Mohamed Hussein Mazeh Ezzedine
Expediente 427/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 427/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/05/2023
Partes del expediente
- Mohamed Hussein Mazeh Ezzedine
- Jaime Cruz Padilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Amparo en revisión
... agréguese para los efectos legales conducentes el oficio electrónico signado por el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual se acusa recibo del diverso 794/2023 al cual se adjuntó testimonio de la ejecutoria emitida en el presente asunto, así como los anexos descritos en aquél... este asunto no es de relevancia documental... en su oportunidad, procédase a su depuración... archívese este expediente como asunto concluido y háganse las anotaciones en el libro de gobierno...
- Amparo en revisión
... PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por... en términos del considerando quinto de la presente ejecutoria, por cuanto hace a las medidas precautorias decretadas en la parte conducente del acto reclamado. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a... contra las autoridades y actos indicados en el resultado primero de este fallo, por cuanto hace a las medidas de aseguramiento decretadas en la parte conducente del acto reclamado, para los efectos precisados en la parte final del considerando sexto de esta ejecutoria. CUARTO. Se declara sin materia el recurso de revisión principal relacionado, interpuesto por... contra la sentencia de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, terminada de engrosar el tres de noviembre siguiente, por el Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el juicio amparo indirecto 766/2022...
- Amparo en revisión
... Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la moral quejosa... en auto de diez de marzo de dos mil veintitrés; por consiguiente, devuélvase el presente asunto a la Ponencia del Magistrado Juan Carlos Ortega Castro, a fin de que formule el proyecto de resolución respectivo... agréguese el escrito signado por... apoderado de la quejosa... mediante el cual pretende desahogar la vista ordenada en auto de diez del presente mes, y realiza diversas manifestaciones en relación con la causa de improcedencia que de oficio advirtió este tribunal se actualiza en el presente asunto, y no ha lugar a tener por desahoga la vista de referencia, en razón de que el escrito respectivo fue presentado fuera del plazo concedido en el precitado auto...
- Amparo en revisión
... Vista la cuenta secretarial que antecede, de la cual se advierte que en sesión ordinaria pública virtual llevada a cabo el nueve del presente mes, el Pleno de este Segundo Tribunal Colegiado advirtió oficiosamente que en el presente asunto se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y que por ende, se ordenó dar vista a la moral quejosa... por conducto de quien legalmente la represente, en términos del artículo 64, párrafo segundo, de la ley de la materia, por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de esta determinación, para que manifieste lo que a sus intereses convenga. Ahora bien, a fin de que la quejosa esté en posibilidad de desahogar tal vista, hágasele saber que el contenido del considerando quinto de la versión pública del proyecto de resolución del presente medio de defensa, es el siguiente. "(.) QUINTO. No se abordará el examen de los conceptos de violación esgrimidos por la sociedad quejosa, por los cuales pretenda combatir lo relacionado con el otorgamiento de las medidas precautorias solicitadas por el actor, dentro del juicio ordinario civil de origen; en atención a que este Tribunal Colegiado advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, dado que la peticionaria no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional. En efecto, la ley de la materia señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." La interpretación del referido precepto, pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente, tratándose de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, cuando: a) El acto reclamado sea efectivamente una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa esté previsto dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial o jurisdiccional pueda ser modificada, revocada o nulificada; Aunado a lo anterior, se destaca que el principio de definitividad es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, a través de la protección de derechos humanos, de modo que para acudir a él, es necesario promover en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan; dicho de otro modo, ese principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para impugnarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo; por lo que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación sin que previamente sea promovido por el quejoso, el amparo deviene improcedente. En la especie, la sociedad quejosa **********, promovió juicio de amparo indirecto contra el proveído de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil **********, promovido por el aquí tercero interesado ********** contra la peticionaria del amparo; en el que reclamó, entre otras prestaciones, el pago de la cantidad que resulte en ejecución de sentencia de indemnización por daños y perjuicios