Modesto Cruz Gudiño
Expediente 652/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 652/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/06/2018
Partes del expediente
- Modesto Cruz Gudiño
Actuaciones
- Principal
...VISTA LA CERTIFICACIÓN SECRETARIAL DE CUENTA...EL PROMOVENTE DEL AMPARO NO INTERPUSO RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL PROVEÍDO DE...EN EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO...SE DECLARA QUE...HA CAUSADO ESTADO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES...ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUÍDO...EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN...
- Principal
AGRÉGUESE A LOS AUTOS..., ATENTO A SU CONTENIDO, EXPÍDASE COPIAS DE LO QUE SOLICITA...
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EN VIRTUD DEL AVISO FIJADO EN PUERTA QUE ESTABLE EL AUTO DE TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO QUE ESTABLECE: treinta de mayo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo suscrita por MODESTO CRUZ GUDIÑO, promovida por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Cadereyta de Montes, Querétaro y otras autoridades, fórmese cuaderno respectivo y, regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito con el número 652/2018, que es el que le corresponde. Dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente destacar que el acto reclamado en esta instancia constitucional, consisten en: El auto de fecha veintitrés de mayo del año en curso, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Cadereyta de Montes, Querétaro, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 19/2016, seguido por Juana Juárez Martínez, contra el quejoso, mediante el cual se autorizó el cambio de depositario del bien mueble embargado consistente en una camioneta Nissan, modelo 1995, con número de placa SY57995 y su ejecución, ello sin que se haya resuelto el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra la sentencia interlocutoria de liquidación de fecha dos de abril del presente año. En la especie, respecto del citado acto reclamado, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" La fracción transcrita con anterioridad, pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De lo anterior se advierte que para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Es aplicable a la anterior consideración, la jurisprudencia I. 4o. C. J/25, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, página 361, que dice: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Lo anterior es así, pues en contra del acto reclamado que nos ocupa consistente en el auto de fecha veintitrés de mayo del año en curso, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Cadereyta de Montes, Querétaro, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 19/2016, seguido por Juana Juárez Martínez, contra el quejoso, mediante el cual se autorizó el cambio de depositario del bien mueble embargado consistente en una camioneta Nissan, modelo 1995, con número de placa SY57995 y su ejecución, ello sin que se haya resuelto el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra la sentencia interlocutoria de liquidación de fecha dos de abril del presente año; procede el recurso de revocación, previsto en el artículo 1,334 del Código de Comercio vigente en la época que se inició el controvertido de origen (doce de enero de dos mil dieciséis), en relación con el diverso 1,339 del citado Código, que establecen lo siguiente: "Artículo. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Artículo. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $574,690.47 (Quinientos sesenta (sic) y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código." Del análisis de los preceptos transcritos con anterioridad, el suscrito arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado fue emitido por el Juez Mixto de Primera Instancia de Cadereyta de Montes, Querétaro, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes relacionados. El segundo de los requisitos también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido del artículo 1,334 del Código de Comercio aplicable, del cual se advierte la procedencia de un medio de impugnación que pudo hacer valer en el procedimiento de origen, el recurso de revocación. En este orden de ideas, si el código en cita señala expresamente en alguna de sus disposiciones la procedencia del recurso de revocación en contra de los autos que no son apelables, tal como en la especie acontece, ya que del escrito de demanda se advierte que la suerte principal del juicio de origen es por la suma de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 M.N), cuya cantidad es menor a $574,690.47 (Quinientos sesenta (sic) y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M.N.), resulta inconcuso la procedencia de un medio de defensa por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el citado auto; esto es, el recurso de revocación previsto en el citado artículo 1,334. Por tanto, como los actos reclamados de que se trata en este apartado, se traducen en el auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Cadereyta de Montes, Querétaro, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 19/2016, promovido por Juana Juárez Martínez, contra Modesto Cruz Gudiño (quejoso), mediante el cual se autorizó el cambio de depositario del bien mueble embargado consistente en una camioneta Nissan, modelo 1995, con número de placa SY57995 y su ejecución, ello sin que se haya resuelto el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra la sentencia interlocutoria de liquidación de fecha dos de abril del presente año; en contra del citado auto procede el recurso de revocación, previsto en el artículo antes mencionado, ello en virtud de que el quejoso es parte en el juicio de origen -actor-, lo cual se traduce en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de garantías; por lo cual, resulta inconcuso que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada. Sin que sea obstáculo el hecho de que no se haya resuelto el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra la sentencia interlocutoria de liquidación de fecha dos de abril del presente año, en razón de que ello no le impide hacer valer el medio de defensa que procede (recurso de revocación) en contra del acto reclamado, pues al efecto el Código de Comercio no establece que se está imposibilitado para interponer un recurso (revocación) contra un auto o resolución reclamada, cuando existe o está pendiente de resolución un medio de defensa interpuesto contra una diversa determinación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 70/2016, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 401, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." También apoya lo dicho la diversa tesis de Jurisprudencia número 59/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 157, Libro Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación." Finalmente, apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6º.CJ/37, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, página 902, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así como, la jurisprudencia 101/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 138, Tomo XIV, Diciembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS."): Una nueva reflexión sobre el tema conlleva a esta Primera Sala a apartarse de las consideraciones que al respecto sustentara la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", en el sentido de que en contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, resulta improcedente el recurso de revocación. Esto es así, ya que si bien nuestro Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expeditez de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema "cerrado" de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea la procesal común; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como "principio de impugnación" que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que si el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación." Además, este órgano jurisdiccional estima que existe un diverso motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues también se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6°, del mismo ordenamiento legal, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Por su parte, el diverso artículo 5º fracción I, de la misma legislación señala: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De los preceptos legales transcritos, en primer lugar, se pone de manifiesto que, la acción constitucional tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales -como en la especie acontece respecto del acto reclamado- únicamente se puede ejercer, por la persona a quien la ley o el acto de autoridad reclamado le cause un agravio personal y directo; es decir, a quien le irrogue un perjuicio, entendiéndose por ello, la afectación por el actuar de la autoridad, o por la ley, de un derecho subjetivo legítimamente tutelado, el cual, cuando es desconocido o violado, otorga al afectado, la facultad para acudir ante el órgano de control constitucional competente, a efecto de que le sea reconocido ese derecho y no se transgreda, lo que constituye el presupuesto necesario del interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Es decir, ante la existencia de un acto de autoridad que ocasiona perjuicio o afectación en los bienes o derechos del gobernado, quien está legitimado para acudir al Juicio de Amparo contra ese acto, es precisamente el directamente afectado, por sí o a través de su representante, de modo entonces, que es necesario que haya identidad entre el afectado directo y quien ejerce la acción constitucional. Ahora bien, el quejoso reclama el auto de fecha veintitrés de mayo del año en curso, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Cadereyta de Montes, Querétaro, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 19/2016, seguido por Juana Juárez Martínez, contra el quejoso, mediante el cual se autorizó el cambio de depositario del bien mueble embargado consistente en una camioneta Nissan, modelo 1995, con número de placa SY57995 y su ejecución, ello sin que se haya resuelto el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra la sentencia interlocutoria de liquidación de fecha dos de abril del presente año. En este tenor, de los antecedentes descritos en el escrito de demanda se desprende que el quejoso MODESTO CRUZ GUDIÑO, tiene el carácter de demandado en el juicio ejecutivo mercantil de origen, 19/2016 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cadereyta de Montes, Querétaro; que éste quedó como depositario del bien mueble embargado dentro de dicho juicio consistente en una camioneta Nissan, modelo 1995, con número de placa SY57995; de ahí que este juzgador estima que el acto reclamado no le ocasiona ningún agravio personal y directo, en términos del aludido artículo 6° de la Ley de Amparo, puesto que con la remoción del cargo de depositario, no se afecta de ninguna forma la situación jurídica del bien mueble embargado, pues ello ocurrió en la propia diligencia de embargo, lo que no provoca la adquisición de derechos jurídicamente tutelados; y su remoción es una facultad que se le otorga exclusivamente al actor. Lo anterior, se estima así, toda vez que si bien el quejoso, es demandado en el juicio de origen y en primera instancia fue designado como depositario en el juicio de origen, la función de depositario se reduce a la de un mero auxiliar de la administración de justicia; de ahí que sus obligaciones específicas son la de velar por la seguridad e integridad de los bienes que están bajo su custodia; pues los derechos que refiera tener respecto de los bienes muebles, se vieron afectados