Modesto González Santiago

Expediente 564/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
564/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Modesto González Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Téngase recibido el escrito de los quejosos Modesto González Santiago y otros, mediante el cual solicitan la devolución de constancias que acompañaron al ocurso de demanda. Por tanto, de conformidad con el artículo 280 y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, devuélvase los documentos que refiere, previa copia certificada que de los mismos se dejen en autos. DISPOSICIONES PARA ACCESO AL JUZGADO. Se precisa que el horario de atención para diligencias que ameritan ingreso al juzgado comprende de las ocho horas con treinta minutos a las catorce horas, de lunes a viernes. Por ello, se puntualiza que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, deberá generar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de este Juzgado Federal, a efecto de que se le otorgue un código QR que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional, en el horario ya precisado. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación de cuenta, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de cuatro de agosto de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de agosto de dos mil veintidós. IDENTIFICACIÓN DE PROMOVENTES. Vista la demanda de amparo promovida por ********************ejidatarios del ejido "El Pando", Tanlajás, San Luis Potosí, contra actos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano en la Ciudad de México y otras autoridades; por trasgresión que estima de los artículos 1, 2, 14, 16, 17, 26, 27, 28, 31 y 133 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 564/2022 PRECISIÓN DE ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados, son los siguientes: "DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS SE RECLAMA. EL ABSTENERSE DE ENTREGAR A LOS SUSCRITOS LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y POSESIÓN EN SU PARTE ALÍCUOTA INDIVISA, SOBRE UN PREDIO QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE EN EL CAPÍTULO RESPECTIVO. NO OBSTANTE HABER COMPROMISO POR ESCRITO DE ELLO." "DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS SE RECLAMA. EL ABSTENERSE DE ENTREGAR A LOS SUSCRITOS LA PARTE ALÍCUOTA INDIVISA DE LAS TIERRAS A QUE TENEMOS DERECHO Y QUE SE DESCRIBEN MÁS ADELANTE. NO OBSTANTE HABER COMPROMISO POR ESCRITO DE ELLO." Asimismo, la parte quejosa en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad manifiesta: "6. Con fecha 24 de julio del 2022, los suscritos, hoy quejosos nos presentamos a la asamblea general de ejidatarios del ejido "El Pando" del Municipio de Tanlajás, y solicitamos que se nos entregara un documento donde somos beneficiarios del predio anteriormente mencionado o si se nos negaba el derecho, y que pedíamos se nos diera posesión de nuestra parte alícuota indivisa y los beneficiarios del predio, a lo cual la mesa directiva nos informó de manera verbal, lo cual manifestamos bajo protesta de decir verdad, que se nos negaba cualquier derecho, que habían preguntado a funcionarios de la Procuraduría Agraria y la SEDATU (secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano) así como al GOBERNADOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, y que les habían informado que no teníamos ningún derecho, y es la razón por la cual nos estamos inconformando en esta vía pidiendo el Amparo y Protección de la Justicia Federal." DESECHAMIENTO. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que prevé lo siguiente: .... El precepto transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo respecto de los actos que sean materialmente administrativos, esto es, que emanen de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; además, prevé su improcedencia si en su contra procede algún juicio, recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, aun cuando la parte agraviada no lo hubiera hecho valer oportunamente. Dicho principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos previstos en la ley que rige el acto reclamado para impugnarlo, pues responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa de los derechos públicos subjetivos de los gobernados. De tal suerte que, de existir dicho medio ordinario de defensa legalmente reconocido sin que se haga valer, el juicio de amparo resulta improcedente. El reconocimiento constitucional del principio en comento responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación solo acontezca cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva, según la ley que la rija. Sin embargo, cabe señalar que ese principio no es absoluto, pues admite como excepciones las siguientes: 1) Si el acto reclamado carece de fundamentación; 2) Cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución; o, 3) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ahora, dentro de ese contexto cabe resaltar que la parte quejosa reclama la abstención de entregarles los derechos de explotación y posesión de su parte alícuota indivisa respecto de la superficie de ...del cual son ejidatarios; afirman los quejosos que la mesa directiva de dicho poblado les informó que se les negaba cualquier derecho, dado que funcionarios de la Procuraduría Agraria, Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano y el Gobernador del Estado de San Luis Potosí, les comunicaron que los disidentes que no tenían ningún derecho al respecto. Para que se actualice la causa de improcedencia respecto de acto o actos que se reclamen en la instancia constitucional, es necesario: (i) que hayan sido emitidos por autoridades administrativas, (ii) que el recurso de referencia se encuentre previsto en una ley y que a través de él se pueda revocar, modificar o nulificar el acto y, (iii) que esa ley prevea la suspensión de los actos reclamados con los mismos o menores requisitos para su procedencia que la ley de la materia. Requisitos que en el caso se cumplen, puesto que del análisis de la demanda de amparo, se advierte que: El acto reclamado fue emitido por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridad perteneciente a la administración pública federal--Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano -. El acto reclamado es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través del juicio de nulidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 fracción II, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Al respecto, los artículos 1, 163, 165 y 166, de la Ley Agraria, establecen que la Ley Agraria es reglamentaria del artículo 27 constitucional, y es de observancia general en toda la república. En dicho ordenamiento se establece que los tribunales agrarios serán los responsables de la impartición de justicia en materia agraria, los cuales tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en ésta, protegiendo en todo momento los intereses de los solicitantes. Asimismo, prevé la suspensión del acto de autoridad, la cual se encuentra regulada en términos del Título Segundo, Capítulo I, Sección Tercera, primera parte, de la Ley de Amparo. De igual forma, el artículo 18, fracción II, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios prevé: ... Ahora, como se dijo, de los preceptos transcritos se advierte que el juicio agrario tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria y su conocimiento corresponde a los tribunales unitarios agrarios. Por su parte, la fracción II, del ordinal 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, precisa que los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere el propio precepto, por lo que los tribunales unitarios serán competentes para conocer de las controversias en materia agraria restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población o a sus integrantes, contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares. En ese orden de ideas, del análisis del acto reclamado, y los antecedentes narrados, se obtiene que la controversia que se plantea, deviene de un conflicto agrario relacionado con el derecho a obtener tierra ejidales, conflicto que debe dirimirse ante el Tribunal Agrario. Además, resulta importante destacar que en el caso no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad, en virtud, que el quejoso no alegó violaciones directas a la Constitución y el juicio agrario antes precisado, se encuentra regulado por la Ley Agraria y no en un reglamento. Aunado a lo anterior, que la suspensión que dispone la Ley Agraria se regulará aplicando lo dispuesto en el Titulo Segundo, Capítulo I, Sección Tercera, primera parte, de la Ley de Amparo, como lo establece el artículo 166 de dicho ordenamiento legal; por lo que los requisitos que establece dicha ley y la Ley de Amparo, son los mismos. Por tanto, se desecha la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cabe citar, en lo conducente, la jurisprudencia VII.A.T. J/29, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en página 71, del tomo 78, correspondiente al mes de junio de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 212125, que dice: "TRIBUNALES AGRARIOS. DEBE OCURRIRSE ANTE ELLOS, PREVIAMENTE A LA INSTAURACION DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. Los actos emanados de autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria deben ser combatidos ante los tribunales agrarios existentes a partir de la fecha en que entró en vigor la nueva legislación agraria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, previamente a la instauración del juicio constitucional, en acatamiento al principio de definitividad que prevé la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo". DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a ********************, toda vez que tiene su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que lo autoriza a ejercer la profesión de abogado y a ********************únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a la otra persona indicada, toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que los autorice a ejercer la profesión de abogados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese y personalmente.

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