por la violación a los derechos de propiedad industrial a que se refiere el artículo 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, consistentes en no menos del cuarenta por ciento de los ingresos que hubiere recibido la demandada a partir del treinta de junio de dos mil dos hasta la fecha en que acredite haber dejado de usar ilícitamente la marca ahí indicada. En dicho proveído, emitido en cumplimiento de una ejecutoria de amparo anterior, el juez responsable concedió las medidas solicitadas por el actor, en lo que aquí interesa: "En tales condiciones, con fundamento en el artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles se dictan las siguientes MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO, para que la demandada **********, dentro del término de tres días, contados a partir de su notificación, realice lo siguiente: 1.- Informe mediante escrito cual es el monto que obtuvo por sus ventas totales, entiéndase como hospedaje y alimentos, en el periodo comprendido del año dos mil dos a la fecha. 2.- Informe mediante escrito cual es el monto que obtuvo por sus ventas totales, en el periodo comprendido del año dos mil trece a la fecha. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 389 y 392 del Código Federal de Procedimientos Civiles se dictan las siguientes MEDIDAS PRECAUTORIAS para que la demandada **********, exhiba dentro del término de tres días, contados a partir de su notificación, lo siguiente documentación: -Balanzas de comprobación mensuales a nivel mayor del año dos mil dos a la fecha. -Auxiliar de ingresos y ventas por el periodo comprendido del año dos mil dos a la fecha. -Facturas de ventas e ingresos por el periodo comprendido del año dos mil dos a la fecha. -Declaración anual del año dos mil dos a la fecha. -Resumen de facturación analítico por los servicios prestados del auto hotel **********, por el periodo comprendido del año dos mil dos hasta el año en curso y desglosando las ventas por cada una de las prestaciones de la marca citada. -Reporte de facturas mensual por el periodo comprendido entre los del año dos mil dos a la fecha, donde se identifiquen los servicios prestados. En el entendido de que en caso de no hacerlo, se podrá hacer acreedora a una de las medidas de apremio establecidas en el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles." Cabe destacar que, la concesión de amparo en el anterior juicio constitucional **********, del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, confirmada por este Tribunal Federal, se otorgó a **********, en virtud de que la responsable transgredió el principio de congruencia al resolver de manera diversa a lo textualmente solicitado y por ende, esa circunstancia no permitía realizar el estudio y pronunciamiento respecto de la legalidad de la resolución reclamada, puesto que ese vicio afectaba la validez total del acto reclamado, respecto de las citadas medidas cautelares, al no resultar jurídicamente válido que se examinaran cuestiones del fondo si se partía de una determinación incongruente donde no existía la certeza respecto de lo pedido por el actor y lo concedido por la autoridad jurisdiccional. Máxime que el accionante solicitó se decretaran medidas con fundamento en los artículos 384, 389 y 392 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y a su vez, la autoridad responsable concedió tales medidas, expresamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 384 y 389, fracción II del ordenamiento legal, lo que implicaba incertidumbre respecto de la existencia o no de algún medio de impugnación contra la medida específica de que se trate, puesto que así lo estableció textualmente el legislador; incluso el otorgamiento de una garantía suficiente para responder de los daños y perjuicios, en su caso. Es decir, justamente la concesión del amparo versó en la importancia de que el juzgador responsable precisara clara y expresamente, el tipo de medida precautoria que otorgaba al actor, pues en virtud de la medida de que se tratara, procedía el medio ordinario de defensa previsto expresamente en la legislación adjetiva civil y en esa medida, la inconforme tenía que agotar ese medio de impugnación. En virtud de lo anterior, es claro que la quejosa no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues en la resolución reclamada por la cual, la autoridad responsable concedió al actor tanto medidas de aseguramiento como precautorias, en términos de lo previsto por los artículos 384 respecto de la primera y 389 y 392 por la segunda de las medidas, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles; de manera clara y específica, dicha autoridad desvinculó ambas medidas la de siguiente manera: Medidas de aseguramiento Con fundamento en el artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para que la demandada **********, dentro del término de tres días, contados a partir de su notificación, realice lo siguiente: 1. Informe mediante escrito cuál es el monto que obtuvo por sus ventas totales, entiéndase como hospedaje y alimentos, en el periodo comprendido del año dos mil dos a la fecha. 