Modesta Huerta Campos

Expediente 386/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
386/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
13/06/2019

Partes del expediente

  • Modesta Huerta Campos

Actuaciones

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a los autos, el oficio de cuenta que remite la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, mediante el cual acusa recibo de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional; lo anterior para los efectos legales correspondientes. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, de conformidad con la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo y archívese como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. También, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.

  2. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a los autos, el escrito de cuenta signado por la quejosa mediante el cual cumple con lo requerido en proveído de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve; en consecuencia, vista de nueva cuenta la demanda de amparo contra de actos de la autoridad responsable, así como el escrito de cuenta, provéase lo conducente para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, la competencia legal es de orden público, por lo que no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, ante lo cual, se procede a analizar si, en el caso, se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo en comento. Es aplicable al caso, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, registro 345468, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." Por su parte el artículo 37 de la ley de amparo, previene: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de dicho precepto se obtienen distintas reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, entre las cuales, en lo que aquí interesa, se destaca que será juez competente aquel que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Ahora, la parte quejosa se duele concretamente del acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dictado por la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Civil Especializado en Materia Mercantil, con residencia en Ensenada, Baja California, dentro de los autos del expediente 505/2017, por medio de la cual se ordenó la reducción de su salario, por lo que, éste Juzgador estima, que se actualiza la hipótesis contenida en el primer párrafo del numeral ya citado, toda vez que la ejecución del acto que por este vía se reclama, debe tener verificativo en la ciudad de Ensenada, Baja California; esto es, en el lugar donde labora la hoy promovente, pues es en aquél lugar en donde se ejecutará el acto que reclama, por tanto, el suscrito Juzgador, considera que carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la misma. Lo anterior es así, pues del escrito de cuenta se desprende, que el lugar de trabajo de la quejosa se ubica en la ciudad de Ensenada, Baja California. Por tanto se insiste, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de ésta demanda de amparo, en virtud de que el acto por esta vía reclamado debe tener ejecución en donde la parte promovente tiene su fuente de trabajo, como en el caso concreto sería en la ciudad de Ensenada, quedando como consecuencia a acatar sus mandatos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 13/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: I, Junio de mil novecientos noventa y cinco, registro 200781, cuyo rubro es el siguiente: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades". De igual forma resulta aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 145, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 2001236, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa.". Por tanto, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California, carece de competencia legal para conocer del presente sumario constitucional, por razón de territorio, y por ende, la declina al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, en Turno, con residencia en Ensenada, puesto que es dentro de la jurisdicción del citado Juzgado, donde tendrá lugar la ejecución del acto reclamado; por ello, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del presente juicio de amparo a ese órgano de control constitucional para que, si lo considera pertinente, se avoque al conocimiento del asunto en cuestión. En consecuencia, se procede a remitir los autos originales del presente expediente, las copias del escrito inicial de demanda y de los escritos de prevención al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, en Turno, con residencia en Ensenada, por conducto de la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito de dicha ciudad, previo cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado federal; solicítese el acuse de recibo correspondiente. ANOTACIONES LIBROS DE GOBIERNOS Y CAPTURA EN EL SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE FIJE EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a los autos, el escrito de cuenta presentado por la quejosa Modesta Huerta Campos y su autorizado, mediante el cual intentan desahogar la prevención realizada en auto de veinte de mayo del presente año. Atento al contenido del escrito de cuenta, requiérase a la parte quejosa para que en un nuevo plazo de cinco días contados a partir del día siguiente al que surte efectos su notificación del presente auto, manifieste bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Proporcione antecedentes del acto reclamado, específicamente los relativos al lugar donde el embargo del salario que reclama, deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Toda vez que resulta necesario a efecto de mejor proveer respecto a la admisión, desechamiento o en su caso declinar la competencia por la jurisdicción en que deba tener ejecución el acto que reclama; lo anterior, atendiendo que ello no fue proporcionado