Moisés Aarón Amaya Valdez
Expediente 348/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 348/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Moisés Aarón Amaya Valdez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Causa estado auto que sobreseyó fuera de audiencia el juicio, se ordena archivo...
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CON ESTA FECHA SE TIENE POR HECHA A LA PARTE QUEJOSA LA NOTIFICACION DEL AUTO DE 02 DE JUNIO DE 2021, EN EL CUAL SE DECRETO: CAUSA EJECUTORIA Y SE ORDENA ARCHIVO..................
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CON ESTA FECHA SE TIENE POR HECHA LA NOTIFICACION LA PARTE QUEJOSA DEL CONTENIDO DEL AUTO DE 28 DE ABRIL DE 2021, EN EL CUAL SE DECRETO: SE SOBRESEE FUERA DE AUDENCIA..........................
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Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexos, mediante el cual el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, rinde informe justificado. Pruebas. Se tiene por ofrecida la prueba documental que envía la autoridad oficiante, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, de las cuales se deriva una causal de improcedencia. Sobreseimiento fuera de audiencia. En efecto, del contenido de las constancias probatorias remitidas por la autoridad oficiante, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia en trato, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.", Bajo ese contexto, con apoyo en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de acuerdo al contenido de la demanda y demás constancias existentes en autos, el reclamo constitucional se hace consistir en la omisión de la responsable de fijar fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del juicio laboral 925/2010, del índice de la responsable. Al respecto, la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de su presidente, al rendir su informe justificado niega la existencia del reclamo constitucional; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa del propio contenido del informe y las documentales, toda vez que se advierte que el acto omisivo del que se duele la parte quejosa, existía a la fecha de presentación de la demanda, por lo es dable tener por cierto el acto reclamado. No obstante lo anterior, se tiene que entre las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado concretamente, la relativa a la copia certificada del auto emitido el dieciséis de abril del año en curso, se advierte que en esa data proveyó sobre las pruebas ofrecidas por las partes, las cuales fueron admitidas y procedió a señalar fecha para la celebración de ellas. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causal de improcedencia invocada, toda vez que con el actuar de la responsable, se restituyó al quejoso en sus derechos, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, ya que si bien, en el particular el perjuicio que el acto reclamado le ocasionaba al quejoso fue la circunstancia de que no emitiera acuerdo sobre las pruebas de las partes en el juicio laboral de origen y la responsable emitió una determinación en la que se pronunció en relación a dichas probanzas; por tanto, tal actuación torna improcedente el estudio del reclamo opuesto en esta vía constitucional. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En el entendido que deberá desahogarse en las fechas señaladas las pruebas admitidas en el referido juicio laboral, pues de lo contrario (salvo impedimento legal que al efecto hubiere), resultaría patente que el cumplimiento del acto reclamado, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada, lo que sin duda podría actualizar los elementos del delito a que se refiere la fracción II del artículo 262 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de Registro de Juicios de Amparo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido. Notifíquese; y, personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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