Modesto Edilberto Mendoza Nolasco

Expediente 1829/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1829/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
17/01/2017

Partes del expediente

  • Modesto Edilberto Mendoza Nolasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; diecisiete de enero de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso no recurrió la sentencia dictada el veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales conducentes; háganse y las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: - El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó en el presente asunto. El cuaderno original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (encuadran en las hipótesis previstas en el punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo). Lo anterior, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; en el entendido que se toma en consideración ésta y no la provisional dado que si bien el numeral en cita no establece en forma literal a cuál de ellas debe atenderse, de una lectura integral del mismo se advierte que se refiere a la definitiva, pues establece: "deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento". - No existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). - A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    I. En Toluca, Estado de México, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, hora y día señalados en auto de veintinueve de noviembre del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1829/2016-I, promovido por Modesto Edilberto Mendoza Nolasco, en audiencia pública, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; ante María Isabel López Mondragón, Secretaria quien da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin asistencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria hace relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el presente expediente. Al caso es aplicable la tesis publicada en la página 185, del Semanario Judicial de la Federación, Julio a Diciembre de 1998, Tomo IV, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la vigente Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por hecha la relación de constancias. A continuación, se abre el periodo probatorio y la Secretaria hace constar las partes no ofrecieron medio de convicción alguno. El Juez acuerda: Al no tener pruebas que acordar se da por concluida la presente etapa. Enseguida, se apertura el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que las partes no formularon las alegaciones correspondientes. El Juez acuerda: Al no tener alegatos que acordar se da por concluida la presente etapa. Con lo expuesto, se tienen por realizadas las etapas precedentes de la audiencia constitucional, en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda. VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1829/2016-I, promovido por Modesto Edilberto Mendoza Nolasco, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de México y otras autoridades; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito de demanda recibido el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis en la Oficialía de Partes del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Modesto Edilberto Mendoza Nolasco solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto que a continuación se indica: "AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR ADSCRITO AL MUNICIPIO DE LERMA DE VILLADA, SEGUNDO TURNO. EJECUTORAS: SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO. COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. COMANDANTE DE LA POLICIA MINISTERIAL AL MANDO DE LA GUARDIA DE AGENTES MINISTERIALES ADSCRITOS AL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DEL MUNICIPIO DE LERMA DE VILLADA, SEGUNDO TURNO. DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO. ACTO RECLAMADO: La ilegal orden de detención, presentación, y/o aprehensión dictada en mi contra, decretada por la autoridad responsable ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la autoridad ejecutoria tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas. De la autoridad señalada como C. Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito al Municipio de Lerma de Villada, segundo turno, la orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra." SEGUNDO. El quejoso estimó violados en su perjuicio los artículos 1, 14, 16, 18, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. El conocimiento de la demanda de amparo correspondió a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; por auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis (foja 8), se admitió a trámite y se ordenó formar por cuerda separada el incidente de suspensión del acto reclamado; se requirió el informe justificado de las autoridades responsables; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y se señaló día y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. CUARTO. Esta resolución no se ocupará de los actos atribuidos a las autoridades señaladas inicialmente por la parte quejosa como Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de México y el Comandante de la Policía Ministerial al Mando de la Guardia de Agentes Ministeriales adscritos al Ministerio Público Investigador del Municipio de Lerma de la Procuraduría General del Justicia del Estado de México, toda vez que mediante auto de uno de diciembre del año en curso se dejaron de tener como responsables para los efectos del presente juicio de amparo (foja 20). C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 12/2016 que reforma y adiciona el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia en donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en la orden de detención, presentación y/o aprehensión emitida contra el ahora quejoso. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del juicio, incluyendo la intencionalidad del quejoso, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Se estima aplicable, la tesis VI/2004, publicada en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, número de registro 181810, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Previo al análisis de la constitucionalidad de los actos que por esta vía se controvierten, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de éstos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, número de registro 212775, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A4 mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. Las autoridades responsables: PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR ADSCRITO AL MUNICIPIO DE LERMA DE VILLADA, SEGUNDO TURNO. En sus informes justificados negaron la existencia del acto reclamado por el quejoso Modesto Edilberto Mendoza Nolasco, el cual hace consistir en una orden de detención, presentación y/o aprehensión. Por otra parte, la autoridad responsable denominada Director de Seguridad Pública y Tránsito del H. Ayuntamiento Municipal de San Mateo Atenco, Estado de México, fue omisa en rendir su informe justificado, pues de las constancias de autos se advierte que el oficio 48209/2016, del índice de éste órgano jurisdiccional le fue notificado el treinta de noviembre del año en curso; sin embargo, resulta improcedente tener por cierto el acto que se le atribuye, ya que las autoridades ordenadoras negaron la emisión del acto reclamado, y por ende, las autoridades ejecutoras siguen la misma suerte; aunado a que la carga de la prueba corresponde al ahora quejoso quien como quedó precisado anteriormente no aportó medio de prueba alguno a fin de acreditar su dicho. Por tal motivo, si la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, número de registro 917818, cuyo tenor es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis VI.2º.A.4 K, consultable en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero 2002, Tomo XV, Novena Época, Materia Común, número de registro 187728, cuyos rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Lo anterior, porque el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, establece la obligación del quejoso de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia del acto reclamado a la autoridad en cita corresponde al solicitante del amparo. A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia VI.2o. J/308, publicada en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, Materia Común, número de registro 210769, Octava Época, de contenido: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por tanto, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio constitucional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 76, 78, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1829/2016-I, promovido por Modesto Edilberto Mendoza Nolasco, por los actos, contra las autoridades y por los motivos expuestos en el considerando ultimo de este fallo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón que autoriza, firma y da fe.