en el momento en que se trabó formal embargo sobre los mismos, por tanto, el proveído de veintitrés de mayo del año en curso, en la que se autorizó el cambio de depositario del bien mueble embargado (vehículo) dentro juicio ejecutivo mercantil 19/2016; no afecta derechos reales y objetivos del aquí quejoso pues, se insiste, sólo tiene bajo su cuidado dicho bien con el carácter de depositario. Ello se considera así dado que en el auto reclamado por el cual se ordenó el cambio de depositario dentro del juicio ejecutivo mercantil 19/2016 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cadereyta de Montes, Querétaro, no se afectó la situación jurídica del bien que resultó secuestrado en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada, pues tal determinación como ya se precisó únicamente atiende al ejercicio del derecho que tiene la acreedora del quejoso, para designar depositario del bien secuestrado. Por lo que, a consideración de quien ahora resuelve, el acto reclamado no afecta de manera personal y directa algún derecho subjetivo o adjetivo del quejoso, porque en todo caso esta afectación se produjo con el embargo de bienes, llevada a cabo en diligencia de embargo, ya que a través de tal diligencia el demandado (quejoso) dejó de tener la posesión jurídica de lo embargado, pero no con el cambio de depositario que ahora reclama, pues fue en la diligencia de embargo en que se vieron afectados los derechos reales y objetivos del quejoso en relación al bien mueble embargado, de ahí que se estima que el auto reclamado no le ocasiona un agravio actual, inmediato y directo, esto es, que efectivamente le cause perjuicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo 175-180 Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, visible en la foja 77, que dice: "PERJUICIO JURÍDICO, NOCIÓN DEL, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se ve transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho, que puede hacerse respetar por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Sin embargo, no todos los intereses que pueden concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cosa suceda es menester que la ley los reconozca como tales a través de una o varias de sus normas." Así como la Tesis Aislada, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de Marzo de 1993, Materia Común, visible a página 263 del texto y rubro siguiente: DEPOSITARIO, NUEVA DESIGNACION, NO AFECTA LA SITUACION JURIDICA DE LOS BIENES PROPIEDAD DE LA DEMANDADA QUE LE FUERON EMBARGADOS.A juicio de este órgano colegiado, la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que confirmó el proveído por el que el juez de primer grado tuvo a la actora designando nuevo depositario de los bienes que se embargaron a la empresa demandada, no causó a la demandada quejosa ningún agravio personal y directo, en los términos del artículo 4 de la Ley de Amparo, puesto que con el cambio de depositario no se afectó la situación jurídica de los bienes propiedad de la sociedad mercantil quejosa, que resultaron secuestrados en la diligencia de requerimiento, emplazamiento y embargo practicada en el juicio natural, sino que el juzgador se concretó a reconocer el ejercicio del derecho que tiene la acreedora de la quejosa, para designar depositario de los bienes secuestrados en el procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 543 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. La anterior conclusión se evidencia, si se toma en cuenta que en virtud del embargo, la sociedad demandada dejó de tener la posesión jurídica de lo embargado; y, además, en el proveído apelado ni siquiera se ordenó poner al nuevo depositario en posesión de los bienes secuestrados, por lo tanto, al no ocasionarse a la peticionaria de garantías un agravio personal y directo, con el solo dictado del auto que tuvo a la actora designando nuevo depositario, se surte la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con lo dispuesto en el numeral 4, ambos de la Ley de Amparo. Por consiguiente, al actualizarse las causas de improcedencias prevista en las fracciones XVIII y XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, esta última en relación con los diversos artículos 5, fracción I y 6, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que promueve MODESTO CRUZ GUDIÑO, por propio derecho, por notoriamente improcedente. Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación en forma supletoria a la Ley de Amparo referida por disposición de su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; y como autorizado de su parte únicamente para oír, recibir notificaciones, en términos de la parte final del segundo párrafo del citado numeral, a la persona que refiere en su escrito inicial de demanda, lo anterior, en virtud de que no se encontró registrada su cedula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, (sin perjuicio de reconocerle las diversas facultades, una vez que acrediten ante éste Órgano estar plenamente autorizado para ejercer la profesión de abogado). Por otro lado, con sustento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para practicar cualquier notificación o emplazamiento que surjan en el presente asunto, con el fin de no entorpecer el trámite del presente juicio. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto.
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AGREGUESE A LOS AUTOS PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDAN LOS ESCRITOS DE CUENTA SIGNADOS POR.... A LA VISTA DADA EN PROVEIDO DE.... CON MOTIVO DEL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO POR.... PONGO A LA VISTA DEL MISMO LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL JUICIO DE AMPARO DURANTE EL LAPSO PRUDENTE... EXPÍDANSE LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LAS CONSTANCIAS QUE SOLICITA...
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