Mohamed Lemin Abdoullah
Expediente 814/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 814/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/07/2023
Partes del expediente
- Mohamed Lemin Abdoullah
- Cheikhna el Aidy
- CHEIKHNA EL AIDY y Otros.
- Sidi Mohamdatt
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de trece de julio de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada determinación ha causado estado. Certificación. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, hágase la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Juicio de amparo. Se precisa que el presente expediente es CONSERVABLE por un término de tres años; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis prevista en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, capítulo 7, punto 7.4 "Tratamiento los expedientes con suspensión de plano", al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, por tanto, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, lo cual actualiza el supuesto antes citado. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
hago constar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29, ambos de la Ley de Amparo, se practica la notificación del proveído de diez de julio de dos mil veintitrés a los terceros interesados Tomás García Mungaray Otomás García Nungaray, Jesús Montijo Murrieta, José Munguía Estada y Jesús Cruz Rodríguez, en el juicio de amparo 813/2022-IV, por medio de lista de estrados, asimismo, se le corre traslado con escrito de agravios con motivo del recurso de revisión interpuesto, que en síntesis dice:"Tijuana, Baja California, diez de julio de dos mil veintitrés. Interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el escrito que remite la Apoderada y Representante Legal de la parte quejosa Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diecinueve de junio de dos mil veintitrés; en consecuencia, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo recurso de revisión en contra de dicha resolución, distribúyanse las copias del escrito que se atiende y previa constancia de esto último, dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el original del escrito de agravios y copia de éste al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, en turno, para la substanciación del recurso. Notifíquese, y personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a los terceros interesados."
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de julio de dos mil veintitrés. Ratifican demanda. Vistas las constancias de notificación realizadas a 1) ********************, 2) ********************, 3) ********************, 4) ********************, 5) ********************, 6) ******************** y 7) ********************, se advierte que ratificaron la demanda de amparo promovida a su favor. Prevención. En atención al contenido del escrito de demanda, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad, y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que pueda subsanarlas en tiempo. Requerimiento. Por tanto, atendiendo a que la demanda de amparo debe estudiarse como un todo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, en relación con el 108, fracción en IV y V, de la Ley de Amparo, se requiere a los quejosos 1) ********************, 2) ********************, 3) ********************, 4) ********************, 5) ********************, 6) ******************** y 7) ********************, para que por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, dentro del plazo de cinco días legalmente computado, bajo protesta de decir verdad realicen lo siguiente: 1.- Informen si a la fecha tienen conocimiento de algún procedimiento migratorio con el fin de ordenar su extradición a su país de origen y, de ser el caso, la fecha que se hicieron sabedores del mismo. En caso afirmado, indiquen si lo señalan como acto reclamado, para lo cual deberá narrar los antecedentes del mismo, toda vez que del capítulo de los mismos no se advierte dicha situación. Así como la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de 1992, página 63, con número de registro 220365, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna.". Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntadas, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Señalamiento de autorizado. Por otro lado, se tiene a ******************** como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la materia ya que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte la certificación de cuenta. Juicio en línea y notificaciones electrónicas. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en vigor a partir del seis de mayo del año en curso, se autoriza a la parte quejosa el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico para consulta en la modalidad de juicio en línea. De igual manera, dado que autoriza expresamente la vía electrónica para oír y recibir notificaciones; con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del mencionado Acuerdo General 12/2020, se le tiene por señalada la vía electrónica para que las notificaciones personales generadas en el presente asunto se le hagan de esa manera. Por otra parte, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que las notificaciones de carácter personal se le practiquen por ese medio, en el entendido de que las mismas se sujetarán a los términos establecidos en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, se comisiona a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita, realice la autorización para la consulta y notificación personal de los acuerdos emitidos en ese sentido a la parte quejosa, a través de la vía electrónica, por conducto del usuario "********************". Notifíquese; y personalmente a los quejosos 1) ********************, 2) ********************, 3) ********************, 4) ********************, 5) ********************, 6) ******************** y 7) ********************.