al desahogar la prevención realizada mediante acuerdo de veinte de mayo de dos mil diecinueve. Se comparte el contenido de la tesis I.6o.P.18 K (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable a foja 2189, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2018287, cuyo rubro dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE DECLINARLA SIN FIJAR PREVIAMENTE LOS ACTOS RECLAMADOS EN LA DEMANDA UNA VEZ EFECTUADO SU ANÁLISIS INTEGRAL". Hágase del conocimiento de la parte quejosa, que la fracción I del diverso numeral 261 de la ley de la materia, establece que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el acto reclamado. Asimismo, la parte quejosa deberá exhibir las copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, ya que al igual que el escrito de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto por el artículo 110, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, queda apercibida la parte promovente, que de no cumplir con la prevención antes mencionada dentro del plazo señalado, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE FIJE EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Modesta Huerta Campos, y regístrese por su orden en el libro de gobierno de amparo que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal, bajo el número 386/2019-2A. PREVENCIÓN Ahora bien, a fin de proveer lo conducente sobre la admisión de demanda, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 108, fracciones IV y VI del propio ordenamiento legal, prevéngase al promovente, para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al que surte efectos su notificación del presente auto, manifieste bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Precise con claridad el acto reclamado, respecto a la norma o normas que aduce impugna, pues de su escrito de demanda se refiere lo siguiente: "En virtud de que el acto reclamado es de carácter autoaplicativo la presente instancia de garantías deberá admitirse y dársele curso para que en su oportunidad se declare la inconstitucionalidad e in-convencionalidad de las disposiciones conbatidas."; sin embargo, no refiere qué dispositivos y ordenamiento le paran perjuicio. Ahora, el artículo 114 de la Ley Reglamentaria ya invocado, establece que, en los casos en que la demanda sea oscura por deficiencia vinculada con un requisito sustancial, el Juez deberá prevenir a la parte quejosa para que la aclare la misma, lo que en el caso concreto acontece, toda vez que no precisa con claridad el acto que reclama. De igual forma, de acuerdo con la teoría general del proceso toda demanda debe reunir ciertos requisitos esenciales, los que permitan a los juzgadores y a las partes, conocer con precisión cuál es la materia de la impugnación, a fin de que el suscrito Juzgador esté en posibilidad de analizar lo que se reclama y a las partes de realizar las manifestaciones que estimen convenientes; además a efecto de estar en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda respecto al incidente de suspensión respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XX.57 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 871, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, perteneciente a la Novena Época, con número de registro 202853, cuyo rubro dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS.". De impugnar una norma, deberá cumplir bajo protesta de decir verdad, con los siguientes puntos. Informe de manera clara y completa, los antecedentes del acto reclamado originalmente, así como lo referente a la norma y ordenamiento que en su caso reclame, con el objeto de otorgárseles a las autoridades responsables la oportunidad de defenderse en el presente asunto. Enliste las autoridades que participan en el proceso legislativo, dado que la inconstitucional una ley, no puede considerarse como un acto único de ciertas autoridades responsables sino que es indispensable que se otorgue el derecho de audiencia a todas y cada una de ellas y hagan valer (en caso de declarar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas) los recursos y medios de defensa que la ley de la materia les otorga. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 114/99, localizable en la página dieciocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo rubro dice:"AMPARO CONTRA LEYES. LA REFORMA DE UN PRECEPTO NO PERMITE RECLAMAR TODA LA LEY, SINO SÓLO ESE PRECEPTO Y LOS ARTÍCULOS QUE RESULTEN DIRECTAMENTE AFECTADOS.". De igual forma resulta aplicable la tesis P. LXVII/96, localizable en la página ciento trece, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, mayo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, cuyo rubro dice: "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PARA QUE SE DEMUESTRE QUE SE APLICARON, NO BASTA QUE SE CITEN LAS NORMAS RECLAMADAS, SINO QUE ES NECESARIO QUE SE ACTUALICEN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN ELLAS.". En la inteligencia de que al precisar dicha información, deberá abstenerse de realizar estimaciones subjetivas, toda vez que ello será indispensable para fijar la litis constitucional en el presente juicio, así como para que las autoridades señaladas como responsables estén en aptitud de rendir los informes respectivos, respecto de los actos que a cada una de ellas se les atribuya. En el entendido que deberá exhibir las copias de demanda correspondientes, a efecto de correr traslado a las partes. Asimismo, deberá exhibir las copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, ya que al igual que el escrito de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto por el artículo 110, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, queda apercibida la parte promovente, que de no cumplir con las prevenciones antes mencionadas dentro del plazo señalado, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo.

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