Mobel Consultores, Sociedad Civil
Expediente 1164/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1164/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
- Mobel Consultores, Sociedad Civil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad de México, once de enero de dos mil veintidós. Por recibido el oficio del Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual remite un acuerdo de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, así como el diverso del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, residente en San Andrés Cholula, relativas al juicio de amparo en que se actúa; lo anterior, toda vez que, del contenido del mismo, se advierte que corresponde al presente asunto. Sin que en el caso se ordene acusar recibo de estilo. Ahora bien, téngase por recibido el oficio del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, residente en San Andrés Cholula, por medio del cual hace del conocimiento de este Juzgado de Distrito el contenido del proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo con el número 412/2020 de su índice. En obvio de mayores dilaciones, reenvíese el oficio 22722/2020, que contiene inserto el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dirigido al Juzgado de Distrito oficiante; lo anterior, a efecto de que sea debidamente notificado del contenido del mismo en el cual se le acusa recibo del diverso 11088 en que éste órgano jurisdiccional aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 412/2020 de su índice. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el seis de julio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, toda vez que es a ella a quien le causa perjuicio. En consecuencia, conforme lo establece el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado. Sin que obste para la anterior determinación el que no haya transcurrido el plazo para la autoridad responsable, por el que se les hizo del conocimiento la determinación de mérito, toda vez que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión en contra de las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí que las partes sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos; consecuentemente, si en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio, el mismo no afecta a las referidas autoridades y por tanto, no están legitimadas para interponer recurso contra la citada resolución. Sirve como apoyo a lo anterior, la tesis XI.3o.4 K del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoprimer Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII junio de 1998, página 706, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1 Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción c), del citado Acuerdo General, al haberse negado la medida cautelar de los actos reclamados; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse en un término de treinta días posterior al plazo de seis meses, que establece el artículo antes referido. Por último, en caso de que la autoridad a la que se le deba notificar la presente determinación por medio de oficio se encuentre en su correspondiente periodo vacacional, se comisiona a la sección de actuaría para que lo resguarde y entregue dicho oficio una vez que reanude sus labores. Notifíquese.
- Principal
En Ciudad de México, a las quince horas con cuarenta y dos minutos, del seis de julio de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la audiencia constitucional del juicio de amparo 1164/2020, promovido por Mobel Consultores, sociedad civil, por conducto de su representante legal Cristina Talavera Uribe, en audiencia pública, Carlos Alberto García López, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, como se advierte del oficio CCJ/ST/0107/2021 de esa misma fecha, suscrito por el Secretario Técnico de la referida Comisión, asistido de María Elena Navarrete Zúñiga, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a declararla abierta sin la asistencia de las partes, en atención a las medidas sanitarias implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-Co2 (Covid19). Acto seguido, la Secretaria hace relación de todas y cada una de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: demanda de amparo y anexos, auto admisorio, constancias de notificación a las partes, informe justificado de las autoridades responsables y proveídos en los que se acordó lo conducente. De igual manera, la Secretaria CERTIFICA QUE: al día de hoy no se encuentra transcurriendo plazo alguno y que se encuentran emplazadas todas las partes en el presente juicio. El Secretario en Funciones de Juez de Distrito acuerda: téngase por hecha la relación de constancias, así como la certificación que antecede, para los efectos legales procedentes. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, en el que la Secretaria da cuenta con las documentales exhibidas en el juicio, así como con la instrumental de actuaciones, y la presuncional, en su doble aspecto legal y humana. El Secretario en Funciones de Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas referidas, por su propia y especial naturaleza. Al no haber pruebas pendientes por desahogar, se cierra el periodo probatorio. Acto seguido, se procede al desahogo de la etapa de alegatos. La Secretaria hace constar que la parte quejosa formuló diversas manifestaciones, mediante los escritos registrado bajo los folios 2358 y 2430 y que las demás partes no los hicieron valer ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló la intervención ministerial que le corresponde. El Secretario en Funciones de Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones de la parte quejosa en vía de alegatos, mismos que serán tomados en consideración al momento de dictar sentencia definitiva, de igual manera, se tiene por precluido el derecho de las demás partes para formularlos, con lo que se concluye el periodo de referencia. Al no existir diligencias pendientes de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Mediante escrito remitido vía electrónica el veintiuno de abril de dos mil veinte, Mobel Consultores, sociedad civil, por conducto de su representante legal Cristina Talavera Uribe, promovió juicio de amparo indirecto, en contra de las autoridades responsables y por los actos reclamados siguientes: ".-LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. C. Secretario de Hacienda y Crédito Público. C. Secretario de Salud C. Consejo de Salubridad General.". "IV.- ACTOS QUE SE RECLAMAN A CADA UNA DE LAS AUTORIDADES. De todas las autoridades responsables se reclama: a).-La omisión de acatar la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, de acuerdo con sus facultades, con motivo de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), así como el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 y 31 de marzo del año en curso, respectivamente, al no ejercer las atribuciones señaladas en el artículo 39 Fracción I del Código Fiscal de la Federación. b).- La omisión de respetar y acatar el contenido del artículo 39, Fracción I, del Código Fiscal de la Federación en el sentido de emitir resoluciones de carácter general relacionadas con las acciones de condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.". SEGUNDO. Derechos Violados. La parte quejosa indicó que no existía tercero interesado; narró los antecedentes del acto reclamado; señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1°, 4, 5, 14, 16, 25 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los previstos en diversos tratados internacionales; y formuló los conceptos de violación que estimó conducentes. TERCERO. Radicación y desechamiento de la demanda. Por razón de turno, tocó conocer de la demanda de amparo al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, el que por auto de veintidós de abril de dos mil veinte la registró con el número 412/2020; y en ese mismo acuerdo, desechó la demanda de amparo, inconforme con dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de queja de la que por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito con sede en San Andrés Cholula Puebla, bajo el número de toca queja 97/2020. Mediante resolución de seis de mayo de dos mil veinte, el citado tribunal resolvió el medio de impugnación referido, y al efecto, lo declaró fundado. CUARTO. Recepción del testimonio. Mediante auto de once de mayo de dos mil veinte, el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, recibió el testimonio referido en el resultando que antecede, por lo que en atención a lo resuelto por la superioridad admitió a trámite la demanda, se requirió a las responsables su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde y se reservó señalar fecha de audiencia constitucional hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal, determinara la reanudación de labores ordinarias en los órganos jurisdiccionales. QUINTO. Se señala fecha de audiencia. Mediante auto de cuatro de junio de dos mil veinte, el Juez Noveno de Distrito de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, reanudó el procedimiento en el juicio de amparo 412/2020 y al efecto señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. SEXTO. Concentración. Por