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de julio de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de cuenta que promueve ********************, a favor de 1) ********************2) ******************** 3) ******************** 4) ********************5) Moha********************6) ******************** y 7) ********************; en consecuencia, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 814/2023-I. Suspensión de plano. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se observa que el promovente señala como actos reclamados la privación de la libertad; el traslado; la deportación o expulsión, así como la incomunicación de los que pueden ser objetos los agraviados 1) ********************2) ******************** 3) ******************** 4) ********************5) Moha********************6) ******************** y 7) ********************. I. Deportación, traslado y expulsión. Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y los directamente agraviados no sean deportados, trasladados o expulsados del país. II. Con relación a la incomunicación. Las autoridades responsables deberán cesar todo acto de incomunicación infringidos en contra de los agraviados 1) ********************2) ******************** 3) ******************** 4) ********************5) Moha********************6) ******************** y 7) ******************** y, en su caso, se les permita mantener comunicación con sus defensores o familiares, así como mantenerlos informados de su situación migratoria; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. En el entendido que esto es sin perjuicio de la continuación de algún procedimiento migratorio, en el que se encuentren involucrados los quejosos, debiendo acompañar las constancias que acrediten el cumplimiento a la suspensión de plano. Se reitera que queda a cargo y bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, la integridad física de las personas agraviadas, a fin de que no sufra ningún atentado contra su vida, de conformidad con los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. III. Privación de la libertad. Ahora, previo a pronunciarse sobre la suspensión de plano relativa a la privación de la libertad de las personas migrantes, es necesario tener en cuenta que la Ley de Migración, establece las facultades de control, verificación y revisión migratoria a cargo del Instituto Nacional de Migración, entre las que se encuentra la instauración del procedimiento administrativo migratorio; éste comprende, entre otros aspectos, el control migratorio, consistente en la revisión de documentación de personas que pretendan internarse al país. Del mismo modo, implica la supervisión de los medios de transporte que se utilizan para internarse al país, lo que realizarán las autoridades migratorias con auxilio de las autoridades policiales, lo cual se efectúa en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por mar, aire y tierra y de manera excepcional, previa solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lugares distintos a estos. En ese contexto, es relevante tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 68, primer párrafo y 100 de la Ley de Migración, que establecen: "Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del Instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la presente Ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición. " De la anterior porción normativa se advierte que la presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por personal del Instituto Nacional de Migración, en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, lo cual deberá constar en actas y no podrá exceder del término de treinta y seis horas contadas a partir de su puesta a disposición, para lo cual, deberá dictarse acuerdo dentro de las veinticuatro horas derivado de la diligencia de verificación o revisión migratoria. En resumen, si la autoridad migratoria realiza una verificación en la que detecta a una persona migrante en situación irregular, debe dar inicio al procedimiento migratorio. A partir del momento de la revisión, la autoridad migratoria cuenta con un plazo de veinticuatro horas para dictar el acuerdo de puesta a disposición y hasta treinta y seis horas, de las que no se excluyen las primeras veinticuatro que se mencionaron, para que la persona continúe en la estación migratoria o estancia de alojamiento temporal, esto es, la autoridad cuenta con un máximo de treinta y seis horas, para que la persona continúe bajo la supervisión de la autoridad administrativa, en la estación migratoria o de alojamiento temporal. Por tanto, la suspensión de plano solicitada se puede conceder, bajo ciertos parámetros y condiciones, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el procedimiento, por lo que, esta juzgadora concede la suspensión de plano en los supuestos y para los efectos siguientes: a) En el caso de que la internación de 1) ********************2) ******************** 3) ******************** 4) ********************5) Moha********************6) ******************** y 7) ********************, al país, no se considere irregular por la autoridad migratoria, estos no