Modesto Vivas Urzua
Expediente 1204/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1204/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Modesto Vivas Urzua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Lo anterior, comuníquese a las partes, glósese el cuaderno de antecedentes y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original, y con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), se determina que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que, se concedió la suspensión provisional y definitiva. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de marzo de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, Modesto Vivas Urzua solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en el Municipio de Yautepec. (Autoridad declarada inexistente) Director del Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec, Morelos. Subdirector Administrativo del Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya. Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos. (autoridad señalada vía ampliación) Acto reclamado. "la retención privativa de mi libertad en la causa penal antes citada, así como sus consecuencias y efectos que de ella deriven, ello tomando en consideración que la responsable ordenadora le dio la orden a la ejecutora para retenerme y manterme privado de mi libertad persona, no obstante de haber compurgado la pena de 22 años de prisión, y de la responsable ejecutora reclamo la ejecución de dicha orden a pesar de que ya cumplí con la condena corporal que me fue impuesta por sentencia de fecha 25 de abril del año dos mil dieciocho. SEGUNDO. El doce de marzo de dos mil veinte, dicho órgano jurisdicción admitió a trámite el juicio de amparo y mediante auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, se declaró legalmente incompetente para continuar conociendo del mismo, por lo que ordenó su remisión a este Juzgado Federal. TERCERO. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, esta autoridad, radicó el asunto con el número de expediente 1204/2020, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado." Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" En ese orden de ideas, el estudio integral que se efectúa a la demanda y del análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama en esencia de las autoridades responsables la privación de su libertad con motivo de la causa penal 39/2017, ahora 113/2020-2, al haber compurgado la pena impuesta en la misma. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Así, se tiene que el Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos y Director del Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec, Morelos, al rendir su informe justificado, negaron los actos que la quejosa reclama en su contra, manifestando además la autoridad jurisdiccional que por cuanto hace a la causa penal en cuestión, efectivamente el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, se dictó sentencia condenatoria al quejoso Modesto Vivas Urzua, por lo que se le impuso la pena de veintidós años y diecisiete días de prisión. No obstante, de las constancias remitidas junto con su informe justificado, se desprende que en dicha sentencia, la entonces Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en el Municipio de Yautepec, dio por compurgada la misma ordenando su inmediata libertad única y exclusivamente por cuanto hace a dicho proceso penal, sin perjuicio de que pudiera seguir privado de su libertad por diversa causa penal. Lo cual fue debidamente hecho del conocimiento a las autoridades penitenciarias. Por su parte, la Encargada de despacho de la Dirección del Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec, Morelos, informó que el quejoso Modesto Vivas Urzua, se encontraba privado de su libertad a disposición del Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, desde el veintitrés de enero de dos mil veinte, con motivo de la causa penal 402/2019-2 antes 391/2017, por el delio de homicidio calificado, secuestro y asociación delictuosa, lo cual robusteció con copia certificada del oficio 287. Por su parte, si bien es cierto que el Subdirector Administrativo del Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya, fue omiso en rendir su respectivo informe justificado, no es dable presumir la certeza del acto reclamado, pues de las constancias y consideraciones expuestas con antelación, se desprende su inexistencia. En ese sentido, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;...". Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se advierte que no existe el acto reclamado; circunstancia que acontece en el presente caso. Lo anterior se estima así, toda vez que las autoridades responsables negaron el acto que se les reclama. En ese orden de ideas, atendiendo a que las autoridades responsables negaron el acto que les atribuyó la parte quejosa, tocaba a esta última la carga procesal de desvirtuar esa negativa; esto es, correspondía a Modesto Vivas Urzua, acreditar que las autoridades responsables continúan privándolo de la libertad con motivo de la causa penal 39/2017-3, ahora 113/2020, derivada de la entonces causa penal 63/1994-3. Por lo anteriormente expuesto, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por Modesto Vivas Urzua. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, pag. 627, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Del mismo modo, refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL.- Cuando la autoridad señalada como responsable niegue en su informe justificado el acto que le atribuye el quejoso, éste tiene la carga procesal de desvirtuar esa negativa, y si no lo hace, resulta claro que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo procede el sobreseimiento". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy veinte de julio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos del juicio en que se actúa, el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, a través del cual informa que solicitó a su Analista Jurídico encargada de la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que diera a éste órgano jurisdiccional acceso al expediente electrónico relativo al juicio de amparo 348/2020 de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que procesal que guardan los autos, se advierte que no obra en autos la constancia de notificación del Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos relativa al auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, a través del cual nos avocamos al conocimiento del presente juicio, por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, notifíquese a dicha autoridad el acuerdo de referencia, para los efectos legales conducentes. En consecuencia, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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