acuerdo de once de noviembre de dos mil veinte, el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en cumplimiento a la Circular relativa a la Concentración de Expedientes SECNO/CE/12/2020, de veintiuno de octubre de dos mil veinte, emitida por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal remitió los autos a este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para conocer del presente asunto. SÉPTIMO. Se convalidan actuaciones y se avoca al conocimiento del asunto. Mediante acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del presente asunto; ordenó su registro bajo el número 1164/2020; convalidó todas y cada una de las actuaciones practicadas por el juzgado declinante; y, toda vez que el procedimiento se encontraba suspendido con motivo de un recurso de queja, dicha suspensión persitió, hasta en tanto la superioridad informara lo concerniete en relación con el recurso de queja tramitado en autos. OCTAVO. Recepción del testimonio. Mediante auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el recurso de queja interpuesto en contra del auto de tres de julio de dos mil veinte, el cual mediante resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, dictada por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se declaró improcedente. En consecuencia, mediante auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se reanudó el procedimiento, y en el mismo auto se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. NOVENO. Audiencia constitucional. Seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia al tenor del acta que antecede, declarándose vistos los autos de este juicio de amparo para dictar la resolución que ahora se pronuncia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 1º fracción I, 2º, 33 fracción IV, 35 y 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 52, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, punto Cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se reclaman normas generales y omisiones de naturaleza administrativa. Lo anterior, en directa relación con la Circular relativa a la Concentración de Expedientes SECNO/CE/12/2020, de veintiuno de octubre de dos mil veinte, emitida por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo y su aclaración, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama los actos siguientes: Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Secretario de Salud y del Consejo de Salubridad General: La omisión de expedir reglas de carácter general a fin de condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, o autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, en términos de lo dispuesto en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación. Sin que pase desapercibido el hecho de que la parte quejosa haya señalado como actos reclamados "La omisión de acatar la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, de acuerdo con sus facultades, con motivo de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la pandemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2, así como al Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 y 31 de marzo del año en curso, respectivamente, al no ejercer las atribuciones señaladas en el artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación"; sin embargo, tales determinaciones se refieren al fondo del asunto como conceptos de violación relacionados con la omisión de expedir reglas de carácter general en los términos reclamados, y su análisis procederá en el supuesto de que, al no actualizarse alguna causa de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos. De ahí que la omisión reclamada se tiene sin las apreciaciones de la parte quejosa y tal y como se desprenden de las constancias de autos y atendiendo a la causa de pedir. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertas las omisiones atribuidas al Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Secretario de Salud y al Consejo de Salubridad General, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa haya desvirtuado esa negativa. Aunado a lo anterior, no es cierta la omisión reclamada a las citadas responsables por las razones siguientes. Como punto de partida, es necesario precisar que en el presente juicio, los actos reclamados constituyen omisiones, por lo que en principio corresponde a las autoridades responsables acreditar que no incurrieron en tales conductas, esto, siempre y cuando se trate de cuestiones que se encuentran en el ámbito de sus atribuciones y además que por ley están obligadas a realizar las actuaciones respectivas, por tener competencia legal para ello y estar constreñidas por la ley u otros actos autoritarios. Así, cabe destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales, por lo que un acto omisivo atribuido a la autoridad, independientemente de las afirmaciones de la parte quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el sólo hecho de incurrir en la omisión por sí misma a partir de criterios subjetivos. Sirve de apoyo, la tesis 1a. XXIV/98, de la Primera Sala del Alto Tribunal de rubro "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO". Así, en términos de los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 6° del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las siguientes: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. "31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I. Proyectar y coordinar la planeación nacional del desarrollo y elabora r, con la participación de los grupos sociales interesados, el Plan Nacional correspondiente; II. Proyectar y calcular los ingresos de la Federación y de las entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la Administración Pública Federal; III. Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la Federación; IV. (Se deroga). V. Manejar la deuda pública de la Federación; VI. Realizar o autorizar todas las operaciones en que se haga uso del crédito público; VII. Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país, que comprende a la Banca Nacional de Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito; VIII. Ejercer las atribuciones que le señalen las leyes en materia de seguros, fianzas, valores y de organizaciones y actividades auxiliares del crédito; IX. Determinar los criterios y montos globales de los estímulos fiscales, escuchando para ello a las dependencias responsables de los sectores correspondientes y administrar su aplicación en los casos en que lo competa a otra Secretaría; X. Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que correspondan; XI. Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales; XII. Organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección; XIII. Representar el interés de la Federación en controversias fiscales; XIV. Proyectar y calcular los egresos del Gobierno Federal y de la administración pública paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional; XV. Formular el programa del gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y presentarlos a la consideración del Presidente de la República; XVI. Normar, autorizar y evaluar los programas de inversión pública de la administración pública federal; XVII. Llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiera el control y la evaluación del ejercicio del gasto público federal y de los programas y presupuestos de egresos, así como presidir las instancias de coordinación que establezca el Ejecutivo Federal para dar seguimiento al gasto público y sus resultados; XVIII. Formular la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Federal; XIX. Coordinar la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la validación de los indicadores estratégicos, en los términos de las disposiciones aplicables; XX. Fijar los lineamientos que se deben seguir en la elaboración de la documentación necesaria para la formulación del Informe Presidencial e integrar dicha documentación; XXI. Establecer normas, políticas y lineamientos en materia de desincorporación de activos de la Administración Pública Federal; XXII. Designar y remover a los titulares de las unidades de administración y finanzas a que se refiere el primer párrafo del artículo 20 de esta ley, quienes serán considerados servidores públicos de la respectiva dependencia. Se exceptúa de lo anterior a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, que contarán con sus respectivas oficialías mayores; XXIII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación nacional, así como de programación, presupuestación, contabilidad y evaluación; XXIV. Ejercer el control presupuestario de los servicios personales y establecer normas y lineamientos en materia de control del gasto en ese rubro; XXV. Planear, establecer y conducir la política general en materia de contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, propiciando las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez; emitir e interpretar las normas, lineamientos, manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos que se requieran en dichas materias; así como promover la homologación de políticas, normas y criterios en materia de contrataciones públicas; XXVI. Fungir como área consolidadora de los procedimientos de compra de bienes y contratación de servicios que la propia Secretaría determine; XXVII. Establecer normas y lineamientos en materia de control presupuestario; así como ejercer el control presupuestario de las contrataciones públicas consolidadas a través de la Oficialía Mayor; XXVIII. Participar en las negociaciones comerciales internacionales relacionadas con los capítulos de compras del sector público y coordinar compras estratégicas del mismo que generen beneficios al país; elaborar disposiciones que promuevan la participación de la proveeduría nacional en las compras de dicho sector, así como asesorar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal sobre el cumplimiento de la normativa en esa materia; XXIX. Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales; administrar los inmuebles de propiedad federal cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad, así como llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente; XXX. Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés de la Federación; expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios, para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes, así como expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la Federación; XXXI. Reivindicar los bienes propiedad de la Nación, en los términos de las disposiciones aplicables, y XXXII. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. "6°. El Secretario tendrá las siguientes facultades no delegables: I. Proponer al Presidente de la República la política del Gobierno Federal en las materias financiera, fiscal, de gasto público, crediticia, bancaria, monetaria, de divisas y de precios y tarifas de bienes y servicios del sector público, para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas; II. Someter a la consideración y, en su caso, aprobación del Presidente de la República, el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, regionales y especiales correspondientes, en los términos de la legislación aplicable; III. Proponer, para aprobación del Presidente de la República, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, el Programa Operativo Anual de Financiamiento y el Programa del Gasto Público Federal conforme a la política del Gobierno Federal en las materias a que se refiere la fracción anterior, y dirigir la ejecución de los mismos para apoyar el Plan Nacional de Desarrollo, así como evaluar sus resultados; IV. Coordinar, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Social en el ámbito de su competencia, el otorgamiento de las autorizaciones de acciones e inversiones convenidas con los gobiernos locales y municipales tratándose de planeación nacional y regional; V. Representar al Presidente de la República en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, en los casos en que lo determine el titular del Ejecutivo Federal; VI. Someter al acuerdo del Presidente de la República los asuntos encomendados a la Secretaría y al sector paraestatal que le corresponda coordinar; VII. Proponer al Ejecutivo Federal los proyectos de iniciativas de leyes o decretos, así como los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes relativos a los asuntos de la competencia de la Secretaría y del sector paraestatal coordinado por ella; VIII. Proponer al Ejecutivo Federal el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación; IX. Dar cuenta al Congreso de la Unión del estado que guarde su ramo y el sector paraestatal que corresponda coordinar a la Secretaría, e informar al propio Congreso, siempre que sea citado para ello, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus actividades; X. Refrendar los reglamentos, decretos y acuerdos, cuando su expedición corresponda al Presidente de la República y cuya normatividad incida en la competencia de la Secretaría; XI. Someter a la consideración del Presidente de la República los cambios a la organización que determinen los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal, que impliquen modificaciones a su estructura orgánica básica y que deban reflejarse en su reglamento interior; XII. Llevar las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales, para fines de congruencia global de la administración pública paraestatal con el Sistema Nacional de Planeación y con los lineamientos generales en materia de financiamiento; proponer las asignaciones sectoriales de financiamiento y participar en las de gasto; y emitir los lineamientos generales conforme a los cuales deban formularse los programas financieros de las entidades paraestatales; XIII. Designar a los servidores públicos que deban representarlo o a la Secretaría ante los órganos de gobierno de las entidades paraestatales, órganos administrativos desconcentrados, comisiones intersecretariales, comités técnicos de fideicomisos y demás órganos colegiados que se establezcan en leyes, reglamentos o instrumentos emitidos por el Presidente de la República, en los que la Secretaría tenga participación, excepto aquellas representaciones que por disposición de ley deban ser ejercidas por un servidor público determinado; XIV. Aprobar los programas financieros de las entidades paraestatales incluidas en la Ley de Ingresos de la Federación, considerando las fuentes, montos y objetivos de los mismos; XV. Aprobar los programas institucionales de las entidades paraestatales del sector coordinado por la Secretaría; XVI. Proponer el proyecto de presupuesto de la Secretaría, el de los ramos de la deuda pública y de participaciones a entidades federativas y municipios, así como el del sector paraestatal coordinado por ella, en congruencia con los programas respectivos; XVII. Vigilar que las entidades paraestatales coordinadas por la Secretaría conduzcan sus actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, del programa sectorial y, en su caso, del programa institucional de la entidad que corresponda, y cuidar que guarden congruencia los programas y presupuestos de dichas entidades, así como su ejecución, con los citados objetivos, estrategias y prioridades, auxiliándose para ello con las unidades administrativas que se señalan en este Reglamento; XVIII. Celebrar convenios en materia de coordinación fiscal con las entidades federativas y proponer al Presidente de la República el acuerdo relativo al Distrito Federal; XIX. Coordinar las actividades de la Secretaría en materia de seguridad nacional, así como orientar las actividades de las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría a efecto de evaluar y dar seguimiento a las finanzas públicas y a la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento y operación del sistema financiero mexicano y, en su caso, ordenar las medidas pertinentes; XX. Planear, coordinar, conocer la operación y evaluar, el Sistema Bancario Mexicano respecto de las instituciones de banca de desarrollo, de las instituciones de banca múltiple en las que el Gobierno Federal tenga el control por su participación accionaria, así como de las demás entidades del sector paraestatal que corresponda coordinar a la Secretaría; XXI. Expedir los reglamentos orgánicos de las instituciones de banca de desarrollo que rijan su organización y funcionamiento, así como los lineamientos a que se sujetarán las instituciones de banca múltiple en las que el Gobierno Federal tenga el control por su participación accionaria, en las materias de presupuestos, administración de sueldos y prestaciones, y las demás objeto de regulación; XXII. Otorgar y revocar autorizaciones para la constitución, organización, operación y funcionamiento, según sea el caso, de instituciones de banca múltiple, de casas de bolsa, de instituciones de seguros, de instituciones de fianzas, de organizaciones auxiliares del crédito, de sociedades financieras de objeto limitado, de sociedades de información crediticia, de sociedades mutualistas de seguros, de consorcios de instituciones de seguros y de fianzas, de casas de cambio, de bolsas de futuros y opciones y de cámaras de compensación, así como de las filiales de instituciones financieras del exterior que se puedan constituir bajo la legislación aplicable y de los demás participantes del mercado de valores, futuros y opciones cuando las leyes u otros ordenamientos jurídicos otorguen dicha facultad a la Secretaría; XXIII. Otorgar y revocar concesiones para la operación de bolsas de valores, así como para la prestación del servicio público de operación de la Base de Datos Nacional SAR y de aquellos propios de instituciones para el depósito de valores y de contrapartes centrales; así como modificar o prorrogar dichas concesiones; XXIV. Otorgar y revocar autorizaciones para la constitución y funcionamiento de grupos financieros; XXV. Establecer los lineamientos, normas y políticas, mediante los que la Secretaría proporcionará informes, datos y cooperación técnica que sean requeridos por alguna entidad federativa, Secretaría de Estado o Departamento Administrativo y entidades de la administración pública federal; XXVI. Intervenir en los convenios que celebre el Ejecutivo