  3. Incidental

    V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1829/2016-I, promovido por Modesto Edilberto Mendoza Nolasco, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito recibido el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia de este órgano jurisdiccional, Modesto Edilberto Mendoza Nolasco promovió juicio de amparo contra la orden de detención, presentación, y/o aprehensión dictada en su contra, reclamada al Procurador General de Justicia del Estado de México y otras autoridades. SEGUNDO. Por auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se formó por duplicado el presente incidente de suspensión; se solicitó el informe previo a las autoridades responsables; y se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual inició al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. TERCERO. Esta resolución no se ocupará del acto reclamado al Comandante de la Policia Ministerial al Mando de la Guardia de Agentes Ministeriales Adscritos al Ministerio Público Investigador del Municipio de Lerma de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y del Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de México, pues mediante proveído de uno de los corrientes (fojas 24 y 25), se dejaron de tener con el carácter de responsables. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado de las autoridades responsables se hace consistir en la orden de detención, presentación y/o aprehensión, así como su ejecución. SEGUNDO. Al rendir sus informes previos el Procurador General de Justicia del Estado de México, el Comisario General de la Policía Ministerial del Estado de México, el Agente del Ministerio Público Adscrito al Segundo Turno de Lerma, Estado de México, así como el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de San Mateo Atenco, negaron la existencia del acto reclamado a ellas atribuido. En consecuencia, toda vez que la parte agraviada no aportó al presente procedimiento incidental, prueba alguna en contrario para desvirtuar la negativa de referencia, lo procedente es negar la suspensión definitiva al no haber materia a que aplicarla. A lo anterior, resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 286, publicada en la página 237 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con el rubro y texto siguientes: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se niega a Modesto Edilberto Mendoza Nolasco, la suspensión definitiva solicitada, contra los actos y las autoridades precisadas en el considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, asistido de la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.

  4. Incidental

    Toluca, Estado de México; cinco de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el telegrama enviado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual solicita se le informe el estado procesal del presente asunto. Atento a lo anterior, como lo solicita la oficiante, infórmesele que mediante sentencia de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se sobreseyó el juicio de amparo, promovido por María Cristina, Oscar y Fredy, todos de apellido Padilla Zamora, y el catorce de junio siguiente causó estado, por lo que se ordenó el archivo correspondiente en la propia fecha. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, asistido de la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano