Modesto Valentín Maldonado Cruz

Expediente 997/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 20 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
997/2017
Año
2017
Actuaciones
20
Última actuación
27/04/2018

Partes del expediente

  • Modesto Valentín Maldonado Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el nueve de abril de dos mil dieciocho (fojas 262 a 266), en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. De igual modo, anótese que el presente expediente es destruible una vez que transcurra el plazo de cinco años, por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Incidentes de suspensión. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue concedida la medida provisional y definitiva solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billetes de depósito al no obrar éstos en autos. Se suprimen datos sensibles. Por otra parte, a pesar de que las partes nada manifestaron en relación con lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio, deberán suprimirse los datos sensibles de la misma y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Juez Primero del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia Para Adolescentes del Estado de Tlaxcala; mediante el cual remite copia certificada de la audiencia pública de dos de abril de dos mil dieciocho, dictado en la Causa Judicial 82/2018, de su índice, así como un disco versátil digital que contiene dicha audiencia, de la cual se advierte la admisión a trámite del Procedimiento Abreviado, la autorización y emisión del fallo condenatorio emitido oralmente, en términos de los artículos 63 y 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se reciben las pruebas que acompaña la autoridad oficiante, consistente en DVD que contiene las anotadas diligencias, índice cronológico del desarrollo de la audiencia; misma que, con fundamento en el artículo 91 in fine del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal -de observancia obligatoria para los Juzgados de Distrito a partir del cuatro de enero del dos mil dieciséis, en términos de su ordinal sexto transitorio-, se ordena agregar al presente juicio de amparo para su consulta. Atento a lo expuesto, quien esto provee estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: Del numeral transcrito se desprende la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el juicio de garantías, al quedar sustituido por otro cuya sola existencia introdujo un cambio de situación jurídica que imposibilita el estudio de la que prevalecía con el primer acto y que provoca que las posibles violaciones cometidas en éste deban estimarse irreparablemente consumadas por no poder decidir en el procedimiento constitucional de que se trate, sin afectar la nueva situación jurídica originada por el acto superveniente. Ese cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, y d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora bien, en la especie los impetrantes reclaman en su escrito de demanda inicial el auto de vinculación a proceso dictado el dos de octubre de dos mil diecisiete, por parte del Juez Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, en autos de la causa judicial 82/2017, de su índice, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de robo calificado, previsto en el artículo 321, y sancionado en los diversos 323 fracción III, 328, fracciones I y IV y 329 fracciones VI y VII del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de Naim Ramiro Fernández Vargas, Paola Hernández Sordo, María del Carmen Sordo Olivares, Francisco Guillermo Cabrera Fernández y el menor de identidad reservada de Iniciales J.C.M.H. Luego, del contenido del comunicado de cuenta, remitido por el Juez Primero del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia Para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, así como de los medios de convicción que acompañó al mismo -los cuales cuentan con pleno valor probatorio, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, en virtud de que fueron emitidos por una autoridad legalmente facultada para ello-, se aprecia que en audiencia pública celebrada a las doce horas del dos de abril del año en curso, se dictó sentencia condenatoria a los aquí quejosos Modesto Valentín Maldonado Cruz, Randall Andrés Guzmán Hernández, José Alfredo Jiménez Díaz e Isaí Moisés Mendoza Gándara, en procedimiento abreviado, dentro de la causa judicial 82/2017, de su control interno, por el delito de robo calificado, previsto en el artículo 321, y sancionado en los diversos 323 fracción III, 328, fracciones I y IV y 329 fracciones VI y VII del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de Naim Ramiro Fernández Vargas, Paola Hernández Sordo, María del Carmen Sordo Olivares, Francisco Guillermo Cabrera Fernández y el menor de identidad reservada de Iniciales J.C.M.H; asimismo, que a las catorce horas de esa misma data se llevó a cabo la audiencia de lectura y explicación de sentencia. Lo que pone de manifiesto el cambio en la situación jurídica del justiciable, que torna improcedente el análisis de las determinaciones que inicialmente fueron reclamadas por los peticionarios de la tutela constitucional. Esto es así, toda vez que el auto de vinculación a proceso (que dio motivo al presente juicio de amparo) fue sustituida en virtud de la emisión de la citada resolución, propiciando que sea ahora esa nueva determinación, es decir, la sentencia condenatoria, la que se traduce en un acto de molestia para los quejosos y ya no el referido auto de vinculación a proceso, cuyas posibles violaciones (en caso de que hubieran existido) deben considerarse irreparablemente consumadas, puesto que esa decisión jurisdiccional es la que actualmente rige el procedimiento natural. En ese contexto, resulta ocioso esperar hasta la fecha de la celebración de la audiencia constitucional para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que nos ocupa y, por ende, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto de los actos que en esta vía se reclaman, en términos de lo establecido por el artículo 61, fracción XVII, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor; en consecuencia, se dejan sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la referida audiencia de ley señalada a las nueve horas con cuatro minutos del once de abril próximo (foja 203 vuelta). Asimismo, cobra aplicación al caso, la tesis por contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil trece, página trescientos ochenta y siete, cuyo contenido no es contrario al actual texto de la Ley de Amparo y pueden ser aplicables al caso, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, del tenor literal siguiente: Se desecha ampliación de demanda de la parte quejosa. Atento a las consideraciones citadas con antelación, se desecha la ampliación de demanda de amparo que promovieron los quejosos Modesto Valentín Maldonado Cruz, Randall Andrés Guzmán Hernández, José Alfredo Jiménez Díaz e Isaí Moisés Mendoza Gándara, respecto al acto reclamado consistente en la calificación de detención dentro de la causa judicial 82/2017; lo anterior, en términos de la fracción XVII, del artículo 61, fracción de la Ley de Amparo, al haber operado un cambio de situación jurídica, que torna improcedente el análisis de la determinación reclamada. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose que por oficio SEADS/365/2018, de catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó el acuerdo de la misma fecha del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó la readscripción del Juez Carlos Alberto Ávila Muñoz, como titular de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en sustitución del ahora Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, con efecto a partir del uno de abril de dos mil dieciocho. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimiento Civiles, hágase del conocimiento de las partes el cambio de titular, por el termino de tres días, a fin de que estén en aptitud de manifestar lo que a su interés convenga.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio y la certificación que antecede, de la cual se advierte que el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia constitucional en el juicio de amparo en que se actúa; sin embargo, del escrito inicial de demanda específicamente del capítulo de conceptos de violación, se desprende que el quejoso hace referencia también como acto que índice en su esfera de derechos fundamentales el control de detención efectuado dentro de la causa judicial 82/2017 del índice de la autoridad responsable; no obstante lo anterior en el apartado correspondiente a actos reclamados no se refieres expresamente al citado acto. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°, se regulariza el procedimiento en el presente juicio de amparo y se deja sin efectos la audiencia constitucional celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete y, por tanto, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de quince días previsto en el artículo 17, de la Ley de Amparo, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, en caso de así creerlo conveniente, precise si señala también como acto destacado la calificación de la detención dentro de la causa judicial 82/2017 del índice de la responsable y precise a que autoridad se lo atribuye; de no ser así este Órgano Jurisdiccional únicamente se avocara al estudio del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el dos de octubre de dos mil diecisiete dictado en su contra, en la causa judicial 82/2017 de su índice y su ejecución, lo anterior, con fundamento en el numeral 111, fracción II, de la ley de la materia. Se precisa que en caso de estimar conveniente ampliar su demanda inicial de amparo, ésta deberá cumplir con los requisitos que establecen los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo, para efecto de que este órgano de control constitucional esté en aptitud de proveer lo conducente, apercibido que de no hacerlo así, en el plazo indicado, se continuará el procedimiento únicamente por el acto reclamado señalado en la demanda inicial de amparo. En mérito de lo anterior, a fin de normar el procedimiento, se fijan las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio.

  4. Principal

    Vistos los escritos de cuenta signados por los quejosos ******************** así como ******************** autorizado en términos amplios de los mismos, respectivamente; en atención a sus contenidos, se tienen por hechas las manifestaciones que realizan respecto al informe rendido por la Encargada de la Dirección del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala, las cuales serán tomadas en consideración en la etapa procesal correspondiente. De igual forma, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de los quejosos de referencia las documentales públicas, consistentes en las copias certificadas y el informe justificado remitido por la citada autoridad responsable, sin perjuicio de hacer relación de las mismas y tenerlas por reproducidas en la audiencia constitucional.

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