sean privados de su libertad, siempre y cuando, la detención no se funde en la comisión de un hecho considerado como ilícito. b) En el supuesto de que la detención de 1) ********************2) ******************** 3) ******************** 4) ********************5) Moha********************6) ******************** y 7) ******************** derive de la comisión de un hecho que la ley señale como delito, las autoridades deberán ponerlos en inmediata disposición del agente del ministerio público competente a fin de que se dé inicio a la carpeta de investigación correspondiente. c) En el escenario de que la internación de 1) ********************2) ******************** 3) ******************** 4) ********************5) Moha********************6) ******************** y 7) ******************** sea considerada irregular por parte de la autoridad migratoria, deberán, dentro del plazo de veinticuatro horas, contados a partir de que le fueron puestos a su disposición, dictar el acuerdo de presentación a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración. En el entendido de que su presentación (o cualquier acción que implique la restricción de su libertad de tránsito) no deberá exceder de treinta y seis horas, por lo que, si no resuelve el procedimiento administrativo migratorio dentro de dicho plazo, deberá fijarles las medidas contempladas en la Ley General de Migración, para que 1) ********************2) ******************** 3) ******************** 4) ********************5) Moha********************6) ******************** y 7) ******************** continúen en libertad su procedimiento. Por tanto, las medidas que señale la autoridad deberán ser diversas a las que impliquen privación de la libertad personal de los sujetos en situación de migración, pero deberá tomar en cuenta aquellas que aseguren que estos no evadan el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político; como puede ser, de manera enunciativa, más no limitativa, la obligación de presentarse ante la propia autoridad administrativa cuantas veces le sea exigido y, en el supuesto de que determine imponer una garantía económica, ésta deberá ser asequible, debidamente fundada y motivada, atendiendo a la situación específica de la persona, lo que deberá analizar y justificar la autoridad administrativa, sin que ello, sea impedimento para que la persona migrante pueda seguir su procedimiento en libertad. Con la precisión que, la integridad personal de 1) ********************2) ******************** 3) ******************** 4) ********************5) Moha********************6) ******************** y 7) ******************** es responsabilidad de las autoridades migratorias, razón por la cual durante el tiempo que se encuentre presente ante la misma, deberán velar por la protección de sus derechos humanos, esto es, conservar y asegurar su integridad física, entre lo que destaca, proporcionar alimentos, vestimenta en caso de necesitarlo, así como brindar la atención médica básica que se requiera, con el objeto de que no se provoque un menoscabo a su salud, mientras estén a su disposición. Del mismo modo, en caso de que 1) ********************2) ******************** 3) ******************** 4) ********************5) Moha********************6) ******************** y 7) ******************** opten por seguir su procedimiento alojados en la estación migratoria o en el alojamiento temporal con que cuente la autoridad administrativa, esta deberá hacerle saber los efectos y consecuencias de ello, en el entendido que, levantará un acta que así lo demuestre, así como, informarle a las personas en situación de migración que en cualquier momento (transcurridas las treinta y seis horas), pueden continuar con su procedimiento en libertad, bajo las condiciones que se le fijen. Estas consideraciones, se desprenden de un análisis del Protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional, emitido y publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de dos mil veintiuno, ya que en dicho documento, la Corte estableció que las restricciones a la libertad personal deben ser seriamente analizadas para determinar su validez constitucional, pues no es casualidad que la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos la protejan con tanta intensidad y arrebato, por lo que se trata de un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, ya que garantiza a su vez el pleno ejercicio de otros derechos constitucional y convencionalmente reconocidos para un completo desarrollo y bienestar de las personas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVI.1o.A.5 K (11a.), de rubro y contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SU CONCESIÓN CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA, DEBE SER PARA EL EFECTO DE QUE SEA PUESTO EN LIBERTAD Y PARA QUE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DICTEN LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE NO SE SUSTRAIGA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO. Hechos: La quejosa migrante interpuso recurso de queja en contra del auto del Juez de Distrito mediante el cual le concedió la suspensión de oficio y de plano para que permaneciera en el alojamiento del Instituto Nacional de Migración (INM) y durante éste, las autoridades responsables le informaran y garantizaran en todo momento el cúmulo de derechos que prevé la legislación migratoria; argumentando que el efecto de la medida cautelar decretada debió ser para que fuera puesta en libertad, pues se encontraba en calidad de presentada en la estación migratoria en razón de un procedimiento administrativo que se siguió en su contra, no por la comisión de algún delito. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la concesión de la suspensión de oficio y de plano en el juicio de amparo indirecto contra el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, debe ser para el efecto de que sea puesto en libertad y para que el Instituto Nacional de Migración dicte las medidas de aseguramiento (diversas a las que impliquen la privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), a fin de asegurar que no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria o asilo político, entre ellas, la obligación de presentarse ante aquél cuantas veces le sea exigido, otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad, o establecer domicilio o lugar en el que permanecerá. Justificación: Lo anterior, porque la libertad de las personas se encuentra reconocida y se exigen garantías para evitar su afectación, en los artículos 14, párrafo segundo y 21, párrafo cuarto, de la Constitución General, de los que deriva que toda persona debe gozar de la libertad personal, la cual sólo puede ser restringida o privada mediante juicio previo en el cual se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y que tratándose de restricciones a la libertad personal como sanción administrativa, no puede durar más de treinta y seis horas. Ahora bien, en materia de personas migrantes y sujetas de protección internacional es indispensable atender a que las irregularidades derivadas de la internación irregular al país, por sí mismas no constituyen delito alguno, sino que se podrían considerar como una falta administrativa. Así, tomando en cuenta los principios constitucionales y convencionales que consagran el derecho fundamental a la libertad personal, aplicando el principio pro persona previsto en el artículo 1o. constitucional, debe privilegiarse la solución conforme al derecho a la libertad personal de la parte quejosa, lo que no impide que la autoridad con competencia legal dicte las medidas que aseguren que aquélla no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria o asilo político. En consecuencia, la tutela judicial debe considerar la especial relevancia de la libertad personal, a efecto de garantizar la eficaz protección a los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional." Informes. Requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, remitiéndoles para tal efecto copia simple del escrito de demanda. Apercibimiento. Apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Ratificación de demanda. Se faculta a cualquiera de los actuarios de este juzgado para que se traslade a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración Delegación Baja California con sede en esta ciudad, así como a aquellos lugares de los que tenga noticia en que pudiera encontrarse la parte agraviada, a fin de que notifique personalmente el presente acuerdo a 1) ********************2) ******************** 3) ******************** 4) ********************5) Moha********************6) ******************** y 7) ******************** y los requiera para que en el momento de la notificación o dentro del término de tres días, manifieste si ratifican o no la demanda interpuesta a su favor, así como el nombramiento de autorizados señalados en el escrito inicial. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda y quedaran sin efectos las providencias decretadas. Señalamiento de domicilio. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones por parte de los promoventes el que indican. Solicitud de copias. Por otra parte, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase costa de los promoventes la copia certificada que solicita; ello, previa razón que por su recibo se deje para constancia. Sin perjuicio de que una vez que se ratifique la demanda y se autorice el acceso electrónico la copia pueda ser obtenida directamente por el promovente a través del expediente electrónico respectivo. Consulta electrónica. Una vez que se ratifique la demanda de amparo, se acordará lo relativo a la solicitud de acceso al expediente electrónico que solicita la parte promovente, por ser el directamente agraviado el facultado para hacerlo. Medios de contacto. Téngaseles señalando los correos electrónicos y números telefónicos que indican única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Requerimiento. Ahora, en atención a que quien presentó el escrito de demanda fue ********************, requiérasele para que dentro del término de tres días, legalmente computado, informe a este órgano jurisdiccional si promovió diversa demanda de amparo en los municipios de Ensenada o Mexicali, o en su defecto, en otro Estado de la República, por los mismos quejosos y actos reclamados. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, o de no informar el impedimento legal que tenga para no hacerlo, en el plazo que se les concede, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización; acorde a la fracción I, del artículo 237, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Por otro lado, de conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento cobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese personalmente a 1) ********************2) ******************** 3) ******************** 4) ********************5) Moha********************6) ******************** y 7) ********************, así como a ********************.
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