2. Informe mediante escrito cuál es el monto que obtuvo por sus ventas totales, en el periodo comprendido del año dos mil trece a la fecha. Medidas precautorias Con fundamento en los artículos 389 y 392 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para que la demandada ********** exhiba dentro del término de tres días, contados a partir de su notificación, lo siguiente documentación: -Balanzas de comprobación mensuales a nivel mayor del año dos mil dos a la fecha. -Auxiliar de ingresos y ventas por el periodo comprendido del año dos mil dos a la fecha. -Facturas de ventas e ingresos por el periodo comprendido del año dos mil dos a la fecha. -Declaración anual del año dos mil dos a la fecha. -Resumen de facturación analítico por los servicios prestados del auto hotel **********, por el periodo comprendido del año dos mil dos hasta el año en curso y desglosando las ventas por cada una de las prestaciones de la marca citada. -Reporte de facturas mensual por el periodo comprendido entre los del año dos mil dos a la fecha, donde se identifiquen los servicios prestados. Luego, por cuanto a las medidas de aseguramiento, la legislación adjetiva civil en cita dispone: "Artículo 384. Antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente. Estas medidas se decretarán sin audiencia de la contraparte, y no admitirán recurso alguno. La resolución que niegue la medida es apelable. Artículo 385. La parte que tenga interés en que se modifique la situación de hecho existente, deberá proponer su demanda ante la autoridad competente. Artículo 386. Cuando la mantención de los hechos en el estado que guarden entrañe la suspensión de una obra, de la ejecución de un acto o de la celebración de un contrato, la demanda debe ser propuesta por la parte que solicitó la medida, dentro del plazo de cinco días, contados a partir de la fecha en que se haya ordenado la suspensión. El hecho de no interponer la demanda dentro del plazo indicado, deja sin efecto la medida. Artículo 387. En todo caso en que la mantención de las cosas en el estado que guarden pueda causar daño o perjuicio a persona distinta de la que solicite la medida, se exigirá, previamente, garantía bastante para asegurar su pago, a juicio del tribunal que la decrete. Artículo 388. La determinación que ordene que se mantengan las cosas en el estado que guarden al dictarse la medida, no prejuzga sobre la legalidad de la situación que se mantiene, ni sobre los derechos o responsabilidades del que las solicita." Por cuanto a las medidas precautorias el mismo ordenamiento legal señala: "Artículo 389. Dentro del juicio o antes de iniciarse éste, pueden decretarse, a solicitud de parte, las siguientes medidas precautorias: I.- Embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio, y II.- Depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre que verse el pleito. Artículo 390. La medida a que se refiere la fracción I del artículo anterior, se concederá a solicitud del interesado, quien deberá fijar el importe de la demanda, si aún no se instaura el juicio. La resolución que conceda la medida fijará el importe de la cantidad que deba asegurarse. Artículo 391. La parte que solicite la medida debe previamente otorgar garantía suficiente para responder de los daños y perjuicios que con ella se ocasionen, y la parte contra la que se dicte podrá obtener el levantamiento de la medida, o que no se efectúe, otorgando contragarantía suficiente para responder de los resultados del juicio. Artículo 392. La medida de que trata la fracción II del artículo 389, se decretará cuando se demuestre la existencia de un temor fundado o el peligro de que las cosas, libros, documentos o papeles puedan ocultarse, perderse o alterarse. Artículo 393. En el caso del artículo anterior, el que solicite la medida otorgará previamente garantía suficiente para responder de los daños y perjuicios que con ella se ocasionen, sin que la contraparte pueda otorgar garantía para que se levante la medida o para que no se lleve a cabo. Para fijar el importe de la garantía de que tratan este artículo y el 391, podrá oír el tribunal, cuando lo estime necesario, el parecer de un perito. Artículo 394. Las medidas de que trata el artículo 389, se practicarán, aplicándose, en lo conducente, las disposiciones del Capítulo VI del Título Quinto del Libro Segundo. Artículo 395. Toda medida de las autorizadas por el artículo 389 se decretará sin audiencia de la contraparte, y se ejecutará sin notificación previa. Artículo 396. La resolución que niegue la medida es apelable en ambos efectos, la que la conceda sólo lo es en el devolutivo. Artículo 397. Si la medida se decretó antes de iniciarse el juicio, quedará insubsistente si no se interpone la demanda dentro de los cinco días de practicada, y se restituirán las cosas al estado que guardaban antes de dictarse la medida. Artículo 398. En el caso del artículo anterior, y en el del último párrafo del 386, la garantía otorgada para obtener la medida no se cancelará, sino que perdurará por el tiempo indispensable para la prescripción liberatoria, salvo convenio contrario de las partes. Artículo 399. No podrá decretarse diligencia alguna preparatoria, de aseguramiento o precautoria que no esté autorizada por este título o por disposición especial de la ley." Preceptos legales que son claros es establecer que, respecto de las llamadas medidas "de aseguramiento", se desprende que se pueden solicitar antes o durante el desarrollo