Federal cuando incluyan materias de la competencia de la Secretaría; XXVII. Designar al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, al de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y al de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; así como conocer las resoluciones y recomendaciones de sus Juntas de Gobierno, en los términos de las disposiciones legales correspondientes; XXVII Bis. Designar al Presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; XXVIII. Recibir en acuerdo a los Subsecretarios, al Oficial Mayor, al Procurador Fiscal de la Federación y al Tesorero de la Federación, para el trámite y resolución de los asuntos de su respectiva competencia; XXIX. Adscribir orgánicamente las unidades administrativas a que se refiere este Reglamento a la Secretaría, a las Subsecretarías, a la Oficialía Mayor, a la Procuraduría Fiscal de la Federación y a la Tesorería de la Federación; delegar sus facultades en los servidores públicos de la Secretaría, así como aprobar la ubicación de sus oficinas en el extranjero y designar a los funcionarios adscritos a éstas y, en el caso de las unidades administrativas regionales, señalar el número, la sede, la fecha de iniciación de actividades y su circunscripción territorial; XXX. Autorizar por escrito a servidores públicos subalternos para que realicen actos y suscriban documentos específicos, siempre y cuando no formen parte del ejercicio de sus facultades indelegables. Dichas autorizaciones deberán ser registradas ante la Procuraduría Fiscal de la Federación; XXXI. Presidir las comisiones que sean necesarias para el buen funcionamiento de la Secretaría y designar a los integrantes de las unidades internas que corresponda; XXXII. Establecer las unidades de asesoría y apoyo que sean indispensables para el adecuado funcionamiento de la Secretaría; XXXIII. Aprobar las políticas técnicas y administrativas para la mejor organización y funcionamiento de la Secretaría, así como autorizar y disponer la publicación del Manual de Organización General de la Secretaría en el Diario Oficial de la Federación; XXXIV. Dictar las reglas de carácter general en las materias competencia de la Secretaría, y XXXV. Determinar la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, incluida la relativa al arrendamiento de inmuebles cuando la Administración Pública Federal tenga el carácter de arrendataria, salvo la que se refiere a playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas, así como la de bienes muebles y de desincorporación de activos de la Administración Pública Federal, y. Para la mejor organización del trabajo, el Secretario podrá, sin perjuicio de su ejercicio directo, delegar las demás atribuciones no previstas en este artículo, en servidores públicos subalternos, mediante acuerdos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación". De todo lo anteriormente transcrito, se determina la inexistencia de las omisiones reclamadas, ya que no se desprende que el Secretario de Hacienda y Crédito Público tenga facultades y atribuciones para expedir reglas de carácter general a fin de condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, o autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, en términos de lo dispuesto en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación. Así, el Secretario de Hacienda y Crédito Público carece de facultades para actuar en el sentido que exige la parte quejosa; máxime que conforme al artículo 33, fracción I, inciso g, del Código Fiscal de la Federación, las autoridades hacendarias están facultadas para emitir disposiciones que permitan el cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de las reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal, sin que ello se limite a la emisión de reglas únicamente, pues la facultad conferida es con el objeto de subsanar posibles irregularidades contenidas en las leyes fiscales, más no para emitir determinaciones en el sentido que refiere la parte quejosa. Por su parte, el Consejo de Salubridad General es un órgano colegiado que depende directamente del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene el carácter de autoridad sanitaria, con funciones normativas, consultivas y ejecutivas. Las disposiciones que emita serán de carácter general y obligatorias en el país. Las funciones de el Consejo de Salubridad General se localizan en los artículos 17 de la Ley General de Salud y 9° del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General y son las siguientes: Ley General de Salud. "17.- Compete al Consejo de Salubridad General: I. Dictar medidas contra el alcoholismo, venta y producción de substancias tóxicas, así como las que tengan por objeto prevenir y combatir los efectos nocivos de la contaminación ambiental en la salud, las que serán revisadas después por el Congreso de la Unión, en los casos que le competan; II. Adicionar las listas de establecimientos destinados al proceso de medicamentos y las de enfermedades transmisibles prioritarias y no transmisibles más frecuentes, así como las de fuentes de radiaciones ionizantes y de naturaleza análoga; III. Opinar sobre programas y proyectos de investigación científica y de formación de recursos humanos para la salud; IV. Opinar sobre el establecimiento de nuevos estudios profesionales, técnicos, auxiliares y especialidades que requiera el desarrollo nacional en materia de salud; V. Elaborar el Compendio Nacional de Insumos para la Salud; VI. Participar, en el ámbito de su competencia, en la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud; VII. Rendir opiniones y formular sugerencias al Ejecutivo Federal tendientes al mejoramiento de la eficiencia del Sistema Nacional de Salud y al mejor cumplimiento del programa sectorial de salud. VII bis. Proponer a las autoridades sanitarias el otorgamiento de reconocimientos y estímulos para las instituciones y personas que se distingan por sus méritos a favor de la salud, y VIII. Analizar las disposiciones legales en materia de salud y formular propuestas de reformas o adiciones a las mismas, y IX. Las demás que le correspondan conforme a la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley". Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General. "9°. El Consejo tendrá las siguientes funciones: I. Dictar medidas contra el alcoholismo, venta y producción de substancias tóxicas, así como las que tengan por objeto prevenir y combatir los efectos nocivos de la contaminación ambiental en la salud, las que serán revisadas después por el Congreso de la Unión, en los casos que le competan; II. Aprobar los acuerdos necesarios y demás disposiciones generales de observancia obligatoria en el país en materia de salubridad general, dentro del ámbito de su competencia; III. Elaborar junto con la Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y las demás que señale el Presidente de la República, el Cuadro Básico de Insumos para el primer nivel de atención médica y el Catálogo de Insumos para el segundo y tercer niveles, así como actualizarlos y difundirlos; IV. Elaborar, publicar, mantener actualizado y difundir el Catálogo de medicamentos Genéricos; V. Rendir opiniones y formular sugerencias al Presidente de la República tendientes al mejoramiento de la eficiencia del Sistema Nacional de Salud y al mejor cumplimiento del programa sectorial de salud; VI. Participar, en el ámbito de su competencia, en la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud; VII. Proponer a las autoridades sanitarias el otorgamiento de reconocimientos y estímulos para las instituciones y personas que se distingan por sus méritos a favor de la salud; VIII. Analizar las disposiciones legales en materia de salud y formular propuestas de reformas o adiciones a las mismas; IX. Adicionar las listas de establecimientos destinados al proceso de medicamentos y las de enfermedades transmisibles prioritarias y no transmisibles más frecuentes, así como las de fuentes de radiaciones ionizantes y de naturaleza análoga; X. Opinar sobre programas y proyectos de investigación científica y de formación de recursos humanos para la salud; XI. Opinar sobre el establecimiento de nuevos estudios profesionales, técnicos, auxiliares y especialidades que requiera el desarrollo nacional en materia de salud; XII. Determinar las acciones e instrumentos que sean necesarios para la evaluación y la certificación de la calidad de los establecimientos de atención médica; XIII. Proponer políticas y estrategias y definir acciones para la integración de un modelo articulado que permita el cumplimiento del programa sectorial de salud, especialmente por lo que hace a los destinados a mejorar la calidad y eficiencia de los servicios, brindar protección financiera en salud a toda la población e incrementar la cobertura de los servicios; XIV. Concentrar, analizar y emitir opinión sobre las diferentes evaluaciones que se realicen al sector salud; XV. Coadyuvar en la determinación de políticas y línea de acción para alcanzar la federalización efectiva de la salud y converger en acciones coordinadas con el Consejo Nacional de Salud; XVI. Definir aquellos