Modesta Rubio Hernández
Expediente 168/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 168/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Modesta Rubio Hernández
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; dos de marzo de dos mil veintidós. ESTADO DESECHAMIENTO. Del estado de autos y certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de quince de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. Toda vez que el expediente físico coincide fiel e íntegramente con el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible...I
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; quince de febrero de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Con la demanda promovida por Modesta Rubio Hernández contra actos del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, fórmese el cuaderno respectivo, regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 168/2022-I-B. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En efecto, al examinar la demanda se estima actualizada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último aplicado en sentido contrario, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) De la lectura de los preceptos transcritos, se aprecia que, tratándose de actos dictados en juicio, el amparo biinstancial únicamente procede cuando sean de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afectan materialmente y de manera actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando lo dispuesto en las fracciones III, inciso b), y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, consideró que el legislador, mediante una definición legal, reiteró su propósito de que los actos dictados en juicio, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; esto es, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio a un derecho y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. De ello, se obtienen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos; esto es, en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, se refiere a que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos; expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Tales consideraciones están contenidas en el criterio jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.), sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que puede ser consultado en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; de rubro y contenido siguiente. PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Ahora, el acto reclamado por la quejosa consiste en el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 110/2020, en el que se señalaron las once horas con treinta minutos del nueve de junio de dos mil veintidós, para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora; las trece horas con treinta minutos del nueve de junio de dos mil veintidós, para el desahogo de la prueba confesional a cargo de la quejosa; y, las once horas del ocho de abril del dos mil veintidós para el desahogo de la prueba de cotejo y compulsa admitida a la parte demandada. Sin embargo, el acto reclamado no puede considerarse de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en dilaciones procesales, que de ningún modo afectan derechos sustantivos. Así, uno de los requisitos que caracterizan a los autos irreparables es la afectación inmediata a los derechos sustantivos, circunstancia que se opone a la afectación adjetiva, como la que en el caso se produce. La quejosa se duele de una afectación cometida durante la tramitación del juicio, pues refiere que la autoridad responsable señaló como fechas para el desahogo de las pruebas admitas a las partes dentro del expediente laboral 110/2020, las once horas con treinta minutos del nueve de junio de dos mil veintidós, para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora; las trece horas con treinta minutos del nueve de junio de dos mil veintidós, para el desahogo de la prueba confesional a cargo de la quejosa; y, las once horas del ocho de abril del dos mil veintidós para el desahogo de la prueba de cotejo y compulsa admitida a la parte demandada; lo que atenta contra el principio de expeditez contenido en el artículo 17 constitucional; sin embargo, ese acto no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una violación procesal autónoma al juicio burocrático, en el que la quejosa es actora, sino que se da durante el mismo. En efecto, si uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación directa que los mismos producen a los derechos sustantivos de la parte quejosa, el que, en el caso reclama, no puede considerarse de forma autónoma por haberse suscitado dentro de un procedimiento de índole laboral en el cual la accionante es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción que se prevé para acudir al juicio de amparo; además, la suscrita no advierte una dilación absoluta o paralización injustificada del procedimiento; pues como se ve, el tribunal ha señalado fechas para el desahogo de las pruebas admitas a las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016, de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el número de registro 2011580, Materia Constitucional, Común, de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Se considera que la fijación de fecha para la celebración de las audiencias, es decir, proseguir en tiempo el juicio burocrático, no implica una dilación absoluta. Al respecto conviene señalar que en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, a fin de considerar que se configura una dilación excesiva que produzca una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto. Estableciendo así, que el juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la paralización de cualquier otra diligencia, procede únicamente cuando han trascurrido más de cuarenta y cinco días naturales, toda vez que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo permite una paralización máxima del mismo tiempo, cuando sea necesario el impulso del trabajador en el juicio. En el caso, la legislación aplicable es la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados, del Estado de Hidalgo, ya que la omisión de que se duele el quejoso se dio dentro de un juicio laboral seguido ante el Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo. El numeral 131 de esa legislación, establece: Artículo 131. Se tendrá por desistida de la acción y de la demanda intentada, a toda persona que no haga promoción alguna en el término de tres meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento. El Tribunal, de oficio o a petición de parte, una vez transcurrido este término, declarará la caducidad. No operará la caducidad, aún cuando el término transcurra, por el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del Tribunal o por estar pendientes de recibirse informes o copias certificadas que hayan sido solicitadas. Dicho dispositivo prevé que el periodo máximo para que un juicio burocrático permanezca inmóvil es de tres meses. Entonces, atendiendo a la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, se concluye, por identidad de razón, que el juicio de amparo procede cuando ha transcurrido más del término permitido por la ley aplicable al caso para que el juicio de origen permanezca inmóvil, es decir, cuando el juicio permanezca inmóvil por más de tres meses, a partir del término en que debió celebrarse la diligencia. Entonces, si el auto admisorio de pruebas en el juicio de origen fue dictado el veintiséis de enero de dos mil veintidós, y conforme lo dispuesto por el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley burocrática estatal, la autoridad no debía rebasar treinta días para la recepción de medios de convicción; se tiene que, la última audiencia debió señalarse para el veintiséis de febrero; a esa data se le añaden tres meses, (tiempo máximo que puede permanecer inmóvil un juicio burocrático) resultando veintiséis de mayo del año en curso, como data para el desahogo de pruebas. En ese sentido, si la celebración de las audiencias fueron señaladas en abril y los primeros días de junio de este año, es evidente que la violación procesal que aduce el accionante no afecta sus derechos sustantivos; pues el juicio no ha sido dilatado en forma absoluta o injustificada. Por tanto, se insiste que no se advierte que se trate de un acto de imposible reparación, porque no se violan derechos sustantivos contenidos en la Constitución, o en los tratados internacionales en los que México es parte, sino simplemente, en su caso, derechos adjetivos. En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; de ahí que procede desechar de plano la demanda presentada por Modesta Rubio Hernández. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS DE LA QUEJOSA. Se tiene como tal el ubicado en boulevard Ramón G. Bonfil número 1608, colonia Arboledas de San Javier, Pachuca de Soto, Hidalgo. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Francisco Javier Espinoza Escamilla, Antonio Espinoza Pereyra, Itzel Suárez Castro y Ana Belem Pérez Álvarez. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y HABILITACIÓN DE USUARIO. Con fundamento en el artículo 3 de la referida ley, se autoriza a la quejosa la consulta del expediente electrónico a través del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por medio del usuario AntonioEP21. REQUERIMIENTO DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO A LAS PARTES. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del acuerdo referido, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza tanto a la promovente como a sus autorizados el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, a efecto de imponerse para oír y recibir notificaciones de los acuerdos dictados en el presente juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas). HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo...M-I
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