del juicio y pueden decretarse todas aquellas que sean necesarias para mantener la situación de hecho existente; medidas que se conceden sin audiencia de la contraparte, y no admiten recurso alguno, pero si se niegan es apelable. Además, el otorgamiento de la medida que ordena se mantengan las cosas en el estado que guarden no prejuzga sobre la legalidad de la situación que se mantiene, ni sobre los derechos o responsabilidades del que las solicita. Luego, por cuanto a las nombradas medidas "precautorias", se advierte que son aquellas que se pueden conceder dentro del juicio o antes de iniciarse y pueden decretarse, a solicitud del interesado a) el embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio, y b) el depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre que verse el pleito. Tratándose del embargo, se concede a petición de parte quien debe fijar el importe de la demanda, si aún no se instaura el juicio y otorgar garantía suficiente para responder de los daños y perjuicios que se ocasionen, pudiendo la contraparte obtener el levantamiento del embargo o que no se efectúe, si otorga contragarantía suficiente para responder de los resultados del juicio. Si se trata del depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre que verse el pleito, será procedente siempre que se demuestre la existencia de un temor fundado o el peligro de que las cosas, libros, documentos o papeles puedan ocultarse, perderse o alterarse. Quien la solicite debe otorgar previamente garantía suficiente para responder de los daños y perjuicios, y la contraparte no puede otorgar garantía para que se levante la medida o para que no se lleve a cabo. Ambas medidas embargo o depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre que verse el pleito, se decretan sin audiencia de la contraparte y se ejecutan sin notificación previa; la resolución que niegue la medida es apelable en ambos efectos, la que la conceda sólo lo es en el devolutivo. De lo anterior se obtiene que, por lo que hace a las medidas precautorias otorgadas al actor, la sociedad quejosa estaba constreñida a impugnar a través del recurso de apelación en efecto devolutivo al haber sido concedidas; caso contrario resulta respecto a las medidas de aseguramiento pues cuando son concedidas no admiten recurso alguno. En ese entendido, se pone de manifiesto que, en tanto de las citadas medidas precautorias consistentes en la exhibición de: -Balanzas de comprobación mensuales a nivel mayor del año dos mil dos a la fecha. -Auxiliar de ingresos y ventas por el periodo comprendido del año dos mil dos a la fecha. -Facturas de ventas e ingresos por el periodo comprendido del año dos mil dos a la fecha. -Declaración anual del año dos mil dos a la fecha. -Resumen de facturación analítico por los servicios prestados del auto hotel **********, por el periodo comprendido del año dos mil dos hasta el año en curso y desglosando las ventas por cada una de las prestaciones de la marca citada. -Reporte de facturas mensual por el periodo comprendido entre los del año dos mil dos a la fecha, donde se identifiquen los servicios prestados. La sociedad quejosa no interpuso el recurso de apelación de mérito y con ello, no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Máxime que, no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Además, el acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto, ni constituye un acto que afecte la libertad personal del inconforme; ni la peticionaria tiene el carácter de persona tercera extraña a juicio, puesto que es parte en el procedimiento de origen. De igual manera, tampoco se actualiza la hipótesis prevista en la última parte de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la procedencia del recurso de apelación no está sujeta a interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, pues el artículo 396 del Código Federal de Procedimientos Civiles previamente citado, es claro en determinar que, la resolución que niegue dicha medida es apelable en ambos efectos, y la que la conceda sólo lo es en el devolutivo. En las relatadas condiciones, al no haberse impugnado el proveído de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil **********, por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el que, en la parte conducente, se concedieron las medidas precautorias antes reseñadas al actor en aquella contienda; a través del recurso de apelación, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XVIII, de la propia legislación; únicamente por lo que respecta a las referidas medidas precautorias. Apoya lo anterior, en la parte conducente, la jurisprudencia 11/2018, sustentada por el Pleno del alto Tribunal, del rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Así como la diversa jurisprudencia I.6o.C. J/37 emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del contenido literal: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." (.)" Finalmente, se deja en la Secretaría de Acuerdos de este tribunal el proyecto de resolución del presente recurso de revisión en versión pública para consulta de la quejosa, y desahogada la vista o transcurrido el plazo hágase del conocimiento al Magistrado ponente para los efectos a que haya lugar...
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