dígasele que una vez que se pronuncie el indicado fallo, le será expedida la copia de mérito. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci
- Principal
El quince de diciembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con una promoción con registro 16658. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a quince de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la promoción de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Especializado en Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, con sede en esta ciudad, sin perjuicio de hacer relación nuevamente en el desahogo de la audiencia respectiva. Con su contenido, dese vista a las partes, para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a sus intereses legales convenga. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, ténganse como pruebas de la referida autoridad las documentales que acompaña a su informe; sin perjuicio hacer relación nuevamente en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Dado el volumen del anexo que se recibe, guárdese por separado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci
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