tratamientos y medicamentos asociados a gastos catastróficos, conforme lo establece el Artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud; XVII. Aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria en los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional, por iniciativa propia o a solicitud por escrito de instituciones nacionales especializadas en la enfermedad, que sean acreditadas por el Consejo, en la que se justifique la necesidad de atención prioritaria; XVIII. Opinar sobre la concesión de licencias de utilidad pública, que le sea requerido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; XIX. Operar y resguardar la base de datos relativa a la información sobre precursores químicos y productos químicos esenciales; XX. Cotejar el padrón de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, contra los registros de afiliación de los institutos de seguridad social y otros esquemas públicos y sociales de atención médica; XXI. Crear comisiones y comités que coadyuven al desarrollo de los trabajos del Consejo; XXII. Aprobar los reglamentos interiores de las comisiones del Consejo; XXIII. Aprobar su Código de Ética, y XXIV. Las demás que le señalen otras disposiciones aplicables". Finalmente, en términos de los artículos 39, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 13, apartado A, de la Ley General de Salud y 7 del Reglamento Interno de la Secretaría de Salud, son facultades y obligaciones Secretario de Salud, las siguientes: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. "39. A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I. Elaborar y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos, servicios médicos gratuitos universales y salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente; y coordinar los programas de servicios a la salud de la Administración Pública Federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen; II. Crear y administrar establecimientos de salud, de asistencia pública, de medicina tradicional complementaria y de formación de recursos humanos en salud, priorizando la movilidad y accesibilidad; III. Aplicar a la Asistencia Pública los fondos que le proporcionen la Lotería Nacional y los Pronósticos para la Asistencia Pública; y administrar el patrimonio de la Beneficencia Pública en el Distrito Federal, en los términos de las disposiciones legales aplicables, a fin de apoyar los programas de servicios de salud; IV. Organizar y vigilar las instituciones de beneficencia privada, en los términos de las leyes relativas, e integrar sus patronatos, respetando la voluntad de los fundadores; V. Administrar los bienes y fondos que el Gobierno Federal destine para la atención de los servicios de asistencia pública; VI. Planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y proveer la adecuada participación de las dependencias y entidades públicas que presten servicios de salud, a fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud. Asimismo, propiciará y coordinará la participación de los sectores social y privado en dicho sistema y determinará las políticas y acciones de concertación entre los diferentes subsistemas del sector público; VII. Planear, normar y controlar los servicios de atención médica, salud pública, asistencia social y regulación sanitaria que correspondan al Sistema Nacional de Salud; VIII. Dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de servicios de salud en las materias de Salubridad General, incluyendo las de Asistencia Social, por parte de los Sectores Público, Social y Privado, y verificar su cumplimiento; IX. Organizar y administrar servicios sanitarios generales en toda la República; X. Dirigir acciones de inspección médico sanitaria, con excepción de la agropecuaria, salvo cuando se trate de preservar la salud humana; XI. Dirigir acciones de inspección médico sanitaria especial en los puertos, costas y fronteras, con excepción de la agropecuaria, salvo cuando afecte o pueda afectar a la salud humana; XII. Realizar el control higiénico e inspección sobre preparación, posesión, uso, suministro, importación, exportación y circulación de comestibles y bebidas; XIII. Realizar el control de la preparación, aplicación, importación y exportación de productos biológicos, excepción hecha de los de uso veterinario; XIV. Regular la higiene veterinaria exclusivamente en lo que se relaciona con los alimentos que puedan afectar a la salud humana; XV. Ejecutar el control sobre preparación, posesión, uso, suministro, importación, exportación y distribución de drogas y productos medicinales, a excepción de los de uso veterinario que no estén comprendidos en la Convención de Ginebra; XVI. Estudiar, adaptar y poner en vigor las medidas necesarias para luchar contra las enfermedades transmisibles, contra las plagas sociales que afecten la salud, contra el alcoholismo y las toxicomanías y otros vicios sociales, y contra la mendicidad; XVII. Poner en práctica las medidas tendientes a conservar la salud y la vida de los trabajadores del campo y de la ciudad y la higiene industrial, con excepción de lo que se relaciona con la previsión social en el trabajo; XVIII. Administrar y controlar las escuelas, institutos y servicios de higiene establecidos por la Federación en toda la República, exceptuando aquellos que se relacionan exclusivamente con la sanidad animal; XIX. Organizar congresos sanitarios y asistenciales; XX. Prestar los servicios de su competencia, directamente o en coordinación con los Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal; XXI. Actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en materia de salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo Federal, vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables y ejercer la acción extraordinaria en materia de Salubridad General; XXII. Establecer las normas que deben orientar los servicios de asistencia social que presten las dependencias y entidades federales y proveer a su cumplimiento, y XXIII. Establecer y ejecutar con la participación que corresponda a otras dependencias asistenciales, públicas y privadas, planes y programas para la asistencia, prevención, atención y tratamiento a los discapacitados; XXIV. Elaborar y conducir políticas tendientes a garantizar acceso a los servicios de salud para las personas que no sean beneficiarios o derechohabientes de alguna institución del sector salud; XXV. Elaborar y conducir la política para la producción nacional de medicamentos u otros insumos para la salud; XXVI. Promover acciones de coordinación con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para abordar conjuntamente los determinantes sociales de la salud; XXVII. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. Ley General de Salud. "13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente: A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud: I. Dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación, en todo el territorio nacional, de servicios de salud en las materias de salubridad general y verificar su cumplimiento; II. En las materias enumeradas en las fracciones I, III, XV Bis, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII del artículo 3o. de esta Ley, así como respecto de aquéllas que se acuerden con los gobiernos de las entidades federativas, organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en coordinación con las entidades de su sector; III. Organizar y operar, por sí o en coordinación con las entidades de su sector coordinado, los servicios de salud a su cargo y, en todas las materias de salubridad general, desarrollar temporalmente acciones en las entidades federativas, cuando éstas se lo soliciten, de conformidad con los acuerdos de coordinación que se celebren al efecto; IV. Promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones en materia de salubridad general a cargo de los gobiernos de las entidades federativas, con sujeción a las políticas nacionales en la materia; V. Ejercer la acción extraordinaria en materia de salubridad general; VI. Promover y programar el alcance y las modalidades del Sistema Nacional de Salud y desarrollar las acciones necesarias para su consolidación y funcionamiento; VII. Coordinar el Sistema Nacional de Salud; VII bis. Se deroga. VIII. Realizar la evaluación general de la prestación de servicios de salud en materia de salubridad general en todo el territorio nacional; IX. Ejercer la coordinación y la vigilancia general del cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y demás normas aplicables en materia de salubridad general, y X. Las demás que sean necesarias para hacer efectivas las facultades anteriores y las que se establezcan en esta Ley y en otras disposiciones generales aplicables. Reglamento Interno de la Secretaría de Salud "7°. El Secretario tendrá las siguientes facultades no delegables: I. Establecer, dirigir y controlar las políticas de la Secretaría, así como coordinar y evaluar las de las entidades paraestatales del sector coordinado; II. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos de la Secretaría así como evaluar el de las entidades paraestatales del sector coordinado; III. Aprobar, controlar y evaluar los programas de la Secretaría, así como coordinar la programación y presupuestación de las entidades agrupadas administrativamente en el sector coordinado; IV. Someter al acuerdo del Presidente de la República los asuntos encomendados a la Secretaría y al Sector Salud, que lo ameriten; V. Desempeñar las comisiones y funciones especiales que el Presidente de la República le confiera y mantenerlo informado sobre el desarrollo de las mismas; VI. Proponer al Presidente de la República los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes sobre los asuntos de la competencia de la Secretaría y del sector coordinado; VII. Refrendar, para su validez y observancia constitucional, los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República, cuando se refieran a asuntos de la competencia de la Secretaría; VIII. Representar al Presidente de la República en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que lo determine el Titular del Ejecutivo Federal, pudiendo ser suplido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del presente Reglamento; IX. Dar cuenta al Congreso de la Unión, una vez que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, del estado que guarden la Secretaría y el sector coordinado e informar, siempre que sea requerido por cualquiera de las Cámaras, cuando se discuta una iniciativa de ley o se estudie un asunto relacionado con el ámbito de su competencia; X. Coordinar la política de investigación en salud que se realice en la Secretaría y en el sector coordinado; XI. Aprobar y expedir las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría; XII. Establecer las comisiones y los comités internos que sean necesarios para la mejor instrumentación de los programas y asuntos encomendados a la Secretaría, así como designar a sus miembros; XIII. Aprobar la organización y funcionamiento de la Secretaría y autorizar las modificaciones internas de las distintas unidades administrativas; XIV. Aprobar y expedir el Manual de Organización General de la Secretaría y disponer su publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como aprobar y expedir los demás manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para el buen funcionamiento de la Secretaría; XV. Designar a los titulares de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, y de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, a los titulares de las unidades de Análisis Económico y Coordinadora de Vinculación y Participación Social, así como a los titulares de órganos administrativos desconcentrados y a los representantes de la Secretaría ante organismos de carácter internacional, comisiones intersecretariales y órganos colegiados de entidades paraestatales, salvo en aquellos casos en que el nombramiento corresponda al Presidente de la República, de conformidad con las disposiciones aplicables; XVI. Expedir acuerdos de adscripción orgánica de las unidades administrativas, de delegación de facultades, de desconcentración de funciones, así como los demás acuerdos que sean necesarios para el correcto desarrollo de la Secretaría, los cuales deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación; XVII. Definir, conducir y controlar el proceso de descentralización de los servicios de salud y el de desconcentración de las funciones de la Secretaría y la modernización administrativa; XVIII. Dictar acuerdos que fijen los criterios de ejercicio de facultades discrecionales, conforme lo dispongan las leyes; XIX. Determinar, mediante acuerdo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, los establecimientos que deberán dar aviso de funcionamiento a la Secretaría; XX. Determinar, con base en los riesgos para la salud, los productos o materias primas que requerirán de autorización previa de importación, en materia de alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, productos de perfumería, belleza y aseo, tabaco, medicamentos, equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, así como de las materias que se utilicen en su elaboración; XXI. Autorizar, por escrito, la cesión, disposición y enajenación a título oneroso o gratuito de los derechos hereditarios y de los bienes inmuebles del Patrimonio de la Beneficencia Pública, o que correspondan a ésta, que tenga en propiedad o administración y que no sean de utilidad para el cumplimiento de sus fines, previa opinión del consejo interno de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública; XXII. Celebrar los acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, conforme lo disponen las leyes de Planeación y General de Salud; XXIII. Resolver los casos de duda que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación del presente Reglamento, así como los casos de conflictos sobre competencia y los no previstos en el mismo; XXIV. Expedir los nombramientos de los directores generales, en términos de las disposiciones aplicables; XXV. Designar al Gabinete de Apoyo y a los servidores públicos de libre designación, de conformidad con lo que establece la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, y XXVI. Ejercer las demás que, con el carácter de no delegables, le otorgue el Presidente de la República y las que con el mismo carácter le confieran otras disposiciones legales. De todo lo anteriormente transcrito, se determina de igual manera la inexistencia de las omisiones reclamadas, ya que no se desprende que el Consejo de Salubridad General y el Secretario de Salud tengan facultades y atribuciones para emitir reglas de carácter general a fin de condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, o autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, en términos de lo dispuesto en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación En todo caso, las autoridades Consejo de Salubridad General y Secretario de Salud únicamente se encuentran facultados para emitir disposiciones en materia de salud y no fiscal. En consecuencia, ante la inexistencia de las omisiones reclamadas al Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Consejo de Salubridad General y al Secretario de Salud, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de tales omisiones, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la omisión de expedir reglas de carácter general a fin de condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, o autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, en términos de lo dispuesto en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación. Ello es así, ya que no obstante que dicha autoridad al momento de rendir su informe justificado lo negó, no demostró que procedió en el sentido de que dicha norma dispone; máxime que el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación establece que su contenido es facultad del Ejecutivo Federal, siendo su titular el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. QUINTO. Análisis de causas de Improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo debe analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o se adviertan de oficio. Así, este Juzgado advierte de oficio que respecto del acto reclamado al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos consistente en la omisión de expedir reglas de carácter general a fin de condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, o autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, en términos de lo dispuesto en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, se actualiza la improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 73, 77, fracción II y 78, todos de Ley de Amparo y 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretados en sentido contrario. Lo anterior, en razón de que no es posible concretar el efecto protector a la sentencia de amparo, dado que se le darían efectos generales, contraviniendo así el principio de relatividad de las sentencias. Las disposiciones en que se sostiene la causa de improcedencia, se transcriben a continuación: Ley de Amparo "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "73. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda." "77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.] II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." "78. Cuando el acto reclamado sea una norma general la sentencia deberá determinar si es constitucional, o si debe considerarse inconstitucional. Si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Dichos efectos se traducirán en la inaplicación únicamente respecto del quejoso. El órgano jurisdiccional de amparo podrá especificar qué medidas adicionales a la inaplicación deberán adoptarse para restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado." Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda." De la interpretación sistemática de los citados artículos, se advierte: Que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que dicha improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo. Que cuando el acto reclamado es de carácter negativo o implique una omisión, el efecto de la sentencia es obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate, y a cumplir lo que el mismo exija. Que si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada; es decir, en la inaplicación únicamente respecto de la quejosa. Así, la interpretación de los preceptos transcritos revela que para que sea procedente la acción constitucional es indispensable que la sentencia que se llegara a dictar en el juicio de amparo, en el supuesto de que fuera favorable al promovente, pueda producir el efecto de restituirlo en el pleno goce del derecho violentado, de tal manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o bien, que sea factible obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y cumpla con lo que la misma le exige. Lo anterior implica que en caso de que sea imposible concretar los efectos de la sentencia concesoria de amparo, el juicio sería improcedente, ya que no podría conseguirse ninguno de los fines establecidos en el invocado artículo 77 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución, dispone que las sentencias que se pronuncien en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la controversia. De acuerdo con esa disposición constitucional, las sentencias que se dicten en el juicio de amparo únicamente se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado y el amparo que, en su caso, se otorgue, debe limitarse al caso especial sobre el que verse la controversia; de donde se deduce que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales. Efectivamente, si la sentencia que se dicte en un juicio de amparo solamente debe ocuparse de los quejosos que lo hubieren solicitado y debe limitarse al caso en que verse la controversia, no sería posible emitir una sentencia de amparo en la que se den efectos generales, pues respecto de dichas sentencias aún prevalece el principio de relatividad, conforme al texto del artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. Ahora bien, en tratándose de las omisiones que se atribuyen a una autoridad formal y materialmente legislativa, puede decirse que consisten en la ausencia de desarrollo de normas de obligatoria y concreta realización, por parte de un órgano de esa naturaleza, de forma que se impida la aplicación de un mandato constitucional o legal. Lo anterior implica que la nota distintiva de una omisión legislativa consiste en la existencia de una norma preceptiva que ordena llevar a cabo determinado acto o actividad y bajo condiciones delimitadas (como puede ser la emisión de un cuerpo normativo en un plazo específico). De forma tal que la omisión legislativa no se reduce a un no hacer, sino que presupone una exigencia de acción y, a su vez, como esa exigencia objetiva que faculta o habilita a una determinada autoridad a actuar en ciertos términos. En esa medida, para poder llegar a la conclusión de que una omisión legislativa es inconstitucional, el Juez de Distrito debe analizar, objetivamente, la existencia de determinados elementos, que son: I) la existencia de un mandato expreso; II) la configuración de la omisión legislativa, en relación directa con dicho mandato; y, III) que dicha omisión resulte violatoria de derechos humanos. Dicha precisión resulta acorde con lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1359/2015, en donde estableció, en lo que interesa, lo siguiente: "2. Las omisiones legislativas como actos reclamados De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta Primera Sala considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido a cargo del Poder Legislativo -federal o de las entidades federativas- y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente por el legislador. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo." Definido lo que debe entenderse por omisión legislativa, resulta útil destacar que una vez acreditada su existencia, ésta puede ser de distintos tipos, según lo ha establecido el Alto Tribunal. En efecto, los órganos legislativos del Estado cuentan con facultades o competencias de ejercicio potestativo y obligatorio, y en su desarrollo pueden incurrir en diversas categorías de omisiones. Por un lado puede darse una omisión absoluta cuando aquéllos simplemente no han ejercido su competencia de crear leyes ni han externado normativamente voluntad alguna para hacerlo. Por otro lado, se habla de omisiones legislativas relativas cuando al haber ejercido su competencia, lo hacen de manera parcial o simplemente no la realizan integralmente, con lo cual se impide el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. Asimismo, se habla de competencias de ejercicio potestativo cuando los órganos legislativos pueden decidir si ejercen o no sus facultades y el momento en que lo harán; de manera que propiamente no entrañan una obligación, sino la posibilidad de crear, modificar o suprimir normas generales. En cambio, las competencias de ejercicio obligatorio son aquellas a las que el orden jurídico adiciona un mandato de ejercicio expreso. Es decir, implican una obligación de hacer por parte de los órganos legislativos, sin que exista la opción de decidir si se crea o expide una norma general determinada. A partir de ello, el Máximo Tribunal del País ha categorizado los distintos tipos de omisiones legislativas que se pueden presentar en un caso concreto, esto es: 1. Omisiones absolutas en competencias de ejercicio obligatorio: cuando el órgano legislativo tiene la obligación o mandato de expedir una determinada ley y no lo ha hecho. 2. Omisiones relativas en competencias de ejercicio obligatorio: cuando el órgano legislativo emite una ley teniendo una obligación o un mandato para hacerlo, pero lo realiza de manera incompleta o deficiente. 3. Omisiones absolutas en competencias de ejercicio potestativo: el órgano legislativo decide no actuar debido a que no hay ningún mandato u obligación que así lo disponga; y, 4. Omisiones relativas en competencias de ejercicio potestativo: el órgano legislativo decide hacer uso de su competencia potestativa para legislar, pero al emitir una determinada disposición de observancia general, lo hace de forma incompleta o deficiente. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia P./J.11/2006, de rubro: "OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS.", así como la jurisprudencia P./J. 10/2006, de rubro: "ÓRGANOS LEGISLATIVOS. TIPOS DE FACULTADES O COMPETENCIAS DERIVADAS DEL PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE PODERES." Sentadas las premisas anteriores, debe decirse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1359/2015, consideró que el juicio de amparo resulta ser la vía idónea para reclamar una omisión normativa por parte del Poder Legislativo. No obstante, ello, dicha procedencia se vio acotada, puesto que la Sala al momento de resolver el mencionado juicio, sostuvo que para que fuera procedente el juicio de amparo en el cual se reclame una omisión legislativa, la misma necesariamente tiene que considerarse como una omisión absoluta en competencia del ejercicio obligatorio por parte del Poder Legislativo. En efecto, la Primera Sala sostuvo que para la procedencia del juicio de amparo biinstancial, es necesario que exista un mandamiento constitucional que obligue al Congreso a emitir una legislación en determinada materia, y que éste haya incumplido con dicho mandamiento, ya sea en forma total o incompleta. Dichas consideraciones fueron establecidas en la mencionada ejecutoria y son las siguientes: "De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta Primera Sala considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo. [.] Con todo, esta Suprema Corte reitera que el principio de relatividad de las sentencias de amparo debe ser reinterpretado a la luz del nuevo marco constitucional con la finalidad de que dicho mecanismo procesal pueda cumplir con la función constitucional que le está encomendada: la protección de todos los derechos fundamentales de las personas. En este orden de ideas, esta Primera Sala entiende que el principio de relatividad ordena a los tribunales de amparo estudiar únicamente los argumentos de las partes-supliéndolos si así procediera- y, en su caso, conceder el amparo sólo para el efecto de que se restituyan los derechos violados de los quejosos, sin que sea relevante para efectos de la procedencia del juicio el hecho de que una sentencia estimatoria eventualmente pudiera traducirse también en alguna ventaja o beneficio para personas que no fueron parte del litigio constitucional. Lo anterior implica que los jueces de amparo no pueden ordenar directamente en sus sentencias la protección de los derechos de personas que no hayan acudido al juicio de amparo, sin embargo, es perfectamente admisible que, al proteger a los quejosos, indirectamente y de manera eventual, se beneficie a terceros ajenos a la controversia constitucional. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, debe concluirse que cuando en la demanda de amparo indirecto se señala como acto reclamado una omisión legislativa absoluta no se actualiza ninguna causal de improcedencia que suponga una vulneración al principio de relatividad". Así, el Máximo Tribunal del País advirtió que derivado del nuevo paradigma constitucional que entró en vigor por las reformas constitucionales de junio de dos mil once, debía de establecerse una reinterpretación del principio de relatividad de las sentencias que rige el juicio de amparo; precisando que resultaba viable la procedencia del juicio de amparo cuando en este se reclamara una omisión legislativa absoluta en competencia de ejercicio obligatorio (que la obligación de legislar esté prevista en la Constitución Federal) puesto que se consideró admisible que una posible concesión protectora de la justicia federal beneficiará indirectamente a terceros ajenos a la controversia constitucional. Conforme a lo anterior, la procedencia del juicio de amparo es procedente en contra de omisiones legislativas, pero únicamente cuando estas son absolutas, es decir, aquellas que estuvieran contenidas en un mandato constitucional (cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido cumplida total o parcialmente) y de las cuales el Poder Legislativo no haya desplegado sus funciones a efecto de emitir la normativa correspondiente. En ese sentido, el juicio de amparo indirecto será procedente contra omisiones de autoridades administrativas, que puedan emitir o expedir normas generales, pues si bien el ejecutivo no es autoridad formalmente legislativa, materialmente tiene facultades legislativas conforme al artículo 89 de la Constitución Federal (facultad reglamentaria), de ahí que, sí se le puedan reclamar omisiones legislativas y las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, se limitará a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la demanda (principio de relatividad). De ahí que, a través del juicio de amparo sí es posible impugnar "omisiones legislativas" absolutas y obligatorias; no así, el otro tipo de omisiones legislativas, a saber las relativas o absolutas de ejercicio potestativo, debido a que con esto último se darían efectos generales a la sentencia de amparo, en contravención al artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, pues con esa decisión se crearía una ley que, de carácter general, abstracto y permanente, el cual vincularía a todos los gobernados. En el caso, de concederse el amparo para el efecto de que el ejecutivo federal emita decretos o resoluciones de observancia general, en el sentido que pretenden las quejosas, se vulneraría el principio de relatividad de las sentencias, pues se le obligaría expedir normas generales, abstractas e impersonales que no sólo redundaría en un beneficio fiscal para la quejosa, sino para todos los sujetos que se encontraran en una idéntica situación fiscal y que no acudieron al juicio constitucional, en clara contravención del artículo 107, fracción II, párrafo segundo de la Constitución Federal. Ello, si se toma en consideración que en el caso concreto no se configura una "omisión legislativa absoluta y obligatoria" que permita que los efectos del amparo se extiendan en otros sujetos (excepción al principio de relatividad), pues la facultad discrecional de expedir el decreto o resoluciones de observancia general (norma jurídica), no deriva de un mandato constitucional, sino del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, esto es, no deriva de un mandato del Constituyente, sino de una norma secundaria. De esa forma, las facultades previstas en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, consistentes en la emisión de expedir resoluciones de observancia general, relativa a la condonación o exención del pago de impuestos, y las diversas atribuciones contempladas en las fracciones restantes, atinentes a dictar medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes y conceder subsidios o estímulos fiscales, son facultades discrecionales (potestativas) conferidas al Titular del Poder Ejecutivo, y al tratarse de este tipo de facultades, no es posible o factible que a través del juicio de amparo, se analice y se conceda la protección constitucional contra omisiones legislativas absolutas en competencia de ejercicio potestativo; esto es, de obligar a que se ejerza una facultad discrecional, máxime que no se prevé en la Constitución Federal. En la inteligencia de que, la norma en cuestión, al otorgar una amplia discrecionalidad de regulación y que si bien su ejercicio no escapa al control de constitucionalidad, los criterios para su uso se circunscriben en un marco amplio de libertad otorgada legalmente para el diseño de la medida normativa que se estima necesaria para enfrentar determinadas circunstancias especiales. Luego, existe imposibilidad para determinar si esa abstención es la mejor decisión para afrontar determinada situación emergente, pues es de explorado derecho que en el juicio de amparo no es posible evaluar si los criterios que haya podido tener en cuenta el Ejecutivo, son o no los idóneos; en la medida en que, no es factible someter al escrutinio jurisdiccional, las razones del Ejecutivo Federal, para no emitir la resolución de observancia general para condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades, pues la facultad potestativa de otorgar beneficios fiscales, estímulos fiscales, administrativos y de seguridad social de emergencia a los contribuyentes, escapa del análisis del juicio de amparo; en la medida de que tal facultad no es reglada, sino discrecional, dado que el artículo 39 no impone una obligación al Ejecutivo Federal, pues se trata únicamente de una facultad con amplio margen de libertad regulatoria para decidir si en casos extraordinarios se acude o no al otorgamiento de beneficios fiscales, pero no constituye una omisión legislativa absoluta de ejercicio obligatorio. Al tratarse de una facultad potestativa discrecional, la prevista en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, se estima que la conducta omisiva atribuida al Titular Ejecutivo Federal, no es materia de análisis en el presente juicio de amparo, en la medida que no se encuentra obligado a actuar en tal sentido (no se trata de una omisión absoluta y obligatoria) pues la potestad que se le exige lleve a cabo, está vinculada con la política económica del país, aún en la situación emergente actual, y es improcedente el juicio de amparo en contra de la omisión legislativa reclamada, por tratarse de un facultad potestativa, ya que a éste órgano jurisdiccional le está impedido determinar cuáles son las mejores decisiones económicas o las que resulten necesarias; y por tanto, como se anticipó no podrían concretizarse los efectos de una eventual concesión de amparo. Al ser voluntario y discrecional, no es dable exigir su establecimiento coactivamente por los sujetos pasivos de la carga tributaria a través del juicio de amparo, pues responde a cuestiones de política fiscal. Cabe destacar que lo determinado en el presente fallo no implica transgredir la cosa juzgada definida en la queja del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, pues en ella se consideró que no se actualizó la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación invocada por el citado Juzgado. De ahí que, Si la cusa de improcedencia actualizada es distinta, ello revela que no se vulnera la cosa juzgada definida en la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 100/2020; máxime que el estudio de las causas de improcedencia es de orden público, siendo que la Superioridad de manera alguna mencionó que no se actualizaba una diversa causa de improcedencia como la aquí actualizada. En las relatadas consideraciones, al tratarse el acto reclamado como una omisión legislativa en competencia de ejercicio potestativo, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 73, 77, fracción II y 78, todos de Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretados en sentido contrario y, por tanto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Lo proveyó Carlos Alberto García López, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, como se advierte del oficio CCJ/ST/0107/2021 de esa misma fecha, suscrito por el Secretario Técnico de la referida Comisión; quien actúa asistido de María Elena Navarrete Zúñiga, secretaria de juzgado que autoriza y da fe, el mismo día en que concluye la audiencia constitucional.
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta, del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales del Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por el que devuelve diligenciado el exhorto 33/2021 orden 33/2021 del índice de este Juzgado, mismo que se le remitió a fin de notificar a la parte quejosa, el acuerdo de veinticuatro de marzo del año actual. Sin necesidad de que se acuse de recibo del exhorto de mérito, de conformidad en el artículo 110 del Acuerdo General número 1/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, vistas las constancias que integran el cuaderno de exhorto en cita y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado en proveído de veinticuatro de marzo del año actual, a la parte quejosa Mobel Consultores, sociedad civil; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el referido auto, por lo que, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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