Modesto García Bañuelos

Expediente 361/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
361/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
29/05/2018

Partes del expediente

  • Modesto García Bañuelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa haber dado cumplimiento al fallo protector emitido en autos; sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno al respecto, toda vez que mediante diverso proveído de veinticuatro de mayo del año en curso (fojas 102 a 105) este juzgado tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y ordenó el archivo del expediente.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal (fojas 94 a 96), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados por la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de quince de mayo de dos mil dieciocho (foja 97), se dio vista a la parte agraviada para que compareciera ante las oficinas de la autoridad en mención a fin de que le hicieran entrega del cheque emitido respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito y se le apercibió que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el tres de abril de dos mil dieciocho (fojas 50 a 69), se determinó conceder a Modesto García Bañuelos, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 23, fracción XII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, en relación con los artículos 11, 12 y 13 del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifiquen las normativas de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Director General de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residente en esta ciudad, devuelva a la quejosa la cantidad de $6,785.24 (seis mil setecientos ochenta y cinco pesos con veinticuatro centavos moneda nacional) que pagó el catorce de febrero de la presente anualidad, por concepto de derechos del giro de "MINISUPER, ABARROT. <200M2. CERVEZA", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en el dispositivo 23, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio dos mil diecisiete, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo. Cabe precisar, que el cobro de la cantidad de $3.00 (tres pesos) por comisión bancaria, deberá descontarse del importe total referido, pues dicha cantidad no forma parte de la cantidad a devolver, según se aprecia de la impresión de pago que exhibió la quejosa y que fue adjuntada a su demanda de amparo, así como la que remitió el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit; toda vez que el accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Luego, en diverso proveído de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que dentro del plazo de diez días la acatara (fojas 84 y 85). En cumplimiento a ello, por acuerdo de quince de mayo del año en curso (foja 97), se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en su carácter de representante legal del director general de ingresos responsable, mediante el cual con el fin de dar cumplimiento al fallo protector, informó que notificó a la parte quejosa que se encontraba a su disposición el cheque 0000447 expedido por la Institución Bancaria Santander Sociedad Anónima, que ampara la cantidad de $6,830.10 (seis mil ochocientos treinta pesos 10/100 moneda nacional), correspondiente al pago por los preceptos declarados inconstitucionales, pero que ésta no había comparecido a recogerlo, por lo que se le requirió a la citada parte procesal para que se constituyera ante el ente responsable a recoger el aludido título de crédito, bajo apercibimiento que de no hacerlo se analizaría sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en autos, sin que haya dado cumplimiento a lo anterior. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $6,785.24 (seis mil setecientos ochenta y cinco pesos 24/100 moneda nacional), cantidad que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le resta el monto de $3.00 (tres pesos), por comisión bancaria, toda vez que no fue objeto de reclamo en el presente juicio, da como resultado la suma de $6,782.24 (seis mil setecientos ochenta y dos pesos 24/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el trece de febrero de dos mil dieciocho, y el diez de mayo del año en curso se le notificó al peticionario del amparo que se encontraba a su disposición un cheque valioso por la cantidad citada; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de enero de dos mil dieciocho a marzo de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida y toda vez que el referido título de crédito se expidió el nueve de mayo del presente año, fecha que aún no se había actualizado el índice del mes de abril. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero fue 131.508; y para el mes de marzo de dos mil dieciocho 132.436. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00705. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por el concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $6,830.05 (seis mil ochocientos treinta pesos 05/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $47.81 (cuarenta y siete pesos 81/100, moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido para este juzgador, que del análisis de las pruebas aludidas, no se aprecia que el promovente del amparo haya acudido ante la autoridad responsable a fin de que le hicieran entrega del cheque emitido en cumplimiento al fallo protector; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la ejecutoria de mérito, pues sólo bastará que la parte quejosa acuda ante la responsable para hacer efectivo el cobro del título nominativo, a fin de recuperar la suma por concepto del impuesto reclamado. Es aplicable, la tesis III.3º.A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página mil cuatrocientos cincuenta y uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado.". Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal (fojas 94 a 96), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados por la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de quince de mayo de dos mil dieciocho (foja 97), se dio vista a la parte agraviada para que compareciera ante las oficinas de la autoridad en mención a fin de que le hicieran entrega del cheque emitido respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito y se le apercibió que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el tres de abril de dos mil dieciocho (fojas 50 a 69), se determinó conceder a Modesto García Bañuelos, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 23, fracción XII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, en relación con los artículos 11, 12 y 13 del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifiquen las normativas de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Director General de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residente en esta ciudad, devuelva a la quejosa la cantidad de $6,785.24 (seis mil setecientos ochenta y cinco pesos con veinticuatro centavos moneda nacional) que pagó el catorce de febrero de la presente anualidad, por concepto de derechos del giro de "MINISUPER, ABARROT. <200M2. CERVEZA", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en el dispositivo 23, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio dos mil diecisiete, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo. Cabe precisar, que el cobro de la cantidad de $3.00 (tres pesos) por comisión bancaria, deberá descontarse del importe total referido, pues dicha cantidad no forma parte de la cantidad a devolver, según se aprecia de la impresión de pago que exhibió la quejosa y que fue adjuntada a su demanda de amparo, así como la que remitió el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit; toda vez que el accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Luego, en diverso proveído de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que dentro del plazo de diez días la acatara (fojas 84 y 85). En cumplimiento a ello, por acuerdo de quince de mayo del año en curso (foja 97), se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en su carácter de representante legal del director general de ingresos responsable, mediante el cual con el fin de dar cumplimiento al fallo protector, informó que notificó a la parte quejosa que se encontraba a su disposición el cheque 0000447 expedido por la Institución Bancaria Santander Sociedad Anónima, que ampara la cantidad de $6,830.10 (seis mil ochocientos treinta pesos 10/100 moneda nacional), correspondiente al pago por los preceptos declarados inconstitucionales, pero que ésta no había comparecido a recogerlo, por lo que se le requirió a la citada parte procesal para que se constituyera ante el ente responsable a recoger el aludido título de crédito, bajo apercibimiento que de no hacerlo se analizaría sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en autos, sin que haya dado cumplimiento a lo anterior. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $6,785.24 (seis mil setecientos ochenta y cinco pesos 24/100 moneda nacional), cantidad que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le resta el monto de $3.00 (tres pesos), por comisión bancaria, toda vez que no fue objeto de reclamo en el presente juicio, da como resultado la suma de $6,782.24 (seis mil setecientos ochenta y dos pesos 24/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el trece de febrero de dos mil dieciocho, y el diez de mayo del año en curso se le notificó al peticionario del amparo que se encontraba a su disposición un cheque valioso por la cantidad citada; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de enero de dos mil dieciocho a marzo de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida y toda vez que el referido título de crédito se expidió el nueve de mayo del presente año, fecha que aún no se había actualizado el índice del mes de abril. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero fue 131.508; y para el mes de marzo de dos mil dieciocho 132.436. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00705. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por el concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $6,830.05 (seis mil ochocientos treinta pesos 05/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $47.81 (cuarenta y siete pesos 81/100, moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido para este juzgador, que del análisis de las pruebas aludidas, no se aprecia que el promovente del amparo haya acudido ante la autoridad responsable a fin de que le hicieran entrega del cheque emitido en cumplimiento al fallo protector; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la ejecutoria de mérito, pues sólo bastará que la parte quejosa acuda ante la responsable para hacer efectivo el cobro del título nominativo, a fin de recuperar la suma por concepto del impuesto reclamado. Es aplicable, la tesis III.3º.A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página mil cuatrocientos cincuenta y uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado.". Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual refiere que el quejoso ********** no se ha presentado a recibir el cobro del cheque valioso por la cantidad condenada en autos, no obstante de encontrarse debidamente notificada para tal efecto, como lo acredita con el anexo que acompaña. En ese tenor, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, dese vista a la parte quejosa con el comunicado de cuenta y anexo, así como requiérasele, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante las oficinas de la Dirección antedicha a fin de que le hagan entrega del cheque emitido en cumplimiento a la sentencia dictada el ********************, dentro de los autos del juicio biinstancial en que se actúa; asimismo, deberá informar al día siguiente hábil en que transcurra el término otorgado, si ya le fue entregado el título nominativo de que se trata. Bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos se pronunciará en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Resulta aplicable por analogía, la tesis III.3º.A.52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, correspondiente al mes de mayo del dos mil cinco, Materia Administrativa, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "..."

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