Moisés Aarón Cervantes Altamirano
Expediente 10/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 10/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/05/2019
Partes del expediente
- Moisés Aarón Cervantes Altamirano
Actuaciones
- Principal
agréguese el oficio proveniente del segundo tribunal colegiado del vigésimo cuarto circuito, con residencia en Tepic Nayarit, al acompaña testimonio de la resolución dictada, de la que se advierte que dicho órgano revisor determino lo siguiente: primero, si existe el conflicto competencial suscitado entre el juzgado tercero de distrito de amparo en materia penal en el estado de Nayarit y el juzgado segundo de distrito en materia de amparo y de juicio federales en el estado de baja california...segundo, se declara que el juzgado tercero de distrito de amparo en materia penal en el estado de Nayarit es legalmente competente para conocer de la demanda...tercero, remítase testimonio de la presente resolución al juzgado segundo de distrito en materia de amparo y de juicios federales en el estado de baja california.
- Principal
Visto el oficio proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, al que acompaña el original del juicio de amparo 1608/2018-VIII, de ese índice, promovido por Moisés Aarón Cervantes Altamirano, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, así del contenido del oficio aludido, se advierte que el Titular de dicho órgano jurisdiccional, estima que carece de competencia legal para seguir conociendo de dicho expediente por lo que hace al acto reclamado que hace consistir en ".inactividad procesal dentro de la causa penal 924/2017, del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California." y declina la competencia a favor del Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California en turno, con domicilio en Tijuana, para que conozca de él, por las razones expuestas en la determinación de dos de enero del año en curso.********************Por lo tanto, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno correspondiente, con el número 10/2019. Ahora bien, previo a realizar pronunciamiento alguno en cuanto aceptación de la declinatoria planteada, cabe destacar que del contenido del oficio y anexos que se atienden, se desprende que el Juzgado oficiante se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo por lo que hace al acto reclamado que establece como ".inactividad procesal dentro de la causa penal 924/2017, del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California .", al estimar que el mismo requiere ejecución material, al considerar que en la especie se actualiza la premisa del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. ********************Sin embargo, con el mayor de los respetos, la que suscribe estima que en la especie se actualiza un criterio adverso al sostenido por el Juzgado Tercero de Distrito en Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, situación que conlleva a no aceptar la competencia declinada a favor de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en esta entidad federativa, conforme a las consideraciones que a continuación se detallan. Primeramente, cabe señalar que la parte quejosa señaló como acto reclamado en su escrito inicial de demanda, lo siguiente: ".Le reclamo el mantenerme privado de mi libertad de forma prolongada; injustificada, arbitraria; sin motivar ni fundamentar la causa legal del procedimiento; dejando parado mi proceso; haciéndolo prolongado y, prisión preventiva; violando mi: a) el principio de legalidad previsto en los artículos 14 de la Constitución; b) el principio de una justicia pronta; completa y expedita previsto en el artículo 17 de la Constitución." Así entonces, se obtiene que reclama en lo que aquí interesa y por lo que se declina competencia, ".inactividad procesal dentro de la causa penal 924/2017, del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California."; lo cual constituye una omisión, que aduce le vulnera los derechos fundamentales contenidos en los artículos 16 y 18 Constitucionales. Ahora, con fundamento en el artículo 37, último párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado estima que el remitente Juzgado Tercero de Distrito en Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, es el que resulta competente para resolver y conocer el acto reclamado en el ocurso de demanda promovido por Moisés Aarón Cervantes Altamirano, en virtud de que, contrario a las manifestaciones vertidas por el Titular de dicho órgano, el suscrito estima que la cuestión combatida no requiere de ejecución material En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone:********************"Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Nota. Lo enfatizado no es de origen. La citada porción normativa establece, tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponde, que son las siguientes: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiese presentado la demanda. Así entonces, la parte quejosa reclama en esencia la omisión (negativa), por parte de la autoridad responsable de darle continuidad al trámite procesal dentro de la causa penal 924/2017, del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California; en esa tesitura, se evidencia que el acto atribuido a la autoridad responsable, carece de ejecución material, por ende, para determinar la competencia del Juez de Distrito, debe aplicarse el contenido del artículo 37, último párrafo, de la Ley de Amparo, es decir, que es competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.********************Se estima lo anterior, ya que, se reitera, en la especie, se atribuye a la autoridad responsable, la omisión de darle continuidad al trámite procesal dentro de la causa penal 924/2017, del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, lo cual constituye un acto que no requiere de ejecución material, pues la omisión atribuida a la autoridades responsable, no puede refutarse como un acto de ejecución material, sino como uno negativo, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifica el estado de las cosas en la esfera física, sino solo en el ámbito de lo formal, al abstenerse de realizar actos necesarios para resolver el beneficio de libertad anticipada en algún sentido. Lo anterior es así, dado que dicho acto materia de reclamo se trata de una omisión simple que carece de efectos positivos, al margen de que ese "no hacer" conlleve que mientras la responsable persista con la abstención aludida, el quejoso continúe resintiendo una afectación en su derecho al acceso de justicia; en el entendido de que una interpretación en contrario implicaría que todas las omisiones tendrían efectos positivos al provocar en mayor o menor medida, justificada o injustificada, una afectación en la esfera jurídica de quien resiente esa abstención. Ello, toda vez que con independencia del sentido del actuar que pudiera llevar a cabo la responsable, la materia del juicio de amparo es su omisión, es decir, un no actuar, y un acto omisivo es el que deberá determinarse, en caso de existir, si es o no vulnerador de derechos humanos, no así los actos que pudieran desplegar. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia número 17/2014 (10ª), de rubro y texto siguientes:********************"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Asimismo, se invoca como sustento a lo anterior, la jurisprudencia PC.XV. J/34 L (10ª.), del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE HACER CUMPLIR EL LAUDO Y ACORDAR PETICIONES, ASÍ COMO LA ABSTENCIÓN DE ACATARLO. AL SER ACTOS QUE NO REQUIEREN DE EJECUCIÓN MATERIAL, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; luego, la omisión de cumplir y hacer cumplir el laudo dictado y de acordar sus peticiones, así como la abstención de acatarlo, reclamados a las autoridades responsables (autoridad jurisdiccional y parte patronal en el juicio laboral), constituyen actos que no requieren de ejecución material. Por lo que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, ya que se trata de una abstención, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al omitirse realizar los actos necesarios para cumplir el laudo condenatorio, por lo que solamente permanece ese estado de inejecución, lo que se traduce en que se trata de una omisión simple que carece de efectos positivos, al margen de que ese "no hacer" conlleve que mientras las autoridades persistan con la abstención reclamada, el quejoso continúe resintiendo una afectación en su derecho de acceso a la justicia. Una interpretación en contrario implicaría que todas las omisiones tendrían efectos positivos al provocar en mayor o menor medida, justificada o injustificadamente, una afectación en la esfera jurídica de quien resiente esa abstención, ya que con independencia del sentido del actuar que pudieran llevar a cabo las responsables, la materia del juicio de amparo es su omisión, es decir, un no actuar, y un acto omisivo es el que deberá determinarse, en caso de existir, si es o no vulnerador de derechos humanos, no así los actos que pudieran desplegar las autoridades responsables." Y la diversa tesis registro 237830, por las razones que la informan, que señala: "COMPETENCIA. DEBE DECIDIRSE EN FAVOR DEL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES. En términos del artículo 36, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de un juicio de amparo, debe decidirse en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad señalada como ordenadora, cuando se reclame una omisión y no sus consecuencias, por tratarse de un acto negativo carente de ejecución material, sin que importe el sentido del acuerdo que llegara a dictar la autoridad, el resultado del cual, frente a su omisión, constituye un acto completamente distinto que, por no existir, no puede ser materia del amparo cuyo conocimiento esté a discusión." En ese tenor y tomando en consideración los razonamientos citados en párrafos supra, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48, en relación con el diverso precepto legal 37, tercer párrafo, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, este Órgano Jurisdiccional no acepta la competencia planteada para el conocimiento del acto reclamado relativo a ".inactividad procesal dentro de la causa penal 924/2017, del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California." que motivó el presente juicio de amparo, en donde el quejoso es Moisés Aarón Cervantes Altamirano. Consecuentemente, al no aceptarse la competencia planteada, resulta procedente previo cuaderno de antecedentes que se forme, devolver la sentencia remitida en original dictada dentro del juicio de amparo 652/2018, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, previa copia certificada que de la misma se deje en autos, para los efectos legales conducentes a que haya lugar.********************No se inadvierte que el Titular de dicho órgano jurisdiccional, haya invocado como sustento a su determinación la jurisprudencia 14/2014, con registro 2006160; sin embargo, se estima que no resulta aplicable al caso concreto, pues de ella se obtiene que vierte sobre quien resulta competente para conocer del juicio de amparo en el que se reclame la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada (juez en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario donde el reo se encuentre recluido), y en el caso, como se dijo con anterioridad, se atribuye a las responsables ".que lleve a cabo la audiencia pendiente de resolver del beneficio de libertad anticipada que solicitó ante el Juez de Ejecución.", esto es, un no hacer. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. De igual manera, se solicita al Juzgado Tercero de Distrito en Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva acusar el recibo correspondiente del presente proveído. Seguidamente, de autos se desprende que la parte promovente señaló con domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", con residencia en El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit; a fin de que dicha parte procesal se imponga del contenido del presente proveído y no dejarla en estado de indefensión, en obvio de mayores dilaciones al procedimiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17, de la Constitución Federal, en el que se consagra que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijan las respectivas leyes, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 297, fracción II, 298 y 299, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno, con sede Tepic, Nayarit, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva ordenar al Actuario Judicial de su adscripción, se constituya en el domicilio antes descrito y notifique a la parte quejosa Moisés Aarón Cervantes Altamirano, la presente determinación.********************Asimismo, la requiera para que en el acto de la notificación, o bien, dentro de los tres días posteriores a la misma, señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito habilita días y horas inhábiles necesarios a efecto de practicar las notificaciones personales que se deriven de la tramitación del presente asunto. Por último, atento a lo previsto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los ordinales 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al hacerse pública la sentencia que se dicte en este asunto; apercibidas que de no hacerlo, en la versión pública que se realice de dicha determinación, se suprimirá la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 5, 14, 25, 28, 44, 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.
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