Modesto Muñoz González
Expediente 1021/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 21 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1021/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 20/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Modesto Muñoz González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Visto; el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no fue promovido el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, por tanto y toda vez que este ha quedado firme, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar, que existen documentos en original o copia certificada exhibidos por las partes, que deban ser devueltos al interesado y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente. Por tanto, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es depurable. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable, la constancia que remitió en apoyo a su informe justificado, con que se formó el tomo I, agregando a los presentes autos, la carátula que la contenía
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Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta que suscribe el quejoso Modesto Muñoz González, atento a su contenido, dígasele que por auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; por lo que se dejan a salvo sus derechos, para que los haga valer por la vía y medio idóneos.
- Principal
Visto; atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto se advierte que por sentencia de catorce de junio de dos mil dieciocho, emitida por este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, se otorgó al quejoso ********************, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que la autoridad responsable Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los siguientes términos: "Enviar las constancias con las que acrediten se proporcionó la atención médica completa y medicamentos requeridos por el quejoso, en el entendido que el soporte documental que compruebe dicho extremo, debe abarcar lo relativo al diagnóstico de la nota médica de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, esto es, lumbago con ciática, analizada en esta sentencia, como prueba de un tratamiento integral de la salud del impetrante. Que ordene que presenten al amparista ante el médico general quien, es el facultado para determinar la necesidad de que se atendido por un especialista, pues como se advierte de la citada nota médica de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, signada por el médico del Hospital General de Zacatecas el amparista requiere continuidad a su padecimiento, para esperar resultados, en busca de que la prestación del servicio de salud que se le dejó de otorgar al quejoso se realice a cabalidad, de modo que preserve si integridad física, para hacer efectivo el derecho a la salud. Deberán practicarse al quejoso las radiografías y resonancia magnética ordenadas por el médico tratante del Hospital General en la receta médica obrante a foja 39, lo cual deberán acreditar ante este juzgado federal, para lo cual el Director General deberá atender a los mecanismos de atención médica y seguridad de la institución penitenciaria, cuya efectividad dependerá estrictamente de las autoridades carcelarias, dentro de su ámbito de competencia, asimismo las autoridades responsables deberán realizar las gestiones necesarias para darle continuidad a las consultas programadas por dicho galeno". Sobre el particular, el Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, mediante oficios ********************y********************de quince y veintitrés de dos mil dieciocho, remitió la siguiente documentación: Copias certificadas de constancias donde se prescriben y entregan múltiples medicamentos al ahora quejoso ******************** (fojas 167 a 174). Copias certificadas de impresiones fotográficas de las placas radiográficas, así como copia de la resonancia magnética practicadas al ahora quejoso, contenida en un disco compacto (CD) (fojas 176 a 180). Original del Oficio signado por el Director del Hospital General en Zacatecas, doctor ********************, donde se agenda nueva cita con el traumatólogo (foja 182). Copias del acta administrativa de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, así como dos constancias fotográficas de la aludida acta (fojas 201 y 202). Copia de la constancia de consulta realizada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, llevada a cabo con el especialista traumatólogo doctor ********************, donde se muestra el diagnóstico realizado al aquí quejoso (foja 203). Lo anterior, en cumplimiento al fallo protector, de lo que se desprende que se le proporcionó la atención medica requerida por el quejoso, se le suministraron los medicamentos necesarios para su padecimiento, se le realizaron las radiografías y resonancia magnética ordenadas por el médico tratante del Hospital General de Zacatecas, se agendó y fue llevado a consulta con el especialista en traumatología para que llevara a cabo el diagnóstico a partir de las aludidas radiografías y resonancia, prescribiéndole el tratamiento señalado en la hoja de constancia de consulta, con lo que fueron atendidos todos los lineamientos destacados en la sentencia protectora. No pasa desapercibido para este juzgador las manifestaciones realizadas por el quejoso mediante escritos presentados el veintidós de octubre y cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en lo que expresa, de manera sucinta, que la autoridad responsable no le ha otorgado los medicamentos adecuados para el tratamiento de su padecimiento, sino que se le han entregado otros distintos, señalando asimismo que al momento de ir a consulta con el especialista en traumatología no lo atendió aquél, sino su suplente, el cual le recetó medicamento que no era el apropiado, por lo cual sigue con los dolores constantes de su padecimiento, además de alegar diversas opiniones sobre los medicamentos prescritos. Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento de la presente ejecutoria, se desprende que el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho le fueron hechas las radiografías y resonancia magnética requeridas por el aquí quejoso, donde se asienta a manera de conclusión las complicaciones que presentaba (fojas 179 y 180). Una vez hecho lo anterior, el diecinueve de octubre siguiente, previa cita, ******************** fue atendido por el especialista en traumatología del Hospital General de Zacatecas, en el que, previa exploración física y análisis de las radiografías y resonancia, se registró el padecimiento, el diagnostico al que se llegó y el plan de tratamiento que debía de seguir (no siendo candidato a procedimiento quirúrgico, pero si a rehabilitación), prescribiéndole los medicamentos adecuados ahí señalados, agendado dentro de seis meses su próxima cita (foja 203). Atento a lo anterior y al plan de tratamiento descrito por el especialista, el diecinueve de octubre citado personal del departamento jurídico de la responsable se constituyeron hasta la celda del aquí quejoso, con el fin de hacerle entrega de los medicamentos requeridos para su padecimiento, el cual éste se resistió a recibirlos, manifestando que "no eran los adecuados", por lo que se levantó acta administrativa y dos evidencias fotográficas de lo anterior acontecido. Además se agendó la cita respectiva en la clínica de Unidad Básica de Rehabilitación de Zacatecas, para continuar con las indicaciones del especialista respecto a su rehabilitación (fojas 199 a 203). Por lo anterior, se concluye que la atención médica que se ha brindado la parte quejosa, por su naturaleza y contenido, resulta adecuada y suficiente para el reo amparista, de ahí que, desde luego, carece de sustento jurídico lo alegado por el quejoso sobre el particular, sin que exista prueba alguna que demuestre que lo contrario. Lo anterior en virtud de que a criterio del suscrito, las autoridades responsables en este juicio, han cumplido con el fallo protector respetando el derecho a la salud de que goza la parte quejosa, por cierto, traducido en un cierto bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social en su calidad de interno o recluso. En relación con esto se tiene que el quejoso no probó que la atención médica, el tratamiento paliativo y los medicamentos que le fueron brindados por la autoridad responsable en, no son los adecuados y necesarios para sus padecimientos, pese a que le corresponde la carga de la prueba al respecto. En esa guisa, a la parte quejosa toca, en la distribución procesal de la carga probatoria, la de demostrar que no son aptos ni suficientes la atención médica, el tratamiento paliativo y los medicamentos brindados por la responsable, no obstante que el galeno precisó que el quejoso no es apto para la operación quirúrgica y prescribió los medicamentos necesarios, lo que es lógica y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que esos extremos involucran un aspecto o cuestiones técnicas que, por su naturaleza y contenido, sólo cabe demostrarlas a través del medio idóneo para ello, pero no exclusivamente mediante simples afirmaciones como a las que recurre el propio inconforme. Al efecto, cabe citar las tesis sustentadas por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos, rubro y texto son los siguientes: "PRUEBAS, IMPUGNACIÓN DE. No basta objetar la prueba y pretender que por este solo hecho carece de valor, pues para que la objeción sea fundada, debe basarse en otras pruebas; en consecuencia, si el inculpado afirma que el dictamen pericial y los testimonios que se tomaron en cuenta para determinar la naturaleza de la droga afecta a la causa no tienen valimiento, no debió concretarse a esa afirmación, sino ofrecer prueba que llevara a determinar que el vegetal no corresponde a ninguna sustancia catalogada como estupefaciente, pues tuvo la oportunidad de hacerlo durante la instrucción del proceso." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. Tomo: II, Penal, P.R. SCJN. Tesis: 2427. Página: 1132.) Luego, si la parte impetrante no demuestra, mediante alguna probanza en concreto, que no son aptos ni suficientes la atención médica, el tratamiento paliativo y los medicamentos brindados por la responsable en cumplimiento del fallo protector y que además requiere de diversos medicamentos, es claro que carece de sustento jurídico lo alegado sobre el particular. En esas condiciones, como en el caso no quedó probado que la atención médica, el tratamiento paliativo y los medicamentos supuestamente necesarios para los padecimientos del quejoso, son más eficientes, aptos y convenientes que los diagnosticados por el médico correspondiente adscrito al Hospital General, quien incluso denegó la operación, ordenando su rehabilitación, a lo cual, el quejoso, se ha negado a recibir los medicamentos, de ahí que, no hay duda que su tratamiento de ninguna incumple con el fallo protector y vulnera el derecho a la salud de la parte impetrante. A mayor abundamiento, no debe olvidarse que todo particular, en este caso, los internos de un centro de reclusión, carecen del derecho a la automedicación -o autodiagnóstico-, no sólo porque en las leyes de la materia no hay norma que les otorgue un derecho de tal naturaleza, contenido y alcance jurídico, sino también debido a que el único autorizado para prescribir tratamientos, medicamentos o aditamentos es el médico tratante, en términos del artículo 28 bis de la Ley General de Salud, desde luego, con base en el diagnóstico del padecimiento relativo, quien en el caso ya prescribió el medicamento adecuado para ello y además denegó la cirugía aludida, prescribiendo el tratamiento respectivo ordenando su rehabilitación. Queda claro, entonces, que la responsable ha adoptado las medidas de carácter administrativo, logístico y penitenciario para dar plena y eficaz efectividad al derecho de que se trata, desde luego, frente a los padecimientos del impetrante, de ahí lo infundado de los argumentos del quejoso. Con base en lo anterior, se concluye que la sentencia de amparo ha sido cumplida; sin que se desprenda que las responsables hayan incurrido en exceso o defecto en su cumplimiento; por consiguiente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, en el caso, conforme al artículo tercero transitorio de la misma, por lo que respecta al cumplimiento de la sentencia protectora de garantías, se ordena el archivo del presente expediente, como asunto concluido, una vez que el presente acuerdo quede firme.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta y anexo que remite la autoridad responsable Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en el Estado, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, atento a su contenido, téngansele por hechas las manifestaciones que vierte, respecto del requerimiento hecho por este juzgado el cinco de noviembre de dos mil dieciocho; información que se tiene por recibida para los efectos
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